Titulación de la relatoría 12.313 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FACULTADES DEL JUEZ / FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La entidad demandante planteó argumento de hecho y/o de derecho contra la decisión que negó las pretensiones respecto del señor, es decir el recurso de apelación se sustentó?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala estima pertinente señalar que, aunque los asuntos relativos a la existencia de una condena, el pago y las calidades de agente estatal y/o de particular investido de funciones públicas de los demandados constituyen presupuestos del medio de control de repetición, el fallador de instancia ya los analizó y frente a sus conclusiones no se formuló ningún cuestionamiento en el recurso de apelación, por lo que se entiende que quedaron fijados con la decisión del a quo. En ese orden, el análisis de la Sala se contrae a determinar si con la sentencia de reparación directa que mencionó la recurrente se acreditó la culpa grave de la sociedad La Viabilidad Ltda., pues, como se verá más adelante, el cargo formulado contra la negativa de las pretensiones respecto del señor (…) no fue debidamente sustentado por el IDU. (…) Esta Subsección, de manera reiterada, ha sostenido que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial -en este caso la que contiene una sentencia-, por lo que le corresponde al apelante confrontar los argumentos que el juez de primera instancia tuvo en cuenta para adoptar su decisión con sus propias reflexiones, para efectos de solicitarle al juez ad quem que decida sobre los puntos o aspectos que se debaten en la segunda instancia. Conviene precisar, además, que dicha carga no se suple con la manifestación genérica de encontrarse en desacuerdo con el fallo de primera instancia, así como tampoco con la petición de que se revoque, por cuanto lo que la ley exige es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, de forma que existan razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia resultó desacertado. Tampoco basta para el efecto hacer una reiteración casi que automática de los fundamentos expuestos en oportunidades procesales precedentes, como en la demanda, en la contestación o en los escritos de alegatos, ejercicio a través del cual se busca simplemente sacar avante su aspiración sin entrar a cuestionar de manera directa y concreta las razones que fundamentaron la providencia recurrida que le resulta adversa al apelante. En ese orden ideas, la Sala reitera lo señalado por esta Subsección en oportunidad Anterior, en el sentido de que cuando se advierta la ausencia de una sustentación suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, cuyo fundamento sean simplemente afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para cuestionar la providencia impugnada, al superior jerárquico no le queda una opción diferente que la de confirmar el proveído apelado. Como se indicó en el acápite de antecedentes, la negativa de las pretensiones en primera instancia obedeció a que no se demostró la culpa grave del demandado. (…) La Sala insiste en que la sola afirmación según la cual el demandado tenía “la obligación vigilar y revisar que la obra se hubiese ejecutado” resulta insuficiente para considerar sustentada la impugnación, porque, como de manera reiterada y pacífica lo ha sostenido esta Subsección, constituye un requisito indispensable que el apelante precise cuáles son los errores que merecen ser analizados por el ad quem y ofrezca las razones o indique circunstancias acreditadas en el proceso que permitan corregir o variar la decisión adoptada, pues, de lo contrario, la segunda instancia se queda sin herramientas o elementos de juicio que le permitan revisar el acierto o no de la providencia apelada, así como saber con certeza en qué consiste la inconformidad del apelante con la decisión y con el ejercicio de valoración probatoria llevado a cabo en la providencia y, por lo mismo, se le deja sin la orientación que requiere para revisar y decidir si tal providencia merece ser modificada o, incluso, revocada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la sustentación de la apelación, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2011, exp. 20955. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; reiterada por esta Subsección, entre otras, en sentencias del 5 de febrero de 2021, exp. 51371. C.P. José Roberto Sáchica Méndez; del 5 de marzo de 2021, exp. 64163 y del 7 de diciembre de 2021, exp. 65962.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA / ALCANCE DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA / OMISIÓN DE LA PRUEBA / INEFICACIA DE LA PRUEBA / FACULTADES DEL JUEZ / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ASPECTOS FÁCTICOS / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿Los jueces están facultados para variar la causa petendi que se plantea en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
[La] Sala estima pertinente señalar que, aunque en el recurso de apelación la apoderada del IDU sostuvo que los funcionarios que desempeñan cargos públicos de dirección tienen “la obligación de leer, revisar e informarse sobre lo que van a firmar” y que su incumplimiento configura una culpa grave, dicha afirmación ni siquiera representa un verdadero cuestionamiento en contra de los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia impugnada, sino que reflejan la intención de la parte actora de modificar la causa petendi, en la medida en que ya no se aduce que la omisión en que incurrió el señor (…) consistió en no comprobar la correcta ejecución de las obras, de acuerdo con las características técnicas establecidas en el contrato, sino que ahora se afirma que el error de la conducta fue por no revisar ni leer lo que firmó. Esta subsección ha explicado que los jueces carecen por completo de facultades para variar la causa petendi que se plantea en la demanda, pues la modificación del petitum y del marco fáctico implicaría un “desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso” , en la medida en que se sorprendería a la contraparte con cargos que nunca tuvo la posibilidad de rebatir o de controvertir a lo largo del proceso. Lo anterior también se predica respecto de las partes del litigio, quienes con posterioridad a las oportunidades previstas para el efecto no pueden modificar ni agregar aspectos a la controversia que se propone, de ahí que ni el recurso de apelación ni los alegatos de conclusión tengan por objeto el que las partes adicionen o modifiquen sus demandas, dado que con ello sorprenderían a su contraparte con cargos nuevos frente a los cuales no se tuvo la oportunidad de defenderse. En ese sentido, la Sala se abstendrá de pronunciarse respecto de los cambios realizados en la apelación, por tratarse de una imputación de responsabilidad diferente a la que se alegó en la demanda. Así las cosas, toda vez que la entidad demandante no planteó ningún argumento de hecho y/o de derecho contra la decisión que negó las pretensiones respecto del señor (…), además de que utilizó la impugnación con el propósito de modificar la causa petendi de la demanda, para la Sala se impone concluir que la apelación en cuanto a este puntual aspecto no se sustentó, por lo que, siguiendo la postura de esta Subsección, se abstendrá de pronunciarse sobre el fondo del asunto y confirmará en este punto la providencia impugnada. (…) Para la Sala resulta evidente la ligereza con la cual el IDU atendió el proceso de repetición, toda vez que se limitó a pedir la declaratoria de responsabilidad de la sociedad La Viabilidad Ltda., a título de culpa grave, con fundamento en las consideraciones del mencionado fallo de reparación directa, las cuales, como arriba se explicó, no constituyen prueba del supuesto comportamiento irregular de la demandada. Se recuerda que con la figura de la repetición el legislador no pretendió imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, razón por la cual su procedencia está condicionada a que, además de los requisitos objetivos, se acredite con suficiencia que la intervención de los demandados en la ocurrencia de daños antijurídicos fue “premeditada, negligente o manifiestamente imprudente”. Así las cosas, dado que el IDU no realizó un ejercicio probatorio serio, tendiente a demostrar la culpa grave de la demandada y que, por el contrario, lo que se observa es que utilizó el cargo formulado en la apelación para solicitar el decreto de pruebas en segunda instancia y subsanar la conducta procesal pasiva que desplegó, para la Sala se impone confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las súplicas de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el particular, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707. C.P. José Roberto Sáchica Méndez; reiterada por esta Subsección, entre otras, en sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 64163. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2016, exp. 34357. C.P. Hernán Andrade Rincón; reiterada por esta Subsección, entre otras, en las sentencias del 20 de febrero de 2020, exp. 54407. C.P. María Adriana Marín; del 13 de agosto de 2020, exp.59791 y del 20 de noviembre de 2020, exp. 64865. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de julio de 2021, exp. 50728. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2021, exp. 65589. Sobre la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado, Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, reiterada en la sentencia SU-259 de 2021. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2019, exp. 59.139; sentencia de 12 de agosto de 2019, exp. 63.519; sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 51.949 y sentencia del 7 de mayo de 2021, exp. 58.503. 27 Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 21 Sobre el particular, ver, entre otras, las sentencias del 11 de febrero de 2009, expediente 33.450, y del 22 de julio de 2009, expediente 22.779, ambas con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez. Actuación gravemente culposa, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2022, exp. 48022. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.