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clave: "consejo_estado:concepto:11001030600020250005900-59-concepto-sin-reserva"
titulo: "Consejo de Estado: se debe señalar que la industria de automóviles en general está íntimamente ligada con la tasa de cambio"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Concepto"
fecha: "2026-01-19"
radicado: "11001030600020250005900"
numero: "59"
ponente: "JUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZ"
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# Consejo de Estado: se debe señalar que la industria de automóviles en general está íntimamente ligada con la tasa de cambio

- **Título oficial / radicado:** Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Concepto
- **Fecha:** 2026-01-19
- **Radicado:** 11001030600020250005900
- **Número interno:** 59
- **Ponente:** JUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZ
- **Sección / Sala:** Sala Consulta y Servicio Civil
- **Clase de proceso:** CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
- **Actor:** GOBIERNO NACIONAL
- **Demandado:** SIN DEMANDADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:concepto:11001030600020250005900-59-concepto-sin-reserva
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001030600020250005900/1F321D0A12F1C8AD066296568A54392F5B45595754490008E1ADDB7490AABBAB/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202500059001100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia de la Sección Tercera.

## Regla de decisión

Se debe señalar que la industria de automóviles en general está íntimamente ligada con la tasa de cambio, situación que obliga revisar, establecer y actualizar los precios de los bienes a adquirirse, teniendo en cuenta las alteraciones del mercado cambiario en el momento en que se debe realizar la adquisición.

## Problema jurídico

¿Teniendo en cuenta que, el riesgo cambiario no fue determinante en la ejecución de un proyecto que involucra un convenio interadministrativo, que buscaba la adquisición de unas unidades móviles de comando, puede considerarse que este riesgo fue un hecho exógeno, extraordinario e imprevisible?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Puntos clave

- ¿Es procedente la liquidación bilateral del Convenio, pero solo y únicamente dentro del término establecido para ello dentro del mismo texto del convenio?

## Extracto

La Sala afirmará que la fluctuación del dólar no constituyó una circunstancia sobreviniente que haya hecho más onerosa la adquisición de las unidades móviles de comando y control durante el periodo en resultaba exigible para la Policía Nacional adelantar las gestiones técnicas, logísticas, administrativas, contractuales y financieras requeridas para la compra, esto es, entre el 26 de octubre de 2022 y el 28 de noviembre de 2022. Lo anterior con base en los siguientes argumentos: En planeación del Convenio realizada, desde febrero de 2022, por el Ministerio del Interior no se previeron los riesgos que son propios del proceso colaborativo y cooperativo que se analiza, es decir no fue identificado ni asignado el riesgo cambiario, el cual resultaba previsible desde el CONPES 4064 de 2021, dada la naturaleza de los proyectos que en él se aprobaron.

## Síntesis temática

Los convenios interadministrativos son acuerdos de voluntades celebrados exclusivamente entre entidades públicas que poseen un carácter eminentemente colaborativo para la gestión conjunta de competencias administrativas comunes, sin implicar ánimo de lucro, subordinación ni intereses contrapuestos entre las partes contratantes. Conforme al ordenamiento superior y legal vigente, estas actuaciones de cooperación desarrollan el principio de colaboración interinstitucional para cumplir fines específicos y temporales de interés público, en los cuales cada entidad aporta desde su respectivo ámbito funcional sin configurar obligaciones sinalagmáticas o conmutativas de carácter mercantil.

## Descriptores temáticos

CONCEPTO PARA PRECAVER LITIGIOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS, MINISTERIO DEL INTERIOR, POLICÍA NACIONAL, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN, FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, PRINCIPIO DE LA BUENA FE, CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, MERCADO CAMBIARIO, RÉGIMEN CAMBIARIO, OPERACIONES DEL MERCADO CAMBIARIO, RESPONSABILIDAD EN EL RÉGIMEN CAMBIARIO, RIESGOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, RIESGO PREVISIBLE, MONEDA EXTRANJERA, CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL, LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO

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## Texto del documento

CONCEPTO PARA PRECAVER LITIGIOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / MINISTERIO DEL INTERIOR / POLICÍA NACIONAL / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE LA BUENA FE
OBITER DICTUM
La Constitución Política consagra el principio de colaboración interinstitucional como eje articulador de las actuaciones de los diferentes órganos y entidades del Estado cuando señala en sus artículos 113 y 209. (…) En este marco, la Sala ha señalado que los convenios interadministrativos son acuerdos de voluntades celebrados exclusivamente entre entidades públicas, con carácter vinculante, que generan derechos y obligaciones exigibles, cuya finalidad es la cooperación para la gestión conjunta de competencias administrativas que les son comunes. Por lo tanto, su naturaleza es eminentemente colaborativa, ya que no implican ánimo de lucro, ni la existencia de intereses contrapuestos entre las partes. (…) La doctrina de la Sala expuesta ha sido reiterada recientemente por la jurisprudencia de la Sección Tercera la cual ha precisado que estos convenios se celebran para cumplir un fin específico, por lo que son temporales y no tienen vocación de permanencia. Asimismo, no configuran obligaciones sinalagmáticas ni conmutativas, ni se persiguen una utilidad económica, sino el logro de propósitos públicos compartidos. Cada entidad aporta lo que corresponde desde su ámbito funcional, sin que exista subordinación o remuneración entre ellas. (…) [C]omo características de los convenios interadministrativos, la Sala ha señalado que: i) se celebran exclusivamente entre entidades estatales, sin que éstas conformen una nueva persona jurídica, cada una conserva su autonomía desde la cual se comprometen a cumplir sus obligaciones acorde con sus competencias; ii) su naturaleza es colaborativa, se fundamentan en la cooperación para el cumplimiento de funciones administrativas o prestación de servicios que les son comunes; iii) tienen la finalidad pública de alcanzar esos objetivos de interés general que conjuntamente persiguen las partes; iv) no tienen ánimo de lucro o contraprestación económica, por ello no contienen obligaciones sinalagmáticas o conmutativas; v) se trata de una relación jurídica horizontal, que se pacta bajo un régimen de igualdad entre las partes, y no existen prerrogativas unilaterales; y vi) cada entidad aporta según sus capacidades técnicas, financieras, administrativas o jurídicas, en el marco de sus funciones, por lo que hay la posibilidad de existencia de convenios en los que no se realicen aportes en dinero, o no exista transferencia de recursos. (…) La Sala ha indicado que los convenios interadministrativos se rigen por lo establecido en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, con la observancia de los principios constitucionales de coordinación y colaboración [113 C.P], los de la función administrativa [209 C.P] y los principios de la actividad contractual del Estado previstos en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, en adelante EGCAP, entre ellos, los de transparencia, planeación, precaución y buena fe . Dentro de este marco normativo se establecen e interpretan las estipulaciones derivadas de la autonomía de la voluntad de las partes. (…) Sobre los principios de transparencia, planeación y buena fe aplicables a los convenios interadministrativos, la Sala en el Concepto 2257 de 2016 indicó que éstos imponen una serie de deberes a las entidades estatales que deseen vincularse con otras de la misma naturaleza pública relacionados con: i) el conocimiento acerca de la idoneidad, experiencia, capacidad institucional y antecedentes de la conducta contractual de la otra entidad pública; ii) la identificación de los riesgos que puedan amenazar su ejecución y la concepción de instrumentos para impedir su realización o la mitigación de sus efectos en caso de materializarse y iii) actuar con alto grado de prudencia con el fin de prevenir conductas de incumplimiento (…) Precisamente, en los convenios interadministrativos, salvo pacto en contrario, las partes asumen, en función de sus aportes, las consecuencias de la materialización de los riesgos. Por lo tanto, dada naturaleza asociativa de este tipo de negocios jurídicos, cuando la inejecución de las obligaciones no es imputable a la conducta de las partes, no habrá lugar a indemnización. (…) sobre los convenios interadministrativos se concluye: i) Son acuerdos de voluntades celebrados exclusivamente entre entidades públicas, con carácter vinculante, que generan derechos y obligaciones exigibles, cuya finalidad es la cooperación para la gestión conjunta de competencias administrativas que les son comunes. ii) Se trata de una relación jurídica de colaboración, por lo tanto, no hay obligaciones conmutativas o sinalagmáticas, ni existe ánimo de lucro. iii) Generan una relación jurídica horizontal, sin intereses contrapuestos entre las partes, por lo que no existen prerrogativas unilaterales. iv) Cada entidad aporta lo que corresponde desde su ámbito funcional, según sus capacidades técnicas, financieras, administrativas o jurídicas. v) Son temporales, se realizan para un fin específico de interés general por lo que no tienen vocación de permanencia. vi) El régimen aplicable es el establecido en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, con la observancia de los principios constitucionales de coordinación y colaboración [113 C.P], los de la función administrativa [209 C.P] y los principios de la actividad contractual del Estado previstos en el EGCAP, entre ellos, los de transparencia, planeación, precaución y buena fe. Así mismo, los acuerdos que las partes establecieron en ejercicio de su autonomía de voluntad se hacen exigibles en virtud del artículo 1602 del Código Civil. vii) La tipificación, estimación y asignación de riesgos representa un «adecuado ejercicio del deber de planeación de las partes» . El cual se refleja a través de un acuerdo que indique la regulación y distribución los riesgos que razonablemente puedan prever, este pacto deberá ser interpretado en función de la naturaleza asociativa del Convenio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la celebración de convenios interadministrativos, ver: Consejo de Estado, SCSC, Conceptos 2269 de 2015; 1881 de 2008, 2238 y 2269 de 2015; 1982 de 2010; 2269 de 2015 y 2257 de 2016; 2257 de 2016 y 2489 de 2022. // sobre el principio de buena fe en los convenios interadministrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencias de 30 de agosto de 2024, Exp. núm. 70.786. // Sobre el principio de planeación, ver: Consejo de Estado, SCSC, Concepto 2257 de 2016
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 113, 209, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 112 NUMERAL 7, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / POLICÍA NACIONAL / MINISTERIO DEL INTERIOR / MERCADO CAMBIARIO / RÉGIMEN CAMBIARIO
OBITER DICTUM
El Convenio expresa en sus considerandos que se realiza en virtud del artículo 209 de la C.P, y de los artículos 6 y 95 de la Ley 489 de 1998, para aunar esfuerzos técnicos, logísticos, administrativos y financieros, entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, para la ejecución de los proyectos aprobados en el documento CONPES 4064 de 2021 (…) La cláusula primera del Convenio establece que se realiza para: «[a]unar esfuerzos técnicos, logísticos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, para la ejecución de los proyectos financiados por el […] FONSECON y del […] SIES aprobados en el documento CONPES 4064 de 7 de diciembre de 2021». En la cláusula segunda, modificada por el Otrosí No. 3, suscrito el 10 de noviembre de 2022, se delimitó el alcance del objeto «la ejecución de dos proyectos tecnológicos […]: i) sistema automático de identificación biométrica para el reconocimiento facial, palmar y dactilar [ABIS] y ii) sistemas aéreos remotamente tripulados articulados a unidades de comando y control [SIART]». (…) En la cláusula quinta, modificada por el Otrosí No. 3 se estableció: «el plazo de ejecución del Convenio será hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Para su ejecución se requerirá el acta de inicio, trámite que estará a cargo del MINISTERIO – FONSECON; la POLICÍA NACIONAL a través de los supervisores designados». (…) [E]n la reunión de seguimiento realizada el 7 de julio de 2023, las partes dejaron constancia del balance financiero del componente SIART, los aportes destinados y aportes ejecutados. (…) Las obligaciones de las partes del Convenio quedaron establecidas en las cláusulas tercera y cuarta, modificadas por las cláusulas segunda y tercera del Otrosí No. 3. (…) La Cláusula décima del Convenio indica que las partes ejercerán la supervisión de este (…). Hechos probados previos a la suscripción del Convenio (…) [La] Sala aprecia que, en planeación del Convenio, realizada por el Ministerio del Interior, no fue identificado ni asignado el riesgo cambiario, el cual resultaba previsible dada la naturaleza de los proyectos que forman parte del objeto y alcance del mismo. En especial, del proyecto SIART cuya ejecución requería la importación de unidades de comando y control para la manipulación de aeronaves no tripuladas. (…) Hechos probados con ocasión de la suscripción del Convenio 2247 de 2021 y del Proyecto SIART. (…) Hechos probados con ocasión de la suscripción del Otrosí No. 1 al Convenio 2247 de 2021. (…) Hechos probados con ocasión de la suscripción del Otrosí No. 2 al Convenio 2247 de 2021. (…) Hechos probados con ocasión de la suscripción del Otrosí No. 3 al Convenio 2247 de 2021. (…) Hechos probados con ocasión de la suscripción del contrato PN- DIRAN 02-2-10094-22. (…) La Sala precisa que las cantidades y los precios de las unidades de comando y control SIART mencionados en los documentos realizados con anterioridad al desembolso de los dineros del FONSECON [26 de octubre de 2022], no eran definitivos sino estimativos. La fecha del desembolso de los dineros por parte del Ministerio del interior dio inicio a la exigibilidad de las obligaciones establecidas para la Policía Nacional. (…) Hechos probados con posterioridad a la suscripción del contrato PN- DIRAN 02-2-10094-22. (…) Hechos probados con ocasión de las dudas planteadas por el Ministerio del Interior a la Policía Nacional sobre las cantidades adquiridas de unidades de comando y control. (…) Hechos probados con ocasión de la liquidación del Convenio 2247 de 2021. (…) Con fundamento en los anteriores hechos probados sobre el Convenio y la ejecución proyecto: «adquisición de sistemas aéreos remotamente tripulados articulados a unidades de comando y control SIART», específicamente lo relacionado con la adquisición de vehículos mediante el Contrato PN DIRAN 02-2-10094-2, la Sala concluye que: i) En sus considerandos se incorporó como motivación del acuerdo de voluntades, el artículo 6 y 95 de la Ley 489 de 1998, por lo que el mismo se realizó para cooperar en el cumplimiento de las funciones administrativas relacionadas con la seguridad y la convivencia ciudadana, tanto del Ministerio del Interior con los recursos provenientes del FONSECON, como de la Policía Nacional. ii) La Policía Nacional no es un contratista del Ministerio del Interior es un colaborador para el ejercicio de las funciones administrativas comunes. (…) iii) Hay una línea de tiempo continua, desde diciembre de 2021 hasta julio de 2024, que detalla la colaboración, cooperación y coordinación, entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional en la ejecución de las obligaciones derivadas del Proyecto SIART, específicamente del contrato PN- DIRAN 02-2-10094-22. (…) v) Ninguno de los compromisos asumidos por la Policía Nacional, conforme a la cláusula tercera del Convenio, incluía la obligación de adquirir una cantidad específica de unidades móviles de comando y control. vi) La Sala entiende que las cantidades y los precios de las unidades de comando y control SIART mencionados en los documentos realizados con anterioridad al desembolso de los dineros del FONSECON [26 de octubre de 2022], no eran definitivos sino estimativos. (…) viii) Los estudios y documentos previos del contrato PN- DIRAN 02-2-10094-22, publicados en el SECOP II el 10 de octubre de 2022, establecieron que la cantidad a adquirir de unidades móviles de comando y control era de «4». (…) ix) La exigibilidad de las obligaciones de la Policía Nacional relacionadas con la ejecución del Proyecto SIART inició a partir del 26 de octubre de 2022, fecha del desembolso realizado por el Ministerio del In

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ocido la Sala que: «el juez del contrato está llamado a conocer de la pretensión referida y a definir el estado final de las obligaciones y derechos de las partes para darle finiquito». (…) la Sala hará alusión al plazo para llevar a cabo la liquidación por mutuo acuerdo, pues las partes no pactaron en el Convenio objeto de la consulta la posibilidad de que esta se realizara de manera unilateral. (…) La Sala ha señalado que, en los negocios jurídicos, con fundamento en el artículo 1602 de C.C, las partes son las llamadas a determinar de común acuerdo el plazo para realizar la liquidación bilateral (…) [L]a Sala analizó el plazo para realizar la liquidación bilateral en dos hipótesis, a saber: i) La primera de ellas cuando las partes no hayan dispuesto nada sobre el particular. Allí observó que la ley, en su condición supletoria o dispositiva frente al silencio de los contrayentes, define lo siguiente: «[d]e no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro [4] meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato […] o a la fecha del acuerdo que la disponga» ii) La segunda cuando las partes, a pesar de haber señalado el plazo para su realización, no dieron cumplimiento al mismo. En este caso indicó que «la liquidación bilateral puede tener lugar […] dentro del período comprendido entre la expiración del plazo inicial […] y el término máximo legal para la interposición del medio de control de controversias contractuales [dos años]». Lo anterior teniendo en cuenta que dicho plazo «es de carácter indicativo» y en el entendido de que «no ha comenzado a transcurrir el término legal de dos años para recurrir al juez del contrato [contados desde el vencimiento de los plazos iniciales señalados para liquidar] ni se ha proferido auto admisorio de la demanda en el que se pida la liquidación judicial [artículo 164 CPACA en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007]». Por último, advierte la Sala, en el mismo Concepto, que la liquidación bilateral puede tener lugar hasta el término máximo legal para la interposición del medio de control de controversias contractuales, es decir, «si pese al vencimiento de los términos iniciales para liquidar [de manera] bilateral […], se lograre acuerdo entre las partes para liquidación […], siempre que no hubiera operado la caducidad del medio de control de controversias contractuales, esta tendrá plena validez». En este último caso, puntualiza que «prevalece la voluntad de las partes». (…) Por lo anterior, la Sala reitera que no es procedente que, con posterioridad a que haya caducado la oportunidad para la interposición del medio de control de controversias contractuales, se puedan hacer liquidaciones bilaterales mediante la celebración de negocios jurídicos entre las partes que procuren un efecto declarativo de la extinción de las obligaciones contractuales o constitutivo de reconocimientos patrimoniales, en la medida en que los términos de caducidad del medio de control son de orden público, perentorios, improrrogables e indisponibles, en consideración al interés general y la necesidad de otorgar certeza y seguridad a las partes de una relación o situación jurídica. (…) Tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional tendrían la libertad de acudir a resolver la controversia que aquí se plantea, mediante los medios alternos de solución de conflictos establecidos en la ley, o a través del ejercicio de la función jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, tal y como lo dispone la cláusula vigésima cuarta del Convenio . Sin embargo, la Sala estima que no se ha cumplido con la obligación establecida en la cláusula vigésima tercera del Convenio de liquidar bilateralmente. (…) i) Para solucionar la controversia surgida con ocasión de esta consulta, es procedente acudir a la liquidación bilateral del Convenio, dada su naturaleza jurídica, alcance y efectos transaccionales. ii) La liquidación bilateral del Convenio se puede realizar dentro del período comprendido entre la expiración del plazo inicial [30 de junio de 2024] y el término máximo legal para la interposición del medio de control de controversias contractuales [dos años, es decir 30 de junio de 2026]. iii) Se debe tener en cuenta, desde el día de la presentación de esta consulta [14 de febrero de 2025] y hasta el día siguiente de la fecha de comunicación de este Concepto, se encuentran suspendidos todos los términos legales incluida la caducidad del respectivo medio control y la prescripción, de conformidad con el numeral 7° del artículo 112 del CPACA. iv) La naturaleza negocial de la liquidación bilateral permite que las partes plasmen sus acuerdos, conciliaciones, reconocimientos y transacciones, relacionados estrictamente con las obligaciones del Convenio. Asimismo, facilita que se hagan los acuerdos necesarios para solucionar las discrepancias suscitadas a propósito de su cumplimiento, siempre que se respeten los límites de la autonomía de la voluntad, esto es, que tales acuerdos no contraríen la Constitución, la ley, el orden público, los principios de la función administrativa y de la contratación pública. v) La liquidación del Convenio no solo constituye una exigencia por haber sido pactada, sino que es el mecanismo recomendado para dar fin a la relación jurídica entre las partes de esta consulta. Su aplicación materializa el consenso, la cooperación, colaboración y coordinación pretendida por el Ministerio del Interior y de la Policía Nacional desde el origen del Convenio. Pero también fortalece los vínculos entre las dos entidades públicas y facilita el cumplimiento de los fines estatales comunes en un marco de respeto, eficiencia y mutuo reconocimiento.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación en los convenios interadministrativos, ver: Consejo de Estado, SCSC, Conceptos 2253 de 28 de junio de 2016, 1365 de 31 de octubre de 2001 y PL0002 de 16 de diciembre del 2019; Consejo de Estado, SCSC, Concepto 1365 de 31 de octubre de 2001. En el mismo sentido Concepto PL 0002 del 16 de diciembre de 2019; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de mayo de 2010, Exp. núm. 18.606; Consejo de Estado, SCSC, Concepto PL00002 de 16 de diciembre de 2019; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias de 25 de noviembre de 1999, Exp. núm. 10893; de 6 de mayo de 1992; Exp. núm. 6661, de 6 de diciembre de 1990, Exp núm. 5165, de 30 de mayo de 1991, Exp. núm. 6665 del 19 de julio de 1995, Exp. núm. 7882; de 22 de mayo de 1996, Exp. núm. 9208», y 112«Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 16 febrero de 2001, Exp. núm. 11689»; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 19 de mayo de 2025, Exp. núm. 70.504
FUENTE FORMAL:
DECRETO 0019 DE 2012 - ARTÍCULO 217, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 32, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602

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Consejo de Estado. Concepto Concepto sin reserva — Concepto sin reserva. 2026-01-19. C.P. JUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZ. Rad. 11001030600020250005900. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:concepto:11001030600020250005900-59-concepto-sin-reserva).
