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clave: "consejo_estado:providencia:11001032600020130016600-49155-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del medio de control de repetición"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-05-12"
radicado: "11001032600020130016600"
numero: "49155"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del medio de control de repetición

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-05-12
- **Radicado:** 11001032600020130016600
- **Número interno:** 49155
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
- **Demandado:** EVAMARIA URIBE TOBON
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020130016600-49155-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001032600020130016600/D394077787395EF2A10549E57602E2A0B95E9902B3F6273338A3D24677C84A6A/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201300166001100103

## Problema jurídico

¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del medio de control de repetición, en única instancia, contra quien obró como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, representante legal de una persona jurídica pública del orden nacional y otro servidor de menor jerarquía?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

NIEGA

## Puntos clave

- ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en este caso?
- ¿Tiene legitimación en la causa por pasiva, en repetición, el servidor público que calificó y evaluó el desempeño de una empleada declarada insubsistente mediante resoluciones expedidas por la…
- ¿El régimen jurídico aplicable a este caso de repetición contra servidor público, es la Ley 678 de 2001 debido a que los hechos que produjeron la condena al Estado ocurrieron en el 2007?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 142, 149 y 152
- Ley 678 de 2001, art. 7 inc. 1

## Extracto

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001.

## Síntesis temática

La entidad estatal conoce de las demandas que promueven las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Asimismo, el Consejo de Estado conoce, en única instancia, de los procesos de repetición que el Estado ejerce contra los representantes legales de los órganos y entidades, según lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 del CPACA, constituyendo la caducidad un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica que opera de pleno derecho ante la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial dentro del término legal concedido.

## Descriptores temáticos

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA, COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO, REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA, ENTIDAD PÚBLICA, JEFE DE LA ENTIDAD PÚBLICA, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO, REPRESENTACIÓN LEGAL DE PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO, NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS EMPLEOS DEL ORDEN NACIONAL, COMPETENCIA SUBJETIVA, ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL, REPETICIÓN, ACCIÓN DE REPETICIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA, INSUBSISTENCIA EN EL NOMBRAMIENTO DE EMPLEO PÚBLICO, CALIFICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE, NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CONDENA A LA NACIÓN, CONDENA CONTRA EL ESTADO, LEY 678 DE 2001, REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, SERVIDOR PÚBLICO, PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA, PRUEBA DEL PAGO, ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA, AUSENCIA DEL DOLO, INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE, CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, INOPERANCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER, IMPROCEDENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO, INEXISTENCIA DE LA CULPA PERSONAL DEL AGENTE, INFRACCIÓN MANIFIESTA, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DE LA LEY, INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LA LEY, PRESUNCIÓN DE DOLO, PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE, FALTA DE PRUEBA, EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD, INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD, NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA, CARGA DE LA PRUEBA, APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PARTE DEMANDANTE

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## Texto del documento

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA / ENTIDAD PÚBLICA / JEFE DE LA ENTIDAD PÚBLICA / SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO / REPRESENTACIÓN LEGAL DE PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO / NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS EMPLEOS DEL ORDEN NACIONAL / COMPETENCIA SUBJETIVA / ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL
Problema jurídico:
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del medio de control de repetición, en única instancia, contra quien obró como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, representante legal de una persona jurídica pública del orden nacional y otro servidor de menor jerarquía?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia del medio de control de repetición, la Ley 1437 de 2011, norma vigente al momento de la presentación de la demanda, en sus artículos 149, 152 y 155 introdujo el factor subjetivo -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- y el objetivo por cuantía para los de doble instancia. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 del CPACA el Consejo de Estado conoce, en única instancia, de los procesos de repetición que el Estado ejerce contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional. En este sentido, atendiendo a la calidad de Evamaría Uribe Tobón, como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, como representante legal de una persona jurídica pública del orden nacional, como lo es la referida Superintendencia, se concluye que esta Corporación es competente para decidir de fondo el presente proceso, en única instancia. Respecto de Juan Felipe Ospina Urquijo, quien ejerció como director técnico de gestión de gas combustible de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, debe aclararse que, si bien no ejerció la representación de la misma, la Sala tiene competencia - para pronunciarse sobre él a efectos de que exista unidad de criterio en el estudio de la responsabilidad que le pueda corresponder a los demandados respecto de las condenas impuestas al ente demandante, propósito que se cumple al atender el mandato del legislador, conforme al cual “(…) si la acción se intentara en contra de varios funcionarios, será competente el juez que conocería del proceso en contra del de mayor jerarquía” .
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de junio de 2020, exp. 46047, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 26 de noviembre de 2021, exp. 64488, C.P. Nicolás Yepes Corrales; Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, exp. 49153, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; Subsección A, sentencia del 30 de julio de 2021, exp. 50424, C.P. José Roberto Sáchica Mendez y Subsección B, sentencia del 6 de junio de 2021, exp. 45625, C.P. Ramiro Pazos Guerrero
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 155, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1
REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en este caso?
Respuesta al problema jurídico: No
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general , estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción , ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia , cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados . No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario. En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con que contaba la entidad pública para proceder al pago de la condena que le fue impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de que la sentencia quede en firme. El literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPCA señala que el medio de control de repetición caducará en dos años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad, ver: Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002. Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998. Sobre los límites del derecho de acceso a la administración de justicia, ver: Consejo de Estado, Sentencia del 23 de febrero de 2006, exp. 6871-05, C.P. Tarcicio Caceres Toro. Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 25000-23-26-000-1997-05265-01(22867), C.P. Danilo Rojas Betancourth; sobre la aplicación del Código General del Proceso, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, exp. 49299.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308
REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / INSUBSISTENCIA EN EL NOMBRAMIENTO DE EMPLEO PÚBLICO / CALIFICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE
Problema jurídico:
¿Tiene legitimación en la causa por pasiva, en repetición, el servidor público que calificó y evaluó el desempeño de una empleada declarada insubsistente mediante resoluciones expedidas por la Superintendente de servicios públicos?
Respuesta al problema jurídico: No
[el servidor de menor jerarquía] no está legitimado en la causa por pasiva, pues no fue el servidor público que expidió ni elaboró las Resoluciones (...), que posteriormente fueron anuladas mediante sentencia del 3 de febrero de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es decir, se observa que el señor (...) no intervino en la expedición o elaboración de los referidos actos administrativos. Al respecto, en la demanda de repetición la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios señala que (...) en calidad de “director técnico de gestión de gas combustible de la superintendencia”, calificó y evaluó el desempeño laboral de (...), añadiendo que dicha calificación, posteriormente, fue la base de la declaratoria de insubsistencia de la señora (...). Con todo, sobre el particular, se advierte que respecto a la calificación de desempeño de (...) que realizó (...), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del 3 de febrero de 2012, indicó que, por ser la calificación de servicios “un acto de trámite”, no era demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que resolvió inhibirse “de resolver sobre la legalidad de la calificación de servicios realizada el 28 de febrero de 2007, efectuada a la demandante (…). Así como de la Resolución (...) que confirmó la calificación anterior”. En este orden, como la calificación de desempeño que efectuó (...) a (...) fue un mero acto de trámite que resultó incólume, aunado a que no fue el servidor público que elaboró, revisó, aprobó o suscribió las Resoluciones (...), se concluye que aquel no está legitimado en la causa por pasiva.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva de quien no intervino en la expedición de los actos administrativos declarados nulos, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 29 de noviembre de 2018, exp. 61077 y 60692, C.P. Marta Nubia Velasquez Rico
REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA A LA NACIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / LEY 678 DE 2001
Problema jurídico:
¿El régimen jurídico aplicable a este caso de repetición contra servidor público, es la Ley 678 de 2001 debido a que los hechos que produjeron la condena al Estado ocurrieron en el 2007?
Respuesta al problema jurídico: Si
Régimen jurídico aplicable al caso (...) el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercic

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

a que no está llamada a responder dentro del medio de control de repetición.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la conducta del agente en la causación del daño, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016, exp. 56284. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2018, Rad.:55661. Sentencias del 30 de agosto de 2007, exp. 29223; del 26 de febrero de 2009, exp. 30329; del 22 de julio de 2009, exp. 25659. Corte Constitucional sentencia C-374 de 2002. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2017, exp. 45203; y Subsección A, sentencia del 7 de agosto de 2017, exp. 42777. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de mayo de 2014, exp. 40755. Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, exp. 62571. Corte Constitucional SU -917 DE 2010. Consejo de Estado Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 21 de marzo de 2013, exp. 05001-23-31-000-2002-04388-01(2105-11) C.P. Bertha Lucía Ramíres de Paez, reiterada en sentencia de Sección Segunda, Subsección “B” de 22 de octubre de 2020, exp. 05001-23-31-000-2011-01750-01(0307-17) Con decisión en el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 27 de agosto de 20215, exp. 48016, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de agosto de 2020, exp. 51021. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 30 de julio de 2021, Rad.: 50424. Posición que posteriormente fue reiterada por la Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de julio de 2021, Rad.: 56856
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1227 DE 2005 - ARTÍCULO 10, DECRETO 990 DE 2002 - ARTÍCULO 7 NUMERAL 34, DECRETO LEY 775 DE 2005 - ARTÍCULO 12, LEY 443 DE 1998 - ARTÍCULO 8, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La parte actora cumplió con la carga de la prueba que, implicaba probar todos los presupuestos para la procedencia de la repetición en contra de la demandada?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala encuentra, entonces, que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le era exigible, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la existencia de uno de los elementos estructurales de la acción de repetición, sin la cual, en los términos del inciso 2o del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible la declaración de responsabilidad de la demandada. Así las cosas, se reitera que, al tratarse de un medio de control de repetición, la carga de la prueba que recaía en el demandante implicaba la comprobación de los requisitos para su procedencia, esto es, la obligación reparatoria a cargo del Estado; la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas del demandado; el pago de la obligación reparatoria; y que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado, situación que no aconteció en el sub examine. Y aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos procesales, pues al juez corresponde guardar la debida neutralidad dentro del proceso, salvo condiciones excepcionales que exijan a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PARTE DEMANDANTE / SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en costas a la parte demandante, Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios debido a que fue la parte vencida en este medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará en costas a la parte demandante, debido a que fue la parte vencida en el proceso y su liquidación se hará de manera concentrada por la secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. En relación con las agencias en derecho en procesos de única instancia, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 6, numeral 1.1. del Acuerdo 2222 del 10 de diciembre de 2003, vigente para el momento de la presentación de la demanda, tratándose de procesos ordinarios que se surten en única instancia la tarifa de agencias en derecho será de hasta el quince por ciento (15%) de las pretensiones. En este orden, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en el cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total de las pretensiones, en razón de la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también de la actuación desplegada por la parte vencedora. Como las pretensiones se estimaron en $270.743.994 la parte demandante (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) pagará la suma de doscientos setenta mil setecientos cuarenta y tres mil pesos con novecientos noventa y cuatro centavos ($270.743,994).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la fijación de las agencias en derecho, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 51034
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 2222 DE 2003 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-05-12. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 11001032600020130016600. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020130016600-49155-sentencia).
