Titulación de la relatoría 34.748 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El Municipio estaba o no en la obligación de reconocer los valores asociados a la prestación del servicio de parqueadero por la custodia de los 905 vehículos que fueron inmovilizados en el establecimiento Asomotos durante la vigencia del convenio No. 167 de 2001 y que, al momento de su finalización, no fueron retirados por sus propietarios?
Respuesta al problema jurídico: Si
Antes de fijar el objeto de la apelación, la Sala estima necesario dejar precisado que el centro de gravedad de la controversia corresponde a la acusación que el actor hace en el sentido de que el Municipio dejó de hacer unos reconocimientos económicos al momento de liquidar el convenio, los cuales debían ser sufragados por tratarse de servicios efectivamente prestados por Inversara. En efecto, con todo y que la demanda no es precisa y clara en relación con los planteamientos jurídicos en que se sustentan las pretensiones, la Sala sí puede deducir, a partir del libelo introductorio, que la causa petendi que soporta el petitum está encaminada a afirmar que el Municipio está en la obligación de reconocerle a Inversara el valor del servicio de parqueadero sobre los 905 vehículos inmovilizados durante la vigencia del convenio No. 167, valor que no fue incluido en el acto administrativo de liquidación unilateral, lo que, a su juicio, atenta contra las estipulaciones del referido convenio, contra el principio de buena fe y contra normas superiores contenidas en las normas de tránsito, por lo que , en tal virtud, considera que los actos administrativos acusados deben ser declarados nulos debiéndose proceder el reconocimiento y pago de los valores por servicios de parqueadero no cancelados sobre los vehículos que a la finalización del convenio No. 167 de 2001 aún permanecían en los patios del establecimiento de comercio Asomotos. (...) En este caso, si bien está establecido que el contrato que las partes celebraron fue uno de concesión, lo cierto es que esto no es suficiente para arribar a la conclusión de que dicho negocio jurídico esté viciado de nulidad, al menos no de manera palmaria o manifiesta como lo exige la ley. Empieza la Sala por señalar que para desentrañar la verdadera naturaleza del contrato –presupuesto fundamental para entender configurada una presunta nulidad por desconocimiento del proceso de selección aplicable– no fue suficiente con leer sus estipulaciones, sino que se tuvo que adelantar un esfuerzo analítico e interpretativo que va más allá de la impresión que a primera vista se pudiera generar a raíz de la sola lectura del contrato o de las demás pruebas que obran en el plenario, en tanto fue necesario recurrir a la inteligencia de las normas, a jurisprudencia en relación con la función administrativa y su diferencia con la prestación de un servicio público. Adicionalmente, si bien las partes entendieron que el convenio celebrado era uno de aquellos a los que se refiere el artículo 111 de la Ley 489 de 1998, lo cierto es que sí adelantaron un procedimiento público de selección previa, respecto del cual no se advierte de forma palmaria o manifiesta que no haya coincidido materialmente con las pautas básicas de la licitación pública; para ello, haría falta desarrollar un análisis pormenorizado de las reglas que rigieron el proceso que se surtió de manera previa a la celebración del convenio, lo que, de suyo, descarta que, de llegar a concluirse que el trámite surtido no fue materialmente una licitación, a ese aserto se arribe de forma palmaria o manifiesta. En consecuencia, al no ser evidente la configuración de un vicio que afecte la validez del convenio y ante la ausencia de un pedimento para revisar ese aspecto del negocio jurídico, resulta forzoso concluir que no se dan los presupuestos para declarar su nulidad absoluta. La Sala previene que lo anterior no puede entenderse como carta blanca para flexibilizar los procedimientos de selección de contratistas en la contratación estatal, los cuales están revestidos de la necesidad de garantizar la transparencia y la igualdad entre los oferentes, entre otros principios. Lo dicho no significa en manera alguna que la entidad contratante estuviera eximida de adelantar un proceso de licitación para celebrar el contrato, sino, solamente, que para declarar de oficio la nulidad absoluta se requiere que el vicio que la configure se muestre de manera palmaria, manifiesta o evidente en el proceso, estándar que en este caso no se encuentra acreditado en el expediente por las razones previamente mencionadas.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 111
CONTRATO DE CONCESIÓN / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CLASES DE CONTRATO ATÍPICO / CONTRATO ATÍPICO / CONTRATO INNOMINADO ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se determina la tipología correcta de un contrato estatal y, en el caso de no corresponder a la dada por las partes, la entidad puede adecuar el negocio jurídico a una tipología típica dada por la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como se ha indicado, efectivamente el Tribunal tipificó el convenio No. 167 de 2001 como un contrato de concesión, para lo cual afirmó que el artículo 111 de la Ley 489 de 1998 no determina una tipología contractual específica, por lo que las entidades estatales pueden adecuarlos a una de las figuras contractuales típicas consagradas en la Ley 80 de 1993. Partiendo de esa calificación del negocio jurídico y al entender que el riesgo de que los vehículos no fueran retirados por los propietarios no era imprevisible —como tampoco lo eran las consecuencias económicas derivadas de esa circunstancia—, concluyó que tal riesgo lo debía asumir el concesionario.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 111
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es el concepto de convenio y cuáles son sus elementos?
Respuesta al problema jurídico: Si
la Sala observa que, del artículo 111 de la Ley 489 de 1998 se desprende que los convenios son acuerdos de voluntades a través de los cuales la entidad contratante transfiere, de manera temporal, y bajo su control y vigilancia, el ejercicio de una función administrativa. De conformidad con el último inciso del artículo 110 de la Ley 489 de 1998, esta transferencia temporal se realiza a través de convenio y previa expedición de un acto administrativo por la entidad pública que pretende transferir dicha función. Esta transferencia de funciones administrativas no solo deriva de acto administrativo, pues también requiere de un acuerdo de voluntades en tanto comprende para su perfeccionamiento la celebración de un convenio bajo el cual las partes fijan las reglas que gobernarán el cúmulo de responsabilidades, derechos y obligaciones que a cada una de ellas le corresponde. Con todo, la nota distintiva de los convenios de que trata el artículo 111 de la Ley 489 de 1998 en comparación con los contratos estatales típicos enlistados en la Ley 80 de 1993, es que en aquellos hay una transferencia de función administrativa, esto es, la asunción de unas prerrogativas de poder público, cuyo ejercicio es realizador de las diferentes tareas y cometidos que la Constitución y la ley le han asignado a las autoridades administrativas, mientras que en los segundos se trata de la explotación de un bien público, de la prestación de un servicio, la construcción de una obra, o de la adquisición de un bien o servicio, entre otros. Así la transferencia de la función administrativa a un particular debe distinguirse de la prestación de un servicio público, pues ambas nociones, aunque relacionadas, son conceptual y legalmente diferenciables. Así, pese a que tanto la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de la función administrativa están al servicio de los intereses generales y de la realización de los fines inherentes del Estado —artículos 209 y 365 ibídem—, el servicio público se manifiesta normalmente en el cumplimiento de prestaciones a cargo de los particulares, mientras que la función administrativa supone el ejercicio de la autoridad del Estado. En este orden de ideas, cuando la entidad contratante pretende transferir de manera temporal una función administrativa que le es propia, deberá acudir en primera instancia a las normas del capítulo XVI de la Ley 489 de 1998 sin perjuicio de que el gobierno de las voluntades pueda o deba guiarse bajo alguna de las reglas y principios contractuales contenidos en el régimen general de contratación del Estado, pero sin posibilidad alguna de expresarse bajo los elementos prestacionales propios de las tipologías contractuales allí contenidas.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 110, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 111, LEY 80 DE 1993
VEHÍCULO RETENIDO EN PARQUEADERO / SERVICIO PÚBLICO DE PARQUEADERO / PARQUEADERO PÚBLICO / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La prestación del servicio de parqueadero para guardar vehículos inmovilizados corresponde al ejercicio de una funciona administrativa?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a prestación del servicio de parqueadero en patios oficiales o en parqueaderos privados en los que, en ejercicio de la voluntad del infractor se depositara el vehículo, era, en ambos casos, un servicio cuyo origen era la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades de tránsito, pero, en sí mismo, no comporta el ejercicio de una función administrativa. Este mismo régimen de prestación del servicio de parqueadero se mantuvo luego de la entrada en vigencia del artículo 125 de la Ley 769 de 2002 por medio del cual se expidió el nuevo Código Nacional de Tránsito; la principal diferencia es que, en la nueva norma de tránsito, los únicos que podían prestar el servicio de parqueadero a los vehículos inmovilizados eran parqueaderos previamente autorizados por el Estado —los cuales, a su vez, podían ser oficiales o particulares.
SERVICIO PÚBLICO DE PARQUEADERO / PARQUEADERO PÚBLICO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CARACTERÍSTICAS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / LÍMITES A LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / TRANSFERENCIA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Se puede mediante convenio prestar el servicio de parqueadero para guardar vehículos inmovilizados por las autoridades de policía sin que medie una función administrativa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con todo, como ya se señaló, a través del convenio, se autorizó la prestación del servicio de parqueadero sobre los vehículos inmovilizados, por lo cual el régimen aplicable a la prestación de ese servicio era el de los patios y no el de los parqueaderos privados de que trataba el artículo 230 del Decreto 1344 de 1970 en el cual para la prestación del servicio proviene de la voluntad del infractor que decide depositar e inmovilizar su vehículo allí. En este mismo sentido se pronunció la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación al analizar la naturaleza del convenio No. 165 del 2001 adjudicado con fundamento en los mismos términos de referencia que el convenio No. 167 de 2001, señaló, lo siguiente: “[E]l servicio prestado por el particular no correspondió al ejercicio de una función administrativa, pues la actividad desarrollada por el mismo no implicaba, de manera alguna, la inmovilización del vehículo. La inmovilización -típica función administrativa- era ejercida por las autoridades de transporte competentes y nunca fue delegada al particular. Así, mientras la actuación de las autoridades implicaba la suspensión de la circulación del vehículo desde el acaecimiento de la infracción hasta que se subsanara o cesara la causa que había dado origen a la inmovilización, el particular tenía, únicamente, la obligación de custodiar los vehículos inmovilizados durante dicho periodo. Se encuentra que el negocio jurídico suscrito entre las partes corresponde a un contrato de concesión y no a un convenio, tal como, a continuación, pasará a explicarse […] las dos partes de la concesión fueron el municipio de Medellín-Secretaría de Servicios Administrativos, como entidad concedente, y Jaime Lafaurie, como concesionario. Tal como se expuso previamente, la referida concesión recaía sobre el servicio de custodia de vehículos inmovilizados por las autoridades de transporte y tránsito de Medellín en parqueaderos de propiedad del particular. El objeto del contrato corresponde la concesión de un servicio público, en la medida en que la custodia de los vehículos emerge de una obligación legal en cabeza de la administración y su ejercicio corresponde a un apoyo a la función administrativa ejercida por la misma.”26 (énfasis agregado) En esta oportunidad, la Sala observa que lo que fue objeto de regulación bajo convenio No. 167 de 2001 fueron los términos y condiciones a la luz de las cuales Inversara podría prestar el servicio público de parqueadero sobre vehículos. inmovilizados por las autoridades de policía, pero sin que mediara la transferencia de una función administrativa. Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de ponderar los criterios expuestos por la jurisprudencia de esta Corporación en controversias semejantes, la Sala evidencia, también, que esta Subsección y la Subsección C ya desataron sendas controversias relacionadas con la ejecución del convenio No. 166 de 2001, pariente del sub judice, en la cuales se negó, por varias vías, que el Municipio tuviera que asumir los costos derivados de la custodia de los vehículos inmovilizados y no retirados, por lo cual se sostuvo: 33.1. En la sentencia del 10 de diciembre de 2018 de esta Subsección, se concluyó que el Municipio carecía de legitimación en la causa material por pasiva respecto de una pretensión de enriquecimiento sin causa porque el demandado no era la parte que se benefició del servicio de custodia prestado en los parqueaderos, en tanto las normas de tránsito —a diferencia de las normas que regulan la inmovilización por orden judicial en procesos penales— establecen que es el infractor el que debe pagar dicho servicio. En todo caso, en esa providencia se señaló que “más allá de contener un acuerdo conmutativo y sinalagmático que impusiera una contraprestación a cargo del municipio por el servicio de patios prestado por el demandante, en realidad, a través de la forma bilateral del convenio, lo que verdaderamente se canalizó fue un acto de autorización para que particular custodiara los vehículos inmovilizados por las autoridades de tránsito […]”28; y 33.2. En la sentencia del 26 de abril de 2017 de la Subsección C29 se estimó que la acción de reparación directa planteada por el demandante en realidad correspondía al ejercicio de la acción de controversias contractuales encaminada a declarar el incumplimiento del convenio No. 166 por parte del Municipio por no haber pagado el valor del servicio de parqueadero respecto de los vehículos inmovilizados y no retirados por los infractores a la fecha de finalización del convenio. En ese caso, se dijo que no hubo incumplimiento a cargo del Municipio porque “de lo que se trató simple y llanamente fue de una autorización a la sociedad Adservi Ltda., para custodiar vehículos inmovilizados por las autoridades de tránsito, y con ocasión de dicha actividad el custodio liquidaba y cobrara una tarifa a los propietarios de los vehículos retenidos, de la cual nunca participó el municipio de Medellín, toda vez que, se reitera, sólo concernía al autorizado en los términos de la ley y el convenio, cobrar los servicios de parqueadero al usuario del servicio”. Con fundamento en lo anterior, esta Subsección evidencia que ha habido pronunciamientos diversos en torno a la calificación de la naturaleza jurídica de estos convenios y, puntualmente, acerca de si el Municipio celebró con los particulares actos de mera autorización, convenios o contratos de concesión. Sin entrar a profundizar en las particularidades de cada caso de cara a sus pretensiones, en esta oportunidad la Sala se decanta por considerar que el convenio No. 167 de 2001 es un contrato de concesión y no un convenio de los que trata el artículo 111 de la Ley 489 de 1998 porque, como ya se señaló, el objeto de este negocio jurídico no consistió en el ejercicio de una función administrativa, sino en la prestación de un servicio público. Este aserto se deduce no solo de la precisión ya indicada sino, además, del hecho de que el artículo 230 del Decreto 1344 de 1970 —modificado por el artículo 185 A del Decreto 1809 de 1990— permitía —pues la Ley 769 de 2002, que es posterior a este contrato, establece un régimen de autorización previa— que la inmovilización se llevara a cabo en patios oficiales o en parqueaderos particulares sin previa transferencia de función administrativa, de lo que se deduce que la custodia de los vehículos inmovilizados no comporta el ejercicio de una función administrativa. En otras palabras, si se concluyera que la custodia de dichos vehículos comporta el ejercicio de una función administrativa, se seguiría que el artículo 185 A del Decreto 1809 de 1990, que modificó el artículo 230 del Decreto 1344 de 1970, autorizó a los parqueaderos privados a ejercer la misma sin previa suscripción de convenio, lo que claramente no es una interpretación acorde con el ordenamiento jurídico que siempre requiere del agotamiento de la transferencia de la función administrativa mediante el procedimiento establecido en el capítulo XVI de la Ley 489 de 1998; por ende, lo que se debe colegir, en aplicación del criterio de interpretación sistemática de la ley —artículo 30 del Código Civil—, es que si el legislador autorizó que parqueaderos privados ejercieran la custodia de bienes inmovilizados sin previa autorización es porque esa actividad no entraña el ejercicio de una función administrativa
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1344 DE 1970 - ARTÍCULO 230
DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO / CONCEPTO DE RIESGO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para la distribución de riesgos en el contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
En términos generales, los contratos y sus estipulaciones son actos de previsión de las partes e implican de una manera u otra la distribución de riesgos. La forma de pago de una obra es, por ejemplo, un instrumento de asignación de riesgos. Así, en el contrato de obra a precios unitarios, el riesgo de mayores cantidades de obra frente a las estimadas inicialmente lo asume el dueño de la obra, pero si se pacta un precio global este riesgo lo soporta el contratista. Con todo, debe tenerse en cuenta que a nivel legal se le adscribe más de un significado a la expresión riesgo. Los artículos 1607 del Código Civil y 929 del Código de Comercio emplean el término para referirse al peligro de que una cosa perezca o se pierda como consecuencia de un caso fortuito, colocando al deudor en la imposibilidad de cumplir la prestación que recae sobre ella. El numeral 4º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 también utiliza la expresión al definir el contrato de concesión, pero lo hace con un sentido diferente. Según esta disposición legal, la prestación de un servicio público —que es uno de los objetos sobre los que puede recaer el negocio concesional— se hace “por cuenta y riesgo del concesionario”. En este enunciado, la dicción riesgo tiene un significado diferente al que recibe en el artículo 1607 del Código Civil: no apunta a la pérdida de la cosa que se debe, sino al fracaso o éxito de la gestión del concesionario para recuperar las inversiones realizadas en desarrollo del contrato36, que son las que definen el objeto de este tipo de negocio jurídico. A tono con lo anterior, la Sección Tercera ha dicho que el sintagma “por cuenta y riesgo” del numeral 4º del artículo 32 de la Ley 80 significa que el concesionario debe disponer o conseguir los recursos necesarios para financiar la ejecución de la obra, la prestación del servicio concesionado o la explotación del bien de propiedad estatal, mientras que el Estado se compromete a ejecutar las prestaciones necesarias para permitir —que no garantizar— el repago de la inversión, como la cesión de derechos, tarifas, tasas o la participación en la explotación del bien37. En este sentido, la palabra riesgo tiene un significado que alude a la probabilidad de que, por variables fácticas diferentes a la conducta antijurídica de la entidad contratante, los resultados del contrato —los retornos de la inversión— sean diferentes a los esperados, situación que se presenta, principalmente, debido a las diferencias entre las estimaciones de costos e ingresos al momento de proponer o contratar (ex ante) y los que se causan durante su desarrollo (ex post). Desde este punto de vista, el incumplimiento de las obligaciones contractuales no constituye un riesgo. Este último significado de la expresión riesgo es el que está en la base del artículo 4º de la Ley 1150 de 200738 y del documento CONPES 3107 de 2001: “Los riesgos de un proyecto se refieren a los diferentes factores que pueden hacer que no se cumplan los resultados previstos y los respectivos flujos esperados”. Si bien la Ley 1150 de 2007 y el documento CONPES no integran el régimen del convenio No. 167 de 200139, esto no quiere decir que, para analizar si el Municipio debía asumir la cartera vencida —lo que se debió reflejar en el acto de liquidación unilateral— no deba tenerse en cuenta la distribución explícita o implícita de los riesgos, pues, como dijo la Corporación de tiempo atrás: “todo contratista asume un riesgo empresarial propio a todo tipo de contratación pública, según las necesidades que se pretenden satisfacer y la naturaleza del contrato” 40 . 54. En el caso en concreto, la Sala observa que las partes sí llevaron a cabo un ejercicio implícito de distribución de riesgo al momento de celebrar el convenio No. 167 de 2001, así no lo hayan hecho de manera expresa como lo establece el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 para los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigencia. En efecto, el ejercicio de distribución de riesgos debe entenderse de cara a la naturaleza jurídica del convenio en tanto contrato de concesión porque, como se señaló, uno de los elementos centrales de este tipo de contratos es que la prestación del servicio concesionado se hace “por cuenta y riesgo del concesionario”. Así las cosas, pese a que las partes no expresaron a cuál de ellas le correspondía asumir un determinado riesgo, se debe tener en consideración que Inversara prestaba el servicio concesionado por su propia cuenta y riesgo y, asimismo que esa expresión —“por cuenta y riesgo del concesionario”— contenida en la ley como elemento característico del contrato de concesión no significa que dicha asunción a cargo del contratista sea ilimitada, pues los riesgos que asume son aquellos que corresponden a los aleas en condiciones de normalidad y aquellos inherentes a la prestación del servicio, que es lo que depende de él. 55. En este orden de ideas, pese a que las partes no afirmaron expresamente que a Inversara le correspondía asumir las consecuencias económicas asociadas a la circunstancia de que una porción de los infractores no retirara los vehículos inmovilizados durante la vigencia del convenio No. 167 y, por lo mismo, dejara insoluto el servicio de parqueadero que prestó la demandante con fundamento en dicho negocio jurídico, este es un típico riesgo comercial —esto es, el riesgo derivado de la imposibilidad de cobrar tarifas como consecuencia del impago de las mismas41— que está intrínsecamente atado a la ejecución del objeto contractual. Por ende, es a Inversara a la que le correspondía asumir la cartera vencida, y no al Municipio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 929, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1607
DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / CONTRATO ATÍPICO / TIPICIDAD CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para la distribución del riesgo en los contratos típicos y atípicos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala concluye que no le asiste razón a la demandante al señalar que el convenio No. 167 de 2001 no era un contrato típico —el de concesión— sino uno atípico en el que, por tanto, las partes podían, a su arbitrio, definir la distribución de riesgos pero que no lo hicieron, por lo cual, con fundamento en este argumento no es procedente revocar la decisión de primera instancia que se recurrió, lo que lleva a analizar los demás cargos de la apelación de modo de establecer si la conclusión a la que se acaba de arribar varía en razón de los demás argumentos planteados por la parte demandante y en los que finca en cabeza del Municipio el deber de pago del servicio de parqueadero respecto de los vehículos que no fueron retirados por los infractores.
PARQUEADERO PÚBLICO / VEHÍCULO RETENIDO EN PARQUEADERO / RIESGO / ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO / DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Quién está llamado a asumir los costos derivados del servicio de parqueadero por inmovilización?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e corrobora que, como lo establecía el artículo 231 del Decreto 1344 de 1970 y, en concordancia con ello, el artículo 125 de la Ley 769 de 2002, es el propietario del vehículo inmovilizado y no el Municipio el que está llamado a asumir los costos derivados del servicio de parqueadero, pues Inversara presta un servicio que beneficia a aquel y no al demandado; así, el argumento planteado en la demanda de que el servicio le fue prestado al Municipio, no tiene asidero jurídico. Además, el hecho de que Inversara no tenga una relación contractual con el infractor no desdice que este último, por mandato legal, es el llamado a pagar los servicios de parqueadero, por lo que el argumento de la demandante no es atendible. (...) la Sala reafirma que como el riesgo por el no retiro de los vehículos de los infractores era inherente a la prestación del servicio, y como el servicio de parqueadero era prestado por cuenta y riesgo de Inversara, era esta y no el Municipio la parte que debía soportar los efectos derivados de la ocurrencia de dicho riesgo, pues era la parte que estaba en mejor posición de mitigar sus efectos.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1344 DE 1970 - ARTÍCULO 231, LEY 769 DE 2002 - ARTÍCULO 125
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de la liquidación del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
De manera reiterada, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que la liquidación del contrato estatal es la actuación mediante la cual, con posterioridad a su terminación normal o anormal, se define, de forma final y definitiva, la existencia, o no, de prestaciones, obligaciones o derechos —y su cuantía— a cargo de las partes en razón o con ocasión de lo que hubiere sido la fase ejecución del contrato. Es, en pocas palabras, el corte de cuentas técnico y económico que determina qué se deben las partes, por qué concepto y en qué cuantía.
CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Qué determina el cruce de cuentas que se debe hacer en el acta de liquidación del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a fase de liquidación del contrato estatal guarda relación inescindible con el contenido del contrato estatal, de modo que lo que ocurre durante su ejecución es lo que determina el contenido del cruce de cuentas. En otras palabras, no se puede aislar el estudio del acto de liquidación sin antes analizar el contenido de los derechos y obligaciones derivados del negocio jurídico y establecer la existencia de créditos y débitos a favor y en contra de cada una de las partes En este orden de ideas, no es procedente que Inversara pretenda integrar el contenido de la liquidación a partir del principio de responsabilidad con prescindencia de lo que pactaron las partes en materia de derechos, obligaciones y asignación y asunción de riesgos. Todo lo contrario, la liquidación debe su contenido precisamente a que, durante la ejecución del contrato estatal, las partes asumieron ciertas obligaciones y adquirieron ciertos derechos los cuales, al momento de su finalización, han de ser finiquitados definitivamente con la expresión de los saldos a favor de cada parte; por este motivo es que se dice que la liquidación encuentra su causa en lo que acontezca durante la ejecución del contrato estatal. En el sub judice, Inversara asumió por su cuenta y riesgo la prestación del servicio de parqueadero, lo que no se desdice a partir de la aplicación del principio de responsabilidad del Estado. Por el contrario, dado que el convenio No. 167 de 2001 es un contrato de concesión, de la naturaleza de esta figura se deriva que es el concesionario la parte que debe asumir las cargas derivadas de ciertos riesgos inherentes a la prestación del servicio; por esa razón, no existe una injustificada carga que deba soportar Inversara sino simplemente la asunción de los riesgos contractuales que se derivan de la naturaleza del contrato de concesión. Por ende, no es procedente el planteamiento del Municipio.
BUENA FE / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE ECONOMÍA
Problema jurídico:
¿El Municipio vulneró el principio de buena fe y de planeación por no revelar la existencia del riesgo?
Respuesta al problema jurídico: Si
El principio de economía consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 les impone a las entidades estatales deberes legales concretos que propenden por la racionalización de la actividad contractual en procura de la realización de los fines que esta persigue. En esencia, el principio de economía busca que la actividad contractual “no sea el resultado de la improvisación y el desorden, sino que obedezca a una verdadera planeación para satisfacer necesidades de la comunidad”. Dentro del principio de planeación en tanto expresión del de economía, la entidad estatal debe proyectar y anticipar los efectos que pueden seguirse de la ejecución del contrato con el fin de que no se frustre el objeto de la contratación, que no es otra que la de servir a los intereses generales. En tal virtud, como parte del principio de planeación, la entidad contratante debe informar al contratista sobre aquellas circunstancias de hecho que puedan afectar la correcta ejecución del contrato. Al lado de este postulado, y como su complemento, el principio de buena fe consagrado en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, obliga a las partes no solo a cumplir sus compromisos conforme a su tenor literal, sino “a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural” —artículo 871 del Código de Comercio—, mandato que cobija tanto la fase de celebración del contrato como su ejecución. En este orden de ideas, las partes tienen un deber objetivo, emanado de la buena fe, de adoptar ciertas conductas que faciliten la satisfacción del objeto contractual. Por ende, y con el mismo punto de llegada del principio de planeación, las partes tienen un deber de informar sobre aquellas circunstancias que puedan impactar en la correcta ejecución del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, como contrapartida de la obligación de informar sobre los riesgos que pueden acaecer durante la ejecución del contrato, las partes deben observar conductas profesionales y diligentes de cara a la satisfacción de sus propios intereses y de los inherentes al objeto contractual y no pueden excusar su falta de diligencia y sagacidad bajo el argumento de que la otra parte ha debido revelar todas las circunstancias que pueden surgir con ocasión de la ejecución del contrato. No se puede confundir el principio de buena fe y de planeación con un proteccionismo a favor del contratista. De hecho, en la contratación estatal, debido a sus propios fines, la parte que ostente la calidad de contratista debe ser idónea en atención a sus calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras, de lo que se sigue que no le es dable excusarse pura y llanamente en que la entidad estatal ha debido revelar cierta información sin acreditar antes que esa circunstancia no era posible conocerla incluso pese a haber desplegado una conducta diligente y profesional con ese fin. n el caso concreto, si bien es cierto que el Municipio debía conocer que usualmente ciertos infractores no retiran sus vehículos inmovilizados dentro de un periodo prolongado de tiempo, no lo es menos que esta circunstancia no está velada u oculta a un contratista que decida asumir la prestación del servicio de parqueadero; Inversara no acreditó que esta información era imposible de conocer al momento de presentar su oferta y, por ende, dado que la demandante es un profesional y un experto en la prestación del servicio —motivo por el cual fue seleccionado para celebrar el convenio No. 167 de 2001—, no puede excusarse en el argumento de que el Municipio no le reveló esa circunstancia. 72. Con fundamento en todo lo anterior, la Sala concluye que no le asiste razón a la demandante pues es esta parte la que, en función de la naturaleza del convenio No. 167 de 2001 como un contrato de concesión, debe asumir los riesgos asociados intrínsecamente a la prestación del servicio de parqueadero. Por ende, es ella, y no el Municipio, la parte que debe asumir los costos asociados al servicio de parqueadero que no fueron pagados por los 905 propietarios que, a la fecha de finalización del convenio, no habían retirado sus vehículos.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para la procedencia de la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55