Síntesis de la providencia
Aclaración de voto: no operó la caducidad del medio de control
Regla de decisión
La cesión de posición contractual derivada de delegación interadministrativa mantiene la aplicación del Estatuto General de Contratación Pública y sus reglas de caducidad.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
La entidad cesionaria en una delegación interadministrativa de funciones asume la ejecución del contrato bajo el régimen jurídico de la contratación pública y sus prerrogativas de derecho público. En esta providencia de aclaración de voto, se comparte la decisión de negar la adición de sentencia sobre el régimen jurídico y se ratifica que la empresa pública cesionaria se encontraba habilitada para expedir actos administrativos unilaterales. Con fundamento en los artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993, así como en las normas de cesión y delegación, se confirma que el cómputo de la caducidad del medio de control de controversias contractuales se rige por el Decreto Ley 01 de 1984 y las reglas propias de la liquidación de los contratos estatales.
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Problema jurídico
¿Al haberse efectuado la cesión de la posición contractual como consecuencia de una delegación de funciones interadministrativa, la empresa de servicios públicos cesionaria quedó habilitada para expedir actos administrativos en desarrollo de la ejecución contractual bajo el mismo régimen jurídico aplicable al Departamento de Cundinamarca (Ley 80 de 1993), sin que sea necesario fundamentar dicha potestad en las normas del derecho común o especial en materia de servicios públicos domiciliarios, y, por ende, que el cómputo de la caducidad del medio de control se rija por el artículo 136 del Decreto Ley 01 de 1984, atendiendo los plazos de liquidación contractual y la eventual liquidación unilateral?
Respuesta: Si
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Titulación de la relatoría 10.607 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL TEMPORAL / ACTO ADMINISTRATIVO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Al haberse efectuado la cesión de la posición contractual como consecuencia de una delegación de funciones interadministrativa, la empresa de servicios públicos cesionaria quedó habilitada para expedir actos administrativos en desarrollo de la ejecución contractual bajo el mismo régimen jurídico aplicable al Departamento de Cundinamarca (Ley 80 de 1993), sin que sea necesario fundamentar dicha potestad en las normas del derecho común o especial en materia de servicios públicos domiciliarios, y, por ende, que el cómputo de la caducidad del medio de control se rija por el artículo 136 del Decreto Ley 01 de 1984, atendiendo los plazos de liquidación contractual y la eventual liquidación unilateral?
Respuesta al problema jurídico: Si
Comparto la decisión de negar la petición de adición del fallo de segunda instancia en relación con el régimen jurídico del contrato y sus efectos sobre la contabilización del término de caducidad del medio de control, así como la determinación de la naturaleza jurídica de las decisiones unilaterales adoptadas por el demandante en la ejecución del contrato objeto de la litis. No obstante, aclaro el voto en relación con los motivos por los cuales se consideró que el régimen jurídico del contrato era el Estatuto General de la Contratación Pública y no el régimen privado. En la sentencia de segunda instancia objeto de la petición de adición, se consideró que no operó la caducidad del medio de control porque debían aplicarse las reglas de caducidad del artículo 136 del Decreto Ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, y, en consecuencia, el término debía computarse teniendo en cuenta el plazo pactado contractualmente para la liquidación del contrato y, como el contrato no se liquidó, también los términos previstos en el Estatuto General de Contratación Pública para la liquidación unilateral por parte de la entidad pública contratante. Asimismo, se partió del supuesto según el cual los actos mediante los cuales la demandante declaró el incumplimiento del contrato e hizo efectiva la cláusula penal son actos administrativos. Para llegar a estas conclusiones, en la sentencia objeto de la solicitud de adición, la Sala indicó que la cesión que el Departamento de Cundinamarca hizo de la posición contractual a las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. (en adelante, la “ESP”) no varió ni podría mutar el régimen jurídico sustancial del contrato ni las prerrogativas propias de este. No comparto la postura anterior porque está fundamentada en una lectura parcial del artículo 895 del Código de Comercio, (…). Con base en esta norma, la sentencia de segunda instancia sostiene que “todas las prerrogativas pactadas en el contrato y aquellas propias de los contratos estatales se entienden cedidas en favor de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP”. En este sentido, se señala además que “Las prerrogativas unilaterales propias del estatuto de contratación son reconocidas por la ley en razón de la naturaleza del contrato (…) y no por razón de la naturaleza de la entidad contratante”. A diferencia de lo anterior, considero que la posibilidad de expedir actos administrativos en medio de una relación contractual como la que fue objeto de la sentencia de segunda instancia frente a la cual se presentó la solicitud de adición, no tiene su fundamento en el contrato sino en la autorización del legislador, en tanto que se trata del ejercicio de un poder público que no depende del acuerdo de voluntades. Es, entonces, una regulación que tiene su fuente en el tratamiento que le da la ley al contratante en atención a su calidad, como lo prescribe el artículo 895 del Código de Comercio. En tal sentido, no comparto los argumentos complementarios utilizados en la sentencia para considerar que en virtud de la cesión se trasladó al cesionario la posibilidad de expedir actos administrativos: Si bien es innegable que las facultades excepcionales buscan garantizar el cumplimiento de fines públicos, ello no significa que puedan entenderse incluidas cuando el contrato estatal no se rige por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, a menos que así lo establezcan las leyes especiales. Tampoco puede admitirse que el hecho de que en este caso la cesión “se hizo a favor de una persona jurídica pública que, en los términos del artículo 2, numeral 1, literal a) de la Ley 80 de 1993 es igualmente entidad estatal”. Es cierto que esas empresas de servicios públicos con participación estatal superior al cincuenta por ciento (50%) son entidades estatales en los términos del artículo 2º de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, ese criterio desconoce todo el desarrollo jurisprudencial de contratos estatales exceptuados del Estatuto General de la Contratación y, especialmente, lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 142 que establece expresamente cuándo se aplican las cláusulas excepcionales. Tampoco estoy de acuerdo con el argumento consistente en que se pueden expedir actos administrativos porque el contrato implica ejecución de recursos públicos. Al igual que lo anterior, esta postura desconocería los regímenes exceptuados en contratación estatal e ignoraría que el criterio de aplicación de la Ley 80 de 1993 no es la presencia de recursos públicos. Me parece importante precisar, también, que no comparto la postura de acuerdo con la cual el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública es aplicable a Empresas Públicas de Cundinamarca por cuanto, pese a que su naturaleza jurídica es la de una Empresa de Servicios Públicos domiciliarios, en realidad no se ocupa de la prestación de tales servicios. (…) No comparto la postura citada porque parte de la premisa según la cual la aplicación del régimen especial de la Ley 142 de 1994 está supeditada a una condición: que la entidad contratante efectivamente preste servicios públicos domiciliarios. En este caso, la ESP departamental no los prestaría, sino que se encargaría de realizar actividades conexas y, particularmente, de ejecutar obras en el marco de planes de aguas. (…) Una lectura literal de la norma implicaría que la entidad debe prestar servicios públicos domiciliarios, sin embargo, el entendimiento mayoritario de la jurisprudencia consiste en que el artículo 31 acogió un criterio subjetivo conforme al cual, cuando el contrato sea celebrado por una empresa de servicios públicos, por regla general, no se aplica la normativa de Ley 80. (…) La razón de esta interpretación consiste en que la redacción original del artículo 31 de la Ley 142 fue modificada por la Ley 689 de 2001. Esta norma buscó superar problemas que se presentaron en vigencia del texto original, el cual indicaba que los “contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y por la presente Ley” (destacado fuera de texto). En ese sentido, en vigencia de la redacción original se discutía cuáles contratos tenían por objeto la prestación efectiva de servicios públicos y cuáles no, lo cual generaba complejos problemas prácticos ante las dudas interpretativas causadas por la identificación del régimen contractual aplicable. Adoptar la postura de acuerdo con la cual es necesario estudiar cuándo una empresa de servicios públicos domiciliarios sí presta efectivamente dichos servicios públicos y cuándo no lo hace, significaría revivir en la práctica el criterio derogado por la Ley 689 de 2001. En efecto, en el caso concreto implicaría estudiar el objeto contractual y deducir que no era la prestación de un servicio público domiciliario, sino “una mera ejecutora de recursos del Departamento de Cundinamarca”. Ahora bien, una vez expuesta la aclaración en los términos anteriores, comparto la conclusión a la que llegó la sentencia de segunda instancia objeto de la solicitud de aclaración, en el sentido que al contrato objeto de litis estaba regido por el Estatuto General de Contratación Pública y los actos expedidos por la parte contratante durante la ejecución del contrato eran actos administrativos, pero por la sencilla razón de que la cesión del contrato fue producto de la delegación de funciones realizada por el Departamento en la ESP, motivo diferente al expuesto por parte de la mayoría de la Sala en su momento. (…) Como se puede observar, la cesión del contrato se realizó en el marco de un convenio interadministrativo previo. De acuerdo con sus consideraciones, se celebró con base en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, referente a la delegación de funciones entre entidades públicas. Así las cosas, en relación con el régimen de los actos realizados por la ESP, (…) La norma transcrita indica que el régimen de los actos del delegatario es igual a los de la entidad delegante. En el presente caso, como la cesión era producto de una delegación de funciones entre entidades públicas, el régimen de los actos expedidos por la ESP era el mismo que el Departamento, esto es, la Ley 80 de 1993. En conclusión, no estoy de acuerdo con que se haya señalado en la sentencia de segunda instancia objeto de la solicitud de adición que la cesión de la posición contractual apareja la posibilidad de expedir actos administrativos en virtud del artículo 895 del Código de Comercio. No obstante, acompaño la decisión que niega la adición de la sentencia por la única y exclusiva razón que comparto el criterio según el cual el contrato que dio lugar a la controversia estaba regido íntegramente por el Estatuto General de Contratación Pública y, en consecuencia, el término de caducidad del medio de control y la naturaleza de los actos expedidos por el contratista durante la ejecución del contrato debían contabilizarse y calificarse, respectivamente, como lo hizo en la sentencia de segunda instancia.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 895, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 PARÁGRAFO 1