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ESAL,ENTIDADES DE ECONOMÍA SOLIDARIA,INSPECCIÓN,VIGILANCIA Y CONTROL,ENTIDADES DE UTILIDAD COMÚN,LIBERTAD DE ASOCIACIÓN,ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA,ASOCIACIONES MUTUALES,SUPERINTEDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA,ENTIDADES SIN – Concepto,Clasificación,Constitución,Escritura pública,Documento privado,Requisitos,Entidades de economía solidaria,Registro,Prohibición,Cooperativas,Fondos de empleados,Asociaciones mutuales,Definición,Alcance,Solicitud – Mes: diciembre – Año: 2017…
También resuelve:Entidad sin ánimo de lucro: esal, concepto, clasificaciónEsal: Constitución, escritura pública, documento privado, requisitosEntidades de economía solidaria: cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales
¿Cuáles son los límites entre la supervisión, la interventoría y el contrato vigilado?
La responsabilidad por el control y la vigilancia de la ejecución del contrato está a cargo de la entidad estatal contratante, que puede ejercerla mediante la designación de una supervisión o la contratación de una interventoría. Según el concepto, el seguimiento de la ejecución es un deber legal que permite a la entidad tomar medidas orientadas a satisfacer los fines de la contratación, entre ellas las cláusulas exorbitantes, la imposición de multas o cláusula penal y la efectividad de las garantías, previa declaratoria de incumplimiento. Esa obligación se relaciona con el principio de responsabilidad que rige la celebración y ejecución de los contratos estatales. Se predica, en principio, del jefe o representante legal de la entidad, aunque también alcanza a los servidores públicos que intervienen en la ejecución. Por lo tanto, la responsabilidad por el control recae en la entidad estatal contratante, que es quien debe supervisar el contrato. En consecuencia, la entidad debe ejercer el control de la ejecución y tomar las medidas necesarias para exigir el adecuado cumplimiento.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: ejercicio, funciones de control y vigilanciaSupervisión: ejercicio, contratista, apoyo a la supervisiónInterventoría: características
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-21Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 68001233300020240019501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para conocer de una demanda en la que se alega la presunta responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, así como para resolver la apelación interpuesta contra el auto del Tribunal Administrativo que rechazó la demanda por caducidad del medio de control? Sí
El contratista puede interponer una demanda de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando se alega la responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, y la entidad competente es el Consejo de Estado para resolver la apelación contra un auto de Tribunal Administrativo que rechaza la demanda por caducidad del medio de control, conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, la Sala reitera que el medio de control de reparación directa es procedente para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador cuando existe una omisión administrativa en reintegrar dichos costos, y que el recurso de apelación fue presentado y sustentado oportunamente, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a este medio para proteger sus intereses frente a enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente?¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador…¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el resarcimiento de perjuicios derivados de un enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales?
15001233300020180015602 de 20252025-03-04Rad. 15001233300020180015602
Así las cosas, la Sala destaca que la vigilancia y control de los contratos es un deber permanente en cabeza de la entidad pública contratante, en virtud del cual, se busca la consecución de los fines del estado y la garantía por la calidad y debida prestación de los servicios, independientemente de que se haya contratado una interventoría integral, pues con ocasión de ello la entidad estatal como directora y responsable de los contratos que suscribe no se desliga de este deber, como tampoco del consistente en adelantar las actuaciones necesarias para conminar al contratista al cumplimiento del contrato principal, incluyendo el ejercicio de sus facultades sancionatorias cuando por cualquier medio identifique o tenga conocimiento de la desatención del contenido obligacional del negocio jurídico que celebró.
También resuelve:Contrato estatal: deber de correcta ejecución del contrato estatal, Ley 80 de 1993 artículo 4, negocio jurídico, Ley 1150 de 2007Vigilancia y control de los contratos: contrato estatal, entidad pública, interventor, procedimiento administrativo sancionatorio
¿Es procedente pagarle a un contratista de prestación de servicios que se encuentra privado de la libertad?
El contratista de prestación de servicios no tiene derecho a recibir pago mientras se encuentra privado de la libertad, ya que el contrato de este tipo exige la ejecución personal del servicio por parte del contratista, quien debe mantener autonomía e independencia en la prestación del servicio, lo cual no es posible en estado de privación de libertad. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma que la continuidad del pago está condicionada a la capacidad del contratista de desempeñar efectivamente las tareas acordadas, lo que implica que la entidad estatal no está obligada a efectuar pagos mientras el contratista no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:Contrato de prestación de servicios: concepto, características, contrato estatal, precioPrecio: valor, forma de pago, autonomíaVigilancia y control: fundamento, finalidad, supervisión, seguimiento
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas?¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad?¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la supervisión y la interventoría contractual dentro del marco de la contratación estatal, y bajo qué fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales puede determinarse que estas ejercen funciones públicas, así como las consecuencias jurídicas derivadas de tal calificación?
El contratista y la entidad estatal, en el marco de la contratación estatal, ejercen funciones de control y vigilancia para garantizar la correcta ejecución del contrato, cumpliendo con los fines de interés general y los derechos de los administrados, conforme a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y la Ley 1474 de 2011. La supervisión es una labor continua y general, mientras que la interventoría es un mecanismo especializado y contingente, que requiere conocimientos especializados y se ejerce a través de un experto contratado. Ambas funciones implican la facultad de solicitar informes y aclaraciones al contratista y el deber de reportar actos de corrupción o riesgos de incumplimiento. Estas actividades se caracterizan como funciones públicas, ya que quienes las ejercen actúan en representación de la entidad estatal y bajo parámetros normativos que les asignan deberes de verificación, seguimiento y advertencia, sin ser coejecutores del contrato. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente, reafirmando la naturaleza administrativa de la supervisión y la interventoría contractual y sus implicaciones en la práctica contractual.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: ejercicio, funciones de control y vigilancia, supervisión, interventoríaInterventoría y supervisión: funciones, deberesVigilancia y control: supervisión e interventoría, ejercicio, funciones administrativas
¿Las partes suscribieron actas de liquidación bilateral y unilateral con objeciones? Sí
El contratista suscribe actas de liquidación bilateral y unilateral con objeciones cuando considera que las cifras acordadas en la liquidación bilateral no le son imputables y reserva el derecho a controvertir judicialmente las sumas que aceptó y reconoció como debidas. En este caso, la entidad estatal y el contratista suscribieron un acta de liquidación bilateral en la que el contratista objetó la responsabilidad por los incumplimientos que se le endilgaron en las resoluciones de caducidad, argumentando que tales incumplimientos no eran por su culpa. Además, la entidad estatal adoptó una liquidación unilateral que correspondía a un aspecto no abordado en la liquidación bilateral, relacionado con el valor que el contratista adeuda por las unidades de cajas de ron Tres Esquinas no vendidas. Este precedente reitera la importancia de las objeciones en las actas de liquidación y su relevancia para la posterior controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista incumplió el contrato al negarse a suministrar al contratante las cifras de producción y comercialización por la utilización de la maquinaria?¿La carga de desvirtuar el incumplimiento del contrato, corresponde a la parte demandante por razón de la presunción de veracidad y legalidad que reviste al acto demandado?¿La declaratoria de caducidad del contrato estuvo fundada en el no pago oportuno de la remuneración en favor de la empresa contratante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2022-04-26Sala Consulta y Servicio CivilEDGAR GONZÁLEZ LÓPEZRad. 11001030600020220001700CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver un conflicto de competencias administrativas cuando la solicitud sobre la cual recae el conflicto se refiere al ejercicio de funciones jurisdiccionales? No
De esta manera, debe señalarse que la solicitud se ha formulado con el objetivo de obtener una decisión dentro del marco del ejercicio de funciones jurisdiccionales, y no de funciones administrativas. En ese orden, la solicitud sobre la cual recae el conflicto de competencias no es administrativa sino jurisdiccional, lo que determina la falta de competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil para definir el asunto que se pone a su consideración.… Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Transporte manifiesta que no cuenta con facultades jurisdiccionales, será el Tribunal Superior de Bogotá el que deberá determinar si es la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Transporte u otra que tenga a cargo funciones judiciales la que deba conocer del asunto.
También resuelve:¿La Superintendencia de Transporte es la entidad competente para conocer sobre las presuntas irregularidades e infracciones en las que pudo incurrir una empresa de transporte en el marco de un…
¿Es jurídicamente procedente que la Entidad Contratante acepte y reconozca económicamente una unidad de obra que no satisface los criterios de aceptación pactados, con fundamento en una memoria de verificación estructural que concluye que la capacidad estructural resulta suficiente, y en qué medida la facultad de dirección y control de la entidad prevalece frente al concepto técnico del interventor?
El contratista no puede recibir reconocimiento económico por una unidad de obra que no cumple con los criterios de aceptación pactados, a menos que la entidad estatal, en ejercicio de su facultad de dirección y control, determine que la capacidad estructural resulta suficiente y que la ejecución cumple con los fines perseguidos por la contratación, lo cual implica que la entidad puede tomar medidas para exigir el adecuado cumplimiento del contrato, prevaleciendo así su función de control sobre el concepto técnico del interventor. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la facultad de la entidad de ejercer control y vigilancia en la ejecución del contrato, subrayando que la supervisión y la interventoría son funciones de control y no de ejecución, por lo que no pueden sustituir la responsabilidad del contratista en la correcta ejecución del objeto contractual.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: ejercicio, funciones de control y vigilancia, supervisión, interventoríaInterventoría y supervisión: funciones, deberesVigilancia y control: supervisión e interventoría, ejercicio, funciones administrativas, deber
¿Está legitimado en la causa por pasiva el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para responder por obligaciones contractuales derivadas de un contrato suscrito exclusivamente entre una entidad territorial y un contratista, pese a que su participación se circunscribió al ejercicio de funciones de inspección, control y vigilancia sobre la ejecución de recursos de regalías? No
La entidad nacional que ejerce funciones de inspección, control y vigilancia sobre la ejecución de recursos de regalías no está legitimada en la causa por pasiva para responder por las obligaciones de un contrato suscrito exclusivamente entre una entidad territorial y un contratista. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 1602 del Código Civil establece que el contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y solo obliga a quienes forman parte de él, de acuerdo con el efecto relativo de los contratos previsto en los artículos 1506 y 1507 del mismo código; el contrato fue suscrito solo entre la entidad territorial y el contratista, sin que la entidad nacional asumiera obligaciones derivadas del negocio; y el artículo 21 del Decreto 416 de 2007, vigente al momento de la suscripción, asigna a esa entidad funciones de control y vigilancia que no la convierten en parte contractual. Por ello, la responsabilidad contractual debe dirigirse a quienes celebraron el negocio. La providencia se modifica en lo relativo a esa entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Debe la Sala limitar su análisis a los aspectos cuestionados por la parte demandante en el recurso de apelación y, para resolver el litigio…¿Puede considerarse válidamente liquidado de manera bilateral un contrato estatal cuando el documento de liquidación fue suscrito únicamente por el contratista y la interventoría…¿Incurre en ineptitud sustantiva la demanda cuando el demandante omite solicitar la nulidad de los actos administrativos de terminación y liquidación unilateral del contrato…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-07-06Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 17001233300020180029101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La imposibilidad de ejecución de los convenios sobrevino por la restitución a Fonvivienda de los subsidios que financiarían los proyectos pactados en ellos? Sí
El contratista no puede interponer una demanda contra la entidad estatal por la terminación de los convenios de asociación para la construcción de urbanizaciones, ya que la imposibilidad de ejecución de los convenios se debió a la restitución a Fonvivienda de los subsidios que financiarían los proyectos, lo que implicó la terminación de los contratos y el inicio del término de caducidad del medio de control. La liquidación bilateral del contrato debía efectuarse a más tardar dos meses después de la restitución de los subsidios, y en defecto de esta, la liquidación unilateral debía tener lugar dos meses después de la liquidación bilateral. El término de caducidad de dos años para presentar la demanda expiró antes de que el contratista la interpusiera, lo que conduce a la caducidad del medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos establecidos para la liquidación de contratos y la presentación de demandas, evitando así la pérdida del derecho a la acción por caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que respecta a la vinculación de Fonade como parte pasiva, la demanda también fue extemporánea?¿Frente a las pretensiones correspondientes a la nulidad y restablecimiento del derecho, también operó la caducidad?¿El término de caducidad transcurrió de forma completa desde que se tuvo la certeza sobre la imposibilidad de que los contratos continuaran?
¿El término de prescripción en el contrato de seguro se contabiliza desde el conocimiento real o presunto del siniestro por parte del interesado? Sí
El contratista debe ejercer acciones derivadas del contrato de seguro dentro del término de prescripción establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio, que comienza a contabilizarse desde el conocimiento real o presunto del siniestro por parte del interesado, ya sea el tomador, el asegurado o el beneficiario. Esta regla se modifica respecto a precedentes anteriores, al establecer que la prescripción ordinaria opera desde que el interesado conoce o debió conocer del siniestro, incluso si la entidad asegurada ya tenía conocimiento de los hechos que dan origen a la acción. Esto implica que la entidad pública debe actuar con celeridad y diligencia en la formulación de reclamaciones ante las aseguradoras para evitar la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable la prescripción ordinaria prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio cuando se acredita que la entidad asegurada conocía, o razonablemente debía conocer…¿Están las entidades públicas obligadas a ejercer control y vigilancia permanente sobre la ejecución de contratos estatales?¿Pueden considerarse los informes de interventoría como un medio idóneo para que las entidades estatales verifiquen el cumplimiento de los contratos públicos…
¿El concesionario debió probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato? Sí
El concesionario debe probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato, ya que la falta de evidencia de estas inversiones y su amortización impide que el concesionario reclame por los ingresos anuales restantes de la concesión. Además, la terminación unilateral del contrato no genera automáticamente un derecho a indemnización, sino que debe demostrarse el daño efectivamente causado y la existencia de perjuicios morales, lo cual requiere una carga probatoria suficiente. La decisión administrativa debe contener una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral, y no puede ejercerse veladamente la cláusula de caducidad sin un fundamento legal claro. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la terminación unilateral de contratos de concesión, estableciendo que la administración debe cumplir con los requisitos legales y contractuales para terminar unilateralmente un contrato, y que el concesionario debe demostrar adecuadamente cualquier reclamación por daños y perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿La imposibilidad de establecer la existencia del daño efectivamente causado al concesionario impide que sea beneficiario de lo que quedaba de la concesión?¿La decisión atacada contiene una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral?¿La auditoría se limitó a determinar el aspecto de la explotación económica de la concesión estableciendo los ingresos para unas vigencias?
¿La resolución expedida por la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, se fundó en normas vigentes al momento de su expedición, basándose en los informes de su consultor y asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin que se evidencie un desequilibrio económico del contrato a partir de dicha decisión? Sí
El contratista no puede impugnar la resolución de la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, ya que esta se basó en normas vigentes y en los informes de su consultor, asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin evidenciar un desequilibrio económico del contrato. La CNTV, como entidad encargada de la inspección, vigilancia, seguimiento y control de la prestación del servicio público de televisión, tiene la facultad de determinar el valor de la prórroga conforme a los criterios establecidos en la Ley 182 de 1995 y el Acuerdo 010 de 2006. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la legalidad de los actos administrativos que fijan el valor de la prórroga en contratos de concesión, protegiendo así la confianza y la estabilidad del mercado de bienes y servicios.síntesis automática
También resuelve:¿Es deber de los concesionarios del servicio nacional de televisión pagar un valor como contraprestación por el otorgamiento de la concesión…¿Los actos mediante los cuales la CNTV fijó el valor de la prórroga pertenecen a la clase de los actos administrativos consensuales, toda vez que…¿La aceptación expresa del valor de la prórroga por parte del concesionario en la etapa contractual, hace improcedente la configuración de un vicio invalidante por tratarse de un acto propio de…
¿Procede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos esbozados por la parte actora en el recurso de apelación, relativos a la ilegalidad de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, dado que la autoridad minera desconoció, de forma aparente, las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción; procuraban la modificación del Programa de trabajos y Obras; y, demostraban la reducción del valor de la póliza minero ambiental? Sí
El contratista puede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos presentados en el recurso de apelación, relacionados con la ilegalidad de las resoluciones que desconocieron aparentemente las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción, la modificación del Programa de Trabajos y Obras, y la reducción del valor de la póliza minero-ambiental, ya que la falsa motivación se configura ante la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos por la administración. Esta regla reitera la jurisprudencia existente, permitiendo a los contratistas cuestionar la legalidad de los actos administrativos en términos de falsa motivación cuando se evidencie una distorsión en los fundamentos de estos.síntesis automática
También resuelve:¿Si la posesión o tenencia de los predios que contienen los minerales son de propiedad exclusiva del Estado, al margen de quien detente su dominio…¿El beneficiario del título minero debe presentar a la Agencia Nacional de Minería el Programa de Trabajos y Obras en el que describa la planificación…¿Para ejecutar el contrato de concesión minera el concesionario debe constituir a favor de la autoridad minera una póliza independiente para cada etapa de ejecución del contrato…
Sentencia — Sentencia2024-08-01Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020230011300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación puede ser utilizado como una segunda instancia, con su interposición se puede reabrir o replantear el debate sobre el fondo del proceso originalmente propuesto y decidido? No
La posibilidad de controvertir las decisiones arbitrales mediante el recurso extraordinario de anulación no constituye una instancia adicional, en el entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del acatamiento de las causales precisas. Así, el recurso se estudia y decide con sujeción a los puntuales argumentos de las partes, sin invadir la órbita de independencia y autonomía del tribunal arbitral; la función del juez de la anulación no es otra que detectar posibles falencias procedimentales -en la mayoría de los eventos- o sustanciales -en algunos específicos eventos restringidos señalados por el legislador- y, eventualmente, suplirlas en los casos expresamente autorizados por la ley.
También resuelve:¿Procede declarar fundado el recurso extraordinario de anulación por la causal fallo en conciencia, cuando el laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho…¿Procede declarar infundado el recurso extraordinario de anulación por la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, haberse fallado en conciencia o equidad…¿Procede declarar infundado el recurso extraordinario de anulación por la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, haberse fallado en conciencia o equidad…
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Sí
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a la vocación de doble instancia del proceso y la cuantía de la demanda que excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La caducidad del medio de control de controversias contractuales es un mecanismo irrenunciable que limita el ejercicio del derecho de acción, operando como sanción por falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, y no admite suspensión salvo en casos de solicitud de conciliación extrajudicial. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante, garantizando así el derecho de impugnación contra una decisión judicial. Esta sentencia reitera y confirma la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y establece límites claros para el ejercicio del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La consecuencia por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar?¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?¿Lo que se está cuestionando es el acto de liquidación del contrato y no propiamente el cumplimiento obligacional de parte del contratista?
¿Vulneró el Departamento del Huila el debido proceso de la contratista al liquidar unilateralmente el contrato después de vencidos los términos previstos para la liquidación bilateral y unilateral, aun cuando conservaba competencia durante el término de caducidad de la acción contractual y se habían adelantado previamente gestiones para lograr, sin éxito, la liquidación de mutuo acuerdo? No
La entidad estatal conserva competencia para liquidar unilateralmente el contrato dentro del término de caducidad de la acción contractual, aun cuando hayan vencido los plazos de liquidación bilateral y unilateral, si no hubo acuerdo entre las partes y la liquidación evita la latencia de la relación contractual. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 fija la liquidación bilateral dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución, salvo el plazo pactado; el artículo 61 de la misma ley permite a la administración realizar el finiquito unilateral cuando los contratantes no logran pacto o el contratista no se presenta; y el numeral 10, literal d, del artículo 44 de la Ley 446 de 1998 concuerda con esa facultad para que la entidad liquide dentro del término de caducidad. Por ello, la liquidación unilateral adelantada tras gestiones previas de liquidación de mutuo acuerdo no vulnera el debido proceso del contratista. La providencia se revoca.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico de un contrato de concesión cuando las circunstancias alegadas como extraordinarias e imprevisibles corresponden a riesgos asignados al…¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato de concesión por la disminución del consumo de aguardiente y la consecuente afectación de la cuota mínima anual de ventas…¿Procede el reconocimiento de una compensación económica a favor del concesionario por el incumplimiento de la entidad contratante en la fijación de la cuota de promoción y degustación…
¿La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal, puede acudir al medio de control de controversias contractuales para controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos durante la ejecución del contrato mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista, se impusieron multas y se hicieron efectivas la cláusula penal pecuniaria y la póliza de cumplimiento? Sí
La sociedad aseguradora que actúa como garante de un contrato estatal, aunque no sea parte del contrato, está legitimada para ejercer el medio de control de controversias contractuales contra los actos administrativos expedidos durante la ejecución que declaren el incumplimiento, impongan multas o hagan efectivas la cláusula penal y la póliza, cuando el reproche se origina en perjuicios o en una afectación derivada de esas declaraciones. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 141 del CPACA reconoce a cualquiera de las partes del contrato estatal la facultad de demandar la nulidad de actos administrativos contractuales, sin que se limite a las partes en sentido estricto; la jurisprudencia de la Sección ha reconocido la investidura de la aseguradora como garante, en virtud de su función de otorgamiento de pólizas; y el interés de la aseguradora se refiere a la afectación de sus obligaciones derivadas de la póliza. Por ello, la aseguradora puede cuestionar la legalidad de esos actos. La providencia confirma la legitimación.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó dentro del término de caducidad de dos años el medio de control de controversias contractuales ejercido por la sociedad Seguros del Estado S.A.…¿Se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva las partes dentro del presente medio de control de controversias contractuales…¿Es posible que un acto administrativo, aun cuando exista y haya nacido a la vida jurídica, sea declarado inválido o inoponible cuando presenta vicios en sus elementos de validez o eficacia…