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Consejo de Estado
Providencia
La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 54001233100020100001801
ACCION CONTRACTUAL
¿La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente para configurar una violación del procedimiento administrativo? Sí
La omisión de comunicar al contratista el inicio del procedimiento sancionatorio constituye una violación del procedimiento administrativo con consecuencias determinantes cuando impide ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los cargos por los que finalmente se sanciona, y da lugar a la nulidad de los actos que imponen la sanción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 288 del Código de Minas impone a la autoridad el deber de comunicar el inicio del procedimiento sancionatorio, deber que la cláusula 25.1.1 del contrato preveía en sentido semejante. Segundo, la omisión privó al contratista de la oportunidad de subsanar la renovación y el reajuste de las garantías y de atender requerimientos de la autoridad, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí pudo hacerlo. Tercero, la falta de conocimiento del inicio del procedimiento impidió ejercer la defensa, lo que configura el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal de nulidad. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la nulidad de los actos demandados; en la práctica, la autoridad que sanciona debe acreditar la comunicación del inicio del procedimiento sancionatorio antes de imponer la sanción.síntesis automática
También resuelve:
¿El demandante queda habilitado para efectuar las actividades de explotación minera que le otorga el contrato cuya caducidad fue declarada con el acto administrativo declarado nulo?
¿Se niega la pretensión pecuniaria consistente en la indemnización de perjuicios materiales por no existir prueba de su causación?
¿Cuando de la actuación iniciada de oficio pudiera resultar afectado en forma directa un particular, a éste se le debía comunicar la existencia de la actuación y el objeto de la misma?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El Código de Minas estableció una distribución de competencia especial que no fue modificada
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional
2023-06-05
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 15001233300020210047301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para determinar cuál es el juez contencioso administrativo competente para conocer de las controversias contractuales en asuntos mineros, deben aplicarse las reglas especiales de distribución de competencia del Código de Minas? Sí
El artículo 156 del CPACA -sin la modificación de la Ley 2080 de 2021- señala que la competencia en procesos de controversias contractuales, por el factor territorial, se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato y, en el evento en que comprendiera varios departamentos, el tribunal competente será elegido, a prevención, por el accionante. Por lo tanto, se podría concluir que, en atención al medio de control ejercido por la parte actora y en tanto el contrato de concesión fue suscrito con el objeto de adelantar la exploración y explotación de un yacimiento de carbón ubicado en la jurisdicción de los municipios de Boavita y La Uvita, en el departamento de Boyacá, la competencia para conocer de las pretensiones de la demanda radicaría en cabeza del Tribunal Administrativo de esta jurisdicción.
También resuelve:
¿La competencia para conocer del presente medio de control de controversias contractuales cuyas pretensiones son la nulidad del contrato de concesión minera…
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado
Providencia
El incumplimiento de presupuestos procesales no es un aspecto que pueda sanearse, por lo que el juez lo puede constatar permanentemente y, de encontrarse acreditado, llevará a un fallo inhibitorio.
Sentencia — Sentencia
2024-12-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020150161701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El incumplimiento de presupuestos procesales no es un aspecto que pueda sanearse, por lo que el juez lo puede constatar permanentemente y, de encontrarse acreditado, llevará a un fallo inhibitorio? Sí
El contratista no puede omitir el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad antes de radicar la demanda, ya que el juez puede constatar permanentemente el incumplimiento de este presupuesto procesal y declarar la inhibición del proceso si no se ha cumplido adecuadamente, sin que pueda sanearse en etapas posteriores del trámite. Además, la medida cautelar solicitada no versaba sobre un aspecto patrimonial, por lo que debía cumplirse el requisito de procedibilidad estudiado, lo que releva al juez de poder resolver la controversia y obliga a inhibirse para analizar de fondo la litis. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia, en virtud de la competencia funcional del juez de segunda instancia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿La medida cautelar solicitada no versaba sobre un aspecto patrimonial y, por lo tanto, se debía agotar el requisito de procedibilidad estudiado, sin que se haya procedido de esa manera?
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia?
¿El medio de control procedente es el de controversias contractuales, ya que se pretende el retiro del ordenamiento jurídico de actos administrativos contractuales?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados?
Sentencia — Sentencia
2024-03-01
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020170033401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados? Sí
Cuando se anula un acto que liquida regalías con un precio posterior, la entidad debe reintegrar lo pagado, porque el precio vigente para liquidar el trimestre es el que fijó el acto aplicable al período y no puede aplicarse retroactivamente a una obligación ya consolidada. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución vigente para el trimestre, incluido el mes de julio, dispuso expresamente el precio aplicable, y el contribuyente lo acató. Segunda, la obligación de liquidar y pagar las regalías solo surgió después de la entrada en vigor del acto posterior y de culminado el período trimestral, por lo que la aplicación retrospectiva altera una situación jurídica consolidada. Tercera, el derecho conculcado quedó acreditado y el monto pagado con ocasión de los actos demandados no fue controvertido. La providencia revoca la decisión y ordena, a título de restablecimiento, el reintegro de los valores pagados. La consecuencia práctica es que la aplicación retrospectiva de un nuevo precio para regalías ya causadas no es válida y da lugar a la devolución de lo pagado en exceso.síntesis automática
También resuelve:
¿El efecto retrospectivo resulta válido a la luz del ordenamiento jurídico por cuanto no altera situaciones jurídicas ya consolidadas?
¿En la parte resolutiva se ratificó que la resolución aplicaba para la totalidad del tercer trimestre de 2009?
¿La UPME determinaba el precio del mineral para todos los periodos a más tardar iniciando cada trimestre calendario?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-03-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020160067201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas…
¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles?
¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La declaración del Río Subachoque y Pantano de Arce como un DMI, a través del Acuerdo 17 de 1997 dictado por la CAR es suficiente
Sentencia — Sentencia
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020130178601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La declaración del Río Subachoque y Pantano de Arce como un DMI, a través del Acuerdo 17 de 1997 dictado por la CAR, es suficiente para impedir el desarrollo de actividad minera en la zona, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 34 del Código de Minas? Sí
Un distrito de manejo integrado declarado por la autoridad ambiental queda excluido de la minería a priori, en los términos del artículo 34 del Código de Minas, sin que se requiera plan de manejo ni declaración expresa de exclusión, de modo que la superposición con un área concesionada produce nulidad absoluta por objeto ilícito. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los distritos de manejo integrado son zonas excluibles de minería, y la excepción para zonas de producción solo opera en el plan de manejo y por métodos que no afecten los objetivos de la zona. Segunda, el distrito declarado mediante acuerdo de 1997 es una zona de protección de los recursos naturales renovables, por lo que está excluido. Tercera, la superposición acreditada hace que el contrato adolezca de nulidad absoluta en la porción traslapada. La providencia confirma la decisión. La consecuencia práctica es que la concesión minera otorgada sobre un área traslapada con un distrito de manejo integrado es nula en esa porción, aun sin declaración expresa de exclusión.síntesis automática
También resuelve:
¿La superposición existente, al momento de suscribir el contrato de concesión minera GC8-09F de 2006, entre una porción del área entregada y el DMI Río Subachoque y Pantano de Arce trae como…
¿La parte demandada acreditó en el presente proceso que se hubiera expedido una licencia previa para adelantar las actividades de minería o que la autoridad minera hubiera dado su aval para ello en…
¿Es procedente declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito de la cláusula 2ª del Contrato de concesión GC8-09F, parcialmente…
CONFIRMA