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Consejo de Estado Providencia

Recurso de apelación: Sentencia

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Fecha
2022-07-06
Radicado
76001233100020100038901
Número interno
54666
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO PROMEDICOOP
Demandado
ESE ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION

Síntesis de la providencia

Recurso de apelación: Sentencia

Regla de decisión

Resueltos ante el superior jerárquico; razón por la cual no basta con la simple.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise los puntos que el apelante cuestiona de la decisión de primera instancia, y no permite repetir sin razones el trámite surtido ante el juez inferior. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que el recurso garantiza la doble instancia, que procede para controvertir las decisiones judiciales contrarias al ordenamiento jurídico. La segunda es que el apelante debe determinar, mediante sus cargos, qué asuntos deben ser resueltos por el superior, confrontando las razones de la decisión recurrida. La tercera es que la sustentación no se cumple con afirmaciones genéricas o vagas, pues aunque sea sucinta debe bastar por sí misma para evidenciar los motivos del desacuerdo. Así, los planteamientos de la apelación son los que definen los temas objeto de control. La nota de relatoría remite a pronunciamientos de 2010 y 2014 sobre la finalidad y el deber de sustentación del recurso, y el documento no indica que modifique un precedente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuál es el objeto del recurso de apelación contra las providencias judiciales?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 212
  • Decreto 1400 de 1970, arts. 352 par. 1 y 357

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

Mecanismo de control de las decisiones judiciales, no se dirige, sin límite alguno, a Reprochar cualquier tipo de actuación e inconformidad generada en curso del Proceso, ni puede estar orientado a repetir, sin razones, el trámite acontecido en la…

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Titulación de la relatoría 8.309 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / GENERALIDADES DEL RECURSO DE APELACIÓN / FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / REQUISITOS DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN / DOBLE INSTANCIA / APLICACIÓN DE LA DOBLE INSTANCIA / CONCEPTO DE PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA / DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA / FINALIDAD DE LA DOBLE INSTANCIA / PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA Problema jurídico: ¿Cuál es el objeto del recurso de apelación contra las providencias judiciales? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l alcance del recurso de apelación, mecanismo de control de las decisiones judiciales, no se dirige, sin límite alguno, a reprochar cualquier tipo de actuación e inconformidad generada en curso del proceso, ni puede estar orientado a repetir, sin razones, el trámite acontecido en la primera instancia, sino, fundamentalmente –léase esta expresión en términos de garantías constitucionales– busca garantizar el principio de la doble instancia que, como regla general, está disponible para controvertir las decisiones judiciales que se reputan contrarias al ordenamiento jurídico. (...) resulta imprescindible que el recurrente determine mediante los cargos planteados, qué asuntos deben ser resueltos ante el superior jerárquico; razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso, ni resulta suficiente repetir un argumento desprovisto de motivos de disenso, toda vez que los planteamientos de la apelación son los que definen los temas objeto de control, de cara a la decisión judicial que es rebatida. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la finalidad y deber de sustentación del recurso de apelación, ver sentencias del Consejo de Estado: (i) del 17 de marzo de 2010, radicación 2009-00045 (36838), (ii) del 9 de junio de 2010, radicación 1997-08775-01(19283), y (iii) del 14 de mayo de 2014, expediente 31469. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 212, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 352 PARÁGRAFO 1, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357 RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN Problema jurídico: ¿Sobre cuáles aspectos debe versar el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si [L]e corresponde al apelante confrontar los argumentos que el juez de primera instancia tuvo en cuenta para adoptar su decisión, con sus propias reflexiones, para efectos de solicitarle al ad quem que decida sobre los puntos o aspectos que se debaten en la segunda instancia; de ahí que la carga de la sustentación tampoco puede entenderse cumplida con la mera expresión de afirmaciones genéricas y vagas que no confronten la razón de la decisión , pues, aunque sucintas, deben ser suficientes, por sí mismas, para evidenciar las razones o motivos que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia resultó desacertado, en tanto, dado el marco de competencia fijado, al juez de la segunda instancia no le está dado construir tales motivos de disenso, si lo hiciera, vulneraría el principio de imparcialidad y el derecho al debido proceso de la contraparte . Recuérdese que la tarea de confrontación entre los argumentos del apelante y los aspectos de la decisión de primer grado que son atacados por esta vía, es la que determina la competencia material del juez de segunda instancia , pues precisamente el tema de decisión a cargo del ad quem queda delimitado, por regla general, al examen de dos tesis opuestas cuyo enfrentamiento debe ser desatado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la carga argumentativa del recurso de apelación, ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial No. 2415. M.P. Humberto Murcia Ballén, Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 352 AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Es admisible que a través del recurso de apelación se expresen abiertamente las razones de ataque contra el acto amdinistrativo? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a recurrente no hizo más que insistir en los argumentos de la demanda, que no rebaten en manera alguna los argumentos del Tribunal pues no expresan por qué, en contra de lo concluido por él, no era necesario pretender la nulidad de la Resolución 069 de 2009; al contrario, ratifica que el fundamento de sus pretensiones subyace en la inconformidad que tiene frente a los fundamentos de un acto administrativo respecto del cual, no obstante, no pretendió que se declarara su nulidad. (...) a Sala que la carga de estructurar y expresar con claridad los motivos por los cuales se estima que la sentencia recurrida debe ser revocada corresponde a la parte apelante, la que, al hacerlo, fija el marco de competencia sobre el cual deberá pronunciarse el juez de la segunda instancia, esto es, los motivos de disenso que deberá tener en cuenta como parámetro para analizar la corrección de la providencia impugnada, sin que le sea dable apartarse de ellos – salvo que encuentre aspectos que, de conformidad con la ley deban ser declarados de oficio– o construirlos, pues si lo hiciera, no solo se extralimitaría en sus competencias, sino que, además, vulneraría de manera crasa el principio de imparcialidad que rige la actividad del juez y que se erige como un pilar esencial de la actividad jurisdiccional, en tanto supone que las partes de un litigio se presentan en igualdad de condiciones ante un tercero, para que éste resuelva el conflicto de manera neutral, dándoles, por tanto, un trato igualitario ante la ley y ante las autoridades que administran justicia. RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / EXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTOS DEL LIQUIDADOR / LIQUIDADOR Problema jurídico: ¿El acto administrativo que se pronunció frente a las acreencias laborales de algunos extrabajadores era pasible de control judicial dado su nacimiento a la vida jurídica con antelación a la presentación de la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala podría extractar un motivo de disenso frente a la sentencia recurrida, en tanto parecería señalar que no era posible iniciar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho porque al momento de la presentación de la demanda la Resolución 069 de 2009 aún no se había proferido. (...) Este argumento no está llamado a prosperar. Al respecto, basta con señalar que el planteamiento de la parte recurrente es abiertamente inverosímil, en tanto no solamente a la fecha de la presentación de la demanda –19 de marzo de 2010– la Resolución 069 del 26 de febrero de 2009 ya se había expedido, sino que ya era conocida por PROMEDICOOP –tanto que a ella se refirió de manera expresa en la demanda–, se había notificado y se encontraba en firme. (...)Así las cosas, como el supuesto fáctico que subyace a este motivo de la apelación no se ajusta a la realidad, es forzoso concluir que no está llamado a prosperar, lo que, a su vez, conduce a confirmar la sentencia de primera instancia, en tanto, por las razones expresadas en este providencia, la parte recurrente no logró desvirtuar los fundamentos en los que se soportó la decisión contenida en esa providencia.
Texto extraído del PDF oficial 47.092 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá, D.C., seis (6) de julio dos mil veintidós (2022) Expediente: 760012331000 201000389 01 (54.666) Demandante: Cooperativa Médica de Trabajo Asociado – PROMEDICOOP Demandada: ESE Antonio Nariño, en Liquidación Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. La controversia versa en torno al reconocimiento y pago de unos valores que se habrían causado con ocasión de la ejecución de dos contratos de prestación de servicios, los cuales fueron rechazados por el liquidador de la E.S.E. Antonio Nariño. En est e proceso la parte actora solicita que se declare la existencia de tales contratos, su incumplimiento y que se proceda a su liquidación judicial, incluyendo a su favor los valores que fueron negados por el liquidador. Dado que no se demandó el acto adminis trativo que se pronunció sobre las acreencias, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró de oficio la excepción de inepta demanda; consecuencialmente, se declaró inhibido para decidir de fondo. La parte demandante recurre la decisión, insiste en que se debe proceder al reconocimiento de tales valores y señala que no podía demandar dicho acto porque no se había proferido al momento de la presentación de la demanda. Se confirma la decisión. I. LA SENTENCIA IMPUGNADA 1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 13 de marzo de 2015, en la que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dispuso: “PRIMERO: DECLÁRASE probada, de oficio, la excepción de inepta demanda. En consecuencia, se inhibe la Sala para decidir de fondo el presente asunto, conforme a lo expuesto. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.” 2. Esta sentencia decidió la demanda presentada por la Cooperativa Médica de Trabajo Asociado (en la adelante PROMEDICOOP o la demandante), cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a continuación: Expediente: 760012331000 201000389 01 (54.666) Demandante: PROMEDICOOP Demandada: ESE Antonio Nariño, en Liquidación Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia 2 Pretensiones 3. La demandante formuló las siguientes pretensiones: “PRIMERO. Que se declare la existencia de los Contratos de Prestación de Servicios No. CSP 370 2008 y 371 2008 suscritos entre la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACIÓN con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROMEDICOOP, el día veintinueve (29) del mes de agosto del año dos mil ocho (2008). SEGUNDO. Que se declare el incumplimiento de los Contratos de Prestación de servicios No. CSP 370 2008 y 371 2008 por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACIÓN suscritos con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROMEDICOOP. TERCERO. Que se efectúe en sede judicial la liquidación de los Contratos de Prestación de Servicios No. CSP 370 2008 y 371 2008 suscritos entre la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACIÓN con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROMEDICOOP , de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CUARTO. Como consecuencia obligada de la anterior declaración, se condene a la entidad demandada al pago de las siguientes sumas de dinero: PERJUICIOS MATERIALES. Se cancelará la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS ($299.946.032) m/cte, por concepto de los servicios profesionales en el área médico asistencial, pre stados oportunamente por mi poderdante, en razón de los acuerdos previos con la institución demandada. Se ordene la actualización de la anterior suma de dinero de acuerdo con la siguiente fórmula: (…) QUINTO. Que se condene a la entidad demandada al pago de los intereses moratorios por el no pago oportuno de las sumas objeto de este proceso, desde el momento en que fueron exigibles hasta el momento en que efectivamente se realice su pago. SEXTO. Que en la sentencia se liquide el valor correspondiente con el ajuste previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. SÉPTIMO. Que se ordene cumplir la sentencia en el término indicado en el artículo 176 del C.C.A. con los efectos señalados en el artículo 177 de la misma norma”. Hechos 4. En apoyo de sus peticiones, la demandante relató los siguientes hechos: 4.1. El 29 de agosto de 2008 , la Empresa Social del Estado Antonio Nariño (en adelante la E.S.E. o la demandada) y PROMEDICOOP suscribieron los contratos CSP 370 y CSP 371, cuyo objeto consistió en la prestación de servicios en los subprocesos de cuidado crítico e intensivo, cubriendo 15 camas de cuidado intensivo de 7:00 a.m. a 7:00 a.m. del día siguiente e interconsultas en las salas de urgencia de San Pablo, San Fernando y Sepa las 24 horas, así como medicina general Expediente: 760012331000 201000389 01 (54.666) Demandante: PROMEDICOOP Demandada: ESE Antonio Nariño, en Liquidación Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia 3 hospitalaria, neurocirugía, cardiología, radiología, anestesiología, médicos generales RII, y disponibilidad médica en la Clínica Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Cali. 4.2. El plazo de ejecución de los contratos se pactó en 2 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, lo que tuvo lugar, para ambos, el 1 de septiembre de 2008, por lo que el plazo fenecería el 31 de octubre de ese mismo año. La Directora de la Clínica Rafael Uribe Uribe certificó el cumplimiento de los servicios prestados por PROMEDICOOP. 4.3. El 3 de octubre de 2008, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la E.S.E. y estableció la prohibición de iniciar nuevas actividades en desarrollo del objeto social, por tanto, solo se podían ejecutar los actos, operaciones y contratos necesarios para la liquidación de la entidad. En consecuencia, PROMEDICOOP prestó los servicios contratados a través de su personal vinculado hasta esa fecha. 4.4. El 10 de noviembre de 2008, PROMEDICOOP presentó ante el liquidador reclamación para el pago de las facturas 0306 por valor de $205’864.252 – correspondiente al contrato CSP 371 de 2008–, 0307 por valor de $64’108.800, 0318 por valor de $26’304.366 y 0319 por valor de $3’698.614 –correspondientes al contrato CSP 370 de 2008–. 4.5. A través de Resolución 00069 del 16 de febrero de 2009, el liquidador de la E.S.E. rechazó las reclamaciones presentadas por PROMEDICOOP respecto de las facturas relacionadas en el punto anterior. 4.6. En el mismo acápite de hechos, la demandante señaló que la referida resolución vulnera flagrantemente el preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 38, 48 y 53 constitucionales, en tanto, al rechazar la reclamación de pago de la facturas previamente referenciadas, se desconoció el trabajo digno de los trabajadores que agrupados en una cooperativa prestaron efectiva y personalmente el servicio en ejecución de los contratos previamente celebrados, a los que, por ello, n o se les ha podido pagar su salario, con lo cual se afectó su mínimo vital y móvil. Añadió que la resolución transgrede los mencionados artículos al calificar el crédito como de quinta clase sin tener en cuenta que el objeto de los contratos fuente de las facturas consistió en la colocación de personal y, por tanto, se trata de un crédito laboral que debió ser calificado como de primera clase1. 1 Se advierte que, de conformidad con el contenido de la Resolución 069 del 26 de febrero de 2009 y su anexo individualizado No. 2, correspondiente a la reclamación de PROMEDICOOP, las acreencias que presentó ante el liquidador se rechazaron en su totalidad, por tanto, es impreciso que se afirme que se calificaron como créditos de quinta clase. En efecto, los artículos primero y segundo de la resolución son del siguiente tenor: “ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar las reclamaciones presentadas oportunamente, relacionadas en el anexo uno (1) anexo general y en el anexo dos (2) anexo individualizado a cada acreedor, frente a las cuales el proceso de auditoría integral no encontró motivos de glosa por cuanto cumplen integralmente los requisitos contractuales y legales; se reconoce frente a tales reclamaciones los valores señalados en la columna titulada ‘Valor Reconocido’ en el anexo uno (1) y en el anexo dos (2) ya citados, que hac en parte integral de esta Resolución, como obligaciones que se pagarán con cargo a la masa de liquidación como créditos quinta clase, y no tienen privilegio legal alguno, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. “ARTICULO SEGUNDO: Rechazar total o parcialmente las reclamaciones presentadas oportunamente, relacionadas en el anexo uno (1) anexo general y en el anexo dos (2) anexo individualizado a cada acreedor, frente a las cuales el proceso de auditoría integral encontró motivos de glosa que conducen al rechazo total o parcial de dichas reclamaciones, correspondiente a los valores señalados en la columna titulada ‘Valor Rechazado’ en el anexo uno (1) y dos (2) ya citados, que hacen parte integral de esta Resolución, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, en especial en los numerales 10.1 al 10.7.2.” En el anexo individualizado 2 correspondiente a

Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000201000389011100103