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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no procede la medida de suspensión provisional del acto administrativo aunque no se acredite una violación al debido proceso

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Fecha
2022-03-30
Radicado
25000233600020200042301
Número interno
67654
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A.S.
Demandado
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO (HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no procede la medida de suspensión provisional del acto administrativo aunque no se acredite una violación al debido proceso

Regla de decisión

No procede la medida de suspensión provisional del acto administrativo aunque no se acredite una violación al debido proceso de manera ostensible.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede obtener la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo si no acredita de manera ostensible una violación al debido proceso, ya que esta medida requiere un análisis riguroso entre el acto y las normas superiores invocadas, y no implica una decisión definitiva sobre el fondo del asunto. La entidad estatal debe permitir la presentación de pruebas adicionales en el trámite del recurso de reposición, pero esto no altera la necesidad de un análisis exhaustivo que excede los límites de la medida cautelar. Al no estar dadas las circunstancias que permitan la suspensión provisional, la decisión de primera instancia se confirma, lo que implica que la medida cautelar no procederá en ausencia de una violación clara y evidente al debido proceso.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Procede la medida de suspensión provisional del acto administrativo aunque no se acredite una violación al debido proceso de manera ostensible?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1474 de 2011, art. 86

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

Contrario a lo manifestado por el recurrente, no le resultaba aplicable el artículo 40 del CPACA, respecto de la oportunidad probatoria, si no el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que establece el procedimiento que deben adelantar las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para declarar el incumplimiento, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. De igual forma, establecer si la videograbación se practicó de manera ilegal, implica realizar un análisis minucioso de la prueba, pues, los documentos aportados dan cuenta que, se practicó con intervención de los encargados de la supervisión y la interventoría, y de esta se corrió traslado a la sociedad demandante.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Descriptores temáticos

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Titulación de la relatoría 4.604 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CARÁCTER DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / EFECTOS DE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SUSTENTACIÓN DE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO OBITER DICTUM El artículo 229 de la Ley 1437 de 20118, establece que las medidas cautelares proceden “para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”. A su turno, el artículo 230 de la misma Ley, dispone que se podrán suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. (…) para que se decrete la medida cautelar de suspensión provisional es indispensable que, del análisis entre el acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, se desprenda una violación, y en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se exige que se acrediten al menos de forma precaria los perjuicios que se aleguen como causados. En relación con el análisis entre el acto y las normas invocadas como vulneradas, vale la pena señalar que, en virtud del artículo 229 del CPACA, tal estudio no implica una decisión de fondo sobre el asunto materia de litigio, aspecto importante porque resultaría violatorio al debido proceso considerar que, antes de agotarse todas las etapas del proceso, pudiera existir una determinación definitiva sobre el asunto materia de litigio. La sociedad demandante como fundamento de la solicitud de suspensión provisional adujo que la entidad demandada trasgredió el debido proceso, específicamente en lo que respecta al decreto, práctica y valoración de pruebas en el procedimiento administrativo sancionatorio que culminó con los actos administrativos demandados. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230, 231 APELACIÓN DEL AUTO QUE NIEGA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / APELACIÓN DEL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / AUTO QUE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / NEGACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / NEGACIÓN DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / PRESUPUESTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR Problema jurídico: ¿Procede la medida de suspensión provisional del acto administrativo aunque no se acredite una violación al debido proceso de manera ostensible? Respuesta al problema jurídico: No [C]ontrario a lo manifestado por el recurrente, no le resultaba aplicable el artículo 40 del CPACA, respecto de la oportunidad probatoria, si no el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que establece el procedimiento que deben adelantar las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para declarar el incumplimiento, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. De igual forma, establecer si la videograbación se practicó de manera ilegal, implica realizar un análisis minucioso de la prueba, pues, los documentos aportados dan cuenta que, se practicó con intervención de los encargados de la supervisión y la interventoría, y de esta se corrió traslado a la sociedad demandante. En el mismo sentido, se advierte que en el curso del trámite adelantado con ocasión del recurso de reposición interpuesto contra el auto que declaró la caducidad, la ANI permitió al concesionario, aportar nuevas pruebas, las cuales fueron analizadas en la resolución por medio de la cual se decidió confirmar la declaratoria de caducidad. En definitiva, en esta instancia del proceso, que se limita a confrontar los actos demandados con las normas superiores invocadas como violadas y con las pruebas allegadas, no se advierte una violación al debido proceso, razón por la cual es necesario realizar un análisis riguroso y exhaustivo del alcance que tienen los actos administrativos demandados, análisis que, excede los límites de la medida provisional y que compromete el estudio de fondo del proceso. Por lo anterior, al no estar dados los supuestos para decretar la medida cautelar solicitada por la parte actora, se confirmará la decisión de primera instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
Texto extraído del PDF oficial 23.413 caracteres
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá, D.C., 30 de marzo de 2022 Radicación: 25000-23-36-000-2020-00423-01 (67.654) Actor: Ferrocarril del Pacífico SAS Demandado: Nación –Agencia Nacional de Infraestructura Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (Ley 1437 de 2011) Tema: Resuelve recurso de apelación contra auto que negó solicitud de medida cautelar La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el Auto de 7 de abril de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, negó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación de conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 20111 y, según el artículo 125 de la misma Ley2, el auto que resuelve el recurso de apelación que se interpone contra el que negó medidas cautelares, debe ser expedido por la Sala. Contenido: 1. Antecedentes 2. Consideraciones 3. Decisión 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. La solicitud de la medida cautelar; 1.2. Trámite de la solicitud; 1.3. La providencia apelada; 1.4. El recurso de apelación; 1.5. Trámite del recurso. 1.1. La solicitud de la medida cautelar 1 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. 2 ARTÍCULO 125. DE LA EXPEDICIÓN DE PROVIDENCIAS. <Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> (…) h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente. Radicación: 25000-23-36-000-2020-00423-01 (67.654) Actor: Ferrocarril del Pacífico SAS Demandado: Nación –Agencia Nacional de Infraestructura Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (Ley 1437 de 2011) _____________________________________________________________________________________________________________ 1. El 15 de diciembre de 2020, la sociedad Ferrocarril del Pacífico SAS, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 1685 de 12 de noviembre de 2019 y 20207070005965 de 15 de mayo de 2020, proferidas por la ANI, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento del contratista de las obligaciones contenidas en el contrato de concesión 9- CONP-983, se declaró la caducidad del contrato de concesión y se impuso el pago de una suma por los perjuicios causados; y se confirmó dicha decisión, respectivamente. 2. La demandante a título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene la devolución de la suma total o parcial que se llegare a pagar como consecuencia de los actos administrativos demandados, el cese de toda actuación judicial o administrativa de cobro, el cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión 9-CONP-98; y se declare administrativamente responsable a la ANI, por los daños ocasionados por el incumplimiento de sus obligaciones y por la expedición de los actos administrativos demandados. 3. Como medida cautelar4 solicitó suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos demandados, ya que a su juicio se violaron los artículos 29 y 229 de la Constitución Política. Especificó que la trasgresión se materializó en la audiencia de 20 de agosto de 2019, cuando la ANI se pronunció frente a las peticiones probatorias – negó testimonios - y manifestó que no era razonable, ni proporcional hacer un debate probatorio ilimitado. 4. Indicó que, el 13 de septiembre de 2019, cuando se entendió desistida una prueba pericial por no aportarse en el término otorgado, también se vulneró el debido proceso. A su juicio, tal actuación fue arbitraria, pues, la ANI concedió un término irrazonable – 15 días -para que se aportara el dictamen, pese a que el artículo 40 del CPACA, establece que, hasta antes de la decisión de fondo se pueden aportar pruebas. 5. La sociedad demandante consideró que se decretó como prueba una videograbación que se practicó de manera ilegal, situaciones que contrariaron los artículos 2 y 3 del CPACA, q ue definen los principios que orientan las autoridades en el ejercicio de la potestad sanciona toria, y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 3 El contrato tenía por objeto otorgar en concesión la infraestructura de trasporte férreo que forma parte de la red Pacífica, para su rehabilitación conservación, operación, y explotación por parte del concesionario, y la concesión de la construcción, operación y mantenimiento de un terminal de trasferencia de carga en La Felisa. Además, se cedió al concesionario el derecho de paso que Ferrovías mantenía sobre el tramo comprendido dentro del área urbana de Cali (PK 170). 4 Samai índice 2. Radicación: 25000-23-36-000-2020-00423-01 (67.654) Actor: Ferrocarril del Pacífico SAS Demandado: Nación –Agencia Nacional de Infraestructura Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (Ley 1437 de 2011) _____________________________________________________________________________________________________________ 6. Para acreditar el perjuicio, la parte actora adujo que la ejecución de los actos administrativos demandados implicaría entregar los bienes objeto del contrato de concesión, lo que conllevaría a pérdidas económicas, y que 42 familias que estaban vinculadas laboralmente con la sociedad resultarían afectadas. Finalmente, de manera subsidiaria, solicitó se decretara cualquier otra medida cautelar con la que se le evite un perjuicio. 1.2. Trámite de la solicitud 7. El 12 de marzo de 20215, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, admitió la demanda y, mediante auto separado dispuso correr traslado de las medidas cautelares a las entidades demandadas. 8. El 24 de marzo de 2021, la Agencia Nacional de Infraestructura, descorrió el traslado de la solicitud de medidas cautelares, indicó que se excedía el propósito y la finalidad legal de la suspensión provisional, que no se cumplió con los requisitos legales, y que, la solicitud resultaba improcedente por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Especificó que, entre el acto y las normas invocadas como transgredidas no se evidenció la supuesta violación demandada y tampoco se acreditó el perjuicio. 1.3. La providencia apelada 9. El 7 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida cautelar de suspensión provisional, habida consideración de que se invocaron fundamentos jurídicos que son propios de la controversia de fondo. Argumentó que, para constatar si se vulneró o no el debido proceso no bastaba con realizar una confrontación entre los actos demandados y el derecho al debido proceso, en atención a que era necesario determinar, entre otros aspectos, si era factible que se estableciera un límite para aportar pruebas, y si la videograbación fue recaudada de manera ilegal. 10. Sostuvo que Ferrocarriles del Pacifico tuvo la oportunidad de aportar pruebas y de ejercer su derecho de contradicción dentro del proceso administrativo sancionatorio, por tanto, no se evidencia una flagran te vulneración de su derecho de defensa y contradicción que amerit ara la suspensión provisional de los actos administrativos demandados, además, porque no se encontraron acreditados los perjuicios, aunque fuera de manera precaria. 5 Auto notificado por estado el 13 de abril de 2021. Radicación: 25000-23-36-000-2020-00423-01 (67.654) Actor: Ferrocarril del Pacífico SAS Demandado: Nación –Agencia Nacional de Infraestructura Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (Ley 1437 de 2011) _____________________________________________________________________________________________________________ 11. El 12 de abril de 2021, Ferrocarriles de Colombia SAS, el 13 de abril de 2021, la Asociación Cívica Nacional del Sistema Financiero y Servicios Públicos Movimiento Nacional Colombia - RENACE y la Sociedad Global Lawyers Asociated Corporation LLC. SAS y, el 14 de abril de 2021, Carlos Cuncanchón Talero, coadyuvaron la solicitud de medidas cautelares. 1.4. El recurso de apelación 12. El 16 de abril de 2021, la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto que negó la medida cautelar. Indicó que, sí había una concurrencia entre los fundamentos de la pretensión de nulidad y los de la solicitud de la medida cautelar, situación que no impedía analizar la procedencia de la suspensión. Reiteró que la ANI no garantizó el derecho al debido proceso y a controvertir pruebas porque, negó la práctica de pruebas esenciales para la defensa, la ampliación de otras, no valoró unas allegadas oportunamente y decidió que había operado el desistimiento de un dictamen. 13. Por otro lado, indicó que, la ANI no valoró una prueba que acreditaba que las situaciones de orden público que afectaban la vía férrea y el servicio escapaban por completo de sus obligaciones contractuales. De otro lado, expuso que la prueba sumaria de los perjuicios consi

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202000423011100103