Síntesis de la providencia
Aclaración de voto: el calificativo de «interadministrativo» se deriva exclusivamente de la calidad de entidades públicas de ambas partes
Regla de decisión
El contrato interadministrativo implica obligaciones patrimoniales onerosas, mientras el convenio atiende fines de cooperación sin ánimo de lucro.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El acuerdo celebrado entre entidades públicas adquiere la verdadera naturaleza jurídica de contrato interadministrativo cuando incorpora obligaciones patrimoniales onerosas orientadas a satisfacer los fines estatales mediante el concurso de una entidad ejecutora, diferenciándose sustancialmente de los convenios institucionales de cooperación sin ánimo de lucro y ayuda mutua. En esta aclaración de voto emitida dentro de la providencia, se destaca la interpretación sistemática y doctrinal de la normativa de contratación pública para precisar con rigor el alcance financiero, patrimonial y operativo de dichos negocios jurídicos estatales.
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Problema jurídico
¿La Sala debe reconocer que un acuerdo entre entidades públicas adquiere la naturaleza de contrato interadministrativo cuando incluye obligaciones patrimoniales onerosas y, en cambio, configura un convenio interadministrativo cuando atiende fines comunes mediante cooperación sin ánimo de ganancia?
Respuesta: Si
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Lo que dijo la Sala
El recuento normativo que precede, junto a su interpretación sistemática, permite concluir que, aunque dicha regulación no distinguió conceptualmente los «convenios y contratos interadministrativos», existen claras diferencias entre estas figuras. Con posterioridad… , se vislumbra con mayor claridad que la locución «contrato interadministrativo» tiene una naturaleza, alcance y finalidad diferentes a la de los convenios interadministrativos y, por ende, no pueden ser considerados sinónimos. El «contrato interadministrativo» supone una relación de tipo patrimonial en la cual la entidad contratante se vale de una «entidad ejecutora», que también es estatal y que ocupa el lugar de un contratista, para satisfacer los fines del Estado, la eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los ciudadanos.
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Titulación de la relatoría 7.789 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / NEGOCIO JURÍDICO / ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / OBRA PÚBLICA / CONTRATACIÓN DIRECTA / SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / ACUERDO DE VOLUNTADES / INVÍAS / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La Sala debe reconocer que un acuerdo entre entidades públicas adquiere la naturaleza de contrato interadministrativo cuando incluye obligaciones patrimoniales onerosas y, en cambio, configura un convenio interadministrativo cuando atiende fines comunes mediante cooperación sin ánimo de ganancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l recuento normativo que precede, junto a su interpretación sistemática, permite concluir que, aunque dicha regulación no distinguió conceptualmente los «convenios y contratos interadministrativos», existen claras diferencias entre estas figuras. Con posterioridad (...), se vislumbra con mayor claridad que la locución «contrato interadministrativo» tiene una naturaleza, alcance y finalidad diferentes a la de los convenios interadministrativos y, por ende, no pueden ser considerados sinónimos. El «contrato interadministrativo» supone una relación de tipo patrimonial en la cual la entidad contratante se vale de una «entidad ejecutora», que también es estatal y que ocupa el lugar de un contratista, para satisfacer los fines del Estado, la eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los ciudadanos. El calificativo de «interadministrativo» se deriva exclusivamente de la calidad de entidades públicas de ambas partes, independientemente del proceso de selección que, conforme a la ley corresponda. Por tal motivo, su característica principal es que como acuerdo de voluntades está destinado a la producción, modificación o extinción de obligaciones. En esencia, sigue las reglas de los contratos típicos y atípicos, donde existirá una entidad estatal contratante y una entidad estatal contratista. No se trata de un nuevo tipo de contrato, sino que su característica principal la determina la presencia del Estado en ambas partes del acuerdo. Su diferenciación radica en las consecuencias legales de tal presencia, como son, por ejemplo, la prohibición de cláusulas excepcionales, independientemente del objeto contractual. Así podrán ser contratos interadministrativos aquellos relacionados como típicos en la Ley 80 de 1993 en su artículo 32, o aquellos derivados de la aplicación del derecho privado (...), o los que son atípicos por encontrarse conformados en su objeto por la conjunción de varios típicos, o porque son atípicos en sí mismos, siempre y cuando se reitera ambas partes del contrato sean Entidades Estatales. Ello supone su naturaleza onerosa y sinalagmática, esto es bilateral, dado su carácter económico intersubjetivo que produce efectos patrimoniales: la entidad contratante busca satisfacer un fin específico y la entidad contratista se vincula voluntariamente a cambio de un precio. Así, la entidad estatal contratista, fundada en el ánimo de satisfacer un interés público a cargo, se vincula con la entidad pública contratista que colabora en ese fin, mediante una relación jurídica contractual de carácter patrimonial, que produce obligaciones recíprocas: aquella debe pagar el precio y esta, para recibirlo, debe ejecutar determinadas obligaciones para satisfacer el cometido estatal. [A]demás de las figuras contractuales a las que pueden acceder las entidades públicas, es posible sostener la existencia de «convenios interadministrativos» cuyo fundamento es el deber de colaboración. (...) Así, la nota característica de los «convenios interadministrativos» se encuentra en la existencia de varias entidades estatales en las que concurren fines comunes para ambas, desde la perspectiva de las competencias legales que les han sido atribuidas. El ánimo de cooperar lleva a que las entidades públicas celebren el «convenios interadministrativos» con el fin de que, mediante aportes de cada una desde la órbita de sus funciones, contribuyan a la consecución del fin común que orienta su actuación. Ello muestra que no se trata de intereses contrapuestos o de un sinalagma contractual, sino, más bien, de una relación que, sin que haya preminencia de una de las partes, supone la cooperación recíproca de tareas. Los convenios interadministrativos, entonces, «son mecanismos de gestión conjunta de competencias administrativas que se instrumentan a través de acuerdos celebrados entre dos o más entidades públicas». En ellos las entidades públicas aúnan esfuerzos para la consecución de los fines del Estado que, por supuesto, pueden generar obligaciones para los intervinientes ya sea de tipo económico, logístico, de infraestructura o de compartir información, pero que no surgen por el interés económico o de ganancia patrimonial puesto que se centran, más bien, en la articulación de funciones de cada entidad. En ellos no puede predicarse la noción de Entidad pública contratante, ni de Entidad pública contratista. Al ser mecanismos de colaboración de forma exclusiva no se da el imperio clásico que ha guiado el contrato estatal en sus desarrollos normativos, lo que hace necesario y relevante el pacto y contenido de las cláusulas que van a guiar el convenio. En tal sentido, también son generadores de obligaciones para las entidades que se asocian y pueden conllevar, incluso, gastos o aportes de tipo financiero. Sin embargo, en ellos no concurre el ánimo de ganancia o de pago de un precio a cambio de un servicio prestado, la compra de un bien o la ejecución de una obra. Su objeto es ejecutar tareas que favorecen directamente el fin común de las entidades públicas vinculadas. [L]o expuesto permite concluir que la diferencia de estas figuras radica en que en los «contratos interadministrativos» su objeto está integrado por obligaciones de contenido patrimonial, esto es, son onerosos, porque implican un intercambio de ventajas económicas derivada de la existencia de obligaciones recíprocas (bilateralidad). Las partes actúan con intereses contrapuestos: la entidad contratante en con el fin de obtener la satisfacción de un interés público y la entidad contratista con el propósito de recibir un beneficio económico a cambio de la prestación pactada. [E}n los convenios no existe un interés económico, es decir, una ganancia patrimonial, en tanto que las entidades públicas que se vinculan tienen intereses comunes que corresponden con el interés general -cumplimiento de determinadas funciones o la garantía o prestación de determinados servicios públicos- y por ello cooperan mancomunadamente en la consecución de los fines estatales. No se trata aquí de partes contratante y contratista como se desprende de los «contratos interadministrativos». Estas diferencias, por supuesto, no resultan aplicables exclusivamente en el plano teórico y conceptual. La Sala, en la oportunidad pertinente, deberá analizar las implicaciones sobre el régimen de estos acuerdos, por ejemplo, frente al ejercicio de determinadas potestades y competencias atribuidas en el Estatuto General de Contratación Pública.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las obligaciones de convenios interadministrativos y el contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 26 de julio de 2016, exp. 11001-03-06-000-2015-00102-00 (NR: 2156096 – interno 2257), C.P. Álvaro Namén Vargas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 222 DE 1983, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 4 LITERAL C, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 4, LEY 1414 DE 2011 - ARTÍCULO 92, LEY 489 DE 1998, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 1 LITERAL C, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32