Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (ACUERDO DE RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2023-10-19
Radicado
54001233300020200049501
Número interno
70278
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO KENNEDY, MARGRES S.A., DISTRIPAL S.A., COOPERATIVA DE CONTRUCCION EL PALUSTRE
Demandado
AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

Síntesis de la providencia

Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio

Lo que dijo la Sala

La Sala confirmará el auto recurrido, por las razones que se exponen a continuación: 1) Para analizar la procedencia de la medida cautelar decretada en el auto apelado es indispensable determinar si se cumplen los requisitos para su decreto, evento en el cual resulta relevante revisar el contenido y alcance de la solicitud de la medida cautelar en consonancia con el medio de control jurisdiccional ejercido con la demanda. 2) La parte actora pidió la suspensión provisional de las Resoluciones números 164 de 22 de noviembre de 2018 y 68 de 9 de agosto de 2019 proferidas por la entidad demandada, por medio de las cuales se declaró la ocurrencia de un siniestro de estabilidad de obra y se hizo efectiva la póliza, medida cautelar que se adecúa a lo previsto en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley 1437 de 2011. 3) Lo anterior sobre la base de advertir, entre otros aspectos…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

En la solicitud de suspensión provisional de un acto administrativo, para decretar la medida basta constatar la violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud, conforme al artículo 231 del CPACA, sin que sea necesario estudiar el requisito de perjuicio irremediable, y que la prescripción ordinaria de dos años de las acciones del contrato de seguro, del artículo 1081 del Código de Comercio, puede fundar esa violación cuando la entidad declara el siniestro después de ese plazo. Una razón es que la medida cautelar pedida se adecúa al numeral 3 del artículo 230 del CPACA y se sustenta en que la entidad carecía de competencia para declarar el siniestro, porque el término de prescripción había transcurrido. Otra razón es que el apelante cuestionó que la demanda no estaba razonablemente fundada, pero el auto sostuvo que el acto se expidió con posterioridad al plazo legal. En el caso, la Sala confirmó la suspensión provisional de los actos que declararon el siniestro y ordenaron hacer efectiva la póliza. Su consecuencia práctica es que la entidad debe verificar el plazo de prescripción antes de declarar el siniestro, porque una declaratoria tardía puede suspenderse provisionalmente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El término para la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro debe contabilizarse a partir de la fecha en la que el Área Metropolitana de Cúcuta tuvo conocimiento del hecho constitutivo del siniestro y no en la forma y términos señalados en el recurso de apelación? ¿Tampoco tiene vocación de prosperidad porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 del CPACA, basta con que se constate la violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud de la medida cautelar para que proceda la medida cautelar de suspensión de actos administrativos y, en consecuencia, no es necesario el estudio del requisito al que alude el apelante para el efecto?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 410 de 1971, art. 1081
  • Ley 1437 de 2011, arts. 230 y 231
  • Ley 80 de 1993, art. 14

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C)
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra auto proferido
Consejo de Estado 2024-10-08 Sección Tercera (Subsección A)
Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio
Consejo de Estado 2024-10-23 Sección Tercera (Subsección C)
El despacho es competente para conocer y resolver este asunto
Consejo de Estado 2024-12-19 Sección Tercera (Subsección A)
El decreto de pruebas de oficio sólo procederá por iniciativa del juez y no a solicitud de parte, quien debe formular sus peticiones probatorias en las oportunidades previstas en la ley.
Consejo de Estado 2024-01-19 Sección Tercera (Subsección C)
El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público. 4.
Consejo de Estado 2023-06-13 Sección Tercera (Subsección C)
Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio
Titulación de la relatoría 7.781 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DEL AUTO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO INTERLOCUTORIO / SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR / AUTO QUE DECRETA MEDIDA CAUTELAR / ACTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSIÓN / SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA / CLASES DE MEDIDA CAUTELAR / NORMATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR EN PROCESO DECLARATIVO / CONFIRMACIÓN DEL AUTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / PRESCRIPCIÓN ORDINARIA / PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PRUEBA DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE / IMPROCEDENCIA DE CONFIGURACIÓN DE PERJUICIO IRREMEDIABLE / INEXISTENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE Problema jurídico: ¿El término para la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro debe contabilizarse a partir de la fecha en la que el Área Metropolitana de Cúcuta tuvo conocimiento del hecho constitutivo del siniestro y no en la forma y términos señalados en el recurso de apelación? ¿Tampoco tiene vocación de prosperidad porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 del CPACA, basta con que se constate la violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud de la medida cautelar para que proceda la medida cautelar de suspensión de actos administrativos y, en consecuencia, no es necesario el estudio del requisito al que alude el apelante para el efecto? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala confirmará el auto recurrido, por las razones que se exponen a continuación: 1) Para analizar la procedencia de la medida cautelar decretada en el auto apelado es indispensable determinar si se cumplen los requisitos para su decreto, evento en el cual resulta relevante revisar el contenido y alcance de la solicitud de la medida cautelar en consonancia con el medio de control jurisdiccional ejercido con la demanda. 2) La parte actora pidió la suspensión provisional de las Resoluciones números 164 de 22 de noviembre de 2018 y 68 de 9 de agosto de 2019 proferidas por la entidad demandada, por medio de las cuales se declaró la ocurrencia de un siniestro de estabilidad de obra y se hizo efectiva la póliza, medida cautelar que se adecúa a lo previsto en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley 1437 de 2011. 3) Lo anterior sobre la base de advertir, entre otros aspectos, que la entidad demandada carecía de competencia para declarar el siniestro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio en relación con la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro, pues, el Área Metropolitana de Cúcuta tenía máximo dos (2) años para tal efecto a partir del 27 de julio de 2016, empero, el siniestro fue declarado mediante la Resolución no. 164 de 22 de noviembre de 2018. 4) En el recurso de alzada la parte demandada cuestiona lo siguiente: i) no existe prueba de que la demanda esté razonablemente fundada en derecho, porque, la Resolución no. 164 de 22 de noviembre de 2018 fue proferida y notificada al demandante dentro de los dos (2) años de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio y, ii) la providencia apelada no sustenta por qué al no otorgarse la medida se le causaría a la parte demandante un perjuicio irremediable o, que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida cautelar los efectos de la sentencia serían nugatorios. 5) Al respecto, según lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio la acción derivada del contrato de seguro prescribe ordinaria o extraordinariamente para lo cual, en el primer caso, el término de prescripción será de dos (2) años contados desde el momento en que el interesado haya tenido o debió tener conocimiento del hecho que origina la acción y, en el segundo, tal término será de cinco (5) años, que correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho, (...) 6) En el seguro de cumplimiento pactado como garantía de las obligaciones derivadas de un contrato estatal, la prescripción ordinaria es aplicable a todo interesado que tenga o haya debido tener conocimiento de siniestro, tal como ocurre con las partes del contrato de seguro y también con el beneficiario cuando este es una entidad estatal que, de acuerdo con la ley, tiene a su cargo la vigilancia y control de la ejecución del contrato, posición en virtud de la cual le es exigible enterarse acerca de los hechos que pueden servir de sustento para la efectividad de los amparos otorgados en su favor. Para este caso concreto, la prescripción que opera en relación con el beneficiario es la ordinaria, toda vez que tenía la carga de verificar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones de su contratista. 7) Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Subsección ha puesto de presente que el término de prescripción ordinaria al que hace referencia el artículo 1081 del Código de Comercio debe contabilizarse desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho constitutivo del siniestro (...) 8) Obra en el expediente copia del oficio de 27 de julio de 2016 proferido por el director técnico del Área Metropolitana de Cúcuta en el que se evidencia que la entidad demandada tuvo conocimiento inequívoco del hecho causante de la declaratoria del siniestro, por lo menos, a partir de esa fecha (...) 9) En ese contexto, como está acreditado que la entidad demandada tuvo conocimiento del hecho constitutivo del siniestro al menos desde el 27 de julio de 2016, es posible concluir con claridad que las Resoluciones números 164 de 22 de noviembre de 2018 y 68 de 9 de agosto de 2019 fueron proferidas con posterioridad al vencimiento del término de dos (2) años establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio para la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro y, en consecuencia, se advierte una contradicción entre la motivación del acto demandado y lo dispuesto en la norma ya referida. 10) En relación con el primer cargo de apelación formulado por el Área Metropolitana de Cúcuta basta con advertir que no le asiste la razón en la medida en que, como ya se expuso, el término para la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro debe contabilizarse a partir de la fecha en la que el Área Metropolitana de Cúcuta tuvo conocimiento del hecho constitutivo del siniestro y no en la forma y términos señalados en el recurso de apelación 11) Por otra parte, el segundo argumento de apelación, según el cual la providencia recurrida no justifica por qué se le causaría a la parte actora un perjuicio irremediable de negarse la medida cautelar invocada, tampoco tiene vocación de prosperidad porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 del CPACA, basta con que se constate la violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud de la medida cautelar para que proceda la medida cautelar de suspensión de actos administrativos y, en consecuencia, no es necesario el estudio del requisito al que alude el apelante para el efecto. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2023, radicación no. 25000-23-36-000-2013-00945-01 (57.276), CP Fredy Ibarra Martínez (respecto de esta providencia el magistrado Martín Bermúdez Muñoz salvó su voto) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de marzo de 2022, radicación no. 25000-23-26-000-2008-00224-01 (48.975), CP Fredy Ibarra Martínez (respecto de esta providencia el magistrado Martín Bermúdez Muñoz aclaró el voto). FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1081, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012333000202000495011100103