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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 4 de mayo de 2022
Radicación: 19001-23-31-000-2009-00401-01 (61092)
Demandante: Policía Nacional
Demandado: Julián Antonio González Pérez y Otro
Referencia: Repetición (Decreto 1 de 1984)
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – Caducidad.
Síntesis del caso: Se demandó a 2 ex integrantes de la Policía Nacional, quienes, según la
demandante, de manera dolosa ocasionaron lesiones a un particular que posteriormente
consiguió a través de sentencia judicial la indemnización del Estado por esos hechos. Se
pretende que los demandados le reintegren a la parte actora el valor que tuvo que pagar.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 18 de septiembre de 2017, proferida
por la Sala Transitoria de Tribunal Administrativo con sede en Bogotá, en la
que se negaron las pretensiones de la demanda.
La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un
recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un
Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la
Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de
la Ley 446 de 1998.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.5. Recurso de apelación y trámite relevante en
segunda instancia
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 15 de diciembre de 2009, el Ministerio de Defensa-Policía Nacional
presentó demanda, en ejercicio de la acción de repetición, contra los
“patrulleros en situación de retiro” Julián Antonio González Pérez y Jesús
Arturo Castillo Bejarano. Sus pretensiones fueron (se trascribe):
“1º.- Que el entonces Patrullero de la Policía Nacional Julián Antonio
González Pérez y el Agente Jesús Arturo Castillo Bejarano, son
responsables por su desbordada y desmedida conducta, es decir que
Radicación: 19001-23-31-000-2009-00401-01 (61092)
Demandante: Policía Nacional
Demandado: Julián Antonio González Pérez y Otro
Referencia: Repetición (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revocar y en su lugar declarar caducidad
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actuaron a título de DOLO en los hechos ocurridos el día 1 de enero
de 2001 en perímetro urbano de la población de Santander de
Quilichao, cuando en forma irregular, detuvieron al señor Jorge
Rodrigo Fajardo, lo condujeron hasta las instalaciones de la Estación
de Policía y luego lo golpearon hasta causarle heridas que obligaron
su posterior hospitalización”.
Como consecuencia de la anterior declaración, la parte actora
solicitó que se condenara a los demandados “al pago de la suma que
la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, resultó
condenada en sentencia de única instancia (…) es decir la suma de
(…) ($15.260.000)”.
2. Como fundamentos de hecho de esas pretensiones, la parte
demandante afirmó:
3. 1) Para el 1 de enero de 2001, los 2 demandados eran miembros de la
Policía Nacional adscritos al Departamento de Policía Cauca, Estación de
Policía de Santander de Quilichao. Ese día, el ciudadano Jorge Rodrigo
Fajardo intervino en una riña con el propósito de apaciguarla. En ese
momento intervinieron los policías González Pérez y Castillo Bejarano,
quienes lo obligaron a abordar un vehículo con destino a la Estación de
Policía, lugar en el que le propinaron golpes y heridas de consideración.
4. 2) Por esos hechos, el afectado promovió demanda de reparación
directa, la cual fue decidida por el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca en sentencia de única instancia de 12 de julio de 2005 (ejecutoriada
el 27 de julio de 2005), en la que se condenó a la Policía Nacional con
fundamento en el uso excesivo de la fuerza.
5. 3) La entonces demandada dio cumplimiento a ese fallo mediante
Resolución 685 de 6 de noviembre de 2007 y transferencia 4071 de 30 de
noviembre de 2007. El 10 de diciembre de 2009 se llevó a cabo la diligencia
de conciliación prejudicial, que se declaró fracasada.
1.2. Posición de la parte demandada
6. Jesús Arturo Castillo Bejarano se notificó del proceso y a pesar de que
confirió poder a un abogado, no contestó la demanda 1. Ante la
imposibilidad de notificar a Julián Antonio González, se le designó curador
ad litem, quien contestó la demanda sin proponer excepciones2.
1.4 Sentencia de primera instancia
1 Folio 127 del cuaderno 1.
2 Folio 143-146 del cuaderno 1.
Radicación: 19001-23-31-000-2009-00401-01 (61092)
Demandante: Policía Nacional
Demandado: Julián Antonio González Pérez y Otro
Referencia: Repetición (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revocar y en su lugar declarar caducidad
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7. La Sala Transitoria de Tribunal Administrativo, negó las pretensiones de
la demanda con fundamento en que, a pesar de que se acreditaron los
presupuestos objetivos de la acción, la repetición era inviable dado que
existían “serias deficiencias probatorias” en punto a que los demandados
actuaron con dolo o culpa grave. Al respecto, precisó que la sentencia
cuyo pago se repetía, era insuficiente para establecer el elemento subjetivo
que se requiere en este tipo de acciones, y que el contexto en el que se
dieron los hechos, daba cuenta de una riña en la que participó la víctima
directa quien, además, se encontraba en estado de embriaguez,
circunstancia que autorizaba la participación de los agentes de policía.
1.5 Recurso de apelación y trámite relevante de segunda instancia
8. La parte actora argumentó que, las pruebas que se recaudaron dentro
del proceso de reparación directa, del cual, precisó, se allegó el expediente
original a esta actuación, “demuestran el actuar doloso de los policiales”; al
respecto, luego de hacer un resumen de los elementos de juicio allí
recolectados, concluyó que el procedimiento policivo fue realizado por los
2 demandados, quienes, según la queja que la víctima directa elevó a la
correspondiente Estación de Policía, le propinaron golpes, aspecto este
último que corroboraron las declaraciones de los testigos, por lo que “se
puede evidenciar que la actuación dolosa de los funcionarios está
debidamente probada”, pues en lugar de proteger a un ciudadano que se
encontraba en estado de embriaguez, ejercieron sobre él una fuerza
desmedida3.
9. El Ministerio Público rindió concepto4 en el que solicitó que se declarara
la caducidad de la acción, con fundamento en que “…la demanda fue
presentada vencido el término de los dos años contados a partir del
vencimiento del plazo de los dieciocho meses”.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales; 2.2. Costas.
2.1. Presupuestos procesales
10. La Sala no se pronunciará de fondo en este asunto, en la medida en que
se observa que no concurre uno de los presupuestos procesales, motivo por
el cual revocará la sentencia apelada para declarar de oficio la caducidad
de la acción.
3 Folio 213-218 del cuaderno principal.
4 Folio 230-233 del cuaderno principal.
Radicación: 19001-23-31-000-2009-00401-01 (61092)
Demandante: Policía Nacional
Demandado: Julián Antonio González Pérez y Otro
Referencia: Repetición (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revocar y en su lugar declarar caducidad
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11. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la acción de
repetición caducará al vencimiento del plazo de 2 años, contados a partir
del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad5. En
Sentencia C 394 de 2002 que estudió ese artículo, la Corte Constitucional se
estuvo a lo resuelto C 832 de 2001, en la que se declaró exequible el artículo
136.9 del CCA, bajo el entendido que el término de caducidad de la acción
de repetición empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente
se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18
meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso
Administrativo.
12. La Sala pasa a exponer las razones por las cuales, en este caso, la
acción de repetición caducó:
13. En Sentencia de 12 de julio de 2005, el Tribunal Contencioso
Administrativo de Cauca, condenó a Nación – Ministerio de Defensa - Policía
Nacional, al pago de 30 S.M.M.L.V.; esta decisión quedó ejecutoriada el 27
de julio de 20056, de modo que, el plazo de 18 meses previsto en el artículo
177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo, se cumplió el 27 de
enero de 2007.
14. El “6 nov. 2007”7 -ya por fuera del plazo de 18 meses-, la Policía Nacional
profirió la Resolución 685, “por la cual se da cumplimiento a una sentencia
a favor de Jorge Rodrigo Fajardo y Otros”; en ella se ordenó el pago de
$15’260.000. Con la demanda, se acompañó un documento expedido por
la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, en el que se
indicó que el pago se hizo por $18’225.406,94. Y, dentro del periodo de
pruebas, el Banco Davivienda allegó una constancia en la que informaba
que el 27 de noviembre de 2007 -de nuevo, por fuera del plazo de 18 meses-
se hizo una transferencia de $18’225.406,94 a la cuenta de Vilma Cenide
Vargas8.
15. Como se observa, la circunstancia que desencadenó el cómputo de la
caducidad, fue el vencimiento del plazo de 18 meses con los que con
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