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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de 2026
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00131-01 (72.928)
Demandante: Consorcio Puentes para el Futuro
Demandado: Municipio de Bugalagrande
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
Salvamento parcial de voto del Magistrado Diego Enrique Franco Victoria1
1. Comparto la sentencia de la referencia, en cuando confirma la decisión de
primera instancia que desestimó las pretensiones de desequilibrio económico del
contrato alegado por el demandante, con excepción de l derivado de los mayores
costos asumidos por la pandemia de la COVID 19 , el cual fue declarado por el
Tribunal y mantenido por la Sala. Asimismo, comparto la liquidación judicial del
contrato y la decisión de mantener el monto de la condena fijado en primera
instancia, en aplicación del principio de non reformatio in pejus.
2. No obstante, salvo parcialmente el voto respecto de la decisión de modificar
los criterios fijados por el Tribunal para la liquidación de la condena en abstracto
impuesta por dicho concepto y, en consecuencia, de la modificación que, en ese
punto, se introdujo al numeral quinto de su parte resolutiva.
3. La providencia de la cual me aparto parcialmente señala, en el párrafo 55,
que las pruebas del expediente “no acreditan los costos efectivamente asumidos
por el Consorcio con ocasión de la implementación del protocolo”, razón por la cual
la Sala “confirmará la decisión adoptada por el Tribunal respecto de este aspecto”.
4. Sin embargo, a renglón seguido, considera necesario precisar el alcance de
la condena en abstracto y los criterios que deben ser tenidos en cuenta para su
liquidación (párrafos 56 a 61). En particular, establece que, para determinar el monto
indemnizable, no bastará que el demandante acredite la realización de las
erogaciones efectivamente asumidas para implementar de los protocolos de
bioseguridad, sino que:
El Consorcio deberá demostrar que estas constituyeron costos adicionales a
aquellos gastos ordinarios que, en condiciones normales de ejecución del contrato,
le correspondía asumir para cumplir las obligaciones derivadas del Plan de Gestión
Integral de Obr a –PGIO–. En consecuencia, únicamente podrán reconocerse
aquellos costos que, además de encontrarse debidamente acreditados,
representen un incremento real respecto de los gastos que ordinariamente debía
asumir el contratista en cumplimiento del PGIO.
(…) En ningún caso podrán incluirse dentro de la condena aquellos gastos que
correspondieran al cumplimiento ordinario de las obligaciones a cargo del
contratista, ni aquellos respecto de los cuales no se acredite su efectiva realización,
1 Tema: Desequilibrio económico del contrato – imprevisión – contrato de obra - non reformatio in pejus –
condena en abstracto .
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00131-01 (72.928)
Demandante: Consorcio Puentes para el Futuro
Demandado: Municipio de Bugalagrande
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Revocar parcialmente la Sentencia
recurrida
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su cuantía o su relación causal con las medidas de bioseguridad implementadas
con ocasión de la emergencia sanitaria.
5. A mi juicio, la fijación de estas reglas excede las facultades que tenía la Sala
para pronunciarse sobre el recurso de apelación i nterpuesto por la parte
demandante, como apelante única, por las siguientes razones:
5.1. En lugar de precisar el alcance de la condena en abstracto ordenada por el
Tribunal, lo que realidad hace la decisión mayoritaria es modificarla, pues introduce
exigencias probatorias que el juez de primera instancia no estableció. En efecto,
respecto del desequilibrio económico del contrato generado por la pandemia , la
sentencia de primera instancia se limitó a indicar lo siguiente:
6.6. Caso concreto (…)
Por todo esto, se puede inferir que la pandemia declarada con fundamento en el
virus Covid –19, corresponde de manera notoria a una situación originada en
factores externos a las partes, es decir, corresponde a un imprevisto que no fue
considerado cuando s e suscribió el contrato y que, en todo caso, de manera
evidente generó que el contratista incurriera en mayores valores no contemplados
para implementar los diversos protocolos de bioseguridad establecidos por el
Ministerio de Salud.
(…) como quiera que de la revisión de las pruebas allegadas al plenario no resulta
posible determinar el valor en que tuvo que incurrir el contratista para cubrir los
implementos con los cuales se dio cumplimiento al protocolo de bioseguridad, se
ordenará que tenga lugar la correspondiente condena en abstracto, cuya fijación
tendrá lugar por medio del incidente establecido en el numeral 4º del artículo 209
del CPACA.
(…) la sociedad demandante dentro del referido incidente deberá seguir los
siguientes parámetros:
-Aportar la prueba idónea de la cual se pueda inferir de manera clara, la suma de
dinero que tuvo que cancelar para implementar el protocolo de bioseguridad
suscitado por el Covid-19.
-La suma acreditada será traída a valor presente, teniendo en cuenta los
respectivos índices de precios al consumidor certificados por el DANE, teniendo,
como índice inicial el correspondiente a la fecha en que tuvo que cancelar los
respectivos implementos y como índice final el del mes anterior a la fecha en que
se resuelva el incidente de liquidación de la condena.
-Para hacer la actualización, se aplicará la siguiente fórmula:
Ra = Rh x índice final
índice inicial
Donde (Ra) es el monto actualizado, (Rh) es el valor a actualizar y los índices son
los indicados en el párrafo precedente.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala considera que si se generó un
rompimiento en el equilibrio económico del contrato nro. 0987 de 2015, suscrito
entre el municipio de Bugalagrande y el Consorcio Puentes para el Futuro, pero
sólo frente a este ítem denominado por la parte demandante “Reconocimiento
aplicación del protocolo de Bioseguridad PAPSO”. (…). Subrayados del texto.
5.2. Como se observa, el único parámetro fijado por el Tribunal para el incidente de
liquidación consistió en que el demandante aportara “la prueba idónea de la cual se
pueda inferir de manera clara, la suma de dinero que tuvo que cancelar para
implementar el protocolo de bioseguridad”, suma que sería actualizada con base en
el IPC. No se condicionó el reconocimiento de la condena en la parte considerativa
ni en la resolutiva a que el contratista demostrara que tales gastos excedieron los
gatos ordinarios a su cargo por el Plan Integral de Gestión de Obra (en adelante
“PGIO”) o el rubro de imprevistos. Estas exigencias fueron introducidas por la
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00131-01 (72.928)
Demandante: Consorcio Puentes para el Futuro
Demandado: Municipio de Bugalagrande
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011)
Decisión: Revocar parcialmente la Sentencia
recurrida
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sentencia de segunda instancia y modifica lo que el Tribunal reconoció al
demandante.
5.3. Si bien comparto el criterio según el cual, para declarar el desequilibrio
económico del contrato por los gastos derivados de la pandemia, el Tribunal debió
establecer si estos superaron o no los gastos normales que debía asumir el
contratista con cargo al PGIO o al rubro de imprevistos, lo cierto es que la condena
del Tribunal al pago de los gastos asumidos por concepto de COVID 19 constituye
un reconocimiento que no puede ser modificado por la Sala en segunda instancia,
en perjuicio del apelante único, conforme al principio de non reformatio in pejus.
5.4. En efecto, el inciso cuarto del artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del
artículo 306 del CPACA, dispone “que el juez no podrá hacer más desfavorable la
situación del apelante único, salvo que, en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella”.
5.5. La non reformatio en peius implica que, al margen de las actuaciones oficiosas
del superior, si solo apela una parte, no puede afectársele su situación frente a lo
decidido en la sentencia de primera instancia. En este sentido, López Blanco 2 y
Sanabria Santos3 plantean que el referido principio es una garantía , incluso
constitucional, que no permite hacer más gravosa o implicar pérdidas para el
apelante único, con la única excepción de una decisión que deba ser adoptada por
estar íntimamente ligada a la modificación de la sentencia.
5.6. En el caso decidido por la Sala solo apeló el consorcio y respecto a la condena
en abstracto por desequilibrio económico del contrato derivado de la pandemia de
la COVID alegó que se tuvieran por probados los costos efectivamente asumidos
por concepto de bioseguridad. Por su parte, la Sala consideró que en el proceso no
se acreditaron dichos valores, razón por la cual confirmó la condena en abstracto ,
posición que comparto. No obstante, también se cambiaron los criterios
establecidos por el inferior para la liquidación de la condena y con esto se desmejoró
la situación del apelante único, sin que se tratara de una determinación inherente y
consecuencial a una modificación de la sentencia.
2 “El artículo 328 del CGP en el inciso cuarto acoge el denominado sistema de la reformatio in pejus, en virtud
del cual cuando sólo apela una de las partes, no puede el juez de segunda instancia hacer más gravosa su
situación, por cuanto
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