Titulación de la relatoría 34.202 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LAS SECCIONES DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿De conformidad con el artículo 142 del CPACA, el artículo 7° de la Ley 678 de 2001 y los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción de lo contencioso administrativo —y específicamente esta Sala en segunda instancia— es competente para conocer un medio de control de repetición promovido por una entidad pública, cuando la condena impuesta supera los 500 SMLMV y se dirige a obtener el reembolso de perjuicios ocasionados por la actuación dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos por los demandados contra la sentencia del 23 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 9, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1
MEDIO DE CONTROL / CLASES DE MEDIO DE CONTROL / ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿De conformidad con el artículo 2° de la Ley 678 de 2001 y el artículo 90 de la Constitución Política, es procedente el medio de control de repetición para declarar responsables patrimonialmente a O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G. por el pago de $900.768.865 efectuado en cumplimiento de la sentencia del 18 de abril de 2013 proferida por el Juzgado 2º Civil Municipal de Yumbo, al haberse generado dicho pago por una conducta presuntamente dolosa o gravemente culposa?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el medio de control de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G. patrimonialmente responsables del pago de $900.768.865, realizado en cumplimiento de la sentencia del 18 de abril de 2013 proferida por el Juzgado 2º Civil Municipal de Yumbo.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿De conformidad con el régimen aplicable previsto en los artículos 164 (num. 2, lit. l), 306 y 308 del CPACA; el artículo 177 (inciso 4°) del CCA; y el entendimiento jurisprudencial de la caducidad como presupuesto procesal de orden público, perentorio, irrenunciable e insubsanable, puede afirmarse que la acción de repetición presentada el 5 de mayo de 2015 por el municipio de Yumbo fue interpuesta dentro del término de dos años previsto por la ley, al haber realizado la entidad el pago de la condena el 16 de julio de 2014 —esto es, dentro del plazo de 18 meses otorgado por el inciso 4° del artículo 177 del CCA—, y siendo este pago el hito inicial para el cómputo del término de caducidad en los términos del literal l) del artículo 164 del CPACA?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial, en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio. Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario. En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con el que contaba la entidad pública para proceder al pago de la indemnización que se dispuso en el proceso de servidumbre con radicado número 2004-0343-00, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de que la sentencia quede en firme. Asimismo, el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA señala que el medio de control de repetición caducará al cabo de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta que: i) la decisión mediante la cual se condenó al municipio de Yumbo se profirió el 18 de abril de 2013; ii) que el ente territorial realizó el pago el 16 de julio de 2014, esto es, dentro del plazo con que contaba la Administración para realizar el desembolso, conforme lo previsto en el inciso 4º del artículo 177 del CCA; iii) que lo primero que ocurrió fue el pago; y, iv) que la demanda se presentó el 5 de mayo de 2015, esto es, dentro de los dos años que otorga el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPCA para presentarla de forma oportuna.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Problema jurídico:
¿De conformidad con la verificación del presupuesto procesal de legitimación en la causa, puede afirmarse que el municipio de Yumbo se encuentra legitimado por activa —al haber sido condenado mediante sentencia del 18 de abril de 2013 proferida en el proceso de servidumbre No. 2004‑0343‑00— y que O. F. F., G. G. G. y J. L. C. M. están legitimados por pasiva, en tanto presuntamente, en su calidad de secretarios jurídicos y apoderado contratista del municipio, su conducta gravemente culposa habría dado lugar a la condena, siendo ellos quienes deberán reintegrar los dineros al Estado conforme al artículo 87 del Código General del Proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis. El municipio de Yumbo se encuentra legitimado en la causa por activa, pues fue el ente territorial condenado mediante sentencia del 18 de abril de 2013 proferida por el Juzgado 2º Civil Municipal de Yumbo al interior del proceso de servidumbre No. 2004-0343-00. O. F. F., G. G. G. y J. L. C. M. están legitimados en la causa por pasiva, pues presuntamente, en su calidad de secretarios jurídicos y apoderado contratista del municipio de Yumbo, respectivamente, con su conducta gravemente culposa dieron lugar a la condena impuesta en contra del ente territorial. Por ello, frente a una eventual condena serán éstas personas las que deberán reintegrar el dinero al Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código General del Proceso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 87
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DOLO / CONCEPTO DE DOLO / CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / SERVIDOR PÚBLICO / EXSERVIDOR PÚBLICO / FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTICULARES
Problema jurídico:
¿De conformidad con el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y el régimen normativo previsto en la Ley 678 de 2001 —que regula integralmente la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado mediante la acción de repetición y el llamamiento en garantía—, puede afirmarse que el marco jurídico aplicable al presente asunto es dicho estatuto, en tanto los hechos que dieron lugar a la condena contra el municipio de Yumbo ocurrieron a partir del año 2010, sin que resulte procedente aplicar la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022 por no encontrarse vigente al momento de los hechos que originaron la obligación indemnizatoria?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la CN señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra del municipio de Yumbo ocurrieron a partir del año 2010, según lo narrado en la demanda, esto es, cuando O. F. F., G. G. G. y J. L. C. M. omitieron ejercer oportunamente la defensa jurídica de ese ente territorial en el proceso de servidumbre No. 2004-0343-00, el régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001, sin que para los efectos pueda tenerse en cuenta la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022, toda vez que esta última normativa no estaba vigente al momento de los hechos.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 2195 DE 2022, LEY 678 DE 2001
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿De conformidad con el artículo 2° de la Ley 678 de 2001, puede afirmarse que en el caso sub examine se encuentra acreditado el primer presupuesto para la procedencia de la acción de repetición, consistente en la existencia de una obligación indemnizatoria impuesta al Estado mediante sentencia judicial ejecutoriada, en tanto el Juzgado 2° Civil Municipal de Yumbo, mediante decisión del 18 de abril de 2013, condenó al municipio a pagar la suma de $858.386.442,94 por concepto de indemnización derivada de la imposición de una servidumbre legal de conducción de aguas lluvias?
Respuesta al problema jurídico: Si
El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 2001. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que mediante sentencia del 18 de abril de 2013, el Juzgado 2º Civil Municipal de Yumbo decretó la imposición de la servidumbre legal de conducción de aguas lluvias a perpetuidad por causa de utilidad pública e interés social a favor del municipio de Yumbo, y lo condenó a pagar a título de indemnización la suma de $858.386.442,94 a los propietarios del predio afectado.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / EXSERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO
Problema jurídico:
¿De acuerdo con las pruebas documentales obrantes en el expediente —incluidos los decretos de nombramiento, las actas de posesión y los contratos de prestación de servicios aportados—, puede considerarse acreditado que, para la época de los hechos que originaron la acción de repetición, G. G. G. y O. F. F. ostentaban la calidad de servidores públicos, y que J. L. C. M. tenía la condición de particular que ejercía funciones públicas en los términos del artículo 2° y su parágrafo de la Ley 678 de 2001?
Respuesta al problema jurídico: Si
El segundo presupuesto para que proceda el medio de control de repetición es que los demandados, frente a quienes se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tengan la calidad de servidores o ex servidores públicos o de particulares que ejerzan o hayan ejercido funciones públicas. En la demanda se solicitó declarar la responsabilidad de O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G. porque, a juicio del ente territorial, con su actuar gravemente culposo incidieron en la producción del daño antijurídico por el cual resultó condenado. En el caso sub judice, para probar la calidad de G. G. G. obra copia del Decreto No. 141 del 16 de mayo de 2011, por medio del cual el alcalde de Yumbo lo nombró en el cargo de Secretario de Despacho, código 020, grado 02 de la Secretaría Jurídica de la Administración Central de municipio de Yumbo y copia de la respectiva acta de posesión No. 104 del 20 de mayo de 2011. Asimismo, para demostrar la calidad de O. F. F. se allegó copia del Decreto No. 295 del 30 de octubre de 2012, por medio del cual el alcalde de Yumbo lo nombró en el cargo de Secretario de Despacho, código 020, grado 02 de la Secretaría Jurídica de la Administración Central de municipio de Yumbo y copia de la respectiva acta de posesión No. 104 del 1º de noviembre de 2012. Ahora bien, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 678 de 2001 prevé que “para efectos de repetición, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales, por lo tanto, estarán sujetos a lo contemplado en esta ley”. En el caso sub judice, para probar la calidad de contratista de J. L. C. M. (particular que cumple funciones públicas), la parte actora aportó los siguientes medios probatorios: i) copia de la cesión del contrato de prestación de servicios No. 110 de 2010, celebrado el 8 de septiembre de 2010 y suscrito por el contratista cedente J. R. T. y el contratista cesionario J. L. C., así como por el alcalde de Yumbo, en virtud del cual aquel se obligó a prestar “los servicios profesionales de abogado externo especializado” durante el período comprendido entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2010; y ii) copia del contrato de prestación de servicios No. 177 de 2011, celebrado el 22 de febrero de 2011 y suscrito por el alcalde de Yumbo y J. L. C., en virtud del cual aquel se obligó a prestar “los servicios profesionales de abogado especialista” hasta el 31 de diciembre de 2011. Según lo expuesto, está demostrado que G. G. G. y O. F. F. tenían la calidad de funcionarios públicos y J. L. C. M. tenía la calidad de contratista, para el momento en que ocurrieron los hechos alegados en la demanda de repetición.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Se encuentra debidamente acreditado, con base en los comprobantes de egreso, las constancias de la tesorería municipal y los soportes del depósito judicial aportados al expediente, que el municipio de Yumbo realizó efectivamente el pago de la condena impuesta mediante la sentencia del 18 de abril de 2013 por un valor de $900.768.865, cumpliendo así el tercer presupuesto exigido para la procedencia de la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. A efectos de acreditar este requisito, en el caso sub examine se demostró lo siguiente: Consta que el 16 de julio de 2014, el municipio de Yumbo pagó la suma de $900.768.865 al Banco Agrario por concepto de pago de sentencia No. 021 del 18 de abril de 2013. De ello da cuenta el comprobante de egreso No. 0047276 suscrito por la tesorera del municipio de Yumbo. Se comprobó que el 16 de julio de 2014, el municipio de Yumbo consignó un depósito judicial a favor del Juzgado 2º Civil Municipal de Yumbo en la cuenta No. 768922041002 del Banco Agrario por la suma de $900.768.865, por concepto del proceso de imposición de servidumbre, según da cuenta el comprobante No. 17166629 de la operación referida. Está demostrado que en fecha indeterminada, M. F. R. H. en calidad de tesorera del municipio de Yumbo, hizo constar que el 16 de julio de 2014 pagó $900.768.865 a D. de J. R. M. y otros por concepto de “pago de la sentencia No. 021 del 18 de abril de 2013”, el cual fue abonado a la cuenta judicial No. 768922041002 del Banco Agrario. De conformidad con los anteriores medios de prueba, se evidencia que la entidad demandante acreditó el pago de la condena judicial contenida en la sentencia del 18 de abril de 2013 proferida por el Juzgado 2º Civil Municipal de Yumbo, por un valor de $900.768.865.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SERVIDUMBRE
Problema jurídico:
¿Puede concluirse, a partir del acervo probatorio allegado al expediente —incluida la sentencia condenatoria, pero ante la ausencia de otros medios de prueba que permitan acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la presunta conducta omisiva—, que la entidad demandante demostró el obrar doloso o gravemente culposo de O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G., requisito indispensable para la prosperidad del medio de control de repetición conforme al artículo 90 de la Constitución Política y a la Ley 678 de 2001?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como cuarto y último presupuesto del medio de control de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta de los agentes o ex agentes del Estado o de los particulares investidos de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. (…) De lo hasta aquí expuesto, encuentra la Sala que la entidad demandante no probó el obrar gravemente culposo de O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G., pues si bien al proceso se aportó copia de la sentencia que condenó al municipio de Yumbo por la imposición de una servidumbre, lo cierto es que dicha providencia por sí sola no acredita que la conducta de los demandados fue gravemente culposa. En efecto, llama la atención de la Sala la orfandad probatoria con la que la parte demandante pretende endilgar responsabilidad a O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G., pues pese a que en la demanda señala que “han desplegado una conducta omisiva por no defender al municipio de Yumbo en el proceso de servidumbre”, lo cierto es que no se logró acreditar, en aras de aplicar la presunción de culpa grave del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, la presunta conducta omisiva de los demandados en el proceso de servidumbre en el cual resultó condenado el municipio de Yumbo. De hecho, no solo se tiene que la parte demandante no demostró los supuestos para abrir paso a la presunción establecida en el artículo 6º de la Ley 678 de 2001, sino que tampoco probó por otros medios que O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G. actuaron con culpa grave en el desarrollo del proceso de servidumbre que adelantó el municipio de Yumbo. En ese sentido, es indispensable destacar que la responsabilidad patrimonial del servidor público es eminentemente subjetiva, de allí que el legislador exija que el deber de indemnizar se desprende de un obrar doloso o gravemente culposo de aquel. Así las cosas, para que prospere la repetición, además de los otros requisitos (condena, pago y calidad de servidor o ex servidor público), se exigen los máximos grados de culpabilidad, pues el agente estatal debe conocer el resultado lesivo para la entidad y perseguir su acaecimiento o sin querer buscar un resultado, generarlo, al faltar al deber objetivo de cuidado que se exige del ciudadano más desprevenido. En el caso de autos no existe prueba, además de la sentencia proferida el 18 de abril de 2013 por el Juzgado 2º Civil Municipal de Yumbo (hecho probado 8.4.1), que indique que las actuaciones de O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G. fueron gravemente culposas, pues no hay copia completa del proceso de servidumbre referido u otros medios de pruebas válidos que den cuenta a la Sala de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desplegaron las conductas presuntamente omisivas de O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G. De hecho, se advierte que en dicha providencia ni siquiera se hace mención a las actuaciones adelantadas por O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G. al interior del proceso de servidumbre, que por lo menos permita inferir en esta instancia que tuvieron una participación activa u omisiva. En otras palabras, la Sala considera que la entidad demandante no allegó medio de convicción alguno que permita valorar y analizar si la conducta de los demandados se adecúa a la “presunción” de culpa grave del artículo 6° de la Ley 678 de 2001. De igual modo, es importante destacar que al analizar el acervo probatorio tampoco se encontró acreditado que la conducta de O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G. haya sido gravemente culposa, razón por la que, en suma, no están llamados a responder dentro del presente medio de control de repetición. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le era exigible, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la existencia de uno de los elementos estructurales del medio de control de repetición, sin el cual, en los términos del inciso 2o del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible la declaración de responsabilidad de los demandados. Así las cosas, se reitera que, al tratarse de un medio de control de repetición, la carga de la prueba que recaía en la entidad demandante implicaba la comprobación de los requisitos para su procedencia, esto es, la obligación reparatoria a cargo del Estado; la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas del demandado; el pago de la obligación reparatoria; y que la conducta gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado, situación que no aconteció en el caso sub examine.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 678 DE 2011 - ARTÍCULO 6
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Debe el municipio de Yumbo ser condenado en costas en segunda instancia, conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y a los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, al haber resultado vencido en el proceso, incluidas las agencias en derecho fijadas en el 0.001% del valor de las pretensiones a favor del demandado O. F. F.?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. (…) De conformidad con las normas anteriormente transcritas, la Sala en la parte resolutiva condenará en costas en segunda instancia al municipio de Yumbo, toda vez que fue vencido en el proceso. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. Ahora, en relación con las agencias en derecho en segunda instancia, es menester poner de presente que se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora. A su turno, el Acuerdo 2222 de 2003 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determinó que, en los procesos ordinarios en segunda instancia, éstas podrán fijarse en hasta el 5% del valor de las pretensiones. En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por el demandado O. F. F. en segunda instancia comprendió la solicitud de pruebas e impugnación de la decisión que resolvió esa petición, habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo de dicha parte, las cuales se fijan en el 0.001% de las pretensiones solicitadas en la demanda.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 2222 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366