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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020100066001-53318-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el margen de decisión del ad quem está dado por el objeto mismo del recurso"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-02-18"
radicado: "25000232600020100066001"
numero: "53318"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: el margen de decisión del ad quem está dado por el objeto mismo del recurso

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-02-18
- **Radicado:** 25000232600020100066001
- **Número interno:** 53318
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** INNOVATECNIA LTDA, UNION TEMPORAL MACROINNOVA
- **Demandado:** -EJÉRCITO NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020100066001-53318-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020100066001/D8E6F3037495CA3546F035B64167D5D5358B30F2D3E8BFD883FEF1FE0AD28370/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201000660011100103

## Problema jurídico

¿Qué incidencia tiene el recurso de apelación en la determinación de la competencia del juez de segunda instancia?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿Cuáles son los presupuestos, la finalidad y cómo es la ejecutoriedad de la garantía de cumplimiento en el contrato estatal?
- ¿Cuál es la normatividad aplicable en todo lo relacionado con la garantía de cumplimiento en el contrato estatal y cuáles son sus presupuestos?
- ¿Cuál es la diferencia entre el riesgo de calidad y el riesgo de funcionamiento?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993, art. 7

## Extracto

Es relevante puntualizar que la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el escrito de sustentación de su impugnación. De manera que el margen de decisión del ad quem está dado por el objeto mismo del recurso, que consiste en las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia; por ello, la Sala no se pronunciará en relación con la alegada violación del debido proceso por falta de notificación a MACROPOS para vincularla al procedimiento administrativo que precedió a la expedición de las resoluciones demandadas, en tanto en el recurso de apelación la parte recurrente no presentó reparos frente a lo decidido en primera instancia en relación con esa específica materia.

## Síntesis temática

El juez de segunda instancia solo puede pronunciarse sobre las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de apelación, limitando así su competencia funcional a los aspectos específicamente impugnados en la apelación, sin poder abordar cuestiones no debatidas en esta etapa, a menos que sean de resolución de oficio. Esto implica que si la parte no presenta reparos frente a determinados puntos en el recurso de apelación, el juez ad quem no puede pronunciarse sobre ellos, incluso si se reiteran en etapas posteriores del proceso, como los alegatos de conclusión, ya que estas no son oportunidades preclusivas para sustentar el recurso de apelación. Esta regla reitera la importancia del principio de congruencia y la preclusión en la determinación de la competencia del juez de segunda instancia, salvaguardando el debido proceso y la defensa de las partes.

## Descriptores temáticos

COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, RECURSO DE APELACIÓN, ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA, GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SEGURO DE DAÑOS, PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, CONTRATO DE SEGURO, EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO, GARANTÍA DE BIENES Y SERVICIOS, GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, ELEMENTOS DEL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, AMPARO AL DEBIDO PROCESO, GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PÓLIZA DE SEGURO, EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO, EXIGIBILIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO, REQUISITOS DEL CONTRATO DE SEGURO, DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, CONCURRENCIA DEL SINIESTRO, OCURRENCIA DEL SINIESTRO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SINIESTRO, ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL, RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL, UNIÓN TEMPORAL, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, PRUEBA DE LOS PERJUICIOS, CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Qué incidencia tiene el recurso de apelación en la determinación de la competencia del juez de segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s relevante puntualizar que la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el escrito de sustentación de su impugnación. De manera que el margen de decisión del ad quem está dado por el objeto mismo del recurso, que consiste en las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia; por ello, la Sala no se pronunciará en relación con la alegada violación del debido proceso por falta de notificación a MACROPOS para vincularla al procedimiento administrativo que precedió a la expedición de las resoluciones demandadas, en tanto en el recurso de apelación la parte recurrente no presentó reparos frente a lo decidido en primera instancia en relación con esa específica materia. En efecto, se tiene que, en lo que a ese aspecto concierne, el Tribunal concluyó que no se vulneró ese derecho porque al procedimiento se vinculó al representante de MACROINNOVA, tema frente al cual en el recurso no se presentó ningún reparo o motivo de disenso. Los argumentos esbozados en la apelación se dirigieron a señalar, en contra de lo decidido por el a quo: (i) que el debido proceso sí se vulneró porque no se puso en conocimiento de la parte actora los oficios previamente referenciados y (ii) que el hecho de que el pago de la indemnización fuera asumida por la aseguradora no significaba que el manejo de la responsabilidad de las integrantes de la Unión Temporal se hubiere hecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, a lo cual agregó que se debió adelantar un procedimiento que consultara las actividades asumidas por cada una de ellas y el grado de cumplimiento. Como se observa, ningún reparo se hizo en cuanto a si el representante de la unión estaba o no facultado para representar a ambas sociedades en el trámite administrativo que precedió la expedición de los actos administrativos demandados. 16. Por lo anterior, se pone de presente que el hecho de que en la etapa de alegatos de conclusión la parte demandante hubiera reiterado —como lo había hecho en la demanda, pero no en el recurso de apelación— que no haberse notificado directamente a MACROPOS constituye una violación al debido proceso que da lugar a la nulidad de los actos administrativos demandados no supone que se tenga por apelado ese punto de la sentencia, toda vez que esa etapa del proceso no es la oportunidad preclusiva dispuesta por el legislador para sustentar el recurso de apelación, ni tiene esa finalidad. 17. Adicionalmente, es importante puntualizar que también en la etapa de alegatos de conclusión la parte actora señaló que no se le corrió traslado ni se le dio oportunidad de conocer y debatir el contenido del oficio 94939/DINTE-CECIM-ADMIN del 11 de noviembre de 2009, lo cual también habría vulnerado su derecho al debido proceso. Este aspecto tampoco será objeto de pronunciamiento en esta instancia, por cuanto no fue punto de debate en la primera. En efecto, se encuentra que, si bien en su demanda inicial la parte actora hizo alusión a ese punto en particular, lo cierto es que en la demanda reformada —que se presentó en su “texto integral”— se eliminó esa referencia y, por tanto, el litigio no se trabó en relación con ese tópico. 18. Se concluye, entonces, que en ese punto la demandante varió la causa petendi, en tanto pretendió incorporar ese aspecto al litigio después de precluidas las etapas procesales previstas legalmente para ello, esto es, la demanda, su corrección o adición5 . Así las cosas, en aras de salvaguardar el principio de congruencia6 que impide que se sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio, así como el principio de la preclusión y la regla de señalamiento que imponen a las partes la carga de expresar de manera clara y precisa los fundamentos fácticos de sus pretensiones para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción y defensa, la Sala se abstendrá de hacer pronunciamiento en esta instancia sobre ese particular. Con todo, vale mencionar, que a ese aspecto tampoco se hizo referencia en el recurso de apelación. 19. Finalmente, es pertinente mencionar que, como tampoco fue objeto de la apelación, la Sala no se pronunciará en relación con las pretensiones de incumplimiento contractual, ni frente a la de nulidad por falsa motivación. Así como tampoco frente a la de liquidación del contrato.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 7
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SEGURO DE DAÑOS / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos, la finalidad y cómo es la ejecutoriedad de la garantía de cumplimiento en el contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por imperativo legal, los contratistas del Estado están obligados a prestar garantía para el cumplimiento de sus obligaciones. Así lo establecía, en su momento, el artículo 67 del Decreto Ley 222 de 1983, luego el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y, en la actualidad, el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. Para tales propósitos, la Ley 80 de 1993 se refirió a las pólizas expedidas por compañías de seguros y a las garantías bancarias; la Ley 1150 de 2007 hizo alusión a esos mismos mecanismos de cobertura del riesgo y agregó que las garantías podían consistir también en las que fueran autorizadas por el reglamento. En desarrollo de tal habilitación, a través del artículo 3 del Decreto 4828 de 2008 el Gobierno Nacional dispuso que en los procesos de contratación los oferentes o contratistas podrán otorgar, además de los anteriores, otros mecanismos de cobertura. En esta oportunidad, las consideraciones de la Sala estarán dirigidas al análisis de la póliza de seguro de cumplimiento, por ser la que interesa a las resultas del proceso, aunque, valga mencionar, algunas de tales consideraciones son también predicables respecto de los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados para la contratación estatal. La obligatoriedad de la garantía de cumplimiento se estableció en favor de la protección y satisfacción del interés general, en tanto procura asegurar la ejecución debida, total y oportuna del objeto contractual y proteger el patrimonio público de los daños que pudieran derivarse a raíz del incumplimiento, cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones del contratista, de manera que los seguros de cumplimiento que expiden las compañías aseguradoras en garantía de contratos estatales participan de tales fines y propósitos, en tanto están concebidos para amparar a las entidades públicas de los perjuicios patrimoniales derivados de los incumplimientos de sus contratistas, de ahí que este tipo de seguros participen de la naturaleza de los de daños y, por tanto, que sean de carácter estrictamente indemnizatorio, como imperativamente lo establece el artículo 1088 del Código de Comercio. (...) Así, entonces, como en los seguros de daños de lo que se ampara al sujeto asegurado es de la pérdida o perjuicio patrimonial que pueda sufrir en razón de la ocurrencia del riesgo asegurado, debe concluirse que, en el caso del seguro de cumplimiento, sea o no constituido a favor de una entidad pública, el mero incumplimiento no configura el siniestro, sino que ese hecho debe estar acompañado de la causación de un daño o perjuicio patrimonial para el asegurado, pues, si así no fuere, el seguro se constituiría en fuente de enriquecimiento, en contra de lo que manda el ya citado artículo 1088 que establece el principio indemnizatorio. (...) Ahora, a través de los seguros de cumplimiento se puede amparar el cumplimiento de obligaciones que tengan su fuente en la ley o en un contrato. En el caso de los contratos estatales normativamente se ha dispuesto que el contratista garantice, no sólo el cumplimiento de sus obligaciones específicas o principales, esto es, las pactadas para la consecución del objeto contractual, sino también las llamadas obligaciones accesorias de garantía y obligaciones de seguridad que surgen luego de cumplidas las anteriores. (...) En ese mismo contexto, cabe señalar que cuando lo que se discute recae sobre una obligación de garantía o de seguridad, el debate no gira en torno a si las obligaciones principales o específicas del negocio jurídico fueron satisfechas en la forma y tiempo estipulados, es decir, la discusión no subyace, propiamente, en el cumplimiento del objeto del contrato, sino en el de las obligaciones de garantía o seguridad que le son accesorias y que surgen con posterioridad al cumplimiento de las otras. Superado lo anterior, pero manteniéndolo como contexto de lo que prosigue, la Sala retoma el análisis sobre la obligación de los contratistas de amparar a la entidad pública contratante de los perjuicios derivados tanto de los incumplimientos de las obligaciones principales o específicas del contrato, como de las que le son accesorias, las post-contractuales. Para ello, se detendrá en el análisis de las normas de las que surge tal obligación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de diciembre de 2006, Exp. 68001310300120000013701 M.P. Edgardo Villamil Portilla; Sentencia de 24 de julio de 2006, Exp. 00191, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo y sentencia de 17 de julio de 2006 Exp. 17191, M.P. Cesar Julio Valencia Copete
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1088, DECRETO 4828 DE 2008 - ARTÍCULO 3, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 67, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 19
CONTRATO DE SEGURO / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es la normatividad aplicable en todo lo relacionado con la garantía de cumplimiento en el contrato estatal y cuáles son sus presupuestos?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 16 del Decreto 679 de 1994 —reglamentario de la Ley 80 de 1993 y vigente para la fecha de celebración del contrato 625-DINTE-2007 (19 de junio de 2007)— señalaba que el objeto de la garantía única de cumplimiento a la que se refería el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 consistía en respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgieran a cargo de los contratistas frente a las entidades estatales y, por tanto, debía cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento. Correlativamente, en el artículo 17 de ese mismo decreto se señalaron los riesgos que debía cobijar la garantía única de cumplimiento, según correspondiera a las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato, entre ellos, se identificaron los asociados a las obligaciones específicas o principales del negocio jurídico: el cumplimiento del contrato; asimismo, los asociados a las obligaciones accesorias del contratista: estabilidad de la obra, calidad del bien o servicio, correcto funcionamiento de los equipos; así como los relacionados con el buen manejo y correcta inversión del anticipo o pago anticipado y los de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. En el mismo artículo 17, se dispuso que la vigencia de los amparos de estabilidad de la obra, calidad de la obra o servicio suministrado, provisión de repuestos y accesorios debía cubrir, cuando menos, el lapso en que de acuerdo con el contrato y la legislación civil o comercial, el contratista debía responder por la garantía mínima presunta21, por vicios ocultos, garantizar el buen funcionamiento de los bienes suministrados, responder por la estabilidad de la obra o asegurar el suministro de repuestos y accesorios. 35. El referido Decreto 679 de 1994 no determinó el alcance específico de los amparos que en él se enunciaron, lo que sí fue objeto de regulación posterior a través del Decreto 4828 de 2008. Se advierte que, si bien el mencionado decreto del 2008 no resulta aplicable al caso por no haber estado vigente al momento de la celebración del contrato 625-DINTE-2007 ni al del inicio del procedimiento administrativo que finalizó con las resoluciones demandadas, la Sala se remitirá a él únicamente como referente del alcance de los amparos requeridos en el marco del contrato estatal, pues, en general, retomó los mismos a los que hizo alusión el D

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

lo de pérdida (artículo cuarto de la misma resolución), pues esta determinación se fundó, igualmente, en la evaluación de perjuicios que hizo la entidad demandante sin participación de la contratista.
RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL / UNIÓN TEMPORAL / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para la determinación de la responsabilidad de los integrantes de la unión temporal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]os integrantes de las uniones temporales responden solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones de su propuesta y las del contrato, es decir, por ley, están llamados a responder, cada uno de ellos, por la totalidad de tales obligaciones89; por tanto, correlativamente, la administración puede exigir a cada uno de ellos el cumplimiento total del débito, sin que éstos puedan oponer la división de la obligación en razón de su participación en la ejecución del contrato. al lado de lo anterior, la norma también señala que las sanciones por el incumplimiento se deben imponer según la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal, es decir, el legislador distinguió entre la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, lo que, de suyo, comporta la responsabilidad patrimonial derivada de su incumplimiento —los perjuicios, en tanto no tienen un carácter propiamente sancionatorio, sino meramente indemnizatorio o retributivo— del castigo legal o convencional que puede derivarse de un determinado incumplimiento, pues, por disposición legal, la sanción sí recae únicamente sobre el integrante que dio lugar a ello, esto es, en relación con las obligaciones que estaban a su cargo según la distribución que, por mandato legal, debe dejarse plasmada en el documento de conformación de la unión temporal en relación con los términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato91. Esta distinción entre responsabilidad solidaria por el cumplimiento —ergo, responsabilidad patrimonial derivada del incumplimiento— y responsabilidad individual frente a las sanciones derivadas del incumplimiento, explica la exigencia legal a la que se acaba de hacer referencia, pues la fijación de los términos y la extensión de la participación de cada uno de los integrantes de la unión temporal en el documento de constitución es necesaria para determinar a cuál de ellos podría, eventualmente, afectar una sanción derivada del incumplimiento contractual, no así, cuál de ellos debería responder por el cumplimiento del contrato o por los perjuicios derivados de su incumplimiento, pues, si bien, en el caso de las uniones temporales el legislador quiso diferenciar al contratista incumplido para efectos de la imposición de sanciones, lo cierto es que, al hilo con esto, también quiso reforzar, a través de la responsabilidad solidaria de sus integrantes, el cumplimiento de los contratos estatales y, por esta vía, la consecución de los fines que persigue la contratación estatal. Se agrega a lo anterior que, aunque no es una característica que se predique solamente de las uniones temporales, cuando el cumplimiento del objeto implica adelantar obligaciones de diversa naturaleza técnica, la fijación de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno de sus integrantes está asociada con la especialidad de cada miembro, por lo que se ha señalado por algunos que sería absurdo entender, a la luz del contenido del artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que la entidad pública contratante pueda exigir a cualquiera de ellos el cumplimiento de obligaciones que no estén asociadas con su especialidad; sin embargo, esta aparente falta de lógica de la norma, ha sido acertadamente respondida por la doctrina, al señalar que la solidaridad a la que se refiere la ley “se traduce en la práctica en una de contenido patrimonial que implica que cualquiera de ellos debe responder por el total de la obligación y por los perjuicios que se deriven de su incumplimiento sin que ningún integrante se excuse con el beneficio de la división […]”. Así las cosas, forzoso viene a ser concluir que no asiste razón a la parte demandante al afirmar la nulidad de las resoluciones demandadas en el hecho de que, al declarar el incumplimiento del contrato, la DINTE desconoció los términos de participación de cada uno de los integrantes de MACROINNOVA y procedió a dicha declaratoria sin tener en cuenta las actividades adelantadas por cada uno de ellos, toda vez que, como acaba de verse, por imperativo legal, la solidaridad pasiva que se predica en relación con los integrantes de la unión temporal está referida respecto del cumplimiento del contrato. En consecuencia, este cargo de la apelación tampoco prospera.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 7
NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONCURRENCIA DEL SINIESTRO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DE LOS PERJUICIOS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la indemnización de perjuicios así se declare en la sentencia la nulidad del acto administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a parte demandante pretendió que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad, se condenara a la parte demandada a indemnizar los perjuicios que se le hubieren causado, que “sufran, lleguen a sufrir, asuman o se vean obligados a asumir” como consecuencia de la ejecución de las resoluciones demandadas y que en tal indemnización se incluya tanto el daño emergente como el lucro cesante, la actualización monetaria y los intereses que correspondan. La Sala pasa a evaluar esta pretensión, en tanto que, si bien la nulidad que se declarará es parcial, ella es suficiente para afectar la ejecutoriedad del acto en cuanto a la declaratoria de ocurrencia del siniestro y la orden de iniciar una acción de repetición en contra de los integrantes de la Unión Temporal por el excedente que no quedaba cubierto por el valor asegurado en la póliza en relación con la garantía de calidad. Analizado el expediente, se concluye que no es posible arribar a la prosperidad de esta pretensión porque no se acreditó que los demandantes hubieren sufrido perjuicio alguno con ocasión de las órdenes contenidas en el acto administrativo que serán anuladas. [...]
CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-02-18. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 25000232600020100066001. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020100066001-53318-sentencia).
