Titulación de la relatoría 18.569 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONDUCTA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / DOLO / ACUSACIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DEBIDO PROCESO / AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO DE DEFENSA / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA
Problema jurídico:
¿La acusación genérica de haber obrado el agente del Estado bajo ambos estándares de conducta, culpa grave y dolo, con una misma descripción, desconoce los postulados del debido proceso y derecho de defensa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Advierte la Sala que en el libelo inicial, el municipio de Toca sostuvo indistintamente que el señor (...) obró de manera dolosa y gravemente culposa al expedir el acto administrativo mediante el cual aceptó la renuncia presentada por la funcionaria de la Alcaldía y, para fundamentarlo, se limitó a transcribir los apartados de la sentencia que declaró la nulidad del acto administrativo y ordenó el restablecimiento del derecho, para alegar, finalmente, que el demandado quería la realización del hecho ajeno a las finalidades del servicio y que, al expedir el Decreto 007, obró con desviación de poder y de manera abusiva. (...) Con base en los argumentos planteados a lo largo del proceso, el Tribunal de primera instancia encausó el análisis únicamente a la imputación de dolo en el obrar del demandado (...)[A]l haber sido estudiada la conducta del agente como dolosa, y a pesar de que en el libelo inicial se hubiere mencionado la imputación de culpa grave, el estándar de conducta por el que se condenó al señor (...) no fue motivo de apelación por ninguna de las partes, razón por la cual, la Sala estudiará, únicamente, la imputación bajo este título para determinar si el aquí demandado, obró o no, de manera dolosa. (...). Sobre los anteriores aciertos, la Subsección debe llamar la atención, como ya lo ha hecho en otros casos, sobre que la acusación genérica de haber obrado el agente del Estado bajo ambos estándares de conducta, con una misma descripción, desconoce los postulados del debido proceso y derecho de defensa, en tanto cada uno de ellos supone la verificación de elementos conductuales de diferente naturaleza y con contenidos distintos, mediando en uno de ellos la determinación volitiva y deliberada de acceder al resultado pretendido, y en otro, la falta de diligencia y cuidado que le corresponde al servidor público en el cumplimiento de sus funciones; lo que por supuesto supone diferentes estándares de análisis para esta judicatura, a la que le corresponde decidir con pleno respeto por la posición del servidor público, quien tiene derecho a un estricto juicio de atribución de responsabilidad que le permita ejercer su garantía de defensa.
PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA
Problema jurídico:
¿Pueden valorarse las pruebas documentales que obran en la actuación trasladada, dado que las partes tuvieron la oportunidad de conocer el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que, si así lo consideraban, formularan algún reparo, sin haberlo hecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el presente asunto, el Procurador 46 Judicial II Administrativo solicitó que se allegaran a este proceso, como prueba trasladada, copias de las pruebas practicadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicación No. 1998-0699 incoado por la señora (...) Así las cosas, la Sala valorará las pruebas documentales que obran en la actuación trasladada, dado que las partes tuvieron la oportunidad de conocer el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que, si así lo consideraban, formularan algún reparo, lo que no ocurrió, por lo que serán objeto de análisis.
PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / TESTIMONIO / RATIFICACIÓN DEL TESTIMONIO / REQUISITOS DEL TESTIMONIO / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO
Problema jurídico:
¿Pueden valorarse los testimonios trasladados del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuando no fueron ratificados en este proceso de repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
En cuanto concierne a la prueba testimonial, la jurisprudencia reiterada de la Sala sostiene que no habrá lugar a valorarla cuando las declaraciones no hayan sido ratificadas en el proceso al que se trasladan, salvo que la parte contra la que se aducen coadyuve la petición del traslado de la prueba o mencione dichos testimonios en la contestación de la demanda, los alegatos conclusión o cualquier otro acto procesal (...). En el presente caso, se observa que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se recibieron varios testimonios de exfuncionarios del municipio de Toca, los cuales no fueron ratificados en este proceso, y sobre los que la parte demandada no hizo referencia alguna en la contestación de la demanda y, muy por el contrario, en el recurso de alzada fue enfática en aducir que los testimonios practicados en ese proceso primigenio no contaron con la audiencia de la parte demandada, por manera que su valoración por parte del a quo -que los citó en su decisión-, vulneró los derechos al debido proceso, defensa y contradicción. 27. Así las cosas, en concordancia con lo que se ha dispuesto por esta Corporación, dichas pruebas testimoniales que no se practicaron en audiencia del hoy demandado, en un proceso del cual no era parte y que no fueron ratificadas en el que nos ocupa, no serán valoradas en la presente acción reversiva
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prueba testimonial trasladada, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Exp. 35.444. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / PRUEBA DEL DOLO / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / AUSENCIA DEL DOLO / FALTA DE PRUEBA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA EX ALCALDE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DESVIACIÓN DE PODER / DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / PRUEBA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / INOPERANCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER
Problema jurídico:
¿La parte demandante probó el dolo consistente en la desviación y abuso de poder del ex alcalde demandado al aceptar la renuncia de una funcionaria de la alcaldía, solo con la sentencia de condena en nulidad y restablecimiento del derecho?
Respuesta al problema jurídico: No
De la existencia de una conducta dolosa del agente estatal (...) La evaluación y determinación de la existencia de dolo o culpa grave hace parte del objeto del medio de control de repetición, y se funda en un análisis comparativo de una conducta concreta frente a un estándar o modelo de conducta que está dispuesto en la ley. (...) En el sub examine, la conducta que se revisa corresponde a la desplegada el 2 de febrero de 1998 cuando el demandado suscribió el Decreto No. 007 por el cual se aceptó la renuncia motivada presentada por la funcionaria (...) al cargo de secretaria de la alcaldía. Por lo tanto, el estándar de conducta con el cual se debe evaluar el actuar del señor (...) es el contenido en las normas del Código Civil, ya que, si bien la demanda se presentó el 11 de septiembre de 2015, cuando la Ley 678 de 2001 ya se encontraba en rigor, las nociones de dolo y culpa grave, esto es, el modelo de conducta que prevé este último marco normativo, no estaba vigente para la época de los hechos. (...) se ha sostenido, que el dolo hace referencia a la intención del agente estatal de realizar la conducta generadora del daño (...) Dada la evidente naturaleza privada del precepto civil, cuando se pretende valorar la conducta de un sujeto cualificado como son los agentes estatales, es pertinente confrontarla con los mandatos que la Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales le imponían al respectivo agente, a fin de establecer su apego a las normas que lo regían y, de este modo, concluir si se estructuró el dolo en su actuar. trata, entonces, de la determinación de una responsabilidad subjetiva en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente, lo que implica que no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, ni cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y debe comprobarse la gravedad de la falla en su conducta. Es precisamente en este sentido que la norma (inciso segundo del artículo 90 constitucional) dispuso que la repetición por parte de las entidades estatales respecto de sus funcionarios o exfuncionarios, solo opera en la medida en que se les pueda imputar dolo o culpa grave en su actuar, lo que ofrece garantías a los servidores públicos, ya que se reconoce que no cualquier error en los que estos puedan incurrir, podrá ser fuente suficiente para imputarles responsabilidad patrimonial (...) Así las cosas, la determinación de si una conducta es dolosa reviste un evidente carácter probatorio, debido a que el actor debe demostrar que resulta probada tal circunstancia, solo en tal caso habrá lugar a endilgarle responsabilidad patrimonial al demandado. (...) Sala observa que, del material probatorio obrante en el proceso, no es posible inferir la comisión de una conducta dolosa por parte del demandado, frente al supuesto hecho de forzar la renuncia de la funcionaria, como lo pretende hacer ver la parte demandante. De hecho, como se ha dicho, la parte actora pretendió fundamentar la atribución de desviación y abuso de poder al demandado, únicamente, en la decisión adoptada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin allegar en este caso, ningún otro medio de prueba que pudiera ser valorado por esta Subsección. Este desinterés en el cumplimiento de la carga procesal que le impone demandar en repetición fue saneado por la solicitud probatoria realizada por el Ministerio Público para que se arrimaran a este expediente, suficientes medios de prueba para el análisis de la responsabilidad patrimonial del señor (...); a pesar de lo cual, no resulta posible endilgarle una conducta dolosa al aquí demandado. (...) La desviación de poder, conducta que el extremo activo de la litis le endilga al señor (...), consiste en aquel motivo de ilegalidad en el que pueden recaer los actos administrativos, luego de que la autoridad competente en el contexto de la legalidad que orienta el procedimiento de expedición decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la facultad nominadora que ha sido asignada a los funcionarios públicos que cuentan con dicha competencia. (...) Así, bajo el ropaje de la legalidad, el servidor persigue un propósito ajeno al establecido por el ordenamiento y de esta manera, el vicio de la desviación de poder se relaciona con la fiscalización del elemento intencional del acto de vinculación o desvinculación, de ahí que este motivo de ilegalidad implica primeramente para el demandante demostrar con total certidumbre el “iter” de desviación seguido por la autoridad administrativa que despliega sus prerrogativas en beneficio propio, de un tercero o, en general, de un fin que no consulta el sistema jurídico, debiéndose adentrar entonces en el campo volitivo de los funcionarios que disponen de la titularidad del poder. De lo anterior se colige que la prosperidad de este cargo pende de la refrendación probatoria de la finalidad encubierta u “oscura” que fue concretada mediante la expedición de los actos administrativos. (...) Sin embargo, para el presente caso, a pesar de que se intentó develar –con las pruebas practicadas a solicitud del Ministerio Público- el desarrollo de una conducta desviada que se concretó con la expedición del acto administrativo que aceptó una renuncia motivada en la que se fundamentó la dimisión en hechos abusivos realizados por el aquí demandado, lo cierto es que los elementos probatorios arrimados no permiten determinar con certeza el iter de desviación seguido por el alcalde con la intención de la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. (...) no es posible determinar que verdaderamente existía una intención del aquí demandado de procurar la renuncia al cargo de una funcionaria respecto de la cual existía una marcada animosidad, pues ni siquiera es factible identificar con certeza las condiciones en las que se desarrolló la relación laboral entre ambos servidores públicos y si es que la funcionaria Monroy Garzón en verdad incurrió en faltas que dieron lugar a los llamados de atención del aquí demandado; sin que éste tuviera como propósito claro, forzar su renuncia. (...). De hecho, lo primero que advierte la Sala es que no se acreditó en este proceso la ocurrencia del hecho que supuestamente habría generado la animadversión del burgomaestre hacia la funcionaria (...) y que, en últimas, motivaría su posterior intención de forzar su renuncia a través de una conducta marcada por los tratos humillantes y arbitrarios en su contra. (...) las pruebas arrimadas a este expediente, sólo dan cuenta de algunos sucesos problemáticos ocurridos en vigencia de la relación laboral existente entre la señora (...) y el Alcalde (...), que le valieron los llamados de atención a través de memorandos a la funcionaria y la iniciación de un proceso disciplinario ante la verificación de la ocurrencia de un hecho que el Alcalde identificó como irregular; pero más allá de esto, no se acreditó que existiera una animadversión de parte de la máxima autoridad municipal hacia su empleada que motivara una persecución laboral en su contra. (...) Esta ausencia de certeza sobre la configuración del elemento subjetivo del presente medio de control, se debe, insiste la Sala, al deficiente ejercicio probatorio adelantado por la parte interesada en la condena del ex servidor público (...) Debe ponerse de presente que esta Corporación ha señalado que la sentencia judicial que condena al Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, pues al tratarse de un proceso contencioso y declarativo de responsabilidad, debe acreditarse plenamente la existencia de los elementos que constituyen la culpa grave o el dolo41. Así, la decisión del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad no ata al juez de la repetición, ya que, en esta sede pueden hacerse valoraciones y calificaciones distintas, en la medida en que la decisión ya no versa sobre la responsabilidad del Estado o la legalidad de sus actuaciones administrativas, sino sobre la conducta del agente (...) en el sub judice, los medios de prueba que obran no le permiten a esta Sala concluir que existió, en efecto, la desviación de poder alegada. (...) Al lado de las anteriores precisiones, es importante recabar que la prosperidad de las pretensiones que se formulan en la demanda de repetición no pueden soportarse en la simple exposición argumental para satisfacer de palabra la exigencia contenida en la segunda parte del artículo 90 constitucional, pues para esto se requiere una verdadera convicción probatoria de que medió una conducta dolosa o gravemente culposa, esto es, el cumplimiento del onus probandi que al interesado le asiste a fin de que se acceda a su petitum, de ahí que, quien persigue de otro el reembolso de una suma que ha pagado, le asiste la carga de acreditar los elementos de la responsabilidad que reclama, cuya probanza ahora se extraña, pues no de otra manera el artículo 167 del C.G.P., determina que la carga de la prueba compete a la parte que alega un hecho o a quien lo excepciona o lo controvierte. (...) Con base en las razones expuestas, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 17 de noviembre de 2017 y, en su lugar, se denegarán las súplicas de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el dolo del agente estatal, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 4 de diciembre de 2006. Exp. 16.887. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 27 de noviembre de 2006. Exp. 16.171. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 27 de noviembre de 2006. Exp. 30.113. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. sobre el valor probatorio de la sentencia en que se condena al Estado, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 22 de julio de 2009. Exp. 27.779. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 3 de diciembre de 2007. Exp. 29.222. Sobre la desviación de poder, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de febrero de 2011, rad. 0734-10, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 63
CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / PATRIMONIO PÚBLICO / PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO / REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INTERÉS PÚBLICO
Problema jurídico:
¿El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público, por ello no procede la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
De la lectura de la norma, [ artículo 188 del C.P.A.C.A.] se desprende que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses públicos. (...) Claramente, el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público. (...) Así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. y en razón a que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, en este caso no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, ver: Corte Constitucional. Sentencia C-832-01 de 8 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188
Texto extraído del PDF oficial 95.732 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 15001-23-33-000-2015-00643-01 (61.175)
Actor: Municipio de Toca
Demandados: Camilo Fernando Caicedo Fonseca
Referencia: Medio de control de repetición
Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN - presupuestos para su
procedencia / DOLO – Presupuestos. No se acreditaron en la conducta del agente
del Estado demandado.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
El municipio de Toca fue condenado en un proceso de nulidad y restablecimiento.
Estima la entidad demandante que esa decisión obedeció a una conducta dolosa y
gravemente culposa del entonces alcalde del municipio; como consecuencia,
solicita que se le declare patrimonialmente responsable y se le ordene r eembolsar
el valor total pagado por la condena impuesta.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que decidió la demanda presentada el 11 de septiembre
de 2015 por el Municipio de Toca 1 en contra del señor Camilo Fernando Caicedo
Fonseca, cuyas pretensiones, hec hos y fundamentos de derecho son l os
siguientes:
Pretensiones
2. Solicitó que se declarara patrimonialmente responsable al señor Camilo
Fernando Caicedo Fonseca por su actuar doloso que dio lugar a una condena e n
contra del ente territorial en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Como consecuencia, pidió que se le condenara a reembolsar la suma de
trescientos noventa y nueve millones c iento cincuenta mil doscientos cincuenta
pesos m/cte. ($399’150.250), equivalente al valor pagado por la demandante.
Hechos
1 Folios 2-11 c. 1.
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00643-01 (61.175)
Actor: Municipio de Toca
Demandado: Camilo Fernando Caicedo Fonseca
Referencia: Medio de control de repetición
2
3. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que el señor
Camilo Fernando Caicedo Fonseca, en su calidad de Alcalde del municipio de Toca,
expidió el decreto 007 del 2 de febrero de 1998, mediante el cual aceptó la renuncia
motivada presentada por la señora Blanca Inés Monroy Garzón al cargo de
Secretaria Código 3230 Grado 2, que ejercía en período de prueba y, en el que
había sido nombrada en diciembre del año inmediatamente anterior, luego de ganar
el concurso de méritos que para los efectos se había adelantado.
4. Según la demanda, desde la posesión del señor Caicedo Fonseca como alcalde
del municipio, se presentaron inconvenientes laborales entre el representante legal
de la entidad territorial y la funcionaria, que llevaron a esta última a renunciar. Por
este hecho, la señora Monroy Garzón promovió una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual fue decidida mediante providencia proferida el
14 de junio de 2006 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró la nulidad
del acto administrativo referido, por haberse expedido con desviación de poder y
falsa motivación, al tiempo que ordenó el reintegro de la actora y el pago a su favor
de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir
desde el momento de su desvinculación hasta cuando fuera efectivamente
reintegrada. Dicho fallo fue con firmado por el Consejo de Estad o, m ediante
providencia del 26 de abril de 2012.
5. Como consecuencia, el municipio de Toca debió pagar la suma de trescientos
noventa y nueve millones ciento cincuenta mil doscientos cincuenta pesos m/cte.
($399’150.250) a favor de la señora Blanca Inés Monroy Garzón.
Fundamentos de derecho
6. La parte actora sostuvo que el actuar del demandado fue doloso y gravemente
culposo, por cuanto su motivación resultó ajeno a las finalidades del servicio, amén
de que obró con desviación del poder, de manera abusiva, negligente, imprudente
e irresponsable, todo lo cual, dio lugar a la declaratoria de nulidad del mentado
Decreto 007. Para estos efectos, citó los argumentos plasmados en las sentencias
del proceso de nulidad y restablecimiento.
La defensa
7. El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda. Para estos efectos,
propuso las siguientes excepciones: (i) “ indebida atribución de la conducta del
demandado a título de dolo y culpa grave ”, en tanto la entidad territorial endilga
indistintamente una conducta dolosa y gravemente culposa, concurrencia que en la
imputación resulta violatoria de los derechos a la defensa, debido proceso y
contradicción; (ii) “ la responsabilidad del Estado es objetiva, no se transmuta de
manera automática en responsabilida d patrimonial personal al demandado ”; (iii)
“falta de coherencia jurídica y deficiente defensa técnica de la administración
municipal”, debido a que en el proceso de nulidad y restablecimiento, el municipio
aceptó los hechos de la demanda impetrada por la funcionaria y no presentó
alegatos de conclusión, lo que condujo a la prosperidad de las pretensiones de la
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00643-01 (61.175)
Actor: Municipio de Toca
Demandado: Camilo Fernando Caicedo Fonseca
Referencia: Medio de control de repetición
3
señora Monroy Garzón; (iv) “inaplicabilidad de las presunciones de los artículos 5°
y 6° de la Ley 678 de 2001”, por cuanto el hecho objeto de estudio ocurrió antes de
la entrada en vigencia de dicha norma e (v) “inexistencia del dolo o la culpa grave”2.
Los alegatos de conclusión de primera instancia
8. Surtida la etapa probatoria 3, el demandado adujo que las pruebas allegadas no
acreditaban su respon sabilidad personal y que el interrogatorio de parte
demostraba que el entonces alcalde del municipio de Toca actuó en ejercicio de las
facultades que constitucional y legalmente le atañen, mientras que las
apreciaciones subjetivas del testimonio rendido po r la señora Monroy Garzón no
fueron corroboradas, ni constituían pruebas suficientes e idóneas para atribuir
responsabilidad al demandado4.
9. Por su parte, el municipio de Toca alegó que la conducta desplegada por el
demandado fue dolosa, comoquiera que incumplió los fines de la función pública,
inobservó las funciones que le asistían en lo referente a la administración del
personal y su actuación se encontraba dirigida a constreñir la renuncia de la señora
Monroy Garzón, pues de manera consciente y volun taria dirigió su conducta a
conseguir ese fin a través del hostigamiento que impulsó a la funcionaria a retirarse
2 Folios 96-104 c. 1.
3 En audiencia inicial celebrada el 23 de marzo de 2016, se tomaron las siguientes decisiones en cuanto el
decreto de pruebas: “PARTE DEMANDANTE. Documentales: Téngase como tales las documentales allegadas
con la demanda, con el valor probatorio que les corresponda. Oficios: - No se decreta la prueba solicitada por
la parte actora, tendiente a que sea expedida copia auténtica de las sentencias de primera y segunda instancia,
proferidas en la acción de nulidad y restablecimiento de derecho radicada bajo el
No.15001233100019980069900 de Blanca Inés Monroy Garzón contra el Municipio de Toca, toda vez que se
trata de documentos que deben reposar en la entidad accionante, y en caso de no contar con ellos, debe
acreditar que los solicitó al respectivo despacho judicial y que no le fueron expedidos. Se precisa además que
obra copia auténtica de las sentencias en el expediente. PARTE DEMANDADA. Documentales: No aportó
documentos. Oficios: - No se decreta la prueba solicitada por la parte demandada, tendiente a que sea expedida
copia del acta del Comité de Conciliación correspondiente a la sesión ordinaria de 5 de agosto de 2015, por
cuanto no acreditó que los hubiera solicitado al Municipio de Toca y que no le fueron expedidos. MINISTERIO
PÚBLICO: El señor Procurador 46 Judicial II para Asuntos Administrativos, solicitó la práctica de pruebas, por
lo que se dispone: - Se decreta el interrogatorio de parte del señor Camilo Fernando Caicedo Fonseca, quien
deberá comparecer a absolverlo en la fecha y hora que se fije para llevar a cabo audiencia de pruebas. – Se
ordena recibir el testimonio de la señora Blanca Inés Monroy Garzón quien deberá comparecer por conducto
del señor Agente del Ministerio Público, y por facilidad del Mu nicipio de Toca, en la fecha y hora fijada para la
audiencia de pruebas. – Se ordena que por la Secretaría de esta Corporación se desarchive el expediente
radicado bajo el No. 15001233100019980069900, para que éste obre como prueba documental, más no con
la calidad de prueba trasladada como fue solicitado”. Folios 122-125 c. 1.
En el proceso se practicaron las siguientes pruebas:
1. Sentencia de 14 de junio de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 1998-0699.
2. Sentencia del 26 de abril de 2012 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 1811-2008.
3. Resolución No. 032 “Por medio de la cual se reconoce la existencia de una obligación y se ordena su pago”
proferida por el alcalde del municipio de Toca el 7 de marzo de 2014.
4. Certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, orden de pago No. 132 y comprobante de
egreso expedidos por la Alcaldía Municipal de Toca, por el valor de $399’150.250.
5. Acta de posesión del señor Camilo Fernando Caicedo Fonseca como alcalde del municipio de Toca ante la
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