Síntesis de la providencia
Salvamento de voto: no puede la jurisdicción de lo contencioso administrativo asumir el conocimiento de pretensiones
Regla de decisión
La jurisdicción contencioso administrativa asume el conocimiento de litigios originados en la actividad de entidades públicas.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias originadas en la actividad de las entidades públicas y de los particulares que desempeñan funciones administrativas. La causa del daño imputado a una entidad pública y a particulares demandados de forma conjunta debe analizarse conforme a los fundamentos jurídicos de la responsabilidad, distinguiendo el origen contractual o extracontractual de las imputaciones deducidas en el proceso en relación con la competencia de los jueces administrativos.
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Problema jurídico
¿Puede la jurisdicción de lo contencioso administrativo asumir el conocimiento de pretensiones contra particulares sin funciones públicas, cuando se demanda de manera conjunta a una entidad estatal, aplicando el fuero de atracción pese a que las imputaciones provienen de fuentes distintas?
Respuesta: No
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Lo que dijo la Sala
Considero que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no era la llamada a resolver los pedimentos en su contra, pues no se cumplían los presupuestos para aplicar la figura,… Sin embargo, no comparto esta conclusión, pues la causa del daño imputado a la entidad pública y a los particulares no era la misma. Justamente, por esta razón, la responsabilidad atribuida a la entidad pública tenía un fundamento contractual, mientras que la imputada a las personas privadas era de carácter extracontractual. A diferencia del CPACA, el CCA —estatuto procesal aplicable al litigio— no contemplaba expresamente la figura del fuero de atracción, sino que esta fue desarrollada por la jurisprudencia.
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Titulación de la relatoría 4.083 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SALVAMENTO DE VOTO / CONTRATO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO / CAUSALES DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO / TRÁMITE DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO / DEMANDA DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO / FUERO DE ATRACCIÓN / CAUSACIÓN DEL DAÑO / FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTICULARES / DEBIDO PROCESO / COMPETENCIA / DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA
Problema jurídico:
¿Puede la jurisdicción de lo contencioso administrativo asumir el conocimiento de pretensiones contra particulares sin funciones públicas, cuando se demanda de manera conjunta a una entidad estatal, aplicando el fuero de atracción pese a que las imputaciones provienen de fuentes distintas?
Respuesta al problema jurídico: No
considero que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no era la llamada a resolver los pedimentos en su contra, pues no se cumplían los presupuestos para aplicar la figura,(…) Sin embargo, no comparto esta conclusión, pues la causa del daño imputado a la entidad pública y a los particulares no era la misma. Justamente, por esta razón, la responsabilidad atribuida a la entidad pública tenía un fundamento contractual, mientras que la imputada a las personas privadas era de carácter extracontractual. A diferencia del CPACA, el CCA —estatuto procesal aplicable al litigio— no contemplaba expresamente la figura del fuero de atracción, sino que esta fue desarrollada por la jurisprudencia. Según el artículo 82 del CCA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer de las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas, así como de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Por lo tanto, esta jurisdicción especializada no tenía competencia para resolver litigios que involucraran exclusivamente a particulares que no ejercieran funciones públicas. No obstante, la jurisprudencia determinó que en ciertos casos, el factor de conexión permitía que esta jurisdicción conociera pretensiones formuladas contra sujetos de derecho privado cuando estos fueran demandados conjuntamente con una entidad pública, dando lugar a lo que se denominó fuero de atracción dado que esta figura desplaza al juez natural —es decir, a la jurisdicción ordinaria— del conocimiento de las controversias surgidas entre personas de derecho privado que no ejercen funciones públicas, lo cual incide en una de las garantías fundamentales del debido proceso, consistente en ser juzgado ante juez o tribunal competente (Constitución Política, art. 29), la Corporación estableció desde una etapa temprana, que su aplicación debía ser excepcional La delimitación de los casos en los que excepcionalmente podía aplicarse el fuero de atracción se decantó jurisprudencialmente, atendiendo siempre a la relación jurídica sustancial debatida en el litigio. Así, la jurisprudencia de la Sección Tercera consideró que su procedencia exige que los hechos en los que se sustentan las imputaciones formuladas contra la entidad pública y el particular sean los mismos y que tengan la misma fuente: ya sea porque existe un litisconsorcio necesario por pasiva, ya sea porque hay una concausalidad, en virtud de la cual ambos sujetos, con su conducta, pudieron haber contribuido a la producción del daño y, en consecuencia, responderán por los perjuicios causados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el fuero de atracción ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 1994, C.P. Julio César Uribe Acosta; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de mayo de 2005, exp. 25000-23-27-000-2002-90106-01(AP), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de junio de 2015, exp. 51714, C.P. Hernán Andrade Rincón.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, DECRETO 1 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1437 DE 2011