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Salvamento de voto: no se pueden incluir pretensiones en la fijación del litigio
Lo que dijo la Sala
Considero que la Sala debió hacer un pronunciamiento expreso reprochando la actitud del Tribunal, quien permitió la inclusión de pretensiones en la audiencia inicial a propósito de la fijación del litigio. La fijación del litigio, tanto conceptual como normativamente, en los artículos 180-7 del CPACA y 372-7 del CGP, es una etapa en la cual el juez determina los hechos que las partes no discuten y aquellos sobre los cuales versa la controversia. Sin embargo, no constituye un momento en el cual puedan agregarse pretensiones. En esa audiencia se fija el objeto de la actividad probatoria, pues la controversia jurídica ha quedado determinada en una etapa anterior; por el contorno demarcado por la demanda y su contestación.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Problema jurídico
¿Se pueden incluir pretensiones en la fijación del litigio?
Respuesta: No
También resuelve
¿Procedía la declaración de nulidad del contrato solicitada por el Ministerio Público?
¿Procedía la anulación del contrato interadministrativo por violación de los procedimientos de selección establecidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SALVAMENTO DE VOTO / AUDIENCIA INICIAL / FIJACIÓN DEL LITIGIO / FINALIDAD DE LA FIJACIÓN DEL LITIGIO / INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ETAPAS DEL PROCESO / PLAZO PRECLUSIVO
Problema jurídico:
¿Se pueden incluir pretensiones en la fijación del litigio?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]onsidero que la Sala debió hacer un pronunciamiento expreso reprochando la actitud del Tribunal, quien permitió la inclusión de pretensiones en la audiencia inicial a propósito de la fijación del litigio. La fijación del litigio, tanto conceptual como normativamente, en los artículos 180-7 del CPACA y 372-7 del CGP, es una etapa en la cual el juez determina los hechos que las partes no discuten y aquellos sobre los cuales versa la controversia. Sin embargo, no constituye un momento en el cual puedan agregarse pretensiones. En esa audiencia se fija el objeto de la actividad probatoria, pues la controversia jurídica ha quedado determinada en una etapa anterior; por el contorno demarcado por la demanda y su contestación. Además, las etapas procesales son preclusivas, por lo tanto, vencida la posibilidad de reformar o adicionar la demanda, no puede el juez permitirlo en una etapa ulterior.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 180 NUMERAL 7, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 372 NUMERAL 7
SALVAMENTO DE VOTO / CONCEPTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO / SOLICITUD DE NULIDAD / SOLICITUD DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONSEJO DE ESTADO / NORMA DE DERECHO PÚBLICO / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA
Problema jurídico:
¿Procedía la declaración de nulidad del contrato solicitada por el Ministerio Público?
Respuesta al problema jurídico: Si
De otra parte, no puedo compartir la decisión de no acceder a la nulidad solicitada por el Ministerio Público en su concepto. El Consejo de Estado debe actuar como defensor de todas las normas de derecho público que integran el ordenamiento jurídico. En mi entender era claro que el contrato interadministrativo celebrado por las partes fue un vehículo para eludir el procedimiento de selección que correspondía adelantar de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Este evento es especialmente grave porque, a diferencia de otros, todas las actividades encargadas a la entidad contratista fueron subcontratadas en su totalidad a un tercero. Basta con revisar el cuadro comparativo que se incluyó en la Sentencia para observar que la conclusión debió ser exactamente contraria a la que llegó
la Sala.
SALVAMENTO DE VOTO / NULIDAD DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA / SUBCONTRATO
Problema jurídico:
¿Procedía la anulación del contrato interadministrativo por violación de los procedimientos de selección establecidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala debió anular el contrato interadministrativo que dio origen al pleito, en aplicación del artículo 44-2 de la Ley 80 de 1993, pues existe una prohibición de eludir los procedimientos de selección en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80, artículo 24-8); y está demostrado que una entidad sometida al Estatuto contrató directamente a una entidad con régimen especial y esta, en turno, subcontrató toda la actividad que se le había encomendado.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 8, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 2
Texto extraído del PDF oficial 3.737 caracteres
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www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Fredy Ibarra Martínez
Radicación: 68001-23-33-000-2015-00085-00 (65094)
Demandante: E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo
Demandado: Departamento de Santander
Referencia: controversias contractuales
Salvamento de voto de Alberto Montaña Plata
1. Presento las razones por las cuales salvé mi voto en la Sentencia de 19 de
octubre de 2022, en la cual se confirmó la Sentencia de primera instancia.
2. En primer lugar, considero que la Sala debió hacer un pronunciamiento
expreso reprochando la actitud del Tribunal, quien permitió la inclusión de
pretensiones en la audiencia inicial a propósito de la fijación del litigio. La fijación
del litigio, tanto co nceptual como normativamente, en los artículos 180 -7 del
CPACA y 372-7 del CGP, es una etapa en la cual el juez determina los hechos
que las partes no discuten y aquellos sobre los cuales versa la controversia. Sin
embargo, no constituye un momento en el cual puedan agregarse pretensiones.
En esa audiencia se fija el objeto de la actividad probatoria, pues la controversia
jurídica ha quedado determinad a en una etapa anterior; por el contorno
demarcado por la demanda y su contestación. Además, las etapas procesales
son preclusivas, por lo tanto, vencida la posibilidad de reformar o adicionar la
demanda, no puede el juez permitirlo en una etapa ulterior.
3. De otra parte, no puedo compartir la decisión de no acceder a la nulidad
solicitada por el M inisterio Público en su concepto. El Consejo de Estado debe
actuar como defensor de todas las normas de derecho público que integran el
ordenamiento jurídico. En mi entender era claro que el contrato
interadministrativo celebrado por las partes fue un vehí culo para eludir el
procedimiento de selección que correspondía adelantar de conformidad con el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Este evento es
especialmente grave porque, a diferencia de otros, todas las actividades
encargadas a la entidad contratista fueron subcontratadas en su totalidad a un
tercero. Basta con revisar el cuadro comparativo que se incluyó en la Sentencia
Radicación: 68001-23-33-000-2015-00085-00 (65094)
Demandante: E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo
Demandado: Departamento de Santander
Referencia: controversias contractuales
Salvamento de voto
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para observar que la conclusión debió ser exactamente contraria a la que llegó
la Sala.
4. De otra parte, no puedo comprender, y por tanto tampoco compartir, que la
diferencia de valores entre el contrato interadministrativo y el contrato por medio
del cual se subcontrató sea un argumento para no anular aquel. El mayor o
menor valor de lo contratado en comparación con lo subcontratado puede ser
indicativo de muchas situaciones, pero no entiendo de qué manera puede serlo
de un respeto por las normas de derecho público invocadas por el Ministerio
Público y la decisión, en mi sentir, tampoco lo explica, solo lo afirma.
5. En resumen, la Sala debió anular el contrato interadministrativo que dio origen
al pleito, en aplicación del artículo 44 -2 de la Ley 80 de 1993, pues existe una
prohibición de eludir los procedimientos de selección en el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública (Ley 80, artículo 24 -8); y está
demostrado que una entidad sometida al Estatuto contrató directamente a una
entidad con régimen especial y esta, en turno, subcontrató toda la actividad
que se le había encomendado.
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
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