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Colombia Compra Eficiente Concepto

Anticipo: la responsabilidad por el control y vigilancia de la ejecución del contrato está a cargo de la Entidad Estatal contratante

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-12-25
Número
C-1762 de 2025

Síntesis del concepto

Anticipo: la responsabilidad por el control y vigilancia de la ejecución del contrato está a cargo de la Entidad Estatal contratante

Regla de decisión

A diferencia del anticipo, en la que se exige de forma obligatoria al contratista constituir un patrimonio autónomo o una fiducia para administrar los recursos del anticipo, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

En el pago anticipado de un contrato de obra pública no es exigible constituir una fiducia mercantil o un patrimonio autónomo para administrar los recursos. El concepto explica que el pago anticipado es un adelanto del pago de una obligación, y que, en lugar de la fiducia, debe exigirse el amparo de devolución del pago anticipado. La fiducia o el patrimonio autónomo irrevocable tiene su fundamento en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, que determina los casos en que el contratista debe constituirlos para administrar los recursos del anticipo, entre ellos los contratos de obra, de concesión y de salud, y los derivados de licitación. Por ello, esa figura se asocia al anticipo y no al pago anticipado. La consecuencia práctica es que la entidad que pacte un pago anticipado en un contrato de obra debe respaldarlo con el amparo de devolución del pago anticipado y no con una fiducia.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Es procedente que en un contrato de obra pública se pacte el pago anticipado con garantías sin necesidad de constituir una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable, y en caso de que sea exigida puede indicarse el sustento jurídico?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 4, 5 y 12
  • Ley 1474 de 2011, art. 91
  • Decreto 1082 de 2015, arts. 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.1.2.4.1

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

En cuanto al problema jurídico, objeto de consulta, y teniendo en cuenta las razones de la respuesta, en el pago anticipado no es exigible la constitución de una fiducia mercantil o un patrimonio para administrarlo, pues como se ha dicho este es un adelanto del pago de una obligación, en la que será necesario la exigencia del amparo de devolución del pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad por la no devolución total o parcial del dinero que se entregó al contratista por pago anticipado -art. 2.2.1.2.3.1.7., numeral 2- del Decreto 1082 de 2015-.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Amparo de la devolución del pago anticipado Aplicación Caracterísiticas Deber de Vigilancia Definición Definición jurisprudencial Límites Regulación normativa Seguimiento Contractual

Guías del tema

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Anticipo y pago anticipado

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El parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece un límite a su ejercicio, pues el pago anticipado o la entrega del anticipo no podrá superar el cincuenta por ciento del valor o precio del negocio jurídico celebrado por la entidad estatal.
Texto del documento 6.183 caracteres
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO– Regulación normativa Conforme las disposiciones que regulan el régimen de contratación pública, las entidades estatales están facultadas para pactar el pago anticipado o la entrega de anticipos como mecanismos de financiación para la adecuada ejecución de los contratos estatales. En efecto, el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que: “En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato”. La citada disposición, además de contener la facultad expresa mencionada, establece un límite a su ejercicio, pues el pago anticipado o la entrega del anticipo no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del valor o precio del negocio jurídico celebrado por la entidad estatal. ANTICIPO – Definición jurisprudencial Sobre la calidad de recurso público del anticipo, la jurisprudencia ha reiterado que “dicho dinero no hace parte del patrimonio del contratista y le pertenece a la entidad contratante hasta tanto se amortice. De allí se deduce que la función del anticipo en el contrato es, de entrada, financiar las prestaciones del contratista, y hace razonable el amparo del buen manejo y correcta inversión de estos recursos dentro de la garantía única de cumplimiento”. Igualmente, explica que el anticipo, al facilitar al contratista la financiación de los bienes y servicios que se le han encargado, es un factor determinante para impulsar la ejecución del contrato. PAGO ANTICIPADO – Definición Por otro lado, la institución jurídica del pago anticipado se concibe como la retribución parcial que el contratista recibe en los contratos estatales. Al respecto, la doctrina expresa: “El pago anticipado sí hace parte del precio y su entrega comporta la extinción parcial de la obligación de remuneración a cargo de la entidad solo que de manera adelantada a la realización del contrato o como primer contado”. En esta línea, el pago anticipado se entiende como una forma en que la Entidad entrega en forma anticipada un pago parcial, es decir, sale de la esfera de la entidad y entra al patrimonio del contratista, sin que tenga una destinación diferente a la que este lo use, en el marco de su libertad y autonomía. PAGO ANTICIPADO Y/O ANTICIPO – Límites – Aplicación De lo expuesto, se infiere que entidades estatales tienen la facultad de pactar la entrega de anticipos o pagos anticipados en los contratos que celebren. Para ello, deberán realizar el estudio correspondiente, con el fin de determinar la conveniencia de otorgar recursos al contratista bajo dichas denominaciones. De este modo, las entidades podrán determinar las condiciones de entrega, el monto –que no podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato–. En el caso del anticipo debe definirse el plazo de amortización, las condiciones necesarias para su exigibilidad, así como todas las obligaciones para su correcta inversión. PAGO ANTICIPADO – Características – Amparo de la devolución del pago anticipado Teniendo en cuenta estas precisiones conceptuales y las normas del Sistema de Compras y Contratación Pública, en el pago anticipado no es exigible la constitución de una fiducia mercantil o un patrimonio para administrarlo, pues como se ha dicho este es un adelanto del pago de una obligación, en la que será necesario la exigencia del amparo de devolución del pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad por la no devolución total o parcial del dinero que se entregó al contratista por pago anticipado -art. 2.2.1.2.3.1.7., numeral 2- del Decreto 1082 de 2015-. Dicho amparo debe ser el ciento por ciento (100%) del monto pagado anticipadamente y cubre a la entidad estatal contratante debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que establezca la Entidad Estatal. ANTICIPO Y PAGO ANTICIPADO – Deber de vigilancia – Seguimiento contractual. En este asunto del pago anticipado y la correcta administración e inversión del anticipo, cobra relevancia el deber legal de seguimiento de la ejecución del contrato, que implica la dirección, control y vigilancia de su correcto cumplimiento, la cual permita a las entidades estatales tomar medidas orientadas a la satisfacción de los fines de la contratación. Por esto, el EGCAP alude a la obligación mencionada, que guarda relación con el principio de responsabilidad que rige la celebración y ejecución de los contratos estatales. Así, por ejemplo, los artículos 4, 5, 12, 14 y 26 de la Ley 80 de 1993 consagran normas relacionadas con el control y vigilancia de la ejecución de los contratos estatales. Esta obligación se predica, en principio, del jefe o representante legal de la entidad, por tener la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual, pero también de los servidores públicos que intervienen en ella, como es el caso de los supervisores. En esta perspectiva, las entidades estatales pueden tomar medidas orientadas a la satisfacción de los fines de la contratación, dentro de las cuales, se encuentra la –posibilidad de pactar y ejercer las cláusulas exorbitantes, la designación de una supervisión o la contratación de una interventoría- para vigilar la ejecución del contrato y la facultad de pactar e imponer multas, cláusula penal o hacer efectivas las garantías del contrato, previa declaratoria de incumplimiento de las obligaciones del contrato, en aras de lograr la satisfacción de las necesidades de bienes, obras o servicios que se pretenden suplir con la celebración de los contratos estatales. Por lo tanto, la responsabilidad por el control y vigilancia de la ejecución del contrato está a cargo de la Entidad Estatal contratante y, en consecuencia, es esta quien debe supervisar los contratos mediante sus funcionarios o servidores públicos, y únicamente puede contratar personal en caso de necesitarlo como apoyo a su gestión en la supervisión.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1762-de-2025/