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OBLIGACIONES DINERARIAS

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Colombia Compra Eficiente Concepto

Adición: C-644 de 2021

C-644 de 2021 2021-11-18
La peticionaria formuló las siguientes preguntas sobre la adición de contratos estatales: «1. La adición de los contratos cuando se hace en salarios mínimos, son los salarios de la fecha de celebración del contrato o de la fecha de la adición? Es decir si se celebra un contrato en 2019, y se adiciona en 2021, se hace con salarios de 2021?»; «2. Se aplica la adición indexada.
La adición de los contratos cuando se hace en salarios mínimos, son los salarios de la fecha de celebración del contrato o de la fecha de la adición? Es decir si se celebra un contrato en 2019, y se adiciona en 2021, se hace con salarios de 2021?
También resuelve: Adición, prórroga y renovación: diferencias Adición: concepto, distintos supuestos, prohibición de adicionar en más del 50%, prohibición Obligaciones dinerarias: valor nominal, indexación
Consejo de Estado Providencia

Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado

Sentencia — Sentencia 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 05001233300020140102301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado? Sí
Cuando la sentencia reconoce sumas líquidas a título de condena, los intereses moratorios sobre esas sumas se causan desde la ejecutoria de la providencia que las liquide, y no desde una fecha anterior. Esta regla se apoya en que solo a partir de esa liquidación las sumas adquieren carácter líquido y exigible para efectos de intereses. Por ello, cuando el contrato termina por el incumplimiento de la entidad, la declaración de incumplimiento se confirma y la condena pecuniaria se ajusta solo en el momento en que se causan los intereses. En el caso concreto se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento de la entidad territorial, por lo que se confirmó la declaración de incumplimiento y de terminación del negocio jurídico. Solo se modificó la sentencia en la precisión sobre el inicio de los intereses. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de causación de intereses debe ligarse a la providencia de liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve: ¿El municipio tampoco se comprometió o allanó al cumplimiento de las obligaciones, por lo cual en el presente asunto no tiene vocación de prosperidad la excepción de contrato no cumplido pretendida? ¿De los riesgos asumidos en cabeza del concesionario no hay ningún evento que releve al municipio de su compromiso de asignar los cuatro mil cupos estudiantiles durante el plazo de ejecución del… ¿El presente asunto se trata de una discusión en relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el municipio de Bello con la suscripción del contrato de concesión?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

¿La suma reconocida y cancelada a un contratista por parte de la CAR, para remunerar la comisión de éxito con él convenida en contraprestación por sus servicios de representación judicial, desconoció los términos pactados en el contrato 040 de 2002, en cuanto excluyó de la base para su cálculo, los conceptos de actualización de precios, intereses legales y gastos procesales, que formaron parte de las pretensiones de la EAAB en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que aquella afrontó?

Sentencia — Sentencia 2022-11-21 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020150047301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La suma reconocida y cancelada a un contratista por parte de la CAR, para remunerar la comisión de éxito con él convenida en contraprestación por sus servicios de representación judicial, desconoció los términos pactados en el contrato 040 de 2002, en cuanto excluyó de la base para su cálculo, los conceptos de actualización de precios, intereses legales y gastos procesales, que formaron parte de las pretensiones de la EAAB en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que aquella afrontó? Sí
El contratista incluye en la base de cálculo de la comisión de éxito pactada en el contrato de prestación de servicios, no solo la cuantía inicial de las pretensiones, sino también la actualización de precios, intereses legales y gastos procesales, conforme a lo pactado en el contrato y a la interpretación armónica de las cláusulas contractuales y las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En el caso analizado, la entidad estatal, la Corporación Autónoma Regional (CAR), había excluido estos conceptos de la base de cálculo, lo que la Sala modificó al considerar que la comisión de éxito debe calcularse con base en la totalidad de las pretensiones incluyendo sus frutos y gastos procesales, siempre y cuando no se excedan los límites legales establecidos. Esta decisión reitera la importancia de una interpretación equilibrada y armónica de los contratos, garantizando que las comisiones de éxito reflejen adecuadamente el valor de las prestaciones efectivamente realizadas por el contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Se deben incluir, en la base de cálculo de la comisión de éxito pactada, intereses legales? ¿Se debe modificar la fecha inicial que fue considerada por el a quo, para calcular la indexación de la suma reconocida al demandante, como prima de éxito? ¿El deudo se constituyó en mora en el pago de la obligación dineraria?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato?

Sentencia — Sentencia 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020210035901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato? No
En los contratos regidos por el derecho privado, no son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y que la excesiva onerosidad sobreviniente solo puede reclamarse, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, respecto de prestaciones de futuro cumplimiento. Una razón es que aunque en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, el desequilibrio alegado por el contratista no deriva del ejercicio de esas cláusulas, sino de supuestas fallas en la planeación contractual. Otra razón es que el régimen de derecho privado no admite la aplicación automática del estatuto de contratación estatal en este punto. En el caso, la sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda de reconvención, y la Sala confirmó esa decisión en cuanto a esas pretensiones. La providencia reitera el criterio de la Sala sobre el régimen exceptuado; su consecuencia práctica es que el contratista que alega desequilibrio en un contrato de derecho privado no puede invocar el restablecimiento previsto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: ¿La aseguradora garantizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales razón por la cual hay lugar a declarar ocurrido el siniestro? ¿Existía un porcentaje menor de materiales de obra que era entregado por EPM y que el contratista debía reintegrar mediante un procedimiento previamente establecido? ¿Los acuerdos transaccionales corresponden a acreencias laborales derivadas del contrato materia de la litis que el contratista dejó de pagar?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Lo reclamado por el Contratista no sea consecuente con lo estipulado por las partes en el Contrato

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 63001233300020200041601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Probó la parte demandante que el dempartamento del Quindío incumplió el contrato de suministro de alimentación escolar al no pagar por las raciones que no fueron servidas y consumidas? No
La entidad contratante solo está obligada a pagar las raciones que el contratista efectivamente sirvió y que fueron certificadas por los rectores y verificadas por el interventor, de modo que las raciones programadas según los cupos asignados que no fueron servidas ni consumidas no generan obligación de pago. Una razón es que el departamento pagó las raciones de almuerzos y refrigerios que solicitó y que fueron certificadas por los rectores como consumidas, y la comparación entre los registros de asistencia, los certificados y los informes de interventoría no mostró diferencias entre lo consumido y lo certificado. Otra razón es que lo probado es que los cupos asignados superaron las raciones servidas, por causas como la inasistencia a clases y la no prestación del servicio educativo, de modo que las raciones no servidas no se deben pagar. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, porque el incumplimiento no quedó demostrado. Su consecuencia práctica es que el contratista de suministro de alimentos debe probar la certificación de cada ración servida, pues la asignación de cupos no genera derecho de pago.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta posible determinar si el descuento realizado por concepto del incumplimiento en el gramaje de los refrigerios fue desproporcionado? ¿Debe condenarse en costas a la parte demandante cuyo recurso le fue resuelto de manera desfavorable?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La prueba del pago en la acción de repetición puede acreditarse con documentos públicos.

Sentencia — Sentencia 2022-04-22 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 73001233100020040220301 ACCION DE REPETICION
¿La prueba del pago en la acción de repetición puede acreditarse con documentos públicos? Sí
La prueba del pago en la acción de repetición puede acreditarse con documentos públicos, pues los expedidos por las entidades públicas tienen plena validez y capacidad probatoria, sin perjuicio de la tacha de falsedad o de la controversia que la parte contraria pueda promover. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el pago consiste en la ejecución de la prestación que extingue la obligación, y puede demostrarse por cualquier medio idóneo. La segunda es que las certificaciones firmadas por el tesorero o las constancias de recibido que expiden las entidades públicas son documentos públicos del tipo que el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil reconoce como válidos. En el caso concreto, el municipio demandante aportó una certificación firmada por su tesorero y una constancia de recibido, que demuestran el pago parcial de la suma acordada en la conciliación. El documento reitera un criterio que la Corporación sostiene desde 2013, y no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Es posible ejercer la acción de repetición para solicitar el reintegro de pagos parciales realizados por la entidad pública en virtud de una condena judicial o una conciliación? ¿En qué eventos se configura la culpa grave? ¿Se acreditó la culpa grave del exalcalde demandado en repetición?
Consejo de Estado Providencia

Se configuró el fenómeno preclusivo de la caducidad

Sentencia — Sentencia 2023-05-12 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233300020160022701 LEY 1437 REPETICION
¿Se configuró el fenómeno preclusivo de la caducidad? Sí
El término de caducidad para la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo que tenía la entidad para pagar la condena, y si el pago se realiza fuera de ese plazo, el término de dos años corre desde el día siguiente a la fecha límite de pago. La regla se apoya en el término de dieciocho meses que el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 fijaba para cumplir la condena, contado desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, y en el artículo 164 literal l de la Ley 1437 de 2011, que establece el término de dos años para demandar. Por ello, el pago tardío no prorroga el plazo para repetir sino que lo desplaza al vencimiento del plazo legal. En el asunto, la entidad realizó el último pago después del término legal y la demanda se presentó vencido el plazo de dos años, por lo que la Sala declaró configurado el fenómeno de la caducidad y negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que paga tarde la condena debe calcular la caducidad de la repetición desde la fecha límite de pago y no desde el pago efectivo.síntesis automática
También resuelve: ¿El pago de los perjuicios fue cancelado al apoderado de los demandantes a través del despacho judicial que conoció del proceso por vía ejecutiva? ¿El mérito probatorio de los documentos públicos lo asigna el juez luego de la apreciación de las pruebas en conjunto? ¿La caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto

Sentencia — Sentencia 2024-05-20 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 47001233300320140042701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término legal? Sí
La solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se radica antes de que este venza, y si el juez imprueba el acuerdo conciliatorio, el término se reanuda luego de la ejecutoria de la providencia que lo imprueba, conforme al literal c del artículo 3 del Decreto 1619 de 2009. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, si la conciliación se radica cuando el término aún no ha comenzado a correr o no ha vencido, la suspensión opera sobre un plazo vigente y no lo consume. Segundo, la improbación del acuerdo no extingue la suspensión, pues el término solo vuelve a correr cuando la decisión judicial que imprueba el acuerdo queda en firme. Con esta base, la providencia concluye que la demanda fue formulada dentro de la oportunidad legal. En la práctica, el demandante que haya acudido a conciliación debe calcular el término de caducidad desde la ejecutoria de la providencia que imprueba el acuerdo, y no desde la fecha en que inició el trámite conciliatorio.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta improcedente la declaración de la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por cuanto no se pretende la declaración de ilegalidad de los actos administrativos mediante los cuales el… ¿La ausencia de disponibilidad o registro presupuestal conlleva a la nulidad del contrato estatal? ¿Con las pruebas que conforman el expediente, está acreditado el cumplimiento de las obligaciones a las que se comprometió la compañía demandante con la suscripción del contrato no. 026 de 2007?
REVOCA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Liquidación del contrato estatal: el equilibrio económico del contrato es un principio que se concreta en el derecho

41001233100020120015501 de 2026 2026-09-16 Rad. 41001233100020120015501
El contratista y la entidad estatal deben realizar la liquidación del contrato dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución o a la expedición de la decisión que ordene su terminación, o dentro del plazo acordado por las partes, mientras que la administración puede liquidar unilateralmente el contrato si no se logra un acuerdo o el contratista no se presenta para la liquidación de mutuo acuerdo. En ausencia de un trámite legal específico para la liquidación de mutuo acuerdo, es necesario que ambos contrayentes acuerden el estado del contrato y, en caso de falta de acuerdo, la administración tiene la facultad de liquidar unilateralmente el contrato. En el caso sub lite, la entidad estatal liquidó el contrato de manera unilateral después de superar el plazo de cuatro meses, lo que no precluyó la oportunidad de efectuar el corte de cuentas durante los dos años siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación, período durante el cual la acción contractual no ha caducado. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma que la liquidación unilateral no está sujeta a un plazo perentorio, siempre y cuando se efectúe dentro del período de caducidad de la acción contractual, lo que permite a la administración actuar en casos de latencia contractual sin incurrir en nulidad.síntesis automática
También resuelve: Liquidación del contrato estatal: liquidación bilateral, liquidación unilateral, Ley 80 de 1993 artículos 60 y 61, Ley 446 de 1998 artículo 44 Corte de cuentas de mutuo acuerdo: liquidación bilateral del contrato, ausencia de trámite legal específico, acuerdo de voluntades, acercamientos entre las partes Liquidación unilateral del contrato: facultad supletiva, falta de acuerdo con el contratista, debido proceso
Consejo de Estado Providencia

Procede la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato expedido por el municipio, al recalcular el valor de las facturas del servicio de alumbrado público, sin antes acudir a un tercero para dirimir las controversias surgidas con ocasión de los cobros realizados por Codensa, conforme a lo estipulado en el contrato.

Sentencia — Sentencia 2024-05-20 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180053501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato expedido por el municipio, al recalcular el valor de las facturas del servicio de alumbrado público, sin antes acudir a un tercero para dirimir las controversias surgidas con ocasión de los cobros realizados por Codensa, conforme a lo estipulado en el contrato? Sí
La entidad estatal que, durante la ejecución de un contrato, acepta y paga las facturas emitidas por el contratista no puede liquidar unilateralmente el contrato para recalcularlas y desconocer los efectos legales y convencionales del pago, pues debe reprochar los cobros en las etapas previas a la liquidación o acudir al juez si estima que hubo un pago de lo no debido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, las reglas negociales reconocieron la posibilidad de discrepancias sobre los montos facturados y previeron mecanismos para resolverlas, incluida la intervención de terceros, de modo que la entidad debía activarlos en lugar de limitarse a pagar. Segundo, si consideraba que el contratista incumplió los términos del contrato, debió buscar esa declaración en las etapas previas a la liquidación. Tercero, si su conclusión era que se efectuó un pago de lo no debido, debió acudir al juez para que así lo declarara. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara probado el cargo de nulidad de los actos de liquidación unilateral; en la práctica, la entidad que no reprocha las facturas oportunamente pierde la vía de la liquidación unilateral para revisarlas.síntesis automática
También resuelve: ¿El negocio jurídico celebrado entre el Municipio y Codensa, se trató de un contrato administrativo, en el que el primero se obligó a pagar las facturas por el servicio de energía eléctrica destinada… ¿Aunque existe conexidad entre el servicio de alumbrado público y el domiciliario de energía eléctrica, entre uno y otro existen marcadas diferencias que se ven reflejadas, principalmente… ¿El legislador estableció mecanismos de protección y defensa a favor de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, para equilibrar la relación negocial entre el suscriptor y la empresa de…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque o modifique en algún aspecto puntual.

Sentencia — Sentencia 2025-09-26 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 76001233300020230085601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten los argumentos y las decisiones adoptadas en la sentencia recurrida? Sí
El contratista debe exponer en el recurso de apelación las razones o fundamentos de disenso específicos contra los argumentos y decisiones de la sentencia recurrida, cumpliendo así con la carga de sustentación que le corresponde, de lo contrario, el recurso será rechazado por falta de sustento. La Sala reitera que el juez de segunda instancia debe confrontar el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad presentados por la parte recurrente, y que la mera manifestación de desacuerdo o la petición de modificación no es suficiente. En otro aspecto, la entidad estatal que es un ente universitario autónomo del orden departamental, al celebrar contratos de obra, debe regirse por las normas del derecho privado, excluyéndose la aplicación del estatuto general de contratación de la administración pública, conforme a la Ley 1150 de 2007 y el artículo 93 de la Ley 30 de 1992. Esto implica que las controversias deben resolverse según el régimen jurídico privado aplicable al negocio, lo que tiene implicaciones significativas en la interpretación y aplicación de las normas contractuales y en la resolución de conflictos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Se rigen por el derecho privado los contratos de obra que celebran los entes universitarios autónomos del orden departamental? ¿La ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios suscritos durante la relación negocial no impide analizar de fondo las reclamaciones de la parte demandante? ¿El dictamen pericial debe ser claro, preciso, exhaustivo, sólido y de calidad; analizado con lo acontecido durante el interrogatorio del perito y la explicación de los exámenes…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La modalidad de precio global fijo es usualmente empleada en los contratos de obra

Sentencia — Sentencia 2022-06-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020150051901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el sistema del precio global, la entidad contratante conviene en pagarle al contratista una suma única por la ejecución de una obra, la cual remunera todos los costos, directos e indirectos, en los que este último incurra, de manera que el contratista asume los riesgos derivados de los mayores costos que se causen por la ejecución del contrato; por lo mismo, y como contrapartida de este riesgo, el contratista también percibe los beneficios derivados de los menores costos en que incurra por la ejecución eficiente y temprana de sus obligaciones o, incluso, por circunstancias ajenas a él? Sí
El contratista asume los riesgos y beneficios inherentes a la ejecución de un contrato estatal a precio global, donde la entidad contratante conviene en pagar una suma única que remunera todos los costos, directos e indirectos, sin posibilidad de ajustes posteriores, lo que implica que el contratista debe estimar cuidadosamente los riesgos y factores que podrían incidir en la terminación de la obra. Esta modalidad no solo se aplica a contratos de obra, sino también a contratos de interventoría, donde el precio global fijo es la estimación anticipada del costo total de la supervisión y vigilancia de otro contrato estatal, con el contratista asumiendo tanto los mayores como los menores costos derivados de su eficiencia y organización. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la modalidad de precio global, lo que implica que en la práctica, las partes deben tener en cuenta los riesgos y beneficios inherentes a esta forma de contratación.síntesis automática
También resuelve: ¿El IDU incumplió el contrato de interventoría al no pagar a la contratista el precio total pactado en el contrato, dada la terminación anticipada de dicho negocio jurídico por el cumplimiento del… ¿La exigibilidad se predica de las obligaciones que no se encuentran sometidas a plazo, condición o modo, porque no se sujetaron a estas modalidades o porque ya se realizaron, mientras que la mora… ¿La contratista tiene derecho a que se le reconozcan intereses moratorios sobre la obligación dineraria no reconocida por la demandada, al no haberle pagado
Consejo de Estado Providencia

Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas

Sentencia — Sentencia 2021-12-14 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 08001233300020120020901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve: ¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Consejo de Estado Providencia

El IDU incumplió el pago de unas facturas

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020150263002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU incumplió el pago de unas facturas? Sí
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel? ¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato? ¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El contrato de obra suscrito entre las partes es sin duda un contrato de tracto sucesivo que requiere de liquidación

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170044201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la expiración del plazo para liquidar el contrato? Sí
El contratista tiene un plazo de dos años para ejercer la acción de controversias contractuales desde la expiración del término para liquidar el contrato, conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este plazo se inicia luego de que se agote el tiempo acordado para la liquidación voluntaria bilateral o unilateral del contrato, según lo pactado en las cláusulas del mismo. La Sala reitera que la liquidación es obligatoria para los contratos de tracto sucesivo, y que la falta de liquidación por parte de la entidad estatal no interrumpe el cómputo del plazo para la acción de controversias contractuales, lo que implica que el contratista debe actuar oportunamente para evitar la caducidad de su derecho a la indemnización de perjuicios.síntesis automática
También resuelve: ¿Para que el retardo del deudor permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, debe demostrar que el incumplimiento le causó un perjuicio y que el deudor está constituido en mora? ¿La liquidación del contrato es obligatoria para los que contemplan obligaciones de tracto sucesivo? ¿Cuál es el plazo estipulado en la ley para la liquidación bilateral y unilateral del contrato?
Consejo de Estado Providencia

El contrato celebrado entre FONDECUN y D&T no está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

Sentencia — Sentencia 2025-02-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180053802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública resulta aplicable al contrato objeto de controversia, cuando se observa que, FONDECUN es una Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado? No
El contratista no puede reclamar el pago de costos asociados a la elaboración de diseños adicionales durante la formación del contrato, ya que el alcance del contrato no incluyó la obligación de actualizar diseños previamente elaborados por la entidad, sino que el contratista debía elaborar los diseños necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la entidad. Aunque el contrato utilizó la expresión "actualización de diseños", esto no implicaba la actualización de diseños previamente proporcionados por la entidad, sino la elaboración de nuevos diseños necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas. Además, el contratista aceptó en su propuesta que su obligación consistía en elaborar los diseños bajo las condiciones precisadas por la entidad, que excluían la existencia de diseños previos para ser evolucionados. Esta decisión reitera que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que implica que su régimen contractual está determinado por las disposiciones legales aplicables a sus actividades económicas y comerciales.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede una reclamación por pago de los costos asociados a la elaboración de diseños, aun cuando el contratista —otrora oferente— pudiera haber advertido la necesidad de elaborar nuevos diseños… ¿La entidad estatal incumplió su obligación de pagar de forma completa el precio del contrato al practicar un descuento de $26’584.557 por la falta de calidad de la pintura aplicada a las redes… ¿La parte demandante (contratista) acreditó de qué manera el retardo en el pago de una obligación dineraria incrementó los costos de almacenaje de los bienes adquiridos por el contratista después de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La decisión no estará justificada si no se deriva lógicamente de las premisas expresadas en el razonamiento

Sentencia — Sentencia 2023-12-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020160036301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado, y conforme al contenido de los reproches del recurrente? Sí
El juez de segunda instancia debe complementar la sentencia del inferior cuando la parte perjudicada por la omisión de pronunciamiento haya apelado, pero su estudio queda limitado a los reproches del recurrente, conforme a los artículos 287 y 328 del Código General del Proceso. Esta regla se apoya en que la sentencia debe ser congruente con los hechos, las pretensiones y las razones de defensa, según el artículo 281 del mismo código, de modo que las pretensiones omitidas hacen parte del debate. Además, el deber de motivación exige que cada decisión se derive lógicamente de sus premisas fácticas y jurídicas, y la omisión de un punto apelado impide ese control. En el caso, el apelante alegó que el tribunal dejó de resolver la mayoría de las pretensiones, pero la Sala excluyó del análisis las pretensiones sobre incumplimientos que el tribunal sí halló probados, así como las de pago de obras ejecutadas que no fueron objeto de reproche. La providencia modifica la sentencia apelada en lo necesario. Su consecuencia práctica es que la parte debe precisar sus reproches sobre cada pretensión omitida, porque el juez de segunda instancia no decide lo que no fue apelado.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente reconocer a favor del contratista la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda por costos administrativos por improductividad… ¿Debe condenarse a Bogotá D.C. - Secretaría de Educación Distrital al pago de las actas parciales de obra nº. 12 y 13 que corresponden a las facturas de venta nº. 17 y 19… ¿Resulta procedente reconocer a favor del contratista los intereses moratorios solicitados en la demanda, por los días de retardo en el pago de las facturas n°. 2, 3, 5-7 y 11-17, 19?
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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 66001233300020170001001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza y características los hacen diferentes y determinan su régimen legal? Sí
Decidí aclarar voto frente a las nociones y características propias de los denominados “convenios y contratos interadministrativos”. Resulta fundamental procurar una adecuada distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza, y características los hacen diferentes y determinan, en últimas, su régimen legal. El Decreto Ley 222 de 1983 no señalaba una definición y mucho menos hacía la distinción conceptual específica entre “convenios y contratos interadministrativos”. El artículo 16 [en] el numeral 5 incluyó los que denominó [contratos] “interadministrativos internos” que tuviesen por objeto la concesión de servicios públicos, obras públicas, prestación de servicios y suministro.
También resuelve: ¿La locución “contrato interadministrativo” tiene una naturaleza, alcance y finalidad diferentes a la de los convenios interadministrativos y, por ende, no pueden ser considerados sinónimos? ¿En los contratos interadministrativos la entidad contratante busca satisfacer un fin específico y la entidad contratista se vincula voluntariamente a cambio de un precio? ¿La característica de los “convenios interadministrativos” se encuentra en la existencia de varias entidades estatales en las que concurren fines comunes para ambas…
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 15001233300020190028001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza y características los hacen diferentes y determinan su régimen legal? Sí
Decidí aclarar voto frente a las nociones y características propias de los denominados “convenios y contratos interadministrativos”. Resulta fundamental procurar una adecuada distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza, y características los hacen diferentes y determinan, en últimas, su régimen legal. El Decreto Ley 222 de 1983 no señalaba una definición y mucho menos hacía la distinción conceptual específica entre “convenios y contratos interadministrativos”. El artículo 16 [en] el numeral 5 incluyó los que denominó [contratos] “interadministrativos internos” que tuviesen por objeto la concesión de servicios públicos, obras públicas, prestación de servicios y suministro.
También resuelve: ¿La suscripción de contratos interadministrativos fue causal de contratación directa frecuente, haciendo adoptar medidas que restringieron su uso? ¿La entidad contratante busca satisfacer un fin específico y la entidad contratista se vincula voluntariamente a cambio de un precio? ¿El ánimo de cooperación lleva a que las entidades públicas celebren “convenios interadministrativos” mediante aportes de cada una desde la órbita de sus funciones?