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Tribunal Administrativo del Huila Providencia

Tribunal Administrativo: es procedente revocar la sentencia recurrida y declarar la legalidad de los actos administrativos acusados

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Fecha
2026-09-15
Radicado
41001333300320180029901
Ponente
MIGUEL AUGUSTO MEDINA RAMIREZ
Sección / Sala
JUZGADO ADMINISTRATIVO
Corporación
Tribunal Administrativo del Huila
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CARLOS GARZON GARZON
Demandado
CONCEJO MUNICIPAL DE EL AGRADO - HUILA, MUNICIPIO DE EL AGRADO - HUILA

Síntesis de la providencia

Tribunal Administrativo: es procedente revocar la sentencia recurrida y declarar la legalidad de los actos administrativos acusados

Lo que dijo la Sala

Por lo cual, el análisis efectuado o control a los actos administrativos desde el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 en este caso es desacertado, es más, los considerando de los actos administrativos demandados son claros en expresar el vicio contractual y con ello, generó el efecto que determina la ley, la terminación de este.… Donde se aprecia que en forma genérica se mencionó la norma que determina el vicio y conllevó a que en sede administrativa el actor discutiera la no determinación de la causal y su no configuración, y frente al numeral 2° determinó que la prohibición debe ser explicita y expresa… Que conlleva a la conclusión de que los servidores públicos solo podemos hacer lo que la Constitución y la ley nos permite, con lo cual, el hecho que la norma de carácter territorial imponga un límite genera no solo el deber de observación, sino también la prohibición expresa de ir más allá.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando una norma territorial fija un límite temporal a la facultad del alcalde para suscribir un contrato de arrendamiento, la transgresión de ese límite constituye una prohibición expresa, y el ente territorial debe dar por terminado el contrato. La regla se sostiene en tres razones: los servidores públicos solo pueden hacer lo que la Constitución y la ley les permiten, de modo que el límite impuesto por el acuerdo municipal genera el deber de observancia y la prohibición de ir más allá; el régimen de responsabilidad penal, disciplinaria y administrativa exige descripción típica de la conducta, pero en el análisis de la celebración del contrato y de las facultades para suscribirlo no se requiere esa tipificación; y los actos administrativos demandados expresan el vicio contractual y producen el efecto que la ley determina, esto es, la terminación del negocio. Por ello, el control de legalidad que parte del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 resulta inadecuado cuando la causal de terminación está expresamente identificada en los considerandos. La regla orienta la validez de los actos de terminación.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es procedente revocar la sentencia recurrida y declarar la legalidad de los actos administrativos acusados, porque el ente territorial tiene la obligación de dar por terminado el contrato de arrendamiento por la transgresión de la facultad otorgada al alcalde para la suscripción del negocio jurídico con un límite temporal de vigencia, conforme lo dispone el Acuerdo Municipal No 041 de 2011 (Estatuto Tributario Municipal) expedido por el Concejo Municipal de El Agrado -Huila?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 44 y 45

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / BIEN FISCAL Problema jurídico: ¿Es procedente revocar la sentencia recurrida y declarar la legalidad de los actos administrativos acusados, porque el ente territorial tiene la obligación de dar por terminado el contrato de arrendamiento por la transgresión de la facultad otorgada al alcalde para la suscripción del negocio jurídico con un límite temporal de vigencia, conforme lo dispone el Acuerdo Municipal No 041 de 2011 (Estatuto Tributario Municipal) expedido por el Concejo Municipal de El Agrado -Huila? Respuesta al problema jurídico: Si Por lo cual, el análisis efectuado o control a los actos administrativos desde el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 en este caso es desacertado, es más, los considerando de los actos administrativos demandados son claros en expresar el vicio contractual y con ello, generó el efecto que determina la ley, la terminación de este. (...) Donde se aprecia que en forma genérica se mencionó la norma que determina el vicio y conllevó a que en sede administrativa el actor discutiera la no determinación de la causal y su no configuración, y frente al numeral 2° determinó que la prohibición debe ser explicita y expresa (...) Que conlleva a la conclusión de que los servidores públicos solo podemos hacer lo que la Constitución y la ley nos permite, con lo cual, el hecho que la norma de carácter territorial imponga un límite genera no solo el deber de observación, sino también la prohibición expresa de ir más allá. En materia de responsabilidad penal, disciplinaria y administrativa, se han desarrollado diferentes teorías frente a la tipificación de la conducta y la exigencia de su descripción, pero en este caso, no estamos ante ese escenario, se está evaluando un contrato y las facultades para su celebración, por tanto, si expresamente se impone un límite, genera necesariamente el efecto de prohibición de ir más allá. Bajo esa circunstancia, no puede exigirse una técnica jurídica normativa que detalle cada prohibición en la función pública, cuando por mandato constitucional solo se permite ejercer el mandato legal, el no hacerlo cae por su esencia en una prohibición, evento en el que incurrió el alcalde al incumplir el mandato legal del Acuerdo 041 de 2011 (artículo 256), modificado por el Acuerdo 025 de 2012. Ahora bien, se debe recordar que los actos administrativos demandados se fundaron en una causal de nulidad contractual y generaron el efecto legal dispuesto para ello, pero no se declaró la nulidad del contrato, en el entendido que esa facultad es privativa del juez, bajo esa circunstancia, al mantener la legalidad de los actos administrativos se mantiene en firme la causal del vicio, no haciendo necesario que se declare su nulidad de oficio en esta providencia ya que materialmente se cumple el mandato legal. NOTA DE RELATORÍA: Sobre autorizar al alcalde municipal para suscribir contratos, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 29 de mayo de 2014, exp. 66001-23-31-000-2004-02098-01(33832), C.P. Hernan Andrade Rincón (E). FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 Y 45

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=410013333003201800299014100123