Titulación de la relatoría 28.116 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / AUSENCIA DEL DOLO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / CONDENA CONTRA EL ESTADO / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / HOSPITAL / RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO HOSPITALARIO / MUERTE DEL PACIENTE / SENTENCIA CONDENATORIA / SENTENCIA DE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACUERDO DE CONCILIACIÓN JUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / MÉDICO CIRUJANO / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Se acreditó una conducta dolosa o gravemente culposa por parte del médico cirujano, que haya dado lugar a la muerte del paciente y en consecuencia, a la declaratoria de responsabilidad del Hospital demandante?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o solo se tiene que la parte demandante no demostró los supuestos para abrir paso a las presunciones establecidas en la Ley 678 de 2001, sino que tampoco probó por otros medios que el cirujano (…) actuó con dolo y/o culpa grave en la atención que brindada (…) al paciente de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. En ese sentido, es indispensable destacar que la responsabilidad patrimonial del servidor público es eminentemente subjetiva, de allí que el legislador exija que el deber de indemnizar se desprende de un obrar doloso o gravemente culposo de aquel. Así las cosas, para que prospere la acción de repetición, además de los otros requisitos (condena, pago y calidad de servidor o ex servidor público), se exigen los máximos grados de culpabilidad, pues el agente estatal debe conocer el resultado lesivo para la entidad y perseguir su acaecimiento o sin querer buscar un resultado, generarlo, al faltar al deber objetivo de cuidado que se exige del ciudadano más desprevenido. En el caso de autos no existe prueba, además de la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2013 por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Neiva (…), que indique que la actuación (…) fue dolosa y/o gravemente culposa, pues no hay copia de la historia clínica (...), tampoco reposan testimonios u otros medios de pruebas válidos que den cuenta a la Sala de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desplegó la conducta del señor (…). De hecho, si bien la sentencia proferida dentro de la acción de reparación directa determinó que la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito prestó un servicio médico deficiente al paciente (…), lo cierto es que en dicha providencia ni siquiera se hace mención al médico cirujano (…) que por lo menos permita inferir en esta instancia que tuvo participación activa u omisiva en la atención médica.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control de repetición instaurado por condenas contra el Estado en la cuantía fijada por la norma para procesos de doble instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 7 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 9, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / DOLO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / ACUERDO DE CONCILIACIÓN
Problema jurídico:
¿El medio de control de repetición es el medio judicial idóneo para imponer a los agentes estatales la obligación de restituir lo pagado por el Estado como consecuencia de su actuar doloso o gravemente culposo?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política y 142 del CPCA, la acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a (…) [el médico] patrimonialmente responsable del pago (…) realizado en cumplimiento del acuerdo conciliatorio entre las partes, aprobado a través de auto del 18 de marzo de 2014.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMA VIGENTE / VIGENCIA DE LA NORMA / VIGENCIA DE LA NORMA PROCESAL / PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN NORMATIVA / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / SENTENCIA CONDENATORIA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / CONDENA POR MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PAGO DE CONCILIACIÓN
Problema jurídico:
¿El término de caducidad del medio de control de repetición empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la condena o conciliación con el Estado o a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el mismo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]or tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). (…) [E]stos procesos (…) se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. (…) [E]l cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario. En consecuencia, (…) se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de que la sentencia quede en firme. Asimismo, el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPCA señala que el medio de control de repetición caducará en dos años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas y conciliaciones. (…) En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la sentencia (…), mediante la cual el Tribunal Administrativo del Huila declaró patrimonialmente responsable a la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito por la muerte (…) y ordenó pagar perjuicios materiales e inmateriales a sus familiares, quedó ejecutoriada el 18 de marzo de 2014; ii) que (…) el 4 de noviembre de 2014 dicha entidad pagó (…); iii) que el plazo de los 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA, para realizar el pago de la conciliación se cumplió el 21 de septiembre de 2015; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la conciliación; y, v) que la demanda se presentó el 18 de diciembre de 2015, esto es, dentro de los dos años que otorga el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPCA para presentarla de forma oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la norma aplicable a la caducidad del medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación de 25 de junio de 2014, rad. 49299, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ENTIDAD PÚBLICA / HOSPITAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO / PAGO DE CONCILIACIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / MÉDICO CIRUJANO / VINCULACIÓN LABORAL
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la entidad que asumió el pago del acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes, en relación con la indemnización de perjuicios por la muerte del paciente?
Respuesta al problema jurídico: Si
La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que resultó condenada por el Tribunal Administrativo del Huila mediante sentencia del 29 de noviembre de 2013 y que posteriormente suscribió acuerdo conciliatorio aprobado mediante auto del 18 de marzo de 2014. (…) [El señor] (…) está legitimado en la causa por pasiva, pues presuntamente fue el agente que con su conducta dolosa y/o gravemente culposa dio lugar a la condena impuesta en contra de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito respecto de la que dicha entidad celebró el acuerdo conciliatorio cuyo valor es objeto de la repetición materia de análisis, toda vez que prestó sus servicios como “cirujano general” en dicha entidad entre el 4 de abril y el 30 de junio de 2007, según da cuenta copia del contrato de prestación de servicios (…).
NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TITULARIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿El régimen normativo aplicable al medio de control de repetición es el vigente al momento de la ocurrencia de los hechos que produjeron la condena contra el Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Ley 678 de 2001 (…) definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el marco normativo del medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 1 de octubre de 2006, rad. 28448, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 23 de noviembre de 2016, rad. 46108, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / MUERTE DEL PACIENTE / RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO HOSPITALARIO / APROBACIÓN DEL ACUERDO CONCILIATORIO / PAGO DE CONCILIACIÓN
Problema jurídico:
¿Se acreditó el requisito de procedencia de la repetición, consistente en la existencia de una obligación judicial reparatoria a cargo de la entidad demandante, a través de la conciliación aprobada dentro del proceso de reparación directa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. (…) El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2° de la Ley 678 de 2001. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que: i) mediante sentencia (...), el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Neiva declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito por la muerte (…) y ordenó pagar a sus familiares perjuicios morales y materiales; ii) que el 18 de marzo de 2014 el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Neiva, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 1395 del 12 de julio de 2010, celebró audiencia de conciliación entre los demandantes de la acción de reparación directa y la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, en la que esta última se comprometió a pagar (…); y, iii) que el auto del 18 de marzo de 2014, que aprobó la conciliación, quedó ejecutoriado ese mismo día.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el requisito de la obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de noviembre de 2006, rad. 22099, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 6 de diciembre de 2006, rad. 22056, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 12 de diciembre del 2007, rad. 27006, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 29 de mayo del 2014, rad. 42183, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 10 de diciembre de 2018, rad. 60423, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 1395 DE 2010 - ARTÍCULO 70, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / CONTRATISTA / MÉDICO CIRUJANO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Problema jurídico:
¿Se acreditó el requisito de procedencia de la repetición, consistente en la calidad de contratista del demandado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que los demandados, frente a quienes se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tengan la calidad de servidor o ex servidor público o de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. En la demanda se solicitó declarar la responsabilidad (…) porque a juicio de la actora con su actuar doloso y/o gravemente culposo incidió en la producción del daño antijurídico por el cual resultó condenada y que, a su vez, condujo a la conciliación acordada entre la entidad y los demandantes en la acción de reparación directa. (…) En el caso sub judice, para probar la calidad de contratista (particular que cumple funciones públicas) del demandado, la parte actora aportó los siguientes medios probatorios (…): Copia del contrato de prestación de servicios (…). Certificación (…) en la que hace constar que (…) se desempeñó como cirujano general del centro hospitalario del 4 de abril al 30 de junio de 2007.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la calidad de contratista del demandado en repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de agosto de 2022, rad. 62238, C. P. Nicolás Yepes Corrales.
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE CONCILIACIÓN / SENTENCIA DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / APROBACIÓN DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Se acreditó el requisito de procedencia de la repetición, consistente en aportar prueba idónea del pago efectivo de la conciliación aprobada dentro del proceso de reparación directa?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n el caso sub judice, contrario a lo que estimó el Tribunal de origen, se encuentra acreditado el pago de la conciliación suscrita por la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito y los demandantes en la acción de reparación directa, aprobada mediante auto del 18 de marzo de 2014 proferido por el Tribunal Administrativo del Huila, (…) toda vez que la certificación del 7 de diciembre de 2015 es un documento público que fue expedido y suscrito por la tesorera general de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, por lo que, de conformidad con el artículo 244 del CGP, se presume auténtico. Adicionalmente, en dicha certificación se discriminó el pago que esa entidad realizó en cumplimiento de la conciliación, con indicación del objeto, valor y beneficiarios. Asimismo, dicho documento obró a lo largo del proceso sin que fuera desvirtuado o controvertido por la parte demandada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio del documento público expedido por el tesorero, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2021, rad. 54518, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 244
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / PRESUNCIÓN LEGAL / CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / DETERMINACIÓN DEL NEXO DE CAUSALIDAD
Problema jurídico:
¿Para que pueda predicarse la responsabilidad del agente en el medio de control de repetición, debe acreditarse una conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público y la existencia de una relación de causalidad entre el daño sufrido y la acción u omisión del agente que dio lugar a la condena?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. (…) Al efecto, el artículo 5° de la Ley 678 de 2001, prevé que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. (…) A su turno, el artículo 6° de la misma norma, dispone que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. (…) Pese a lo anterior, es menester recordar que en sentencia C-374 de 2002 la Corte Constitucional señaló que la parte demandada puede desvirtuar este tipo de presunciones de hecho mediante prueba en contrario. Posición que posteriormente fue reiterada por el Consejo de Estado mediante sentencia del 6 de julio de 2017, en la que indicó que las presunciones que contempló la Ley 678 de 2001 son legales, esto es, que admiten prueba en contrario, con lo cual se garantiza el ejercicio del derecho de defensa. Además, la jurisprudencia de esta Sección ha destacado que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá probar el supuesto de hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la conducta dolosa o gravemente culposa del agente en la causación del daño reparado por el Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 30 de agosto de 2018, rad. 55661, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 6 de julio de 2017, rad. 45203, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 7 de agosto de 2017, rad. 42777, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 29 de mayo de 2014, rad. 40755, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 22 de octubre de 2021, rad. 62571, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
SENTENCIA DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE COSA JUZGADA INTERNACIONAL / INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿La sentencia condenatoria que declaró la responsabilidad del Estado en el proceso de reparación directa y el acuerdo conciliatorio sobre la indemnización de perjuicios, son prueba de la culpabilidad del agente?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]s importante destacar que la sentencia proferida en la acción de reparación directa, que posteriormente fue objeto del acuerdo conciliatorio, resolvió la responsabilidad de la entidad demandada y el derecho del demandante a obtener la reparación de perjuicios que en ella se dispuso. No obstante, dicha sentencia y la conciliación que luego fue celebrada no hacen tránsito a cosa juzgada frente al agente estatal al que se le imputa la causación del daño, porque el proceso mencionado no tuvo como propósito el juzgamiento de su conducta, pues allí el agente estatal no fue llamado en garantía y, desde luego, no se juzgó lo relativo a su conducta, así como tampoco su responsabilidad fue en modo alguno objeto del acuerdo conciliatorio suscrito entre la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito y los demandantes en la acción de reparación directa. En suma, no puede afirmarse que la sentencia de condena contra la entidad y el acuerdo conciliatorio del 18 de marzo de 2014 hacen tránsito a cosa juzgada en este aspecto (…).
CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿El demandante tiene la carga de acreditar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público demandado y que aquella fue la causa generadora del daño?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n el presente caso la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le era exigible, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la existencia de uno de los elementos estructurales de la acción de repetición, sin la cual, en los términos del inciso 2o del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible la declaración de responsabilidad de la demandada. (…) Y aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos procesales, pues al juez corresponde guardar la debida neutralidad dentro del proceso, salvo condiciones excepcionales que exijan a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167