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Consejo de Estado Concepto

Consejo de Estado: se debe señalar que la industria de automóviles en general está íntimamente ligada con la tasa de cambio

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Fecha
2026-01-19
Radicado
11001030600020250005900
Número interno
59
Ponente
JUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZ
Sección / Sala
Sala Consulta y Servicio Civil
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
Actor
GOBIERNO NACIONAL
Demandado
SIN DEMANDADO

Síntesis del concepto

Consejo de Estado: se debe señalar que la industria de automóviles en general está íntimamente ligada con la tasa de cambio

Relevancia Reitera la jurisprudencia de la Sección Tercera.

Regla de decisión

Se debe señalar que la industria de automóviles en general está íntimamente ligada con la tasa de cambio, situación que obliga revisar, establecer y actualizar los precios de los bienes a adquirirse, teniendo en cuenta las alteraciones del mercado cambiario en el momento en que se debe realizar la adquisición.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Los convenios interadministrativos son acuerdos de voluntades celebrados exclusivamente entre entidades públicas que poseen un carácter eminentemente colaborativo para la gestión conjunta de competencias administrativas comunes, sin implicar ánimo de lucro, subordinación ni intereses contrapuestos entre las partes contratantes. Conforme al ordenamiento superior y legal vigente, estas actuaciones de cooperación desarrollan el principio de colaboración interinstitucional para cumplir fines específicos y temporales de interés público, en los cuales cada entidad aporta desde su respectivo ámbito funcional sin configurar obligaciones sinalagmáticas o conmutativas de carácter mercantil.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Teniendo en cuenta que, el riesgo cambiario no fue determinante en la ejecución de un proyecto que involucra un convenio interadministrativo, que buscaba la adquisición de unas unidades móviles de comando, puede considerarse que este riesgo fue un hecho exógeno, extraordinario e imprevisible?

Respuesta: No

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

La Sala afirmará que la fluctuación del dólar no constituyó una circunstancia sobreviniente que haya hecho más onerosa la adquisición de las unidades móviles de comando y control durante el periodo en resultaba exigible para la Policía Nacional adelantar las gestiones técnicas, logísticas, administrativas, contractuales y financieras requeridas para la compra, esto es, entre el 26 de octubre de 2022 y el 28 de noviembre de 2022. Lo anterior con base en los siguientes argumentos: En planeación del Convenio realizada, desde febrero de 2022, por el Ministerio del Interior no se previeron los riesgos que son propios del proceso colaborativo y cooperativo que se analiza, es decir no fue identificado ni asignado el riesgo cambiario, el cual resultaba previsible desde el CONPES 4064 de 2021, dada la naturaleza de los proyectos que en él se aprobaron.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Titulación de la relatoría 38.158 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONCEPTO PARA PRECAVER LITIGIOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / MINISTERIO DEL INTERIOR / POLICÍA NACIONAL / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE LA BUENA FE OBITER DICTUM La Constitución Política consagra el principio de colaboración interinstitucional como eje articulador de las actuaciones de los diferentes órganos y entidades del Estado cuando señala en sus artículos 113 y 209. (…) En este marco, la Sala ha señalado que los convenios interadministrativos son acuerdos de voluntades celebrados exclusivamente entre entidades públicas, con carácter vinculante, que generan derechos y obligaciones exigibles, cuya finalidad es la cooperación para la gestión conjunta de competencias administrativas que les son comunes. Por lo tanto, su naturaleza es eminentemente colaborativa, ya que no implican ánimo de lucro, ni la existencia de intereses contrapuestos entre las partes. (…) La doctrina de la Sala expuesta ha sido reiterada recientemente por la jurisprudencia de la Sección Tercera la cual ha precisado que estos convenios se celebran para cumplir un fin específico, por lo que son temporales y no tienen vocación de permanencia. Asimismo, no configuran obligaciones sinalagmáticas ni conmutativas, ni se persiguen una utilidad económica, sino el logro de propósitos públicos compartidos. Cada entidad aporta lo que corresponde desde su ámbito funcional, sin que exista subordinación o remuneración entre ellas. (…) [C]omo características de los convenios interadministrativos, la Sala ha señalado que: i) se celebran exclusivamente entre entidades estatales, sin que éstas conformen una nueva persona jurídica, cada una conserva su autonomía desde la cual se comprometen a cumplir sus obligaciones acorde con sus competencias; ii) su naturaleza es colaborativa, se fundamentan en la cooperación para el cumplimiento de funciones administrativas o prestación de servicios que les son comunes; iii) tienen la finalidad pública de alcanzar esos objetivos de interés general que conjuntamente persiguen las partes; iv) no tienen ánimo de lucro o contraprestación económica, por ello no contienen obligaciones sinalagmáticas o conmutativas; v) se trata de una relación jurídica horizontal, que se pacta bajo un régimen de igualdad entre las partes, y no existen prerrogativas unilaterales; y vi) cada entidad aporta según sus capacidades técnicas, financieras, administrativas o jurídicas, en el marco de sus funciones, por lo que hay la posibilidad de existencia de convenios en los que no se realicen aportes en dinero, o no exista transferencia de recursos. (…) La Sala ha indicado que los convenios interadministrativos se rigen por lo establecido en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, con la observancia de los principios constitucionales de coordinación y colaboración [113 C.P], los de la función administrativa [209 C.P] y los principios de la actividad contractual del Estado previstos en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, en adelante EGCAP, entre ellos, los de transparencia, planeación, precaución y buena fe . Dentro de este marco normativo se establecen e interpretan las estipulaciones derivadas de la autonomía de la voluntad de las partes. (…) Sobre los principios de transparencia, planeación y buena fe aplicables a los convenios interadministrativos, la Sala en el Concepto 2257 de 2016 indicó que éstos imponen una serie de deberes a las entidades estatales que deseen vincularse con otras de la misma naturaleza pública relacionados con: i) el conocimiento acerca de la idoneidad, experiencia, capacidad institucional y antecedentes de la conducta contractual de la otra entidad pública; ii) la identificación de los riesgos que puedan amenazar su ejecución y la concepción de instrumentos para impedir su realización o la mitigación de sus efectos en caso de materializarse y iii) actuar con alto grado de prudencia con el fin de prevenir conductas de incumplimiento (…) Precisamente, en los convenios interadministrativos, salvo pacto en contrario, las partes asumen, en función de sus aportes, las consecuencias de la materialización de los riesgos. Por lo tanto, dada naturaleza asociativa de este tipo de negocios jurídicos, cuando la inejecución de las obligaciones no es imputable a la conducta de las partes, no habrá lugar a indemnización. (…) sobre los convenios interadministrativos se concluye: i) Son acuerdos de voluntades celebrados exclusivamente entre entidades públicas, con carácter vinculante, que generan derechos y obligaciones exigibles, cuya finalidad es la cooperación para la gestión conjunta de competencias administrativas que les son comunes. ii) Se trata de una relación jurídica de colaboración, por lo tanto, no hay obligaciones conmutativas o sinalagmáticas, ni existe ánimo de lucro. iii) Generan una relación jurídica horizontal, sin intereses contrapuestos entre las partes, por lo que no existen prerrogativas unilaterales. iv) Cada entidad aporta lo que corresponde desde su ámbito funcional, según sus capacidades técnicas, financieras, administrativas o jurídicas. v) Son temporales, se realizan para un fin específico de interés general por lo que no tienen vocación de permanencia. vi) El régimen aplicable es el establecido en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, con la observancia de los principios constitucionales de coordinación y colaboración [113 C.P], los de la función administrativa [209 C.P] y los principios de la actividad contractual del Estado previstos en el EGCAP, entre ellos, los de transparencia, planeación, precaución y buena fe. Así mismo, los acuerdos que las partes establecieron en ejercicio de su autonomía de voluntad se hacen exigibles en virtud del artículo 1602 del Código Civil. vii) La tipificación, estimación y asignación de riesgos representa un «adecuado ejercicio del deber de planeación de las partes» . El cual se refleja a través de un acuerdo que indique la regulación y distribución los riesgos que razonablemente puedan prever, este pacto deberá ser interpretado en función de la naturaleza asociativa del Convenio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la celebración de convenios interadministrativos, ver: Consejo de Estado, SCSC, Conceptos 2269 de 2015; 1881 de 2008, 2238 y 2269 de 2015; 1982 de 2010; 2269 de 2015 y 2257 de 2016; 2257 de 2016 y 2489 de 2022. // sobre el principio de buena fe en los convenios interadministrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencias de 30 de agosto de 2024, Exp. núm. 70.786. // Sobre el principio de planeación, ver: Consejo de Estado, SCSC, Concepto 2257 de 2016 FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 113, 209, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 112 NUMERAL 7, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / POLICÍA NACIONAL / MINISTERIO DEL INTERIOR / MERCADO CAMBIARIO / RÉGIMEN CAMBIARIO OBITER DICTUM El Convenio expresa en sus considerandos que se realiza en virtud del artículo 209 de la C.P, y de los artículos 6 y 95 de la Ley 489 de 1998, para aunar esfuerzos técnicos, logísticos, administrativos y financieros, entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, para la ejecución de los proyectos aprobados en el documento CONPES 4064 de 2021 (…) La cláusula primera del Convenio establece que se realiza para: «[a]unar esfuerzos técnicos, logísticos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, para la ejecución de los proyectos financiados por el […] FONSECON y del […] SIES aprobados en el documento CONPES 4064 de 7 de diciembre de 2021». En la cláusula segunda, modificada por el Otrosí No. 3, suscrito el 10 de noviembre de 2022, se delimitó el alcance del objeto «la ejecución de dos proyectos tecnológicos […]: i) sistema automático de identificación biométrica para el reconocimiento facial, palmar y dactilar [ABIS] y ii) sistemas aéreos remotamente tripulados articulados a unidades de comando y control [SIART]». (…) En la cláusula quinta, modificada por el Otrosí No. 3 se estableció: «el plazo de ejecución del Convenio será hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Para su ejecución se requerirá el acta de inicio, trámite que estará a cargo del MINISTERIO – FONSECON; la POLICÍA NACIONAL a través de los supervisores designados». (…) [E]n la reunión de seguimiento realizada el 7 de julio de 2023, las partes dejaron constancia del balance financiero del componente SIART, los aportes destinados y aportes ejecutados. (…) Las obligaciones de las partes del Convenio quedaron establecidas en las cláusulas tercera y cuarta, modificadas por las cláusulas segunda y tercera del Otrosí No. 3. (…) La Cláusula décima del Convenio indica que las partes ejercerán la supervisión de este (…). Hechos probados previos a la suscripción del Convenio (…) [La] Sala aprecia que, en planeación del Convenio, realizada por el Ministerio del Interior, no fue identificado ni asignado el riesgo cambiario, el cual resultaba previsible dada la naturaleza de los proyectos que forman parte del objeto y alcance del mismo. En especial, del proyecto SIART cuya ejecución requería la importación de unidades de comando y control para la manipulación de aeronaves no tripuladas. (…) Hechos probados con ocasión de la suscripción del Convenio 2247 de 2021 y del Proyecto SIART. (…) Hechos probados con ocasión de la suscripción del Otrosí No. 1 al Convenio 2247 de 2021. (…) Hechos probados con ocasión de la suscripción del Otrosí No. 2 al Convenio 2247 de 2021. (…) Hechos probados con ocasión de la suscripción del Otrosí No. 3 al Convenio 2247 de 2021. (…) Hechos probados con ocasión de la suscripción del contrato PN- DIRAN 02-2-10094-22. (…) La Sala precisa que las cantidades y los precios de las unidades de comando y control SIART mencionados en los documentos realizados con anterioridad al desembolso de los dineros del FONSECON [26 de octubre de 2022], no eran definitivos sino estimativos. La fecha del desembolso de los dineros por parte del Ministerio del interior dio inicio a la exigibilidad de las obligaciones establecidas para la Policía Nacional. (…) Hechos probados con posterioridad a la suscripción del contrato PN- DIRAN 02-2-10094-22. (…) Hechos probados con ocasión de las dudas planteadas por el Ministerio del Interior a la Policía Nacional sobre las cantidades adquiridas de unidades de comando y control. (…) Hechos probados con ocasión de la liquidación del Convenio 2247 de 2021. (…) Con fundamento en los anteriores hechos probados sobre el Convenio y la ejecución proyecto: «adquisición de sistemas aéreos remotamente tripulados articulados a unidades de comando y control SIART», específicamente lo relacionado con la adquisición de vehículos mediante el Contrato PN DIRAN 02-2-10094-2, la Sala concluye que: i) En sus considerandos se incorporó como motivación del acuerdo de voluntades, el artículo 6 y 95 de la Ley 489 de 1998, por lo que el mismo se realizó para cooperar en el cumplimiento de las funciones administrativas relacionadas con la seguridad y la convivencia ciudadana, tanto del Ministerio del Interior con los recursos provenientes del FONSECON, como de la Policía Nacional. ii) La Policía Nacional no es un contratista del Ministerio del Interior es un colaborador para el ejercicio de las funciones administrativas comunes. (…) iii) Hay una línea de tiempo continua, desde diciembre de 2021 hasta julio de 2024, que detalla la colaboración, cooperación y coordinación, entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional en la ejecución de las obligaciones derivadas del Proyecto SIART, específicamente del contrato PN- DIRAN 02-2-10094-22. (…) v) Ninguno de los compromisos asumidos por la Policía Nacional, conforme a la cláusula tercera del Convenio, incluía la obligación de adquirir una cantidad específica de unidades móviles de comando y control. vi) La Sala entiende que las cantidades y los precios de las unidades de comando y control SIART mencionados en los documentos realizados con anterioridad al desembolso de los dineros del FONSECON [26 de octubre de 2022], no eran definitivos sino estimativos. (…) viii) Los estudios y documentos previos del contrato PN- DIRAN 02-2-10094-22, publicados en el SECOP II el 10 de octubre de 2022, establecieron que la cantidad a adquirir de unidades móviles de comando y control era de «4». (…) ix) La exigibilidad de las obligaciones de la Policía Nacional relacionadas con la ejecución del Proyecto SIART inició a partir del 26 de octubre de 2022, fecha del desembolso realizado por el Ministerio del Interior, ello de conformidad con el parágrafo tercero de la cláusula octava del Convenio. (…) Conforme al documento 2022-3-003122-024811 – Id 26449 que sustentó el desembolso de los recursos para el proyecto SIART, el ministerio validó previamente la publicación de los informes de ejecución del Convenio en la Plataforma SECOP II, y el cronograma aprobado de ejecución del proyecto SIART, el cual señaló que la apertura y publicación del proceso precontractual y el resultado de las evaluaciones y la adjudicación del contrato se haría entre los meses de octubre y noviembre de 2022. Una vez se hizo exigible la obligación para la Policía Nacional, tras el desembolso de los recursos, realizado por parte del Ministerio del Interior el 26 de octubre de 2022, se evidenció que la Policía Nacional adquirió 4 unidades móviles de comando y control conforme a lo establecido en los estudios previos del proceso de contratación, destinando para ello la totalidad de los recursos asignados por el FONSECON. El contrato PN- DIRAN 02-2-10094-22 suscrito el 28 de noviembre de 2022 tuvo por objeto la adquisición de «4» unidades móviles de comando y control SIART [vehículos] para la manipulación de aeronaves no tripuladas con adecuaciones tecnológicas para la Policía Nacional. (…) xvi) A partir del 14 de febrero de 2024 se evidencian 3 comunicaciones entre las partes y un informe de seguimiento por parte del ministerio de enero a agosto de 2024. Entre las comunicaciones se encuentra la de fecha 28 de junio de 2024 en la que la Policía Nacional envía al Ministerio del Interior el proyecto de liquidación bilateral del Convenio. xvii) Se advierte una falta de conocimiento del expediente del Convenio por parte de las autoridades actualmente competentes de la supervisión, tanto del Ministerio del Interior, como de la Policía Nacional. En particular, por las afirmaciones realizadas durante la audiencia en las que señalaron el desconocimiento de los informes de supervisión, las reuniones de seguimiento y las comunicaciones que se realizaron entre las partes del Convenio desde el mes de enero del año 2022 hasta julio del 2023. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, DECRETO 399 DE 2011 - ARTÍCULO 6, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 6, 95 OPERACIONES DEL MERCADO CAMBIARIO / RÉGIMEN CAMBIARIO / RESPONSABILIDAD EN EL RÉGIMEN CAMBIARIO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RIESGOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA / RIESGO PREVISIBLE / MONEDA EXTRANJERA OBITER DICTUM El riesgo cambiario es una modalidad de riesgo financiero que se presenta cuando las obligaciones contractuales se determinan total o parcialmente en moneda extranjera [usualmente el dólar], o cuando el cumplimiento de estas depende de la tasa de cambio vigente en el momento del pago o tasa representativa del mercado. La Sección Tercera del Consejo de Estado ha definido este tipo de riesgo como la: «potencial variación económica derivada de las fluctuaciones de la tasa de cambio», la cual pueden afectar significativamente los costos de ejecución de un contrato, especialmente en aquellos casos donde el cumplimiento de las obligaciones requiera el importe de insumos o equipos. La misma Sección ha indicado que la parte que alega el riesgo cambiario «debe demostrar que tal fluctuación imprevista desbordó las proyecciones que esperaba con la suscripción del contrato, sufriendo una excesiva onerosidad en la ejecución de las obligaciones a su cargo» . Por lo tanto, el aumento del valor de la divisa, por ejemplo del dólar, debe ser de tal magnitud que resulte difícil de prever, y tendrá que acreditarse durante el lapso de la ejecución contractual. Asimismo, los tribunales de arbitramento han reconocido expresamente el riesgo cambiario como un factor determinante en la economía de los contratos estatales, especialmente en aquellos que tienen un componente de importación o pago en moneda extranjera y, en los que «por causas extrañas e inimputables al [contratista], las variaciones de la divisa superan las previsiones que razonablemente se podían adoptar, resultan anormales e imprevisibles y desbordan los riesgos asignados […]». En este contexto, una vez se presenta la fluctuación cambiaria debe ser evaluada conforme a los principios de distribución razonable del riesgo y al equilibrio económico del contrato. Ahora bien, el riesgo cambiario no es exclusivo de los contratos estatales con prestaciones onerosas, bilaterales y sinalagmáticas, también puede estar presente en negocios jurídicos que incluyan obligaciones de pago en moneda extranjera o su ejecución dependa de la importación de bienes o servicios. Por lo tanto, el riesgo cambiario es uno de los riesgos previsibles en los convenios interadministrativos cuando las obligaciones acordadas por las partes incluyan transacciones en moneda extranjera y el tipo de cambio fluctúe durante el periodo de ejecución del convenio en el cual se debía cumplir dicha obligación, afectando el valor del pago, por ejemplo, los convenios que involucran financiamiento internacional con pagos en una moneda diferente a la del país. Pero también, cuando la ejecución de las obligaciones del convenio depende de la adquisición de bienes o servicios importados, y la variación económica derivada de las fluctuaciones de la tasa de cambio frustre la realización del fin común previsto en el objeto del Convenio. (…) Es así como en los contratos estatales cuando el riesgo cambiario no es adecuadamente gestionado o previsto, puede producir un desequilibrio económico del contrato. Esto ocurre si la variación de la tasa de cambio genera un aumento desproporcionado e imprevisible en los costos para una de las partes, afectando así la ecuación financiera inicialmente pactada. En tal caso, la jurisprudencia de la misma Sección ha aceptado la aplicación de la teoría de la imprevisión o la excesiva onerosidad sobrevenida, que permite restablecer el equilibrio económico del contrato mediante compensaciones económicas u otras medidas contractuales. Por el contrario, como ya se indicó, en los convenios administrativos «la tipificación, estimación y asignación de riesgos» representa un «adecuado ejercicio del deber de planeación de las partes» . El cual se refleja a través de un acuerdo que indique la regulación y distribución de los riesgos que razonablemente puedan prever, este pacto deberá ser interpretado en función de la naturaleza asociativa del Convenio. Lo anterior porque en un Convenio interadministrativo «la conjunción de esfuerzos no se limita a la realización de aportes, sino que se extiende a la asunción compartida, en función de la contribución que realicen desde sus competencias, de los riesgos que puedan presentarse y que eventualmente impidan la realización del objetivo mancomunado del acuerdo de voluntades» . [Resaltado de la Sala]. Por lo tanto, de no haber sido gestionados y distribuidos de mutuo acuerdo los riesgos del Convenio, corresponderá asumirlos a todas las entidades contrayentes en función de sus aportes NOTA DE RELATORÍA: Sobre el el riesgo cambiario, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 17 de octubre de 2023, Exp. núm. 61.441; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 23 de septiembre de 2024, Exp. núm. 60.773; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 17 de octubre de 2023, Exp. núm. 61.441; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 23 de septiembre de 2024, Exp. núm. 60.773. // Sobre la gestión y distribución del riesgo cambiario, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 27 de marzo de 2014, Exp. núm. 24.845 y Sentencia de 9 de diciembre de 2024, Exp. núm. 27.921; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 17 de octubre de 2023, Exp. núm. 61.441 y Subsección C, Sentencia del 23 de septiembre de 2024 Exp. núm. 60.773; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 30 de agosto de 2024, Exp. núm. 70. 786 y 21 de febrero de 2025, Exp. núm. 68.280; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 21 de febrero de 2025, Exp. núm. 68.280 CONCEPTO PARA PRECAVER LITIGIOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RIESGOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL Problema jurídico: ¿Teniendo en cuenta que, el riesgo cambiario no fue determinante en la ejecución de un proyecto que involucra un convenio interadministrativo, que buscaba la adquisición de unas unidades móviles de comando, puede considerarse que este riesgo fue un hecho exógeno, extraordinario e imprevisible? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala afirmará que la fluctuación del dólar no constituyó una circunstancia sobreviniente que haya hecho más onerosa la adquisición de las unidades móviles de comando y control durante el periodo en resultaba exigible para la Policía Nacional adelantar las gestiones técnicas, logísticas, administrativas, contractuales y financieras requeridas para la compra, esto es, entre el 26 de octubre de 2022 y el 28 de noviembre de 2022. Lo anterior con base en los siguientes argumentos: En planeación del Convenio realizada, desde febrero de 2022, por el Ministerio del Interior no se previeron los riesgos que son propios del proceso colaborativo y cooperativo que se analiza, es decir no fue identificado ni asignado el riesgo cambiario, el cual resultaba previsible desde el CONPES 4064 de 2021, dada la naturaleza de los proyectos que en él se aprobaron. En especial, del proyecto SIART cuya ejecución requería la importación de unidades de comando y control para la manipulación de aeronaves no tripuladas. Se debe señalar que la industria de automóviles en general está íntimamente ligada con la tasa de cambio, situación que obliga revisar, establecer y actualizar los precios de los bienes a adquirirse, teniendo en cuenta las alteraciones del mercado cambiario en el momento en que se debe realizar la adquisición. (…) [E]l riesgo cambiario no es el único factor que determina la variación de los precios en el mercado de los automóviles, también entran en juego otras variables económicas como las condiciones de la oferta y la demanda y la disponibilidad de los vehículos al momento de la compra. Ahora bien, al no haber sido previstos ni gestionados debidamente en el Convenio los riesgos cambiario y de variación de precios, de haber acaecido, como hechos sobrevinientes, durante el tiempo en que debería haberse cumplido la obligación de adquirir las unidades móviles de comando y control, esto es, entre el 26 de octubre de 2022 [fecha del desembolso de los recursos] y el 28 de noviembre de 2022 [fecha de suscripción del contrato PN DIRAN 02-2- 10094-22], habrían tenido que ser asumidos por ambas partes en función de los aportes que cada una de ellas realizó. (…) [D]e los hechos probados del Convenio y su ejecución, no se observa ninguna actuación de las partes que haya afectado de manera significativa el propósito común entre ellas, o alguna conducta por parte de la Policía Nacional que haya imposibilitado la consecución del objeto, alcance y finalidad del Convenio. (…) i) El objeto y el alcance del Convenio establecidos en las cláusulas primera y segunda fueron cumplidos . Tanto el ministerio consultante como la Policía Nacional aunaron «[…]esfuerzos técnicos, logísticos, administrativos y financieros […]» para la «adquisición de unidades móviles de comando y control articuladas a sistemas aéreos remotamente tripulados», con el propósito, establecido en el CONPES 4064 de 2021, de «incrementar la dotación de nuevas y más eficaces herramientas y tecnología para la prevención, disuasión, control y mitigación de fenómenos que atentan contra la seguridad y convivencia ciudadana». ii) Las cantidades y los precios de las unidades móviles de comando y control SIART que fueron adquiridas se establecieron en documentos y estudios previos al contrato PN- DIRAN 02-2-10094-22 que fueron publicados en el SECOP II el 10 de octubre de 2022. (…) iv) Las 4 unidades móviles de comando y control fueron adquiridas mediante el contrato de compraventa PN- DIRAN 02-2-10094-22, suscrito el 28 noviembre de 2022. Dichos vehículos fueron recibidos por la Policía Nacional el 30 de junio de 2023 y verificados por el Ministerio del Interior en la reunión de seguimiento del 7 de julio de 2023. En el cronograma aprobado por las partes para el Proyecto SIART se tenía prevista la entrega de los vehículos para el mes de mayo de 2023, sin embargo, la prórroga No. 2 al citado contrato amplió la fecha de entrega para el 30 de junio de 2023. La ampliación de dicho plazo no alteró el precio ni la cantidad de los bienes adquiridos. v) La Sala entiende que las cantidades y los precios de las unidades de comando y control SIART mencionados en los documentos realizados con anterioridad al desembolso de los dineros del FONSECON [ 26 octubre de 2022], no eran definitivos sino estimativos. En particular porque: i) el alcance del Convenio, así como el valor de los aportes provenientes del FONSECON, solo se acordaron de manera definitiva con la suscripción del Otrosí No. 3 en el mes de noviembre de 2022; y ii) la fecha del desembolso de los dineros por parte del Ministerio del interior dio inicio a la exigibilidad de las obligaciones establecidas en los numerales 5 y 6 de la cláusula tercera de Convenio, a cargo de la Policía Nacional. (…) vi) La Policía Nacional ejecutó sus obligaciones respecto del proyecto: «adquisición de sistemas aéreos remotamente tripulados articulados a unidades de comando y control SIART», específicamente las relacionadas con la adquisición de vehículos mediante el Contrato PN DIRAN 02-2-10094-2. vii) La Sala observa ánimo de cooperación, coordinación y colaboración entre las partes en el cumplimiento de las funciones administrativas con las que cada una de ellas se obligó en el Convenio. En consecuencia, se reitera que la fluctuación del dólar no constituyó una circunstancia sobreviniente que haya hecho más onerosa la adquisición de las unidades móviles de comando y control durante el periodo en resultaba exigible para la Policía Nacional adelantar las gestiones técnicas, logísticas, administrativas, contractuales y financieras requeridas para la compra, esto es, entre el 26 de octubre de 2022 y el 28 de noviembre de 2022. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el riesgo cambiario, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 17 de octubre de 2023, Exp. núm. 61.441; Corte Suprema de Justicia Sentencia STC8897 de 13 de junio de 2025, Exp. núm. 11001-02-03-000-2025-00632-00. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONCEPTO PARA PRECAVER LITIGIOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Problema jurídico: ¿Es procedente la liquidación bilateral del Convenio, pero solo y únicamente dentro del término establecido para ello dentro del mismo texto del convenio? Respuesta al problema jurídico: No La Sala ha indicado que la liquidación es un «procedimiento por medio del cual, concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución». En términos generales, «se trata de un trámite que busca determinar el resultado final de los derechos y deberes de las partes». (…) Si bien su procedencia y obligatoriedad está establecida en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y por el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012 para «[…] los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran […]», la Sala ha estimado que las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad [artículos 32 y 40 Ley 80 de 1993 y articulo 1602 C.C.], pueden libremente pactar la liquidación en aquellos contratos estatales en los que no resulte obligatorio. Es así como, con fundamento en la autonomía de la voluntad, en los convenios interadministrativos las partes pueden pactar sus propias estipulaciones, entre ellas la de liquidar el convenio. Sin embargo, tal acuerdo no puede contrariar o ser incompatible con: i) la posición de igualdad de las entidades; ii) el paralelismo de los intereses que se pretende; y iii) la finalidad asociativa del Convenio. En el Concepto PL00002 de 2019, la Sala señaló que la liquidación puede hacerse bajo tres modalidades, a saber: de mutuo acuerdo o bilateral, unilateral y judicial, y cualquiera de ellas cumple con el objeto arriba citado. (…) En este contexto, resulta evidente que en convenio interadministrativo se puede pactar la liquidación de común acuerdo, pues esta modalidad constituye un verdadero consenso en el que las partes hacen constar el balance de su relación jurídica y establecen, de manera definitiva, el estado en que queda cada una de ellas respecto de las obligaciones y derechos provenientes del Convenio. Esta forma de liquidación concreta de manera efectiva los principios de cooperación, colaboración y coordinación. (…) [E]n la hipótesis en la cual las partes no hayan liquidado el convenio por mutuo acuerdo, ni una de las partes lo haya hecho de forma unilateral [si hay pacto expreso, claro e inequívoco que así lo permita], o respecto de puntos no liquidados, el juez del contrato está investido con la competencia para realizar la liquidación, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011. Ha reconocido la Sala que: «el juez del contrato está llamado a conocer de la pretensión referida y a definir el estado final de las obligaciones y derechos de las partes para darle finiquito». (…) la Sala hará alusión al plazo para llevar a cabo la liquidación por mutuo acuerdo, pues las partes no pactaron en el Convenio objeto de la consulta la posibilidad de que esta se realizara de manera unilateral. (…) La Sala ha señalado que, en los negocios jurídicos, con fundamento en el artículo 1602 de C.C, las partes son las llamadas a determinar de común acuerdo el plazo para realizar la liquidación bilateral (…) [L]a Sala analizó el plazo para realizar la liquidación bilateral en dos hipótesis, a saber: i) La primera de ellas cuando las partes no hayan dispuesto nada sobre el particular. Allí observó que la ley, en su condición supletoria o dispositiva frente al silencio de los contrayentes, define lo siguiente: «[d]e no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro [4] meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato […] o a la fecha del acuerdo que la disponga» ii) La segunda cuando las partes, a pesar de haber señalado el plazo para su realización, no dieron cumplimiento al mismo. En este caso indicó que «la liquidación bilateral puede tener lugar […] dentro del período comprendido entre la expiración del plazo inicial […] y el término máximo legal para la interposición del medio de control de controversias contractuales [dos años]». Lo anterior teniendo en cuenta que dicho plazo «es de carácter indicativo» y en el entendido de que «no ha comenzado a transcurrir el término legal de dos años para recurrir al juez del contrato [contados desde el vencimiento de los plazos iniciales señalados para liquidar] ni se ha proferido auto admisorio de la demanda en el que se pida la liquidación judicial [artículo 164 CPACA en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007]». Por último, advierte la Sala, en el mismo Concepto, que la liquidación bilateral puede tener lugar hasta el término máximo legal para la interposición del medio de control de controversias contractuales, es decir, «si pese al vencimiento de los términos iniciales para liquidar [de manera] bilateral […], se lograre acuerdo entre las partes para liquidación […], siempre que no hubiera operado la caducidad del medio de control de controversias contractuales, esta tendrá plena validez». En este último caso, puntualiza que «prevalece la voluntad de las partes». (…) Por lo anterior, la Sala reitera que no es procedente que, con posterioridad a que haya caducado la oportunidad para la interposición del medio de control de controversias contractuales, se puedan hacer liquidaciones bilaterales mediante la celebración de negocios jurídicos entre las partes que procuren un efecto declarativo de la extinción de las obligaciones contractuales o constitutivo de reconocimientos patrimoniales, en la medida en que los términos de caducidad del medio de control son de orden público, perentorios, improrrogables e indisponibles, en consideración al interés general y la necesidad de otorgar certeza y seguridad a las partes de una relación o situación jurídica. (…) Tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional tendrían la libertad de acudir a resolver la controversia que aquí se plantea, mediante los medios alternos de solución de conflictos establecidos en la ley, o a través del ejercicio de la función jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, tal y como lo dispone la cláusula vigésima cuarta del Convenio . Sin embargo, la Sala estima que no se ha cumplido con la obligación establecida en la cláusula vigésima tercera del Convenio de liquidar bilateralmente. (…) i) Para solucionar la controversia surgida con ocasión de esta consulta, es procedente acudir a la liquidación bilateral del Convenio, dada su naturaleza jurídica, alcance y efectos transaccionales. ii) La liquidación bilateral del Convenio se puede realizar dentro del período comprendido entre la expiración del plazo inicial [30 de junio de 2024] y el término máximo legal para la interposición del medio de control de controversias contractuales [dos años, es decir 30 de junio de 2026]. iii) Se debe tener en cuenta, desde el día de la presentación de esta consulta [14 de febrero de 2025] y hasta el día siguiente de la fecha de comunicación de este Concepto, se encuentran suspendidos todos los términos legales incluida la caducidad del respectivo medio control y la prescripción, de conformidad con el numeral 7° del artículo 112 del CPACA. iv) La naturaleza negocial de la liquidación bilateral permite que las partes plasmen sus acuerdos, conciliaciones, reconocimientos y transacciones, relacionados estrictamente con las obligaciones del Convenio. Asimismo, facilita que se hagan los acuerdos necesarios para solucionar las discrepancias suscitadas a propósito de su cumplimiento, siempre que se respeten los límites de la autonomía de la voluntad, esto es, que tales acuerdos no contraríen la Constitución, la ley, el orden público, los principios de la función administrativa y de la contratación pública. v) La liquidación del Convenio no solo constituye una exigencia por haber sido pactada, sino que es el mecanismo recomendado para dar fin a la relación jurídica entre las partes de esta consulta. Su aplicación materializa el consenso, la cooperación, colaboración y coordinación pretendida por el Ministerio del Interior y de la Policía Nacional desde el origen del Convenio. Pero también fortalece los vínculos entre las dos entidades públicas y facilita el cumplimiento de los fines estatales comunes en un marco de respeto, eficiencia y mutuo reconocimiento. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la liquidación en los convenios interadministrativos, ver: Consejo de Estado, SCSC, Conceptos 2253 de 28 de junio de 2016, 1365 de 31 de octubre de 2001 y PL0002 de 16 de diciembre del 2019; Consejo de Estado, SCSC, Concepto 1365 de 31 de octubre de 2001. En el mismo sentido Concepto PL 0002 del 16 de diciembre de 2019; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de mayo de 2010, Exp. núm. 18.606; Consejo de Estado, SCSC, Concepto PL00002 de 16 de diciembre de 2019; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias de 25 de noviembre de 1999, Exp. núm. 10893; de 6 de mayo de 1992; Exp. núm. 6661, de 6 de diciembre de 1990, Exp núm. 5165, de 30 de mayo de 1991, Exp. núm. 6665 del 19 de julio de 1995, Exp. núm. 7882; de 22 de mayo de 1996, Exp. núm. 9208», y 112«Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 16 febrero de 2001, Exp. núm. 11689»; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 19 de mayo de 2025, Exp. núm. 70.504 FUENTE FORMAL: DECRETO 0019 DE 2012 - ARTÍCULO 217, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 32, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202500059001100103