Titulación de la relatoría 16.903 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / SELECCIÓN ABREVIADA DEL CONTRATISTA / CONTRATO DE MENOR CUANTÍA / REQUISITOS DE LA EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA / CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA
Problema jurídico:
¿Cuando se demanda el acto de adjudicación del contrato porque la oferta ganadora no era la más favorable, según el actor, por no cumplir con el requisito de experiencia exigida en el pliego de condiciones, se debe demostrar la ilegalidad del acto y que la propuesta del demandante era la mejor?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Policía Nacional adelantó un procedimiento de selección abreviada de menor cuantía, que tuvo por objeto la contratación del servicio de mantenimiento de las motocicletas de la Policía Metropolitana de Neiva, el cual, luego de surtidas las etapas respectivas, fue adjudicado a la unión temporal Multimarcas Motos, lo que llevó a que posteriormente se celebrara el contrato PN-MENEV 93-7-10059-16. La señora Norma Constanza Bonelo interpuso demanda de controversias contractuales, por considerar que la adjudicataria no cumplió los requisitos de experiencia, pago de aportes de seguridad social y de ofrecimiento de un taller de mantenimiento en idóneas condiciones, por lo que, dado que su propuesta satisfizo los requisitos previstos en el pliego de condiciones, era la más favorable y, por tanto, se le debió adjudicar el contrato. (...) El Tribunal Administrativo del Huila concluyó que Multimarcas acreditó el requisito de experiencia, pues, si bien aportó múltiples contratos para acreditar tal aspecto, que no versaban exclusivamente sobre el mantenimiento de motocicletas, el pliego de condiciones no estableció que estos debieran haberse suscrito exclusivamente para tal fin, por lo que darle ese alcance a tal exigencia resultaba errado. (...) la Sala parte de precisar que el numeral 2.1.2. del numeral 2 “requisitos de orden técnico” del pliego de condiciones8 estipuló que, para acreditar la experiencia, era necesario demostrar haber suscrito contratos de mantenimiento de motocicletas en los años 2013, 2014 y/o 2015 “cuyo valor sumado sea mayor o igual a 1.305,86 SMLMV”, sin que se hubiera indicado que los contratos versarían exclusivamente sobre ese aspecto. En la nota 1 de ese acápite también se precisó que, en caso de que el proponente fuera un consorcio o unión temporal, el valor del contrato será igual al total multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. El pliego de condiciones no determinó que la experiencia sería pasible de puntaje, sino que se previó como un requisito técnico que debía ser verificado. (...) la Sala considera que no le asiste razón a la parte apelante al indicar que Multimarcas no cumplió el requisito de experiencia, en consideración a que i) el pliego de condiciones no restringió el objeto de los contratos que se debían aportar para la experiencia a que versaran solamente sobre el mantenimiento de motocicletas; y ii) los negocios jurídicos aportados por Multimarcas e invocados en la demanda, arrojaron como monto mínimo una suma mayor a los 1.305,86 SMLMV exigidos, como se verá. (...) En virtud de lo anterior, es claro que la exigencia de aportar contratos con el objeto del mantenimiento de motocicletas para demostrar la experiencia no podía interpretarse en el sentido de que tales negocios debían recaer exclusivamente en ese tipo de vehículos, pues ello no se deriva de la lectura del pliego de condiciones, en el que la entidad contratante, en virtud de la autonomía de la voluntad, consagró un estándar flexible para acreditar la experiencia -aportar contratos que tengan por objeto el mantenimiento de motocicletas, mas no que ese sea su única materia-. Ahora, se observa que los contratos que allegó Multimarcas tuvieron dentro de sus objetos el mantenimiento de motocicletas, aunque tal actividad también recayó sobre otros automotores, por lo que, dada la manera en la que el pliego de condiciones se concibió, en orden a la acreditación de la experiencia, ello resultaba suficiente para valorar tales documentos y establecer si se cumplió o no la experiencia técnica. También se desestima el argumento de la apelante, según el cual el hecho de que en otros procesos de selección la Policía Nacional hubiera acogido una interpretación más restrictiva sobre el objeto de los contratos para acreditar la experiencia implicaba que en el sub lite también debía dársele tal alcance a esa exigencia, pues en el pliego de condiciones se establecen los elementos de tiempo, modo y lugar del procedimiento de selección, de conformidad con el EGCAP, y en el asunto de estudio no se le dio a la prueba de la experiencia el alcance que la parte actora advirtió que se acogió en otros procedimientos posteriores y ajenos al asunto de la referencia. (...) la Sala considera que no es válido el argumento de la parte apelante, en virtud del cual el hecho de que el taller ofrecido sirviera para el mantenimiento de otros automotores, adicionales a las motocicletas, derivaba en que no era posible aceptarlo para acreditar la capacidad operativa exigida, debido a que ello no excluía su potencialidad para funcionar como lugar en el que se prestara el servicio de mantenimiento de motos. En desarrollo de lo anterior, se observa que el pliego de condiciones de ningún modo proscribió que el taller ofrecido pudiera servir para mantener otros automotores, por lo que tal interpretación no se desprende de ese documento. Para cumplir con el requisito en estudio, bastaba con que tuviera una extensión de al menos 200 metros, encerrados y techados, disponibles para las operaciones de mecánica de patio, electricidad, motores y almacén de repuestos. En el caso de Multimarcas, se ofreció un taller con un área total de 1.031,23 metros, de los cuales 200 metros se destinarían exclusivamente al mantenimiento de motocicletas, por lo que era irrelevante si el espacio restante estaba destinado al servicio de otros automotores de distinta categoría y, dado que el pliego de condiciones no impedía tal circunstancia, la Policía Nacional debía considerar cumplido tal requisito, como en efecto sucedió. De otro lado, pese a que la parte actora también adujo que el taller fue ofrecido en otros procedimientos de selección, no demostró que los 200 metros ofertados en la selección abreviada bajo estudio hubieran sido objeto de otros negocios jurídicos de manera concurrente, aspecto en el que se destaca que nada impedía que Multimarcas pudiera disponer los metros sobrantes del taller que estaban destinados al mantenimiento de otros automotores. En virtud de lo expuesto, es claro que Multimarcas cumplió la exigencia de la capacidad operativa de poseer un taller de motocicletas, en los términos exigidos en el pliego de condiciones, por lo que el a quo acertó en concluir tal aspecto, lo que lleva a desestimar el segundo cargo de la apelación.
CUANTÍA DEL CONTRATO / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El cálculo de la cuantía del contrato debía ser proporcional al porcentaje de participación de los miembros de la unión temporal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[T]ampoco le asiste razón a la señora Norma Constanza Bonelo al indicar que no se cumplió la regla del pliego de condiciones, según la cual el cálculo de la cuantía del contrato debía ser proporcional al porcentaje de participación de los miembros de la unión temporal, pues la operación aritmética en ese sentido, basada en el estándar que, para tal efecto dispuso el pliego de condiciones, arrojó que los negocios aportados tenían una suma mayor a 1.305,86 SMLMV para la fecha del procedimiento de selección. En ese orden de ideas, Multimarcas cumplió lo exigido en el pliego de condiciones para acreditar la experiencia técnica, cuestión que permite acompañar al a quo en sus conclusiones frente a tal aspecto. Por ende, el primer cargo de la apelación no prospera.
NORMATIVA DEL CONTRATO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El derecho común el el régimen legal aplicable a los contratos sometidos por el EGCAP salvo lo estipulado por la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se destaca que, al haberse previsto un régimen jurídico mixto aplicable a los contratos estatales -conformado por el EGCAP y sus reformas, el derecho mercantil y el Código Civil-, el legislador quiso que esos negocios jurídicos estuvieran regidos por las disposiciones de derecho común, salvo en lo expresamente regulado en la Ley 80 de 1993 y sus normas posteriores, lo que a efectos del presente caso implica que nada impedía que, en virtud de la autonomía de la voluntad, no se exigiera que los negocios jurídicos para acreditar la experiencia versaran exclusivamente sobre el mantenimiento de motocicletas, máxime cuando ello no repercutía en la selección objetiva. En virtud de lo anterior, es claro que la exigencia de aportar contratos con el objeto del mantenimiento de motocicletas para demostrar la experiencia no podía interpretarse en el sentido de que tales negocios debían recaer exclusivamente en ese tipo de vehículos, pues ello no se deriva de la lectura del pliego de condiciones, en el que la entidad contratante, en virtud de la autonomía de la voluntad, consagró un estándar flexible para acreditar la experiencia -aportar contratos que tengan por objeto el mantenimiento de motocicletas, mas no que ese sea su única materia-.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 84 DE 1873
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FALTA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / APORTE PARAFISCAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / FALTA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se acreditó el incumplimiento del requisito de certificar el pago de aportes a seguridad social?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Tribunal Administrativo del Huila consideró que Multimarcas aportó satisfactoriamente la información sobre el pago de aportes a seguridad social, puesto que allegó una declaración juramentada en los términos previstos en el pliego de condiciones. Además, precisó que el hecho de que se incluyera en la propuesta a varias personas, frente a las cuales no se demostró el pago de parafiscales, no quería decir que se hubiera incumplido tal aspecto, pues aquellas no necesariamente debían haber tenido un vínculo anterior con el adjudicatario. (...) Con el fin de cumplir la obligación anterior, Multimarcas aportó dos documentos suscritos por los representantes legales de los miembros de la unión temporal, en los que declararon bajo la gravedad de juramento haber cumplido con el pago de aportes parafiscales. A su vez, allegó una declaración en la que afirmó contar con el personal exigido y, en ese punto, señaló a varios individuos como aquellos que prestarían el servicio objeto del proceso de selección. En la evaluación definitiva y en el acto de adjudicación se indicó, de manera general, que se cumplieron los requisitos técnicos y habilitantes. También se precisó que la ley les exigía a los proponentes aportar una declaración juramentada de aportes parafiscales y no las planillas de pago, por lo que como tal documento se allegó por la proponente ganadora, se concluyó que cumplió ese requisito. La Sala estima que la parte apelante no acreditó que Multimarcas hubiera incumplido el pago de aportes parafiscales, pues no se aportó ninguna prueba que demostrara tal circunstancia o que se desatendió lo prescrito en el pliego de condiciones sobre ese aspecto. Al respecto, las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 instituyeron la obligación de las personas que funjan como proponentes de certificar o declarar el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales en los procedimientos de selección de la contratación pública, lo que implica que se debe manifestar la satisfacción de tal aspecto. Para la ejecución contractual, la Ley 1150 de 200729 exige, ya no afirmar bajo la gravedad de juramento el cumplimiento de ese deber, sino demostrarlo respecto del contrato respectivo como requisito previo para la realización del pago de la contraprestación convenida. (...) Sobre el particular, esta Corporación ha considerado que la obligación de certificar el pago de aportes parafiscales con la presentación del ofrecimiento en los procesos de selección no se limita a que el proponente aporte tal declaración, sino que la entidad contratante debe verificar el cumplimiento de tal aspecto y, de ser el caso, requerir al oferente para que soporte probatoriamente tal declaración30 . En el sub examine, si bien la apelante advirtió que Multimarcas incumplió la obligación de pago de aportes de seguridad social, no allegó ninguna prueba que acreditara tal aspecto, de ahí que tal señalamiento se redujo a una conjetura que no es posible corroborar con las pruebas aportadas. En desarrollo de lo anterior, la demandante pudo hacer ejercicio del derecho de petición para solicitar a la entidad competente que certificara si la proponente ganadora cumplió sus obligaciones en materia de aportes de parafiscales; empero, no se allegó ningún documento que diera cuenta de esa supuesta omisión, sin lo cual resulta imposible determinar lo alegado en la apelación en cuanto al tercer cargo. Lo propio sucede respecto del cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social del personal ofrecido, pues, pese a que la apelante manifestó que Multimarcas no acreditó haber satisfecho tal obligación, teniendo en cuenta que varios de esos individuos trabajaron para los miembros de la unión temporal, lo cierto es que la señora Norma Constanza Bonelo no acreditó la supuesta desatención alegada con ninguna prueba que le permita a esta Corporación llegar a esa conclusión. En ese punto se advierte que, si bien la Policía Nacional manifestó en el proceso de selección que bastaba con que el proponente allegara el certificado del pago de obligaciones de seguridad social, tal premisa resultó errada, pues, como se explicó, a las entidades contratantes les corresponde verificar la veracidad de tal información; sin embargo, la apelante no acreditó que Multimarcas hubiera omitido esa obligación, en tanto no existen elementos para concluir tal aspecto. Por lo expuesto, se concluye que Norma Constanza Bonelo no demostró que Multimarcas hubiera incumplido la obligación del pago de aportes parafiscales, por lo que el recurso de apelación será desestimado en cuanto a ese cargo.
FUENTE FORMAL:
LEY 789 DE 2002
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias den derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 365 del CGP dispuso en el numeral 1 que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. Atendiendo a lo ordenado en la citada norma, se condenará en costas en segunda instancia a la parte apelante, quien resultó vencida en el sub lite, pues se confirmará la sentencia de primera instancia. Las agencias en derecho se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del CGP. Para esos efectos deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales. En el sub lite, la entidad demandada adelantó gestiones de manera activa, pues acudió al proceso con apoderado, contestó la demanda y presentó alegatos de conclusión, motivo por el cual la Sala procederá a fijar las agencias en derecho con base en lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, según el cual, en los procesos declarativos en general, cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, las agencias en derecho en segunda instancia se establecerán entre 1 y 6 SMLMV. En virtud de lo anterior, la Sala fijará las agencias en derecho en segunda instancia en la suma equivalente a 3 SMLMV, en favor de la Policía Nacional.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 1564 DE 2013 - ARTÍCULO 365