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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente

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Fecha
2021-09-23
Radicado
85001233300020170014501
Número interno
65002
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
DEPARTAMENTO DE CASANARE
Demandado
WILLIAM HERNAN PEREZ ESPINEL Y OTROS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente

Lo que dijo la Sala

El 18 de diciembre de 2001, el Departamento de Casanare celebró un contrato de obra a precios unitarios con fórmula de reajuste con la UT Guanapalo. Como en la liquidación del contrato no se incluyó el reajuste de precios, por falta de presupuesto, el contratista acudió a esta jurisdicción, que ordenó el pago de $1.034.235.124. Como la entidad pagó esa condena, demandó en acción de repetición al exgobernador William Hernán Pérez Espinel, al exsecretario de obras públicas y transporte, Oswaldo Niño Morales, y alegó culpa grave.… Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, se aplican las «presunciones legales» previstas en los artículos 5º y 6º de esa ley, que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no desvirtúa la presunción de culpa grave del numeral 1º del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, al no realizar las gestiones necesarias para la consecución de las partidas presupuestales que permitan el pago oportuno de los reajustes de precios del contrato, violando manifiestamente e inexcusablemente el artículo 71 del Decreto Orgánico del Presupuesto, los artículos 25 y 41 de la Ley 80 de 1993 y el manual de funciones del departamento, lo que implica que la entidad estatal debe garantizar la gestión contractual y adelantar las gestiones necesarias para conseguir los recursos para el pago de las obligaciones contractuales. Esta decisión modifica un precedente anterior, reforzando la importancia de la gestión contractual y la responsabilidad de los funcionarios en la administración de recursos presupuestales para cumplir con los compromisos contractuales, lo que implica un mayor control y seguimiento en la ejecución de contratos por parte de la administración pública.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El secretario de obras y transporte del Departamento de Casanare desvirtuó la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho por la falta de gestión en la ejecución del contrato por el no pago de los valores correspondientes al reajuste de precios del contrato y el contrato adicional?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1564 de 2012, art. 211
  • Ley 678 de 2001, art. 6 núm. 1

También resuelve

  • ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para resolver el recurso de apelación en el medio de control de repetición?
  • ¿Cuáles son los presupuestos que determinan la legitimación en la causa en el medio de control de repetición?
  • ¿Cómo se determina el régimen jurídico aplicable al medio de control de repetición y cómo se aplican la presunción de culpa grave y presunción de dolo?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE GESTIÓN DEL ESTADO GESTIÓN PÚBLICA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PROPÓSITO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ERROR INEXCUSABLE INCUMPLIMIENTO DEL PAGO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUNCIÓN LEGAL PRESUNCIÓN DE DOLO ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL NORMAS ORGÁNICAS DEL PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN LEY DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE ENTIDAD TERRITORIAL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD ESTATAL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO AUSENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONDENA CONCURRENCIA DE CULPA CONCURRENCIA DE CAUSAS CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / GESTIÓN DEL ESTADO / GESTIÓN PÚBLICA / CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / PROPÓSITO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / ERROR INEXCUSABLE / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El secretario de obras y transporte del Departamento de Casanare desvirtuó la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho por la falta de gestión en la ejecución del contrato por el no pago de los valores correspondientes al reajuste de precios del contrato y el contrato adicional? Respuesta al problema jurídico: Si El 18 de diciembre de 2001, el Departamento de Casanare celebró un contrato de obra a precios unitarios con fórmula de reajuste con la UT Guanapalo. Como en la liquidación del contrato no se incluyó el reajuste de precios, por falta de presupuesto, el contratista acudió a esta jurisdicción, que ordenó el pago de $1.034.235.124. Como la entidad pagó esa condena, demandó en acción de repetición al exgobernador William Hernán Pérez Espinel, al exsecretario de obras públicas y transporte, Oswaldo Niño Morales, y alegó culpa grave. (...) Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, se aplican las «presunciones legales» previstas en los artículos 5º y 6º de esa ley, que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas «presunciones» inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía al demandante demostrar los supuestos de hecho en los que se fundamentaba y, por tanto, acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado. Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba , una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que «presumen» el dolo o la culpa grave, el demandado tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la «presunción». De modo que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar si no obstante configurarse alguna de las «presunciones», el demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. El juez evaluará todos los eventos que no se subsumen en los supuestos de «presunciones» previstos por el legislador. (...) Conforme al manual específico de funciones de la administración del Departamento de Casanare, vigente para la época de los hechos, el Secretario de Obras Públicas y Transporte debía planear, organizar y dirigir la ejecución del plan general de obras públicas y dirigir la construcción y mantenimiento de los componentes de la infraestructura de obras públicas (f. 246 c. 1). 19. Narda Consuelo Perilla Alonso –Secretaria de Hacienda Departamental para la época de los hechos– declaró que, de acuerdo al procedimiento presupuestal y financiero para los contratos de la época, los secretarios de cada unidad ejecutora solicitaban los recursos necesarios para financiar los contratos de su unidad. En este caso, debía ser el Secretario de Obras Públicas y Transporte. La Secretaría de Hacienda expedía los certificados de disponibilidad presupuestal de acuerdo con esa solicitud (CD f. 231 c. 1). Como la testigo trabajaba para la entidad demandante para la época de los hechos, es un testigo cuya imparcialidad o credibilidad puede verse afectada, en los términos del artículo 211 CGP. Esta norma prevé que el juez analizará estos testimonios de acuerdo con las circunstancias de cada caso. El relato de la testigo fue verosímil, claro y completo, y corresponde a hechos que conoció de forma directa. Al desempañarse como Secretaria de Hacienda departamental conocía los procedimientos presupuestales de la gestión contractual. Su declaración acredita que el Secretario de Obras Públicas y Transporte debía hacer las gestiones y solicitudes para la expedición del certificado y registro presupuestal. El no pago de los valores correspondientes al reajuste de precios del contrato y el contrato adicional tuvo como origen la imposibilidad de disponer de recursos, como consecuencia, no solo de la incorrecta planeación, sino de la falta de gestión y seguimiento del contrato que permitiera obtener, de manera previa, las provisiones necesarias para el cumplimiento de esa obligación. Esta tarea de administración correspondía al Secretario de Obras Públicas y Transporte demandado, como director de la entidad, quien debió adelantar los trámites para la consecución de los recursos y garantizar los procedimientos presupuestales internos para disponer de los mismos. Estos trámites, por supuesto, suponían el adecuado acompañamiento del contrato para verificar los ajustes respectivos a la par que el adelanto de las gestiones que permitieran su pago. La falta de gestión del contrato, además de las equivocaciones en la planeación del mismo, impidió pagar los reajustes de precios cuantificados por la supervisión y la interventoría e informados al entonces Secretario de Obras Públicas y Transporte del departamento. Esta situación produjo que esta jurisdicción condenara al pago, no solo de los reajustes, sino de los intereses moratorios por el no pago oportuno de esa obligación. En reciente pronunciamiento, esta Subsección consideró como gravemente culposo el comportamiento de un funcionario que, a pesar de no participar en la planeación del contrato, como gerente de una entidad debió estar al tanto de su ejecución y adelantar las gestiones necesarias para conseguir los recursos para el pago de unas mayores cantidades de obra que no tenían asignada partida presupuestal. En esa oportunidad, la Sala insistió en la importancia de la gestión contractual y el deber de los funcionarios de garantizar soluciones ágiles para el pago oportuno de los compromisos contractuales. El comportamiento del demandado configura la presunción del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, dado que como Secretario de Obras Públicas y Transporte violó de manera inexcusable y manifiesta el artículo 71 del Decreto Orgánico del Presupuesto, los artículos 25 y 41 de la Ley 80 de 1993 y el manual de funciones del departamento, al no realizar las gestiones necesarias para la consecución de las partidas presupuestales con el fin de pagar a tiempo los reajustes de precios del contrato. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 211, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para resolver el recurso de apelación en el medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 150 CPACA, modificado por el artículo 615 CGP. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos que determinan la legitimación en la causa en el medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que paga la obligación, en nombre del deudor, la cual puede tener origen en la ley o en el acuerdo de voluntades (arts. 1630, 1666, 1667 y 1668 CC). Por virtud de la ley o el contrato, quien pagó la obligación se subroga en todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas que tenía el antiguo acreedor contra el deudor principal, como contra terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda (art. 1670 CC). De modo que, por transmisión o traspaso de los derechos del acreedor viene a ocupar su lugar (subrogación legal o convencional), pues la deuda no se extingue y solo cambia al acreedor . El artículo 90 CN, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, establece que la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público, estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición. Se trata, pues, de un evento de subrogación legal, en virtud del cual la entidad tiene derecho a repetir lo pagado –por ministerio de la ley– contra el servidor público que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio origen a la condena contra el Estado. El Departamento de Casanare está legitimado en la causa por activa, pues fue la entidad pública que pagó una reparación patrimonial derivada de una sentencia judicial. Con ocasión de este pago se subrogó en los derechos y privilegios del tercero afectado con la conducta que califica como gravemente culposa del servidor público [núm. 11]. Oswaldo Niño Morales está legitimado en la causa por pasiva, pues fue el exservidor público que, según la demanda, con su conducta gravemente culposa o dolosa dio lugar a la indemnización por el Estado, proveniente de una condena judicial. Aquel fue el Secretario de Obras Públicas y Transporte para la época de los hechos, según da cuenta certificación de la Directora de Talento Humano de la Gobernación de Casanare (f. 125 c. 1). FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1630, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1666, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1667, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1668, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1670 NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se determina el régimen jurídico aplicable al medio de control de repetición y cómo se aplican la presunción de culpa grave y presunción de dolo? Respuesta al problema jurídico: Si Como los hechos que produjeron la condena ocurrieron entre el 18 de diciembre de 2001 (fecha en que se suscribió el contrato) y el 28 de julio de 2003 (fecha en que se liquidó), el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es la Ley 678 de 2001 que entró en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial nº. 44.509, el 4 de agosto de 2001. La Ley 678 de 2001, al desarrollar el inciso segundo del artículo 90 CN, reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello, los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen enteramente por ella . En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y finalidades de este medio de control, sino que, al calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público, estableció unas «presunciones legales» (artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001) que admiten prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 CC. La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º encontró que estaban ajustados a la CN, pues esas «presunciones» no implican atribución inmediata de responsabilidad del demandado, al ser mecanismos procesales que buscan que la entidad pruebe el supuesto de hecho de la presunción alegada y el demandado, mediante prueba en contrario, lo desvirtúe para eximirse de responsabilidad. Para la corte, de esta forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibro en el debate probatorio . El artículo 243 CN dispone que los fallos que la Corte Constitucional dicte, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Una vez en firme y ejecutoriada la decisión, esta tiene fuerza vinculante, obligatoria para todos, incluidos, por supuesto, los jueces de la República. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 243, LEY 678 DE 2001 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si La procedencia de la acción de repetición –a más de la condición de servidor o exservidor público, que ya fue analizada [núm. 4]– requiere: (i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas. (...) El primer presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo. La obligación de la entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se verifica mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, conforme al artículo 2° de la Ley 678 de 2001. La persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero, en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la ley, está en el deber de iniciar la acción de repetición (arts. 2 y 8 Ley 678 de 2001). (...) El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 CC). Está acreditado que la entidad demandante pagó la condena impuesta por el Consejo de Estado en la sentencia del 26 de agosto de 2015, (...) Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, se aplican las «presunciones legales» previstas en los artículos 5º y 6º de esa ley, que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas «presunciones» inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía al demandante demostrar los supuestos de hecho en los que se fundamentaba y, por tanto, acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado. Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba , una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que «presumen» el dolo o la culpa grave, el demandado tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la «presunción». De modo que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar si no obstante configurarse alguna de las «presunciones», el demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. El juez evaluará todos los eventos que no se subsumen en los supuestos de «presunciones» previstos por el legislador. (...) Las «presunciones legales» de dolo o culpa grave, previstas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001 , corresponden a un juicio lógico del legislador, que consiste en tener como cierto o probable un hecho, partiendo de otro debidamente probado. Esa presunción no excluye la posibilidad de que exista un error en el razonamiento del hecho del cual se parte para obtener una deducción o en el hecho probado cuando resulte falso o inexacto. Por eso, el demandado tiene la posibilidad de desvirtuar la «presunción legal», aun cuando fueren ciertos los antecedentes o circunstancias con fundamento en los cuales lo infiere la ley, como también cuando éstos terminen siendo falsos . La presunción de culpa grave del numeral 1º del artículo 6, por violación manifiesta e inexcusable de normas derecho, se configura cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones . NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 [fundamento jurídico 2.1] y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42.183 [fundamentos jurídicos 12, 13 y 15]. DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMAS ORGÁNICAS DEL PRESUPUESTO / ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN / LEY DE PRESUPUESTO / PRESUPUESTO DE ENTIDAD TERRITORIAL / PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD ESTATAL / PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO / AUSENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES / CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL / CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Las entidades estatales deben adoptar las medidas necesarias para mantener –durante la ejecución del contrato– las condiciones técnicas, financieras y económicas existentes al momento de la licitación? Respuesta al problema jurídico: Si El numeral 8 del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 prevé que las entidades estatales deben adoptar las medidas necesarias para mantener –durante la ejecución del contrato– las condiciones técnicas, financieras y económicas existentes al momento de la licitación. Para ello, dispone que podrán utilizar mecanismos de ajuste y revisión de precios. Este mecanismo es útil en contratos de tracto sucesivo, pues los precios inicialmente pactados se pueden ver afectados por fenómenos económicos como la devaluación, la inflación o el aumento de costos. Al ser una situación previsible, las partes incluyen en el contrato fórmulas para reajustar los precios unitarios de acuerdo a las variaciones del mercado, para que correspondan a la realidad de los costos al momento de la ejecución por parte del contratista. El reconocimiento de los derechos y de las obligaciones, implica para la entidad pública el acatamiento estricto de las reglas presupuestales, que rigen la forma en que se hacen las apropiaciones de gasto. El artículo 71 del Decreto 111 de 1996 –Estatuto Orgánico del Presupuesto– preceptúa que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Así mismo, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos no sean desviados a ningún otro fin. El artículo 25 de la Ley 80 de 1993, al regular el principio de economía, establece que las autoridades deben constituir las reservas y compromisos presupuestales necesarios, tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la aplicación de la cláusula de actualización de precios, con el fin de cumplir con una adecuada planeación contractual y contar con las partidas presupuestales necesarias para responder por las obligaciones contraídas. En concordancia, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 dispone que para la ejecución de los contratos se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras, de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. De modo que, el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) debe existir al inicio del proceso de selección para comprometer los recursos necesarios para cumplir las obligaciones del contrato (aunque su ausencia no vicia de nulidad el contrato). A su vez, el registro presupuestal garantiza los recursos para el pago del bien o servicio contratado (requisito de ejecución del contrato). FUENTE FORMAL: DECRETO 111 DE 1996 - ARTÍCULO 71, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41 CONDENA / CONCURRENCIA DE CULPA / CONCURRENCIA DE CAUSAS / CULPA GRAVE OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Existe concurrencia de culpas entre secretario de obras y transporte del Departamento de Casanare y el gobernador por lo que deberán responder según el porcentaje de participación en el daño? Respuesta al problema jurídico: Si La decisión proferida por esta jurisdicción ordenó el pago, por concepto de intereses de mora, de $283.840.607. Se acreditó la concurrencia de las actuaciones gravemente culposas de Oswaldo Niño Morales y William Hernán Pérez Espinel –condenado en primera instancia y no apeló el fallo–. Aunque la Sala no puede emitir pronunciamiento sobre la responsabilidad de las demás personas que participaron en estos hechos, está facultada para limitar el pago dado el grado de participación del funcionario que apeló el fallo, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 678 de 2001 y, por ello, se le ordenará restituir el 30% de la condena pagada por la entidad pública demandante. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 14 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho en el medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. El artículo 365.1 CGP, norma vigente para la época en que se interpuso la demanda, ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. De conformidad con el artículo 366.4 CGP y en los términos del Acuerdo n°. 10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la época de presentación de la demanda, las agencias en derecho se tasarán en un (1) salario mínimo legal mensual vigente, en atención a la naturaleza de este proceso, la calidad y duración de la gestión ejecutada por el apoderado. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012333000201700145011100103