Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: puede la subsección B emitir fallo anticipado en un asunto de repetición contra un exfuncionario público
Lo que dijo la Sala
En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual pasaron los expedientes al despacho, sin embargo, el artículo 18 ibidem autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”; de igual manera, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 dispuso que las altas cortes y los tribunales podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia.
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Síntesis síntesis automática
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede emitir fallo anticipado en un asunto de repetición contra un exfuncionario público, dado que la naturaleza del asunto fue considerada para prelación por la Sección Tercera, lo que permite modificar la cronología de turno según lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley 446 de 1998 y 63A de la Ley 270 de 1996. Además, la Sala confirmó la caducidad del medio de control de repetición en un caso en el que la condena a repetir se basaba en un laudo arbitral y no en un contrato de transacción, y el pago se realizó después del vencimiento del término legal, afectado por la suspensión de términos durante la pandemia de COVID-19, lo que llevó a la configuración de la caducidad del medio de control. Por último, la Sala estableció que la condena en costas en segunda instancia se aplica con un criterio objetivo, independiente del comportamiento de las partes, salvo en casos que ventilen un interés público. Estas decisiones reafirman la flexibilidad en la administración de justicia y la aplicación de criterios objetivos en la condena en costas.
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Problema jurídico
¿Puede la subsección B emitir fallo anticipado en un asunto de repetición contra un exfuncionario público, por ser un asunto que en virtud de su naturaleza fue considerado para prelación por la Sección Tercera?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 270 de 1996, art. 63
- Ley 446 de 1998, art. 18
También resuelve
- ¿Debe confirmarse la decisión de declarar probada la excepción de caducidad del medio de control judicial de repetición en relación con el demandado D. E. G. B. porque la suma de dinero pagada por…
- ¿Procede la condena en costas contra la parte actora por cuanto el recurso de apelación que interpuso, fue despachado desfavorablemente?
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Titulación de la relatoría 7.836 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EXSERVIDOR PÚBLICO / PRELACIÓN DE FALLO / REQUISITOS DE LA PRELACIÓN DE FALLO / PROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN DE FALLO / MODIFICACIÓN DEL ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIA / ALTERACIÓN DEL TURNO PARA FALLO
Problema jurídico:
¿Puede la subsección B emitir fallo anticipado en un asunto de repetición contra un exfuncionario público, por ser un asunto que en virtud de su naturaleza fue considerado para prelación por la Sección Tercera?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual pasaron los expedientes al despacho, sin embargo, el artículo 18 ibidem autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”; de igual manera, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 dispuso que las altas cortes y los tribunales podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. En el asunto sometido a consideración de la Sala, el objeto del litigio corresponde a una repetición en contra de unos exagentes públicos, tema que en virtud de su naturaleza, la Sección Tercera del Consejo en sesión y acta no. 15 del 5 de mayo de 2005 consideró que debía dársele prelación, motivo por el cual, con fundamento en las normas previamente citadas y la referida acta, la Subsección se encuentra habilitada para emitir el fallo de manera anticipada.
FUENTE FORMAL:
LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 63A, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 18
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / CONDENA EN EL LAUDO ARBITRAL / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUENTES DE LAS OBLIGACIONES / LAUDO ARBITRAL / PAGO DE LA CONDENA / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO PROCESAL / PANDEMIA / COVID 19 / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Debe confirmarse la decisión de declarar probada la excepción de caducidad del medio de control judicial de repetición en relación con el demandado D. E. G. B. porque la suma de dinero pagada por Avante SETP a la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas SA, y cuyo pago se imputa al actuar gravemente culposo del demandado, tuvo como fuente el laudo proferido en el primer tribunal de arbitraje y no el contrato de transacción celebrado entre dichas partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
La condena que se pretende repetir contra el demandado D. E. G. B. y su pago ocurrieron con antelación a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 2195 de 2022; por lo tanto, debe aplicarse el término de caducidad de dos (2) años dispuesto en el literal l) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, anterior a la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022 (...) es claro que el contrato celebrado entre Avante SETP y la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas SA no es la fuente del pago imputado al demandado G. B. y, por lo tanto, no afecta el término de caducidad de la acción de repetición en relación con la condena dictada en el primer tribunal arbitral; en dicho acuerdo de voluntades las partes se limitaron a extinguir parcialmente las obligaciones debidas por Avante SETP a la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas SA en virtud de la compensación, y a fijar unas fechas de pago; sin embargo, ese contrato no se puede reputar como la fuente de la obligación pagada por Avante SETP y cuyo pago se imputa al demandado G. B. En conclusión, el estudio de la caducidad de la acción realizado por el a quo es acertado porque el pago realizado por Avante SETP fue posterior al vencimiento del término legal del artículo 192 del CPACA que tenía para cumplir la condena impuesta en el laudo arbitral; en efecto, según la constancia de ejecutoria allegada al proceso, el laudo arbitral del 6 de septiembre de 2018 quedó ejecutoriado el 21 de noviembre de 2018, por lo tanto, la entidad demandante tenía plazo para pagar la condena hasta el 21 de septiembre de 2019 y el pago total de la condena se realizó el 31 de diciembre de 2020; de tal manera que, en este caso, el término de caducidad se debe computar desde el vencimiento del término con el que contaba Avante SETP para el pago de la condena. Así las cosas, en principio, la acción contra el demandado D. E. G. B. debía caducar el 22 de septiembre de 2021; sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19, los términos judiciales estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo de 2020 y el 1º de julio de 2020; por consiguiente, el término de caducidad se extendió hasta el 8 de enero de 2022; a raíz de la vacancia judicial, el término de caducidad se extendió hasta el 11 de enero de 2022, pero, la demanda tan solo se presentó el 18 de febrero de 2022, es decir, en forma extemporánea, por haberse configurado con antelación la caducidad del medio de control judicial de repetición activado con dicha demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I, LEY 2195 DE 2022
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / INTERÉS PÚBLICO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte actora por cuanto el recurso de apelación que interpuso, fue despachado desfavorablemente?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n relación con las costas de segunda instancia, la Sala destaca que la Ley 1437 de 2011 reguló el instituto de las costas en materia procesal y modificó el criterio subjetivo establecido por la Ley 446 de 1998 para acoger uno objetivo, el cual se aplica con independencia de la conducta procesal de los litigantes (...) De la norma objeto de análisis se pueden extraer las siguientes conclusiones: i) se retornó a un criterio objetivo que no atiende a la subjetividad o elemento volitivo de las partes o sujetos procesales; ii) se estableció una regla general según la cual en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas con independencia, se insiste, del comportamiento de las partes y, iii) la excepción a la regla general de la condena en costas, se encuentra prevista para aquellos procesos en los cuales se “ventile un interés público”, de manera que se debe precisar qué se debe entender por “interés público” para efectos de la condena en costas. En últimas, todos los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción, tienen como finalidad la protección del interés público porque buscan definir controversias y litigios en los que participan entidades públicas y estas a su vez procuran la satisfacción del interés general; sin embargo, este entendimiento amplio o extensivo de la norma conlleva una hermenéutica ad absurdum dado que esta perdería eficacia bajo ese específico entendimiento, pues, no procedería la condena en costas en ningún proceso que se adelantara ante esta jurisdicción. (...) En consecuencia, como el recurso de apelación no prosperó, la apelante debe ser condenada en costas de conformidad con lo ordenado en el artículo 188 del CPACA, las cuales serán tasadas y liquidadas por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365