CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veintidós (2022).
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00833-01 (68199)
Actor: Municipio de Apartadó
Demandado: Unión Temporal Gestión Óptima
Referencia: Controversias contractuales
El despacho procede a pronunciarse sobre la admisión d el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia
proferida el 31 de enero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1 y su trámite
En escrito presentado el 10 de mayo de 20212, el municipio de Apartadó, por
conducto de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales contra la Unión Temporal Gestión
Óptima, con el fin de que se declarara la inexistencia del contrato de
interventoría No. 490 del 15 de octubre de 2019 o, en subsidio, su nulidad
absoluta, por encontrarse incurso en la causal consagrada en el artículo 44,
numeral 1, de la Ley 80 de 1993, toda vez que se suscribió “sin que en ninguna
de sus cláusulas se citara el c ertificado de disponibilidad presupuestal, el
artículo presupuestal que respalde el gasto, como tampoco la autorización de
afectar vigencias futuras conforme al artículo 12 de la Ley 819 de 2003”.
2. Decisión apelada
En sentencia del 31 de enero de 20223, la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda , porque
consideró que la omisión del registro presupuestal o el hecho de no contar con
la autorización para afectar vigencias futuras en materia contractual no daban
1 Visible en el archivo “ED_01DEMANDA(.pdf) NroActua 2” índice 2, Samai.
2 Ver documento “07ActaReparto” índice 2, Samai.
3 Disponible en “55NiegaPretensiones 2021-00833” índice 2, Samai.
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00833-01 (68199)
Actor: Municipio de Apartadó
Demandado: Unión Temporal Gestión Óptima
Referencia: Controversias contractuales
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lugar a declarar la inexistencia o la nulidad del contrato , como pretendía la
parte demandante.
Estas fueron las consideraciones del a quo (se transcribe de forma literal,
incluso con posibles errores):
“(…) Tal como se desprende del recuento probatorio efectuado en líneas
previas, el contrato de interventoría N° 490 de 2019, celebrado por las
partes de este litigio, no cuenta con el certif icado de disponibilidad
presupuestal que asegure la existencia de apropiación suficiente en el
presupuesto, como tampoco con el registro presupuestal que garantice
las apropiaciones específicas para afectar el negocio jurídico, sino que se
pactó, que los r ecursos para el pago del valor del contrato, provendrían
de las sumas recaudadas durante la ejecución del contrato de prestación
de servicio de salud N° 247 de 2019. Adicionalmente, pese a que el
contrato se suscribió el 15 de octubre de 2019, y en él se acordó un plazo
de 48 meses de ejecución, no se dio cumplimiento a los trámites y
autorizaciones para afectar vigencias futuras.
No obstante lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la demanda,
con fundamento en que la trasgresión de las normas del presupuesto en
materia contractual no genera la inexistencia o la nulidad absoluta del
negocio jurídico, esto por cuanto, la disponibilidad presupuestal, el
registro presupuestal y la autorización para afectar vigencias futuras, no
son requisitos de la exi stencia o validez del contrato estatal, sino de su
ejecución, tal como lo ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
(…)
En conclusión, contrario a lo pretendido por la entidad demandante, el
incumplimiento de los principios de legalidad, planeación y anualidad del
presupuesto en la celebración del contrato de interventoría N° 490 del 15
de octubre de 2019, no genera la inexistencia y tampoco la nulidad
absoluta del negocio jurídico, pero sí puede llegar a comprometer la
responsabilidad personal y patrimonial del funcionario que no constató la
disponibilidad presupuestal, que omitió el registro presupuestal y que no
solicitó las aprobaciones y autorizaciones exigidas por el legislador para
comprometer vigencias futuras.”
3. Recurso de apelación
El 8 de febrero de 2022 4 el municipio de Apartadó interpuso recurso de
apelación, con el fin de que se revocara la sentencia y, como consecuencia,
se accediera a la totalidad de las pretensiones.
En el escrito presentado se reiteraron los argumentos de la demanda, para lo
cual se realizó una transcripción de varios de sus apartes, sin manifestar de
manera directa los motivos de inconformidad con el fondo de la controversia
4 Disponible en archivo “58RecursoApelaconMncpApartado” índice 2, Samai.
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00833-01 (68199)
Actor: Municipio de Apartadó
Demandado: Unión Temporal Gestión Óptima
Referencia: Controversias contractuales
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y únicamente se cuestionó lo atinente a la condena en costas, con el
argumento que no había lugar a su imposición.
II. CONSIDERACIONES
El artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, exige a la parte inconforme con la decisión de primera instancia
sustentar su impugnación; a su vez, el artículo 320 del CGP5 establece que la
apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión.
De cara al caso concreto, el despacho advierte que, si bien la parte actora
recurrió formalmente la sentencia de primera instancia, lo cierto es que en su
escrito de impugnación no expuso los motivos de disenso respecto de las
razones concretas consignadas por el a quo en dicho proveído.
En efecto, revisados los argumentos del recurso de apelación, se advierte que
la parte actora no formuló ningún reparo tendiente a discutir la conclusión a la
que se arribó en la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, pues se limitó a decir en su impugnación: i) que el contrato de
interventoría No. 490 del 15 de octubre de 2019 se había suscrito en ausencia
del certificado de disponibilidad presupuestal, el registro presupuestal y la
autorización para comprometer vigencias futuras; ii) que con dicha situación
se vulneraron los requisitos legales establecidos artículo 71 del Decreto 111
de 1996, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 12 de la Ley 819 de
2003; y iii) que estas omisiones implicaban que el contrato se encontrara
incurso en la causal de nulidad establecida en el artículo 44 numeral 1 de la
Ley 80 de 1993.
Al respecto, se observa que el recurso corresponde a una transcripción de los
hechos y fundamentos de la demanda que se expusieron inicialmente ante el
tribunal de primera instancia, a par tir de los cuales no es posible determinar
las razones de inconformidad frente a la sentencia recurrida.
5 “Artículo 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto
del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.”
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00833-01 (68199)
Actor: Municipio de Apartadó
Demandado: Unión Temporal Gestión Óptima
Referencia: Controversias contractuales
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En ese orden de ideas, como no se presentó ningún argumento dirigido a
atacar los fundamentos de hecho y/o derecho que sirvieron de sustento al
tribunal de primera instancia para negar las pretensiones de la demanda, para
el despacho no hay una debida sustentación6.
Si bien es cierto que la parte recurrente dejó ver su discrepancia con la
decisión que negó las pretensiones de la demanda , pues solicitó que fuera
revocada, nada argumentó frente al análisis y la valoración que hizo el tribunal
respecto de la controversia contractual, de ahí que esta Corporación carece
de elementos pa ra examinar el asunto en segunda instancia, circunstancia
que da lugar a declarar desierto el recurso de apelación , en lo que atañe al
fondo del asunto.
No obstante, el despacho no pierde de vista que en la parte final del recurso
el demandante cuestionó la imposición de la condena en costas, por estimarla
improcedente en este caso y expuso los argumentos correspondientes, motivo
por el cual la Subsección deberá estudiar la impugnación presentada en tal
sentido, como único objeto de estudio en el marco de la segunda instancia.
En virtud de lo anterior, por encontrarse acreditados los presupuestos de
procedencia, oportunidad7 y sustentación, se admitirá el recurso de apelación
interpuesto contra el fallo de primera instancia, en los términos y bajo los
parámetros que se acaban de fijar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 243 y 247 del CPACA, modificados por los artículos 62 y 67 de la
Ley 2080 de 2021, respectivamente8.
Adicionalmente, conviene destacar que, dada la normativa aplicable al
presente asunto, las partes podrán alegar de conclusión “ [d]esde la
notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la
admite en segunda instancia”, y el Ministerio Público rendir concepto “ desde
6 Sobre la carga de sustentación del recurso de apelación ver entre otras providencias:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de mayo de 2014, expediente No. 31.469, M.P. Carlos Al berto Zambrano
Barrera; sentencia del 24 de septiembre de 2020, expediente No. 44.707, M.P. José Rob
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