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Consejo de Estado
Providencia
El recurso de apelación es procedente al haberse interpuesto oportunamente
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-06-03
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 05001233300020230067201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación es procedente al haberse interpuesto oportunamente, contra el auto que negó la intervención de terceros? Sí
Es procedente el recurso de apelación contra el auto que niega la intervención de terceros, siempre que se interponga dentro del término legal. La regla se apoya en el numeral 6 del artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, que expresamente hace apelable esa providencia, y en el término de interposición contado desde la notificación por estado. Por esa vía, la negativa de intervención puede ser revisada por el superior. En el caso, la aseguradora que pidió intervenir en el proceso apeló oportunamente el auto que negó su intervención. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, el auto fue notificado y el recurso se interpuso dentro del término, de modo que el Consejo de Estado lo estudió y revocó la decisión. Como consecuencia práctica, el tercero al que se le niega la intervención cuenta con el recurso de apelación para controvertir esa negativa, siempre que actúe oportunamente.síntesis automática
También resuelve:
¿Una aseguradora puede llamar en garantía a un tercero responsable del siniestro, aun cuando no haya efectuado el pago de la indemnización?
¿Puede una aseguradora efectuar un llamamiento en garantía al tomador de la póliza, en un proceso contencioso administrativo?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El Despacho revocará el auto dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2022-09-06
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 85001233300020190012301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se encuentran satisfechos los requisitos para que proceda el decreto de la medida cautelar solicitada? No
El contratista no cumple con los requisitos para obtener una medida cautelar de suspensión provisional, ya que no acredita un perjuicio irremediable ni la existencia de un menoscabo material que justifique la cautela, según el concepto del Ministerio Público. La entidad estatal, por su parte, puede efectuar pagos al contratista con recursos propios y no afecta la normativa legal o constitucional, siempre y cuando no se utilicen fondos del Sistema General de Regalías. Además, los gastos de funcionamiento quedan fuera de la destinación que los departamentos pueden dar a los recursos de las regalías, según la sentencia C-579 de 2001 de la Corte Constitucional. Por último, el Ministerio Público cumple con la carga de argumentación para interponer la demanda y solicitar la medida cautelar, en virtud de su facultad para defender el orden jurídico.síntesis automática
También resuelve:
¿El demandado Instituto Financiero de Casanare, podría efectuar el pago al contratista sin perjudicar su patrimonio o ir en contra de alguna normatividad legal o constitucional?
¿Los gastos de funcionamiento quedaron por fuera de la destinación que los departamentos podrían dar a los recursos de las regalías?
¿La parte demandante cumplió con la carga de argumentación en relación con las razones de impetrar la demanda y requerir la cautela?
Consejo de Estado
Providencia
Puede solicitar su suspensión, para que sea el juez natural quien bajo su autonomía e independencia.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2022-06-03
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 41001233300020200076301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pretensiones del medio de control de controversias contractuales están dirigidas a que se declare la nulidad del contrato? Sí
El contratista no puede solicitar la suspensión del proceso de restitución de bienes arrendados como medida cautelar cuando las pretensiones del medio de control de controversias contractuales están dirigidas a declarar la nulidad del contrato, ya que la continuación del proceso no causaría un perjuicio irremediable, dado que la entidad ya está dispuesta a devolver los bienes y a buscar alternativas para cumplir sus funciones. Además, la Sala considera que la demanda está razonablemente fundada en derecho, sin prejuzgar el fondo del asunto, y que la terminación del contrato y la restitución de los bienes son las únicas acciones que el juez puede ordenar en la sentencia que concluye el proceso de restitución. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la admisibilidad de medidas cautelares en procesos de control de controversias contractuales, limitando la posibilidad de suspender el proceso de restitución de bienes arrendados cuando la nulidad del contrato es la pretensión principal.síntesis automática
También resuelve:
¿Es admisible que la demandante alegue que la restitución de los bienes arrendados implica un perjuicio para ella?
¿El juez, en la sentencia que concluye el proceso de restitución de bienes dados en arrendamiento solo puede declarar la terminación del contrato y ordenar la restitución de los bienes objeto de este?
¿La demanda se encuentra razonablemente fundada en derecho, sin que tal consideración implique prejuzgamiento?
Consejo de Estado
Providencia
El contrato de suministro aportado en copia simple puede ser incorporado como prueba dentro del proceso para acreditar la existencia del negocio jurídico.
Sentencia — Sentencia
2022-07-15
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 05001233100020060020401
ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato de suministro aportado en copia simple puede ser incorporado como prueba dentro del proceso para acreditar la existencia del negocio jurídico? Sí
El artículo 83 del C. de P.C., aplicable al sub examine en virtud de la remisión normativa que consagra el artículo 267 del CCA, establece que, en caso de no haberse vinculado a los litisconsortes necesarios en la admisión de la demanda, el juez puede, de oficio o a petición de parte, siempre que no haya proferido sentencia de primera instancia, vincularlos en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado. En aplicación del anterior marco normativo, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 5 de noviembre de 2013 y previo a proferir sentencia de primer grado, vinculó a la sociedad Escobar y Martínez S.A., en calidad de litisconsorte necesario por pasiva, por ser el proponente beneficiado con la adjudicación de la licitación pública 2 de 2005.
También resuelve:
¿Una vez celebrado el contrato los actos precontractuales pasan a ser inseparables a este y para efectos de su control jurisdiccional solo procede la acción de controversias contractuales?
¿Se configura la excepción de inepta demanda ante la indebida escogencia de la acción al no plantearse la pretensión de nulidad absoluta del contrato contra los actos precontractuales?
¿En aplicación del principio iura novit curia el juez puede adecuar las pretensiones de la demanda?
Consejo de Estado
Providencia
¿La temeridad procesal y la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda, son aspectos a tener en cuenta para la procedencia de la condena en costas?
Salvamento voto — Salvamento de voto
2024-06-19
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 25000233600020190086702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La temeridad procesal y la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda, son aspectos a tener en cuenta para la procedencia de la condena en costas? Sí
No acompaña la decisión de condenar en costas, en ambas instancias, en el asunto de la referencia, ni las razones expresadas para tal efecto; por lo cual, es ineluctable salvar parcialmente el voto, al amparo del siguiente discernimiento. La posición mayoritaria de la Subsección optó por considerar, a la luz de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 188 del CPACA, que la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se le imponen o, lo que es equivalente, que su imposición atiende a un criterio objetivo.
También resuelve:
¿Con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, el legislador pretendió facilitar el acceso oportuno y eficiente a la administración de justicia?