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Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: no podía el juez de segunda instancia modificar, los criterios probatorios fijados por el juez de primera instancia

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Fecha
2026-10-05
Radicado
76001233300020240013101
Número interno
72928
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO PUENTES PARA EL FUTURO
Demandado
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE

Síntesis de la providencia

Salvamento de voto: no podía el juez de segunda instancia modificar, los criterios probatorios fijados por el juez de primera instancia

Regla de decisión

El juez de segunda instancia respeta el principio de non reformatio in pejus al mantener el monto de la condena fijado en primera instancia.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El juez de segunda instancia respeta el principio de non reformatio in pejus al abstenerse de empeorar la situación del apelante único al resolver la liquidación de la condena en abstracto. En el salvamento parcial de voto, el consejero manifiesta su acuerdo con mantener el monto indemnizatorio fijado en primera instancia por los mayores costos derivados de la pandemia de la COVID 19, pero discrepa de la modificación introducida a los criterios probatorios del incidente de liquidación, argumentando que debió confirmarse íntegramente la providencia apelada al no configurarse presupuestos para alterarla en perjuicio del único recurrente conforme a las Leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Podía el juez de segunda instancia modificar, en perjuicio del apelante único, los criterios probatorios fijados por el juez de primera instancia para liquidar la condena en abstracto derivada del desequilibrio económico del contrato por los mayores costos asociados a la COVID-19?

Respuesta: No

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

Comparto la sentencia de la referencia, en cuando confirma la decisión de primera instancia que desestimó las pretensiones de desequilibrio económico del contrato alegado por el demandante, con excepción del derivado de los mayores costos asumidos por la pandemia de la COVID 19, el cual fue declarado por el Tribunal y mantenido por la Sala.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Liquidación del contrato

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Consejo de Estado 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B)
A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales del Código Contencioso Administrativo
Titulación de la relatoría 6.026 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / CONDENA EN ABSTRACTO / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / COVID 19 / APELANTE ÚNICO / REFORMA EN PERJUICIO DE APELANTE ÚNICO / PANDEMIA Problema jurídico: ¿Podía el juez de segunda instancia modificar, en perjuicio del apelante único, los criterios probatorios fijados por el juez de primera instancia para liquidar la condena en abstracto derivada del desequilibrio económico del contrato por los mayores costos asociados a la COVID-19? Respuesta al problema jurídico: No Comparto la sentencia de la referencia, en cuando confirma la decisión de primera instancia que desestimó las pretensiones de desequilibrio económico del contrato alegado por el demandante, con excepción del derivado de los mayores costos asumidos por la pandemia de la COVID 19, el cual fue declarado por el Tribunal y mantenido por la Sala. Asimismo, comparto la liquidación judicial del contrato y la decisión de mantener el monto de la condena fijado en primera instancia, en aplicación del principio de non reformatio in pejus. (...) No obstante, salvo parcialmente el voto respecto de la decisión de modificar los criterios fijados por el Tribunal para la liquidación de la condena en abstracto impuesta por dicho concepto y, en consecuencia, de la modificación que, en ese punto, se introdujo al numeral quinto de su parte resolutiva. (...) La providencia de la cual me aparto parcialmente señala, en el párrafo 55, que las pruebas del expediente “no acreditan los costos efectivamente asumidos por el Consorcio con ocasión de la implementación del protocolo”, razón por la cual la Sala “confirmará la decisión adoptada por el Tribunal respecto de este aspecto” (...) Sin embargo, a renglón seguido, considera necesario precisar el alcance de la condena en abstracto y los criterios que deben ser tenidos en cuenta para su liquidación (...). En particular, establece que, para determinar el monto indemnizable, no bastará que el demandante acredite la realización de las erogaciones efectivamente asumidas para implementar de los protocolos de bioseguridad (...) A mi juicio, la fijación de estas reglas excede las facultades que tenía la Sala para pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, como apelante única, por las siguientes razones: (...) En lugar de precisar el alcance de la condena en abstracto ordenada por el Tribunal, lo que realidad hace la decisión mayoritaria es modificarla, pues introduce exigencias probatorias que el juez de primera instancia no estableció (...) Como se observa, el único parámetro fijado por el Tribunal para el incidente de liquidación consistió en que el demandante aportara “la prueba idónea de la cual se pueda inferir de manera clara, la suma de dinero que tuvo que cancelar para implementar el protocolo de bioseguridad”, suma que sería actualizada con base en el IPC. No se condicionó el reconocimiento de la condena en la parte considerativa ni en la resolutiva a que el contratista demostrara que tales gastos excedieron los gatos ordinarios a su cargo por el Plan Integral de Gestión de Obra (en adelante “PGIO”) o el rubro de imprevistos. Estas exigencias fueron introducidas por la sentencia de segunda instancia y modifica lo que el Tribunal reconoció al demandante. (...) Si bien comparto el criterio según el cual, para declarar el desequilibrio económico del contrato por los gastos derivados de la pandemia, el Tribunal debió establecer si estos superaron o no los gastos normales que debía asumir el contratista con cargo al PGIO o al rubro de imprevistos, lo cierto es que la condena del Tribunal al pago de los gastos asumidos por concepto de COVID 19 constituye un reconocimiento que no puede ser modificado por la Sala en segunda instancia, en perjuicio del apelante único, conforme al principio de non reformatio in pejus. (...) En efecto, el inciso cuarto del artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, dispone “que el juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella”. (...) La non reformatio en peius implica que, al margen de las actuaciones oficiosas del superior, si solo apela una parte, no puede afectársele su situación frente a lo decidido en la sentencia de primera instancia. (...) En el caso decidido por la Sala solo apeló el consorcio y respecto a la condena en abstracto por desequilibrio económico del contrato derivado de la pandemia de la COVID alegó que se tuvieran por probados los costos efectivamente asumidos por concepto de bioseguridad. Por su parte, la Sala consideró que en el proceso no se acreditaron dichos valores, razón por la cual confirmó la condena en abstracto, posición que comparto. No obstante, también se cambiaron los criterios establecidos por el inferior para la liquidación de la condena y con esto se desmejoró la situación del apelante único, sin que se tratara de una determinación inherente y consecuencial a una modificación de la sentencia (...) Esto contradice, además, la propia interpretación de la regla de la non reformatio in pejus realizada por la misma providencia, para confirmar la condena del a quo respecto de los valores adeudados al demandante en virtud de la liquidación del contrato (...) En definitiva, como no se configuraban los presupuestos para modificar lo decidido en la providencia de primera instancia sobre los criterios dirigidos a determinar los perjuicios en el respectivo incidente de liquidación, lo procedente era confirmar en su integridad el numeral quinto de la sentencia apelada FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
Texto extraído del PDF oficial 14.311 caracteres
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de 2026 Radicación: 76001-23-33-000-2024-00131-01 (72.928) Demandante: Consorcio Puentes para el Futuro Demandado: Municipio de Bugalagrande Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011) Salvamento parcial de voto del Magistrado Diego Enrique Franco Victoria1 1. Comparto la sentencia de la referencia, en cuando confirma la decisión de primera instancia que desestimó las pretensiones de desequilibrio económico del contrato alegado por el demandante, con excepción de l derivado de los mayores costos asumidos por la pandemia de la COVID 19 , el cual fue declarado por el Tribunal y mantenido por la Sala. Asimismo, comparto la liquidación judicial del contrato y la decisión de mantener el monto de la condena fijado en primera instancia, en aplicación del principio de non reformatio in pejus. 2. No obstante, salvo parcialmente el voto respecto de la decisión de modificar los criterios fijados por el Tribunal para la liquidación de la condena en abstracto impuesta por dicho concepto y, en consecuencia, de la modificación que, en ese punto, se introdujo al numeral quinto de su parte resolutiva. 3. La providencia de la cual me aparto parcialmente señala, en el párrafo 55, que las pruebas del expediente “no acreditan los costos efectivamente asumidos por el Consorcio con ocasión de la implementación del protocolo”, razón por la cual la Sala “confirmará la decisión adoptada por el Tribunal respecto de este aspecto”. 4. Sin embargo, a renglón seguido, considera necesario precisar el alcance de la condena en abstracto y los criterios que deben ser tenidos en cuenta para su liquidación (párrafos 56 a 61). En particular, establece que, para determinar el monto indemnizable, no bastará que el demandante acredite la realización de las erogaciones efectivamente asumidas para implementar de los protocolos de bioseguridad, sino que: El Consorcio deberá demostrar que estas constituyeron costos adicionales a aquellos gastos ordinarios que, en condiciones normales de ejecución del contrato, le correspondía asumir para cumplir las obligaciones derivadas del Plan de Gestión Integral de Obr a –PGIO–. En consecuencia, únicamente podrán reconocerse aquellos costos que, además de encontrarse debidamente acreditados, representen un incremento real respecto de los gastos que ordinariamente debía asumir el contratista en cumplimiento del PGIO. (…) En ningún caso podrán incluirse dentro de la condena aquellos gastos que correspondieran al cumplimiento ordinario de las obligaciones a cargo del contratista, ni aquellos respecto de los cuales no se acredite su efectiva realización, 1 Tema: Desequilibrio económico del contrato – imprevisión – contrato de obra - non reformatio in pejus – condena en abstracto . Radicación: 76001-23-33-000-2024-00131-01 (72.928) Demandante: Consorcio Puentes para el Futuro Demandado: Municipio de Bugalagrande Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revocar parcialmente la Sentencia recurrida ______________________________________________________________________________________________________________ 2 de 4 su cuantía o su relación causal con las medidas de bioseguridad implementadas con ocasión de la emergencia sanitaria. 5. A mi juicio, la fijación de estas reglas excede las facultades que tenía la Sala para pronunciarse sobre el recurso de apelación i nterpuesto por la parte demandante, como apelante única, por las siguientes razones: 5.1. En lugar de precisar el alcance de la condena en abstracto ordenada por el Tribunal, lo que realidad hace la decisión mayoritaria es modificarla, pues introduce exigencias probatorias que el juez de primera instancia no estableció. En efecto, respecto del desequilibrio económico del contrato generado por la pandemia , la sentencia de primera instancia se limitó a indicar lo siguiente: 6.6. Caso concreto (…) Por todo esto, se puede inferir que la pandemia declarada con fundamento en el virus Covid –19, corresponde de manera notoria a una situación originada en factores externos a las partes, es decir, corresponde a un imprevisto que no fue considerado cuando s e suscribió el contrato y que, en todo caso, de manera evidente generó que el contratista incurriera en mayores valores no contemplados para implementar los diversos protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. (…) como quiera que de la revisión de las pruebas allegadas al plenario no resulta posible determinar el valor en que tuvo que incurrir el contratista para cubrir los implementos con los cuales se dio cumplimiento al protocolo de bioseguridad, se ordenará que tenga lugar la correspondiente condena en abstracto, cuya fijación tendrá lugar por medio del incidente establecido en el numeral 4º del artículo 209 del CPACA. (…) la sociedad demandante dentro del referido incidente deberá seguir los siguientes parámetros: -Aportar la prueba idónea de la cual se pueda inferir de manera clara, la suma de dinero que tuvo que cancelar para implementar el protocolo de bioseguridad suscitado por el Covid-19. -La suma acreditada será traída a valor presente, teniendo en cuenta los respectivos índices de precios al consumidor certificados por el DANE, teniendo, como índice inicial el correspondiente a la fecha en que tuvo que cancelar los respectivos implementos y como índice final el del mes anterior a la fecha en que se resuelva el incidente de liquidación de la condena. -Para hacer la actualización, se aplicará la siguiente fórmula: Ra = Rh x índice final índice inicial Donde (Ra) es el monto actualizado, (Rh) es el valor a actualizar y los índices son los indicados en el párrafo precedente. Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala considera que si se generó un rompimiento en el equilibrio económico del contrato nro. 0987 de 2015, suscrito entre el municipio de Bugalagrande y el Consorcio Puentes para el Futuro, pero sólo frente a este ítem denominado por la parte demandante “Reconocimiento aplicación del protocolo de Bioseguridad PAPSO”. (…). Subrayados del texto. 5.2. Como se observa, el único parámetro fijado por el Tribunal para el incidente de liquidación consistió en que el demandante aportara “la prueba idónea de la cual se pueda inferir de manera clara, la suma de dinero que tuvo que cancelar para implementar el protocolo de bioseguridad”, suma que sería actualizada con base en el IPC. No se condicionó el reconocimiento de la condena en la parte considerativa ni en la resolutiva a que el contratista demostrara que tales gastos excedieron los gatos ordinarios a su cargo por el Plan Integral de Gestión de Obra (en adelante “PGIO”) o el rubro de imprevistos. Estas exigencias fueron introducidas por la Radicación: 76001-23-33-000-2024-00131-01 (72.928) Demandante: Consorcio Puentes para el Futuro Demandado: Municipio de Bugalagrande Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revocar parcialmente la Sentencia recurrida ______________________________________________________________________________________________________________ 3 de 4 sentencia de segunda instancia y modifica lo que el Tribunal reconoció al demandante. 5.3. Si bien comparto el criterio según el cual, para declarar el desequilibrio económico del contrato por los gastos derivados de la pandemia, el Tribunal debió establecer si estos superaron o no los gastos normales que debía asumir el contratista con cargo al PGIO o al rubro de imprevistos, lo cierto es que la condena del Tribunal al pago de los gastos asumidos por concepto de COVID 19 constituye un reconocimiento que no puede ser modificado por la Sala en segunda instancia, en perjuicio del apelante único, conforme al principio de non reformatio in pejus. 5.4. En efecto, el inciso cuarto del artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, dispone “que el juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella”. 5.5. La non reformatio en peius implica que, al margen de las actuaciones oficiosas del superior, si solo apela una parte, no puede afectársele su situación frente a lo decidido en la sentencia de primera instancia. En este sentido, López Blanco 2 y Sanabria Santos3 plantean que el referido principio es una garantía , incluso constitucional, que no permite hacer más gravosa o implicar pérdidas para el apelante único, con la única excepción de una decisión que deba ser adoptada por estar íntimamente ligada a la modificación de la sentencia. 5.6. En el caso decidido por la Sala solo apeló el consorcio y respecto a la condena en abstracto por desequilibrio económico del contrato derivado de la pandemia de la COVID alegó que se tuvieran por probados los costos efectivamente asumidos por concepto de bioseguridad. Por su parte, la Sala consideró que en el proceso no se acreditaron dichos valores, razón por la cual confirmó la condena en abstracto , posición que comparto. No obstante, también se cambiaron los criterios establecidos por el inferior para la liquidación de la condena y con esto se desmejoró la situación del apelante único, sin que se tratara de una determinación inherente y consecuencial a una modificación de la sentencia. 2 “El artículo 328 del CGP en el inciso cuarto acoge el denominado sistema de la reformatio in pejus, en virtud del cual cuando sólo apela una de las partes, no puede el juez de segunda instancia hacer más gravosa su situación, por cuanto

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000202400131011100103