Titulación de la relatoría 16.268 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE / RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA / VICIOS REDHIBITORIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / GASTOS DE SOSTENIMIENTO / BIEN INMUEBLE / FALTA DE PRUEBA / FALTA DE PRUEBA DEL GASTO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE
Problema jurídico:
¿Probó la entidad demandante el pago de las sumas de dinero que dice haber cancelado para el sostenimiento del inmueble El Triunfo entre los años 2009 y 2015?
Respuesta al problema jurídico: No
El recurrente pretende que se le reconozca la devolución de las sumas de dinero pagadas para el sostenimiento del inmueble “El Triunfo”, entre los años 2009 y 2015 (…). Como argumentos de su solicitud, la parte actora aseguró que dicho monto está plenamente acreditado con el “Informe de registros contables del predio Suba” suscrito por la responsable del área de contabilidad del IDRIPON. En efecto, la parte actora allegó con la demanda el documento referido, en el que se estableció que el total de gastos registrados (…). No obstante, una vez revisado este informe, se observa que en él únicamente se hizo una relación de los supuestos gastos en que incurrió el IDRIPON bajo diferentes conceptos (vigilancia y seguridad; honorarios; servicios; fotocopias; seguros; entre otros), sin que se hayan allegado los soportes (contratos, facturas, pólizas) que acrediten que, en efecto, se realizaron tales erogaciones en relación con el inmueble que negoció con la parte aquí demandada. Por lo tanto, al no haber honrado así el accionante la carga de la prueba que, conforme al artículo 167 del CGP le corresponde, este cargo de alzada será desestimado. Aunado a lo anterior, resulta pertinente aclarar que, de conformidad con el artículo 1918 del CC, en los procesos en que el debate sustancial gire en torno a los vicios ocultos o redhibitorios de un bien objeto de compraventa —como el presente—, el reclamante únicamente, podrá pedir indemnización de perjuicios en el evento en que se demuestre que el “vendedor conocía los vicios y no los declaró, o [que] los vicios eran tales que el vendedor haya debido conocerlos por razón de su profesión u oficio”; supuesto fáctico que tampoco fue demostrado en el sub lite.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1918
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERÉS PÚBLICO / ALCANCE DEL CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / INTEGRACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / GASTOS DEL PROCESO / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PAGO DE HONORARIOS DEL PERITO / GASTOS POR HONORARIOS / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en primera instancia, en el medio de control de controversias contractuales instaurado por una entidad pública con ocasión y por causa de los vicios redhibitorios que presentó un inmueble que adquirió en virtud de compraventa, cuando culminó con sentencia que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda? ¿El interés que entraña el ejercicio que de una acción contractual por entidad pública, con ocasión y por causa de los vicios redhibitorios que presentó un inmueble que adquirió en virtud de compraventa, configuran el interés público que trae la norma procesal para definir la procedencia de la condena en costas en su favor, cuando la sentencia accedió parcialmente a las súplicas de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
El recurrente solicita que se reconsidere la decisión del a quo en la que se abstuvo de condenar en costas a la parte demandada, bajo el argumento que en el presente asunto se ventila un interés público, y, en su lugar, se le condene, por dicho concepto, al pago de los gastos realizados por IDRIPON para la contratación del perito técnico y las agencias en derecho. En primer lugar, la Sala debe aclarar que el artículo 188 del CPACA dispone que “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. Al respecto, se precisa que si bien en esta jurisdicción el CCA exceptuaba la imposición de costas en las “acciones públicas” (artículo 171), lo cierto es que el CPACA exceptúa “los procesos en que se ventile un interés público” (artículo 188). De esta forma, el legislador cambió la orientación de la exoneración de imposición de costas en lo contencioso administrativo, debido a que las “acciones públicas”, además de perseguir un interés público —sin que se discutan derechos subjetivos — tienen otros atributos, como lo son la legitimación universal (o abierta a cualquier “ciudadano”), la posibilidad de intervención de terceros, la coadyuvancia y la imprescriptibilidad. Lo anterior, sin embargo, no implica que, en cualquier asunto, con pretensiones patrimoniales, en el que el demandante sea un ente estatal se ventile un interés público. (…) [L]a Sala considera que, en el presente asunto, el a quo erró al asegurar que en todos los procesos en los que el accionante sea una entidad pública se ventila un interés público y, por lo tanto, no hay lugar a condenar en costas. En ese orden, se procederá a revisar lo atinente a la condena en costas en primera instancia, conforme lo previsto por el artículo 361 del CGP, aplicable a los procesos contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA, que prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su turno, el numeral 5º y 8º del artículo 365 del CGP prescriben que “en caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión” y que “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. (…) Esclarecido lo anterior, se advierte que el pago de honorarios del perito técnico que rindió dictamen de parte en el sub lite y que consta en el contrato de prestación de servicios (…), se constituye en gasto judicial, por lo que su liquidación le corresponde hacerla a la Secretaría del Tribunal de primera instancia, en el momento que culmine el presente proceso judicial, de acuerdo con las previsiones del artículo precitado. Ahora bien, en cuanto a las agencias en derecho, se debe tomar en consideración que la sentencia de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, circunstancia que encuadra en el supuesto contemplado por el artículo 365.5 del CGP. En tales condiciones, la Sala considera pertinente condenar en agencias en derecho a la parte demandada, en virtud de la naturaleza, calidad y duración de la gestión que realizó el apoderado del IDRIPON, quien presentó la demanda administrativa, compareció a las audiencias iniciales y de pruebas, y presentó alegatos conclusivos. En tal sentido, para la fijación las agencias en derecho se tendrán en cuenta la pautas establecida en el artículo 6 (numeral 3.1.2) del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura (…). En tal sentido, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho a favor del citado demandado en el 5% de la pretensión económica reconocida. En definitiva, esta Colegiatura modificará la sentencia proferida por el Tribunal de primera instancia únicamente en lo relacionado con la condena en costas de primera instancia, por concepto de agencias en derecho.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la condena en costas en acciones públicas, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de agosto de 2002, rad. 11001-03-15-000-2001-0127-01(REV-0127), C. P. Roberto Medina López; sentencia de 13 de junio de 2000, rad. AC-10252, C. P. Ana Margarita Olaya Forero; sentencia de 27 de abril de 2004, rad. núm. 11001-03-15-000-2003-0311-01(S-0311), C. P. Germán Ayala Mantilla; y sentencia de 7 de diciembre de 1993, rad. AC-1276, C. P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENTIDAD PÚBLICA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en asuntos con vocación de doble instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el presente proceso, por tratarse de un litigio relativo a un contrato en el que fue parte una entidad pública, como lo es el IDIRPON. De igual manera, esta Corporación es la encargada de desatar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que es un asunto con vocación de doble instancia, en razón a la cuantía.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / VICIOS REDHIBITORIOS / CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA / COMPRAVENTA DEL BIEN INMUEBLE / OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA / FUNDAMENTOS DE HECHO / REGISTRO CATASTRAL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿El término de caducidad bienal del medio de control de controversias contractuales, incoado por el IDRRIPON, empezó a correr desde la fecha en que ocurrieron los motivos de hecho que le sirvieron como fundamento, esto es, desde la fecha en que se tuvo certeza de los vicios ocultos, cuando la Oficina de Catastro Distrital informó al demandante que el inmueble adquirido no contaba con registro catastral y que ese mismo predio estaba inscrito, pero a nombre de otra entidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
La oportunidad para presentar la demanda bajo el ejercicio del medio de control de controversias contractuales. Al margen de la normativa iusprivatista relacionada con los vicios ocultos o redhibitorios y sus posibles acciones, en los procesos de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, en que se alegue tales vicios, el plazo para el ejercicio oportuno del medio judicial de control ha de entenderse gobernado por el CPACA., cuyo artículo 164.2 (literal j) prescribe que la oportunidad para presentar una demanda relativa a contratos es de “dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan como fundamento”. De igual manera, esta norma dispuso que, en los contratos de ejecución instantánea —como los de compraventa—, el termino bienal empezará a contar “desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato”. Siguiendo esta línea, el a quo consideró que el termino de caducidad bienal del medio de control de controversias contractuales, incoado por el IDRRIPON, empezó a correr desde la fecha en que ocurrieron los motivos de hecho que le sirvieron como fundamento. Así, juzgó que “teniendo en cuenta que lo que alega el accionante es el incumplimiento de los demandados por qué [sic] no contaban con la posesión del inmueble y porque el predio no estaba registrado en catastro, se tiene que mediante oficio del 2 de julio de 2014, la Oficina de Catastro Distrital manifestó al IDRIPON que el inmueble adquirido, no se encontraba en la base de datos de dicha entidad y por lo cual no era posible indicar el número de identificación predial, por lo tanto, el término para demandar debe contarse desde el día siguiente a aquel, por lo que se concluye que la parte actora tenía hasta el 3 de julio de 2016, no obstante, la demanda fue radicada el 3 de agosto de 2015”, dentro del plazo previsto en la ley. (…) En el sub lite, considerando que el accionante manifestó que el vicio percibido en el inmueble no le permitió cumplir con el objeto para el cual lo adquirió, pues la doble titularidad del inmueble le impidió iniciar las obras de construcción de unos comedores comunitarios, la Sala entiende que el término de caducidad corrió desde la fecha en que se tuvo certeza del vicio. Por tanto, aun cuando el contrato de promesa y el de compraventa fueron suscritos por el IDIRPON y los accionados el 16 y 29 de diciembre de 2008, respectivamente —extinguiéndose las obligaciones del primero con la celebración del segundo — lo cierto es que el accionante tuvo certeza de los vicios ocultos el 2 de julio de 2014, fecha en la que la Oficina de Catastro Distrital le informó que el inmueble adquirido no contaba con registro catastral, y que ese mismo lote estaba inscrito, pero a nombre de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados de Bogotá (...), prueba que al no ser controvertida por la parte contraria tiene plena validez.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad de la acción, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de unificación de 1º de agosto 2019, rad. 62009, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; auto de 2 de octubre de 2020, rad. 64461, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; auto de 20 de junio de 2019, rad. 63547, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 12 de julio de 2021, rad. 61928, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / APELANTE ÚNICO / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se limita a los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a competencia funcional de la Sala, como juez de segunda instancia, se limita a pronunciarse “sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley", como lo establece el artículo 328 ejusdem. En el sub examine, el recurso de alzada fue interpuesto únicamente por la parte actora (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la entrada en vigencia del Código General del Proceso, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación de 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ), C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia cuando la sentencia de primer grado no fue confirmada ni revocada en su totalidad?
Respuesta al problema jurídico: No
Conforme el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el numeral 1º y 3º del artículo 365 del CGP, no se condenará en costas en esta instancia, debido a que la sentencia de primer grado no fue ni confirmada ni revocada en su totalidad, pues aun cuando la súplica indemnizatoria pretendida por el IDIPRON no procedió, lo cierto es que el cargo relativo a la condena en costas en primera instancia, por concepto de agencias en derecho, si llegó a buen puerto.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365