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¿Deben responder los demandados en repetición, a título de culpa grave, por el despido de una trabajadora de la Superintedencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual ocurrió en un proceso de reestructuración que implicó la reducción de cargos, en el marco de una política pública generalizada de reorganización de la administración pública a nivel nacional? No
El agente estatal no incurre en culpa grave por el despido de trabajadores en procesos de reestructuración de la administración pública cuando la supresión de cargos se fundamenta en estudios técnicos y en una política generalizada de reorganización. La valoración de la conducta exige verificar si el comportamiento constituye una omisión o extralimitación inexcusable, de modo que la demostración de estudios técnicos previos y la sujeción a los actos administrativos de reestructuración desvirtúan la presunción de culpa grave y descartan la responsabilidad patrimonial del servidor en acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Procede condenar en costas a la parte vencida en este proceso?
¿Las imprecisiones que se presentaron en la desvinculación del servidor difícilmente podrían considerarse como indicativas de un obrar inexcusable y de una conducta gravemente culposa de los demandados? Sí
Las imprecisiones formales cometidas al desvincular a un servidor público no equivalen por sí mismas a un error inexcusable ni a una conducta gravemente culposa, y que la presunción de culpa grave solo opera cuando se configuran los supuestos de hecho que la fundan. Una razón es que la desvinculación estuvo precedida de un estudio técnico de reestructuración de la planta de personal, que debía contar con la aprobación de la autoridad competente en función pública, lo que hace inviable sostener una violación inexcusable de la ley. Otra razón es que aunque se cometieron fallas en la forma como se formalizó la desvinculación, la motivación del acto no genera por sí sola una violación de las normas de competencia ni de los presupuestos de validez del acto administrativo. Por ello la Sala negó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora. La sentencia no indica si reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que las fallas de procedimiento en una supresión de cargo deben demostrarse como conducta gravemente culposa y no presumirse a partir de su sola existencia.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación de los demandados comportó una violación inexcusable de la ley?¿La vicisitud experimentada por el servidor desvinculado se presentó en el marco de un proceso de restructuración de la entidad demandante?¿La situación permite concluir que los agentes estatales demandados son responsables patrimonialmente en el marco de la repetición?
¿Se demostró en que los exagentes demandados desconocieron normas de derecho en el proceso de reestructuración administrativa? No
La presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 no se configura cuando no se demuestra que el agente desconoció normas de derecho en el proceso que precedió al acto, de modo que la entidad que promueve la repetición debe probar la infracción normativa que imputa al agente. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la falta de un documento en los archivos de la entidad no basta por sí sola para demostrar la omisión de un informe técnico cuando la prueba testimonial y documental acredita que existió y que fue socializado entre directivos de varias dependencias. Segundo, si no se demuestra la infracción del artículo 41 de la Ley 443 de 1998, norma de carrera vigente al momento de los hechos, no se establece la conducta que da origen a la presunción. La providencia confirma la sentencia de primera instancia; en la práctica, la acción de repetición fundada en culpa grave exige acreditar la norma de derecho desconocida y el momento en que se incurrió en ella.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento del Huila adelantó un proceso de reestructuración de la planta de personal de la entidad?¿A los empleados de carrera de los cargos suprimidos se les planteó las opciones de reubicación e indemnización?¿El demandado tiene el deber de atacar la presunción y le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que la configura?
¿Se acreditó la culpa grave de los demandados en repetición? No
El contratista no acredita la culpa grave de los demandados en un medio de control de repetición, ya que la Sala determina que la única prueba presentada, un estudio técnico para la restructuración de la planta de personal, no demuestra la autoría ni la responsabilidad de los demandados en su elaboración. Además, la decisión de modificar la planta de personal fue adoptada por el Consejo Directivo de la Industria Licorera de Caldas, órgano competente según la ordenanza de la Asamblea Departamental de Caldas, y no por los demandados. La Sala reitera que para prosperar la acción de repetición es necesario acreditar la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, lo que no se logra en este caso, por lo que confirma la decisión de negar las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿No se acreditó la existencia de culpa grave por parte de los demandados?¿En los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este?¿La condición de agentes estatales de los demandados está acreditada, según las resoluciones de nombramiento y las actas de posesión?
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza de los demandados, al suprimir el cargo de una de las funcionarias de la Alcaldía, en cumplimiento de los Decretos que ordenaron la reestructuración de la planta de personal? No
La conducta gravemente culposa del agente que suprime un cargo en desarrollo de una reestructuración administrativa no se presume a partir de la nulidad de los actos de supresión, sino que debe ser acreditada por el actor conforme a la carga probatoria del artículo 167 del Código General del Proceso. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la nulidad de los decretos de reestructuración no genera por sí misma la presunción de culpa grave, pues la anulación se derivó de la invalidez de un acto previo sobre el que se fundó la planta de personal, circunstancia que no revela la conducta del agente. Segundo, cuando antes de expedir el acto de reestructuración existe un estudio técnico que sustenta la modificación de la planta, el agente demuestra que cumplió el deber de gestionar ese estudio y que contaba con él al momento de suscribir los decretos, lo que impide tener por acreditada la culpa grave. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, la acción de repetición contra el funcionario que suprimió un cargo debe probar la conducta gravemente culposa con independencia de la nulidad del acto de supresión.síntesis automática
También resuelve:¿Las presunciones legales de culpa grave y dolo imponen la carga de desvirtuarlas probatoriamente?
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa del ex alcalde demandado al expedir los decretos de reestructuración administrativa del municipio que dieron lugar a la condena judicial por supresión del cargo de la demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento? No
A la entidad demandante le incumbía acreditar que el demandado obró con culpa grave al expedir el Decreto 237 del 27 de noviembre de 2001, “por medio del cual se establece la estructura administrativa del Municipio de Barrancabermeja y se dictan otras disposiciones”, sin antes realizar estudios técnicos que evidenciaran la necesidad de modificar la organización municipal.… La Sala no encuentra que el demandado… haya sido negligente o haya obrado con culpa grave.… Las consideraciones de las sentencias proferidas en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no son oponibles al agente estatal demandado porque este no hizo parte de dicho proceso, y las pruebas practicadas en esa actuación no fueron trasladadas en su totalidad al presente trámite.… Al analizar los medios de prueba allegados al presente trámite por el apoderado del agente estatal demandado…
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el pago de la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Al presente caso le son aplicables las presunciones legales de culpa grave o dolo invocadas en el escrito de apelación a pesar de no haber sido alegadas en la demanda?
76001233300020190054601 de 20252025-11-07Rad. 76001233300020190054601
El contratista puede solicitar la liquidación judicial del contrato cuando la entidad estatal no llega a un acuerdo sobre la liquidación, siempre y cuando la obligación surja después de la firma del acuerdo de restructuración de pasivos, ya que este no limita la ejecución de obligaciones anteriores ni permite la extinción de las mismas. En este caso, la entidad estatal no llegó a un acuerdo con el contratista sobre la liquidación del contrato C13-182, y el contratista logró demostrar que los intereses moratorios e indexación sobre las cifras resultantes de la liquidación judicial no estaban sujetos a los términos del acuerdo de restructuración, lo que llevó a la revocación de la decisión del tribunal de primera instancia y a la condena de la entidad estatal a pagar la suma adeudada más intereses moratorios desde la ejecutoria de la providencia. Esto implica que las entidades estatales deben ser cautelosas al aplicar acuerdos de restructuración, ya que estos no necesariamente eximen de responsabilidades contractuales previas.síntesis automática
También resuelve:Facultad de liquidación unilateral del contrato ante falta de acuerdo: la liquidación es una actuación bilateral y solo ante la imposibilidad de negociación sobre ella, procedía la liquidación unilateralProcesos por reestructuración de pasivos: Ley 550 de 1999, cuando las entidades se encuentren sometidas a procesos de restructuración resulta aplicable la regla de inejecutabilidad de las obligaciones, acuerdos de reestructuraciónAlcance y efectos de la reestructuración de pasivos sobre las obligaciones contractuales: suspensión de prescripción y caducidad durante la reestructuración, inejecutabilidad temporal de obligaciones en proceso de reestructuración, protección de acreedores en acuerdos de reestructuración
Auto interlocutorio con estado — Auto decide apelacion o recursos2026-03-18ADMINISTRATIVODILAM ANDRES GAMEZ QUIJADARad. 44001234000020170017000CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿es procedente continuar con el cobro ejecutivo de las acreencias reconocidas en favor de la entidad ejecutante mediante sentencia de 24 abril de 2024, dictada por el Consejo de Estado dentro del radicado de la referencia, o si; por el contrario, se debe negar el mandamiento de pago, dado que el crédito objeto de cobro fue incluido como acreencia en el acuerdo de reestructuración de pasivos promovido por el departamento de La Guajira, en virtud del dispuesto en la Ley 550 de 1999.? Sí
El contratista no puede continuar con el cobro ejecutivo de las acreencias reconocidas mediante sentencia del Consejo de Estado, cuando dichas acreencias fueron incluidas en el acuerdo de reestructuración de pasivos promovido por el departamento, conforme a lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 53 de la Ley 550 de 1999. Esta regla implica que la inejecutabilidad de las acreencias incluidas en el acuerdo de reestructuración es aplicable, independientemente de la fecha en que se dictó la sentencia, siempre y cuando la obligación esté reconocida en el acuerdo. La Sala reitera la jurisprudencia existente y niega el mandamiento de pago, lo que implica que el cobro ejecutivo de estas acreencias no será posible mientras estén incluidas en el acuerdo de reestructuración.síntesis automática
¿La decisión de traslado de la funcionaria no fue ostensiblemente arbitraria sino que obedeció a las necesidades del servicio? Sí
El traslado de un servidor de carrera por necesidades del servicio, que no es ostensiblemente arbitrario ni vulnera de manera manifiesta normas de derecho, no configura culpa grave del agente que lo dispuso, de modo que no procede la repetición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las acciones constitucionales previas desestimaron las vulneraciones alegadas, al constatar que el traslado obedeció a las necesidades del servicio y que las condiciones laborales y el escalafón de la servidora no se alteraron. Segunda, aunque la reubicación no se ajustó a un criterio interpretativo de otra sección, no se advierte una violación manifiesta e inexcusable de las normas en que debía fundarse el acto. Tercera, al no existir culpa, decae el elemento subjetivo que permite la repetición contra el agente. La providencia niega las pretensiones de la demanda. La consecuencia práctica es que la discrepancia interpretativa sobre la reubicación de un servidor no basta para atribuir culpa grave al agente que la expidió.síntesis automática
También resuelve:¿Existía la posibilidad de ubicar a los empleados de la corporación en las dependencias en que fueran requeridos sus servicios?¿El empleo ocupado pertenecía a la planta de personal global por lo que la empleada podía ser ubicada en cualquiera de las oficinas de la entidad?¿El legislador previó ciertos eventos en los que se presume la culpa grave pero requieren de la demostración del supuesto de hecho en que se fundan?
¿El acto administrativo fue expedido contando con estudios técnicos que lo soportaran? Sí
Cuando el acto administrativo de reestructuración de la planta de personal se expide con estudios técnicos que lo soportan, no existe falta de diligencia del agente que configure culpa grave y la repetición no prospera. La regla se apoya en tres razones. Primera, el acto se expidió contando con los estudios técnicos, elaborados en virtud de un convenio interadministrativo suscrito para tal fin. Segunda, el proyecto final fue sometido a discusión de los comités designados y no sufrió modificaciones adicionales por parte del exalcalde demandado. Tercera, la finalidad de la reestructuración fue optimizar el recurso financiero y humano para cumplir las funciones que demandaba el municipio. Además, la presunción invocada no guarda coherencia con lo decidido en la sentencia de nulidad y restablecimiento, por lo que no puede tenerse por acreditada. En consecuencia, se confirma la negativa de las pretensiones. Además, la parte actora circunscribió su imputación a otra causal y no a la falta de competencia por error inexcusable, por lo que esa vía no se analiza. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La presunción invocada guarda coherencia con lo expuesto en la sentencia que le puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Quien alegue a su favor una presunción deberá probar plenamente los hechos que le dan su origen?¿El agente estatal contra el cual se dirija la acción de repetición siempre podrá presentar pruebas que lo liberen de responsabilidad civil?
¿En el marco del medio de control de repetición, se probó la actuación dolosa o culposa de las demandadas? No
El contratista no puede probar la actuación dolosa o gravemente culposa de las demandadas en el marco del medio de control de repetición, ya que no acredita los supuestos de hecho necesarios para que operen las presunciones legales de dolo o culpa grave, y no se demuestra específicamente la conducta dolosa o gravemente culposa de las demandadas. La entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la presunción para que ésta tenga efectos jurídicos, y en este caso no se cumplió con este requisito. La Sala reitera que la repetición contra el agente estatal requiere que se demuestre la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa, y que la entidad debe aportar pruebas idóneas y suficientes para demostrar el pago de la condena, lo cual en este caso se cumplió.síntesis automática
También resuelve:¿En los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este?¿Los elementos materiales probatorios allegados constituyen pruebas idóneas y suficientes para demostrar el pago de la condena?¿La entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos?
¿No se configuró el supuesto de hecho en que se funda la presunción, esto es: la actuación que viola en forma manifiesta e inexcusable normas de derecho, pues las decisiones del demandado, como esta Subsección lo indicó en un caso análogo decidido recientemente “…obedecieron a las recomendaciones de sus asesores y, en esa medida, fueron razonables”? No
La presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 no se configura por la sola existencia de una condena contra el Estado, porque exige que el agente haya actuado de forma manifiesta e inexcusable contra normas de derecho, y las decisiones adoptadas con apoyo en estudios técnicos y en recomendaciones de asesores razonables no constituyen esa violación. Esta regla se sostiene en dos razones. La sentencia de nulidad y restablecimiento que condenó a la entidad no demostró, por sí sola, que el agente hubiera incurrido a título personal en una violación inexcusable de las normas laborales. Además, la supresión y la modificación de la planta se apoyaron en un estudio técnico elaborado por terceros con acompañamiento de otra entidad pública, sin que existan elementos que muestren una incidencia eficiente del agente en la lista de cargos suprimidos. En el caso, la Sala revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones,. Su consecuencia práctica es que, en la repetición, la ilegalidad del acto no basta para imputar culpa grave al servidor que se apoyó en un estudio técnico y en el asesoramiento de otros.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es procedente para resolver en segunda isntancia el medio de control de repetición?¿Están configurados todos los elementos del medio de control de repetición?¿Es procedente la condena en costas en segunda isntancia y la fijación de agencias en derecho a la entidad demandante en el medio de control de repetición?
¿Cuáles son los parámetros para la estimación de precios relacionados con el factor multiplicador?
El factor multiplicador es una metodología opcional para estructurar el precio, y los interesados deben advertir oportunamente las dudas sobre sus componentes durante el proceso de selección. Esta postura se apoya en tres razones. Primera, el factor multiplicador permite imputar al contrato los costos directos asociados a las prestaciones laborales y sociales del personal vinculado exclusivamente al proyecto, la utilidad del ingeniero y los costos de administración asociados a ese personal, al multiplicar los salarios por un factor; otros costos directos, como viáticos o alquiler de equipos, se discriminan por separado y se suman después. Segunda, el deber de planeación no es privativo de las entidades públicas y se extiende a los interesados, de modo que las cargas de advertencia y previsión impiden obtener reconocimientos económicos derivados de fallas en la estructuración que debieron advertirse durante la formación del acuerdo de voluntades, según el Consejo de Estado. Tercera, si existían inquietudes sobre los componentes del factor multiplicador, los interesados tuvieron la oportunidad de formular observaciones para aclararlas durante el proceso. Por ello, la entidad define en los estudios previos el esquema de precio que utilizará, y la metodología se evalúa con el análisis del sector.síntesis automática
También resuelve:Determinación del valor del contrato: etapa de planeación, metodologías, factores que incidenSistema de factor multiplicador: noción, costos directos, imputables al contratoReestructuración: factor multiplicador, ausencia de obligatoriedad, principio de planeación y buena fe
¿El demandante para probar el elemento subjetivo únicamente allegó las sentencias de nulidad y restablecimiento las cuales no tienen la virtud de acreditarlo? Sí
Las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho no acreditan por sí mismas el elemento subjetivo de la acción de repetición, pues la demostración de la culpa grave o del dolo del agente debe fundarse en su propia conducta y en las circunstancias que la rodearon. Una razón es que en el caso la supresión del cargo se adoptó mediante decreto aprobado por un comité de evaluación de oficios, que verificó el cumplimiento de los requisitos legales, de modo que la decisión administrativa tenía respaldo institucional distinto de la conducta individual del agente. Otra razón es que las sentencias que anularon esa supresión decidieron sobre la legalidad del acto, pero no describen un comportamiento doloso o gravemente culposo del servidor. Por ello el demandante no logró probar el elemento subjetivo y la Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la entidad que repite debe aportar pruebas directas de la conducta del servidor, y no basta con acreditar la existencia de una nulidad previa.síntesis automática
También resuelve:¿ De las sentencias de nulidad y restablecimiento se puede concluir que la actuación del demandado hubiera estado provista de dolo?¿En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo se deberá repetir contra él?¿Es posible en este caso adoptar la decisión con base en las consideraciones de la sentencia de nulidad y restablecimiento?
¿El término de caducidad de la acción de repetición debe contarse a partir del pago de la condena judicial, o en su defecto, desde el vencimiento del término dado en el CCA como plazo máximo para realizar el mencionado pago? Sí
La acción de repetición debe presentarse en los dos años contados desde el día siguiente al pago total efectuado por la entidad pública, o en su defecto, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el CCA, sin que para ello deba tenerse en cuenta el término previsto en el artículo 90 del CPC por no ser una norma aplicable al trámite contencioso administrativo. En el caso en cuestión, la sentencia condenatoria fue proferida y quedó ejecutoriada, lo que implica que el plazo máximo para el pago vencía sin que se advierta que se realizó el correspondiente pago en dicho término. La acción fue ejercida en tiempo debido a la falta de prueba del pago efectivo de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la falta de prueba del pago efectivo de la condena, el término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el vencimiento de los 18 meses dados en el CCA como plazo máximo…¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la acción de repetición?¿En cinco de los seis procesos acumulados se acreditó la condena judicial, impuesta contra el Estado dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho…
¿Se pudo establecer que el demandado actuó bajo el convencimiento de que al estar facultado por la junta directiva del Instituto Financiero de Boyacá para realizar la reestructuración de la planta de personal contaba con la aprobación del gobernador? Sí
En el presente caso los demandados no actuaron con dolo y/o culpa grave, pues se pudo establecer que [el demandado] actuó bajo el convencimiento de que al estar facultado por la junta directiva del Infiboy para realizar la reestructuración de la planta de personal, contaba con el visto bueno y la aprobación del gobernador para hacerlo. Como [sus subalternos] no suscribieron los actos administrativos que fueron parcialmente anulados, tampoco están llamados a responder a título de dolo o culpa grave. Por lo anterior, en la parte resolutiva se confirmará la sentencia… proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.
También resuelve:¿Se probó que los demandados actuaron con dolo y/o culpa grave en los hechos bajo examen?¿La anulación de los actos administrativos por falta de cumplimiento de requisitos legales, lleva consigo la conclusión de que se obró con dolo o culpa grave?¿El hecho de que la junta directiva del Infiboy delegara al gerente para determinar la planta de personal, llevaba consigo la aquiescencia del gobernador del departamento?
¿Se probó la actuación dolosa de las demandadas en repetición? No
El contratista no puede probar la actuación dolosa de las demandadas en repetición si las pruebas documentales presentadas solo acreditan circunstancias externas y ajenas a las accionadas, sin ofrecer grado de certeza alguno sobre la intención de apartarse del servicio público por parte de las demandadas. En este caso, la Sala concluyó que la copia del acto de remoción, la historia laboral del funcionario, los acuerdos de reestructuración y el acta de comité de conciliación no eran idóneas para demostrar el elemento subjetivo inherente al juicio de repetición, ya que no se refieren a la conducta de las accionadas. Esto implica que el contratista debe presentar pruebas que directamente demuestren la intención dolosa de las demandadas para tener éxito en un juicio de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Al Consejo de Estado le corresponde el conocimiento de las demandas de repetición interpuestas contra de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional?¿La condena objeto del sub examine se profirió en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo?¿Se invocó la presunción de dolo con fundamento en que el acto administrativo de remoción habría sido expedido con base en un hecho inexistente?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2025-09-17Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 11001032600020240014400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Resulta competente la Sección Tercera del Consejo de Estado para conocer del recurso extraordinario de anulación interpuesto contra el laudo arbitral proferido en el marco de la validación judicial de un acuerdo de recuperación empresarial, cuando dicha competencia fue asignada por la Corte Constitucional en un conflicto de jurisdicción al considerarse que en dicho trámite interviene una entidad pública? Sí
En el sub examine, el laudo impugnado fue proferido por el tribunal arbitral conformado para la validación judicial del acuerdo de recuperación empresarial de la sociedad Clínica Médico Quirúrgica S.A.S., administrado por el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en el marco del procedimiento previsto en el Decreto Legislativo 560 de 2020 –reglamentado por el Decreto 842 de 2020–.… El asunto fue remitido inicialmente al Tribunal Superior de Norte de Santander, Sala Civil, para que resolviera los recursos extraordinarios de anulación formulados contra la providencia señalada anteriormente. No obstante, el magistrado a quien le correspondió por reparto lo rechazó y lo remitió a esta Corporación por ser de su competencia.
También resuelve:¿Cumplen con los requisitos de oportunidad, sustentación y causalidad los recursos extraordinarios de anulación interpuestos contra el laudo arbitral proferido en el marco de la validación judicial…
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de repetición, considerando que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública debe computarse con arreglo a la antigua codificación, dado que el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos? Sí
El término de caducidad de la acción de repetición es de dos años y se cuenta desde el día siguiente al pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo que tiene la entidad para pagarla. Esta regla se apoya en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y en la jurisprudencia de esta Sección, que computa el plazo de pago con la codificación anterior cuando el proceso que da base a la repetición se tramitó bajo el Código Contencioso Administrativo. Si la condena se profirió en ese régimen, la entidad contaba con dieciocho meses para pagarla según el artículo 177 del mismo código, y ese plazo fija el inicio del cómputo. En el caso concreto la sentencia quedó ejecutoriada en 2014, la demanda de repetición se presentó dentro del término y la caducidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la acción no caduca si se presenta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo de pago.síntesis automática
También resuelve:¿Los documentos aportados por la entidad accionante, vienen suficientes para considerar que se acreditó el pago de la condena que le impuso el Tribunal Administrativo de La Guajira…¿El demandado en repetición, en su condición de director general de Corpoguajira para la época de los hechos que generaron la condena a la entidad demandante…¿Resulta procedente condenar en costas a la entidad estatal demandante en el medio de control de repetición, cuando resulta vencida en el proceso?
¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversias contractuales debido a que, conforme con la fecha de celebración del contrato de reestructuración de una obligación, la norma aplicable era el Código Contencioso Administrativo, artículo 136 numeral 10, puesto que el término de caducidad aplicable era de cinco años a partir del perfeccionamiento del contrato por ser un contrato con vigencia superior a dos años? Sí
La Sala revocará la sentencia de primera instancia y declarará probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada, porque comparte las razones expuestas por la citada entidad al sustentar su recurso de apelación. De acuerdo con lo solicitado en las pretensiones de la demanda, la sociedad demandante persigue que se declare la nulidad del contrato de reestructuración, en cuanto en el mismo contrato se aceptó el pago de intereses en violación de las normas legales. Pide que se declare que, en desarrollo de ese pacto (ilegal, de acuerdo con la demanda), se hicieron cobros de intereses, daciones en pago y ampliación de gravámenes hipotecarios indebidos.
También resuelve:¿Debe condenarse en costas a la parte vencida, en este caso la parte demandante?