Síntesis de la providencia
Salvamento de voto: y también es legítimo pactar que se descuenten directamente por la parte autorizada
Lo que dijo la Sala
Estimo que las pretensiones se debieron negar porque: El contrato estaba regido por el derecho privado y sujeto a la autonomía de la voluntad de las partes. Por lo tanto, no podía exigirse que la imposición de multas por parte de la entidad contratante estuviera “precedida de un procedimiento para garantizar el debido proceso del contratista”, si las partes no acordaron agotar algún procedimiento previo para aplicar la multa. En el derecho privado es legítimo pactar el derecho de una de las partes a imponer y aplicar multas por el incumplimiento de la otra, cuando –conforme con lo estipulado en el contrato– se cumplan los presupuestos previstos para hacerlo.
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Problema jurídico
¿Al ser un contrato de derecho privado debía surtirse algún procedimiento previo para la imposición de una multa, aún cuando no estaba estipulado en el negocio jurídico?
Respuesta: No
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Titulación de la relatoría 3.350 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SALVAMENTO DE VOTO / MULTA AL CONTRATISTA / PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / NORMA DE DERECHO PRIVADO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE GARANTÍA CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Al ser un contrato de derecho privado debía surtirse algún procedimiento previo para la imposición de una multa, aún cuando no estaba estipulado en el negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: No
Estimo que las pretensiones se debieron negar porque: El contrato estaba regido por el derecho privado y sujeto a la autonomía de la voluntad de las partes. Por lo tanto, no podía exigirse que la imposición de multas por parte de la entidad contratante estuviera “precedida de un procedimiento para garantizar el debido proceso del contratista”, si las partes no acordaron agotar algún procedimiento previo para aplicar la multa. En el derecho privado es legítimo pactar el derecho de una de las partes a imponer y aplicar multas por el incumplimiento de la otra, cuando –conforme con lo estipulado en el contrato– se cumplan los presupuestos previstos para hacerlo. Y también es legítimo pactar que se descuenten directamente por la parte autorizada. Si la parte a la que se le cobraron las multas estima que fueron mal impuestas porque no se daban las condiciones previstas en el contrato puede demandar y probar que quien aplicó la multa incumplió el contrato para reclamar el pago de perjuicios. La construcción del derecho administrativo según la cual para aplicar una sanción contractual hay que tramitar un procedimiento en el cual debe advertirle al contratista que incumplió una obligación contractual (que él obviamente conoce porque está estipulada), no puede introducirse a los contratos de derecho privado. Aquí lo que prima es que las partes son libres para obligarse, saben lo que pactaron y deben atenerse a ello. En derecho administrativo podría justificarse la exigencia de un procedimiento administrativo para imponer una multa porque ella se impone mediante un acto administrativo que tiene fuerza ejecutiva y presunción de legalidad: eso no ocurre en el derecho privado. La sociedad demandante ni siquiera allegó la garantía de cumplimiento y sus condiciones generales para efectos de acreditar cual era el procedimiento pactado para poder imponer la multa. Por lo tanto, la Sala no tenía suficientes elementos de juicio para concluir que la entidad contratante violó el procedimiento establecido en la póliza. En todo caso, la Sala ordenó la modificación del acta bilateral de liquidación con base en un argumento que no fue propuesto por la demanda y que, inclusive, contradice los cargos formulados por la sociedad demandante: en la demanda se alegó que la multa fue impuesta ilegalmente debido a que la entidad contratante no estaba habilitada legalmente para imponer multas a través de actos administrativos; y en la sentencia se concluye que la multa no fue impuesta a través de un acto administrativo, a pesar de lo cual se accede a las pretensiones de la demanda.