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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica

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Fecha
2022-09-02
Radicado
25000232600020040128301
Número interno
67680
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
JOSE FRANCISCO BENITEZ SANCHEZ, WILLIAM VARON CUELLAR, MIGUEL ANGEL MORENO CASTELLANOS, WILSON CUBIDES SILVA, RICARDO OSPINA RIVERA, CARLOS ENRIQUE CABRERA ARGOTY

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica

Lo que dijo la Sala

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede ejercer la acción de repetición contra la entidad estatal si la demanda se presenta fuera del plazo de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, conforme establece el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. Este plazo es razonable, perentorio, preclusivo, improrrogable e irrenunciable, y su vencimiento implica la extinción del derecho de accionar, consolidando así la estabilidad y seguridad jurídica. En casos donde los hechos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, el régimen aplicable a la acción de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, lo que implica que tanto la sustancia como el procedimiento deben ser considerados en su contexto legal vigente en el momento de los hechos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Operó el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción de repetición en el caso subexámine?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto Ley 1 de 1984, art. 177 inc. 4
  • Ley 678 de 2001, art. 11

También resuelve

  • ¿El régimen aplicable a la repetición contra servidor público cuando los hechos fueron anteriores a la Ley 678 de 2001 es el de la Constitución Política y el Código Contencioso Administrativo?
  • ¿Para la procedencia de la acción de repetición el juez debe analizar de forma ordenada los elementos de obligación reparatoria a cargo del Estado…
  • ¿Se probó la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente

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¿El término para la presentación de la demanda en la acción de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la condena efectuado por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo previsto en la ley?
Titulación de la relatoría 21.327 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO Problema jurídico: ¿Operó el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción de repetición en el caso subexámine? Respuesta al problema jurídico: No Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia , cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo (...) esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad, ver: Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002. Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad.: 6871-05. Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013 FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 1 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El régimen aplicable a la repetición contra servidor público cuando los hechos fueron anteriores a la Ley 678 de 2001 es el de la Constitución Política y el Código Contencioso Administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si Régimen jurídico aplicable al caso (...) los hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico anterior a la promulgación de la Ley 678 de 2001, constitutivos de la acción de repetición contra funcionarios o exfuncionarios o particulares en ejercicio de función pública, tenían un régimen integrado por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales que, aunque dispersas, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado en los términos consagrados en el inciso segundo del artículo 90 de la Carta Política, v.gr. artículos 63 y 2341 del Código Civil; Artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo; Artículos 6, 90, 95, 121, 122, 124 de la Constitución Política; Artículos 65 a 70 de la Ley 270 de 1996; Artículos 31 y 44 numeral 9, 40 y 42 de la Ley 446 de 1998. Debe indicarse igualmente que los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público, acaecidos con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continúan sometidos en lo sustancial a la norma anterior, mientras que en lo procesal lo hacen frente a la nueva ley. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional ocurrieron en el año 1998, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los aspectos regulados por la Ley 678 de 2001, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, Rad.: 28448 y 23 de noviembre de 2016, Rad.:46108, entre muchas otras. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 124, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 95, DECRETO LEY 1 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO LEY 1 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 66, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 67, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 68, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 69, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 70, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 31, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 42, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 9, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2341, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 63, LEY 678 DE 2001 ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Para la procedencia de la acción de repetición el juez debe analizar de forma ordenada los elementos de obligación reparatoria a cargo del Estado, la calidad de servidor o exservidor del demandado o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas, el pago de la obligación reparatoria y que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado? Respuesta al problema jurídico: Si Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación , para la procedencia de la acción de repetición deben estar presentes y probarse en el proceso los siguientes elementos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. En este sentido, en aras de resolver lo pretendido en el libelo introductorio, la Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos para la procedencia de la acción de repetición, ya que para la configuración de dicho instituto jurídico todos ellos deben estar acreditados. Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia de uno de estos elementos el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aún ante su existencia, no será posible declarar la procedencia de la acción de repetición y, por ende, declarar patrimonialmente responsables a los agentes estatales por los hechos que dieron lugar a la condena al Estado y condenarlos a reembolsar la suma de dinero que éste pagó. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, Rad.: 22099; sentencia del 6 de diciembre de 2006, Rad.: 22056; sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad.: 27.006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad.: 42.183; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Rad.: 60423. OBLIGACIÓN EXIGIBLE / ORDEN DE PAGO DE LA CONDENA / SENTENCIA EJECUTORIADA / ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Se probó la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto? Respuesta al problema jurídico: Si La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto , tal y como lo prevé el inciso 2 del artículo 86 del C.C.A. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que mediante sentencia del 20 de septiembre de 2001 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por las lesiones que sufrió Jairo Enrique Pinzón y ordenó pagar a las víctimas perjuicios morales y materiales. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 1 DE 1984 - ARTÍCULO 86 INCISO 2 SERVIDOR PÚBLICO / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / EXSERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / POLICÍA NACIONAL / MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL Problema jurídico: ¿Se probó la calidad de servidor público o exservidor que ejerza o haya ejercido funciones públicas de algunos de los demandados y de otros no? Respuesta al problema jurídico: Si La calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas del demandado El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que los demandados, frente a quienes se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tengan la calidad de servidores o ex servidores públicos o de particulares que ejerzan o hayan ejercido funciones públicas. En la demanda se solicitó declarar la responsabilidad de (...) porque a juicio de la actora con su actuar doloso y/o gravemente culposo incidieron en la producción del daño antijurídico por el cual resultó condenada. (...) Según lo expuesto, está demostrado que (...) tenían la calidad de servidores públicos para el momento en que ocurrieron los hechos, esto es, el 15 de febrero de 1998. Sin embargo, esta calidad no está acreditada frente a (...), pues no se allegó prueba alguna que demostrara su vinculación con la Policía Nacional para el 15 de febrero de 1998. POLICÍA NACIONAL / CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / FALTA DE PRUEBA / ARMAS DE FUEGO / USO DE LA FUERZA / PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA / USO DE LA FUERZA PÚBLICA / FUERZA / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / DEBERES DE LA FUERZA PÚBLICA / SEPARACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA / USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA / USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA / ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La Policía Nacional probó la conducta dolosa o gravemente culposa de los agentes demandados en repetición por las lesiones causadas a un civil por las que se condenó al Estado? Respuesta al problema jurídico: No La conducta dolosa o gravemente culposa del agente en la causación del daño reparado por el Estado Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión (...) Descendiendo al caso concreto, es importante reiterar que la normatividad aplicable al asunto son los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A., que establecieron la posibilidad para las entidades públicas que resulten condenadas a pagar sumas de dinero, de acudir a la vía judicial con el fin de repetir contra el funcionario que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubiere dado lugar a la condena en contra del Estado. Así las cosas, se hace necesario precisar que en el marco Constitucional, la protección y seguridad de los ciudadanos encuentra su fundamento en los mandatos expresos contenidos en el preámbulo de la Constitución Política, así como en sus artículos 1º y 2º, esto es, la protección de la vida, la dignidad humana, honra, bienes y creencias. Precisamente, el artículo 2° de la Constitución Política dispone, entre otras cosas, que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. A su turno, el artículo 6° ejusdem prevé que los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De igual modo, como una de las formas para garantizar tales derechos, el artículo 216 de la Constitución Política instituyó la fuerza pública, representada en el Ejército y la Policía Nacional, quienes a su turno, a la luz de los artículos 217 y 218 del mismo texto normativo, tienen la obligación, el primero, de defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio Nacional y el orden constitucional; y, el segundo, organizado como un cuerpo armado de carácter permanente, tiene a su cargo el “mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas” y asegurar que todos los habitantes del territorio nacional convivan en paz. De tal manera que, por disposición constitucional, el deber de protección de la vida y dignidad humana de los ciudadanos está radicada en cabeza de la fuerza pública, salvaguardando para esos efectos la convivencia pacífica en el territorio nacional. Para tal fin, el Ejército y la Policía Nacional, al representar la autoridad, según el artículo 223 de la C.P. son los llamados de manera exclusiva y legítima a portar las armas para garantizar efectivamente el pleno goce de esos derechos, en caso de requerirse. La responsabilidad del Estado o de sus agentes por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza tendrá cabida entonces, cuando resulte plenamente demostrado que, al tener aquellos una posición de garante frente a la protección de los derechos de los ciudadanos por mandato constitucional, con sus actuaciones, en principio legales, desborden el marco de sus competencias, generando una desigualdad material o inmaterial de tal magnitud frente al administrado, que al contrario de proteger el goce efectivo de sus derechos produzca un cercenamiento o menoscabo de los mismos, generando con su proceder un daño antijurídico. De lo hasta aquí expuesto, encuentra la Sala que la parte demandante no probó el obrar doloso o gravemente culposo de los demandados, específicamente de (...), pues si bien al proceso se aportó copia de la sentencia que condenó al Estado por la lesión de (...), lo cierto es que dicha providencia por sí sola no acredita que la conducta de los agentes de policía fue dolosa y/o gravemente culposa como lo exigen las normas mencionadas ut supra. De hecho, analizando en conjunto el material probatorio, esto es, la suspensión del agente (...), el retiro en forma absoluta del patrullero (...) y la separación del servicio de (...), se concluye que tampoco arrojan certeza sobre su actuación dolosa y/o gravemente culposa, pues los actos administrativos por los cuales se les suspendió y retiró de sus cargos, respectivamente, no dan cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos por los cuales se tomaron esas determinaciones. En otras palabras, esos actos administrativos no acreditan que los demandados actuaron con dolo y/o culpa grave en los hechos acaecidos el 15 de febrero de 1998. (...) En ese sentido, es indispensable destacar que la responsabilidad patrimonial del servidor público es eminentemente subjetiva, de allí que el legislador exija que el deber de indemnizar se desprende de un obrar doloso o gravemente culposo de aquel. Así las cosas, para que prospere la acción de repetición, además de los demás requisitos (condena, pago y calidad de servidor o ex servidor público), se exigen los máximos grados de culpabilidad, pues el agente estatal debe conocer el resultado lesivo para la entidad y perseguir su acaecimiento o sin querer buscar un resultado, generarlo, al faltar al deber objetivo de cuidado que se exige del ciudadano más desprevenido. De allí que, al no ser aplicables las presunciones establecidas en la Ley 678 de 2001, el operador tenga que acoger las definiciones consagradas en el artículo 65 del Código Civil y la posibilidad de condena se restrinja a dos supuestos: acreditar la intención positiva del agente estatal o probar que éste no desarrolló las funciones y competencias propias de su cargo con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios . En el caso de autos no existe prueba, además de la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2001 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que indique que la actuación de los agentes C (...) fue dolosa y/o gravemente culposa, pues no hay copia del proceso disciplinario que en aquella sentencia se menciona, tampoco reposan testimonios u otros medios de pruebas válidos que den cuenta a la Sala de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desplegó la conducta de los entonces agentes estatales. De otro lado, es importante destacar que la sentencia proferida en la acción de reparación directa hace tránsito a cosa juzgada en relación con la responsabilidad de la entidad demandada y el derecho del demandante a obtener la reparación de perjuicios que en ella se dispone. No obstante, la misma no hace tránsito a cosa juzgada frente a los agentes estatales a los que se le imputa la causación del daño porque dicho proceso no tiene como propósito el juzgamiento de su conducta ni la determinación de si al proferir la resolución demandada obró con dolo; mientras los agentes estatales no sean llamados en garantía y se juzguen en el mismo proceso lo relativo a su conducta. De suerte que no puede afirmarse que la sentencia de condena contra la entidad hace tránsito a cosa juzgada en este aspecto, es decir, frente a la conducta de los agentes de policía. (...) En suma, la Sala encuentra que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía (...) Bajo el anterior contexto, como en el sub examine no se probó la conducta dolosa y/o gravemente culposa de (...) se confirmará la sentencia del 26 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016, Rad.:56284. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2018, Rad.:55661. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de julio de 2012, Rad.: 40678. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 216, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 218, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO LEY 1 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO LEY 1 DE 1984 - ARTÍCULO 78

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200401283011100103