Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-08-22Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020200038801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción de lo contencioso-administrativo es competente para conocer de una controversia derivada de un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, vigilada por la Superintendencia Financiera, dentro del giro ordinario de sus negocios? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para resolver una controversia derivada de un contrato celebrado con una entidad pública que actúa como institución financiera y está vigilada por la Superintendencia Financiera, siempre y cuando el contrato se encuentre dentro del giro ordinario de los negocios de la entidad financiera. Esta regla se fundamenta en que la falta de jurisdicción y la incompetencia por factores subjetivo y funcional son improrrogables, generando una nulidad insanable. En el caso del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), su naturaleza como establecimiento de crédito y entidad pública vigilada por la Superintendencia Financiera cumple con los requisitos del artículo 105 del CPACA, excluyendo así la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de controversias contractuales que correspondan al giro ordinario de sus negocios. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la competencia funcional y subjetiva, limitando la jurisdicción contencioso-administrativa en casos específicos de entidades financieras estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en su calidad de establecimiento de crédito de naturaleza especial y entidad pública vigilada por la Superintendencia Financiera…¿El contrato celebrado entre el FNA y la Entidad de Certificación Digital corresponde al giro ordinario de los negocios de la entidad?¿Se debe declarar la nulidad del fallo de primera instancia por falta de competencia, y remitir el expediente al juez competente conforme al factor territorial?
¿En segunda instancia la competencia se limita a los cargos formulados en el recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia limita su competencia a los argumentos expuestos por el recurrente en el recurso de apelación, excluyendo del debate lo no propuesto. La resolución del recurso de apelación se encuentra sujeta o limitada a los argumentos planteados por el recurrente y, por tal motivo, toda inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la alzada está llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del principio dispositivo y de congruencia. Asimismo, cuando el superior resuelve la apelación presentada por una sola de las partes, su competencia se limita a los argumentos expuestos en el recurso para garantizar los derechos al debido proceso y de defensa.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 como régimen normativo de la acción de repetición cuando los hechos que originaron la condena estatal ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 2195 de…¿En la acción de repetición la pretensión económica debe limitarse al valor del daño atribuible al demandado y las costas procesales, excluyendo los intereses moratorios…¿Procede la condena al servidor público repetido por concepto de los intereses moratorios pagados por la entidad en la condena judicial que dio origen al proceso de repetición?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-05-07Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020150125001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales cuando la entidad pública actúa en el marco del derecho privado y en desarrollo del giro ordinario de una entidad financiera estatal? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para resolver controversias contractuales cuando la entidad financiera pública actúa en el marco del derecho privado y en el desarrollo de su giro ordinario, ya que la competencia para conocer de estos asuntos corresponde a la jurisdicción ordinaria según establece el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en que las entidades financieras públicas como FONADE (hoy ENTERRITORIO) tienen una naturaleza jurídica específica que las rige bajo el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, lo que incluye funciones y actividades que se consideran parte del giro ordinario de sus negocios. La Sala reitera que la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se limita a los actos y contratos que no sean parte del giro ordinario de las entidades financieras públicas, lo que implica que las controversias relacionadas con actividades financieras ordinarias deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:¿Está excluido FONADE (hoy ENTERRITORIO), como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando actúa en…¿Debe aplicarse la excepción de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando la controversia contractual se relaciona con actividades comprendidas dentro del giro ordinario…¿Debe excluirse de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa una controversia contractual relacionada con funciones propias del giro ordinario de una entidad financiera pública…
Sentencia — Sentencia2025-05-30Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020250002800LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en única instancia? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de la nulidad de un laudo arbitral que define un conflicto relativo a un contrato celebrado por una entidad pública, conforme al inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y al numeral 7 del artículo 104 del CPACA. La regla se apoya en que la controversia versa sobre un contrato en el que interviene una entidad pública, en este caso a través de un patrimonio autónomo constituido por un fideicomiso en el que participa un ministerio, y en que la competencia para la anulación se atribuye a esta jurisdicción en única instancia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el recurso de anulación contra un laudo que resuelve controversias de contratos con participación estatal se tramita ante el Consejo de Estado en única instancia, y el fundamento de la competencia debe verificarse en la naturaleza pública de las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Están legitimados para recurrir en el trámite arbitral el Consorcio Sedes Educativas, como parte convocada, y el patrimonio autónomo PA FFIE, como opositor y convocante?¿Se considera oportuno el recurso interpuesto dentro de los 30 días hábiles contados desde la notificación del auto que resolvió solicitudes de aclaración y adición contra el laudo arbitral?¿El recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral exige para su procedencia que se haya incurrido en alguna de las causales taxativamente enlistadas en la Ley 1563 de 2012?
¿Indumil estaba facultada para modificar unilateralmente el acta de liquidación bilateral del contrato para descontar sumas de dinero al contratista por concepto de multa? No
La entidad que pacta descuentos o multas solo puede aplicarlos si cumple los términos del pacto, incluido el trámite previsto en la garantía, y no puede hacer un uso abusivo de su facultad unilateral. La regla se apoya en que el juez verifica el cumplimiento de los requisitos contractuales de la facultad y que la cláusula que regula las multas exige ese trámite antes de cualquier descuento de los saldos a favor del contratista. Por ello, la multa impuesta sin seguir el procedimiento de la póliza no puede descontarse de la liquidación. En el asunto, la entidad impuso una multa por la fecha de entrega sin adelantar el trámite de la póliza, por lo que el tribunal acertó al concluir que no podía descontar esas sumas de la liquidación bilateral, y la Sala confirmó esa decisión. En la práctica, los descuentos incluidos en una liquidación bilateral deben tener sustento en el procedimiento pactado.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos emitidos por la entidad contratante en el marco de un contrato regido por el derecho privado tienen la naturaleza de actos administrativos?¿Procede la condena en costas ante la prosperidad parcial del recurso de apelación?
¿Procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, por ser una repetición en contra de un exfuncionario público? Sí
En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual pasaron los expediente al despacho, no obstante, el artículo 18 también autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”, de igual manera, el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 permitió que las denominadas altas cortes y los tribunales elaboraran un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia.
También resuelve:¿La responsabilidad de un agente estatal demandado en repetición requiere la constatación de la concurrencia de cuatro presupuestos, a saber: la obligación resarcitoria a cargo del Estado…¿La condena judicial impuesta en una acción de controversias contractuales en contra de la entidad pública demandante y por la cual ahora se repite…
¿Se configura la falta de legitimación en la causa por activa de la Superintendencia de Notariado y Registro por presentar la demanda con posterioridad a los 6 meses siguientes al pago total de la condena? No
El contratista no pierde la legitimación en la causa por activa para presentar un medio de control de repetición simplemente por haberlo hecho después de los seis meses siguientes al pago total de la condena, ya que este no es un término de caducidad, sino que únicamente determina una falta disciplinaria según el artículo 8, parágrafo 2, de la Ley 678 de 2001. Además, la entidad no demostró que la condena impuesta en el proceso primigenio fuera indemnizatoria, sino que se trató del reconocimiento de una prima técnica de origen legal, lo que no es suficiente para activar el medio de control de repetición. Por último, la condena en costas en el medio de control de repetición es procedente, ya que la Ley 1437 de 2011 establece un criterio objetivo para su fijación, independiente de la conducta procesal del contratista. Esto implica que las entidades estatales pueden ejercer el medio de control de repetición sin restricciones temporales, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y demuestren la naturaleza indemnizatoria de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿La condena impuesta mediante sentencia judicial contiene un reconocimiento indemnizatorio para que sea procedente el medio de control de repetición?¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-06-25Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020170001400LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El sustento de la competencia del Consejo de Estado para asumir en única instancia este proceso es el artículo 165 del CPACA que permite la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento, no ha operado la caducidad y el mismo juez sea competente para conocer de todas? Sí
El Consejo de Estado asume competencia en única instancia para procesos que involucran la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento y no haya operado la caducidad, conforme al artículo 165 del CPACA. Esta regla especial de competencia por conexidad no viola el principio de la doble instancia y se aplica a casos específicos, como la nulidad de actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional. En un caso particular, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol para determinar si el medio de control de nulidad simple es aplicable, dado que la entidad se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, incluyendo sus reglamentos internos, lo que implica que no son actos administrativos sujetos a control jurisdiccional.síntesis automática
También resuelve:¿Por razón de la solicitud de saneamiento del proceso, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol que se cuestionan en este proceso?¿Ecopetrol se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, lo cual incluye el alcance y validez de sus reglamentos internos?¿El cuestionamiento en contra del manual de contratación no conlleva un estricto juicio de legalidad que deba abordarse a través del medio de control de nulidad simple por no ser un acto…
¿La acción de repetición fue presentada dentro del término de caducidad previsto en la norma? Sí
La acción de repetición caduca al vencimiento de dos años contados desde el día siguiente al pago total efectuado por la entidad, y que el término se cuenta desde la fecha efectiva del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses previsto para cumplir la condena, lo que ocurra primero. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo fija el término de dos años desde el pago total. Segunda, el término empieza a correr en la fecha que resulte primero entre el pago efectivo y el vencimiento del plazo de dieciocho meses del inciso cuarto del artículo 177 del mismo código. Tercera, en el caso el pago se efectuó antes del vencimiento del plazo para pagar, de modo que el término de caducidad se cuenta desde el pago y la demanda fue presentada dentro de ese término. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, cuando el pago de la condena precede al vencimiento del plazo legal, el término de dos años para repetir se cuenta desde el pago, y no desde la ejecutoria.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición en segunda instancia?¿Existe nexo de causalidad entre la condena derivada de la conciliación judicial pagada por la entidad por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento y la conducta del agente del estado…¿Procede la condena en costas en los procesos de repetición, entendiendo que por su naturaleza se debate un asunto de interés público?
¿Puede afirmarse que, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 —modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011— y a la jurisprudencia reiterada de la Sala, el contrato No. 1298 de 2017 celebrado por el Fondecun, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades en competencia con el sector privado, se encuentra sometido al régimen de derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de manera que las decisiones adoptadas por la entidad en ejercicio de las facultades pactadas contractualmente (como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria) constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos? Sí
Las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no quedan sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino a las disposiciones aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Por ello, las decisiones que la entidad adopta en ejercicio de las facultades pactadas en el contrato, como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria, constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos. La regla se apoya en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, y en que el objeto misional de la entidad, al efectuar captaciones, prestar asesoría y adelantar operaciones de financiación, la coloca en competencia con el sector privado. La providencia reitera la jurisprudencia de la subsección, según la cual esta clase de entidades no se rige por el estatuto general. Como consecuencia práctica, las controversias sobre esas decisiones deben tramitarse como asuntos contractuales de derecho privado y no como impugnaciones de actos administrativos.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal desconoció que la cesión de la posición contractual pactada entre la Unión Temporal Centros Día y Construir XXI S.A.S. produjo efectos de cara al contrato No. 1298 de 2017?¿Conforme a lo pactado en la cláusula decimosegunda del contrato No. 1298 de 2017 y al procedimiento seguido por el Fondecun, la entidad contratante estaba facultada para declarar el incumplimiento…¿Se debió reconocer en favor de los demandantes el pago de la suma pretendida por la ejecución de la fase 1 del citado contrato, que habría realizado la Unión Temporal Construir Día?
¿La legitimación en la causa es un presupuesto indispensable que deben ostentar las partes para acudir al proceso contencioso administrativo? Sí
La legitimación en la causa es un presupuesto indispensable para acudir al proceso contencioso administrativo. Quien formula las pretensiones y quien las resiste debe tener un interés legítimo frente al derecho discutido, y esa legitimación surge de una relación jurídica sustancial derivada de la participación, por acción u omisión, en los hechos o en la situación jurídica que da origen a la controversia. Esta regla se apoya en que la legitimación activa y la pasiva se predican de quien tiene un vínculo funcional o material con los hechos. Por ello no basta que una persona esté vinculada formalmente al proceso si no tiene esa relación con el derecho debatido. En el caso concreto la sala confirmó la decisión de primera instancia porque las partes tenían la relación exigida con los hechos del litigio. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de legitimación en la causa impide decidir de fondo las pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Los los actores están legitimados en la causa por activa en calidad de terceros para enjuiciar el acto administrativo que declaró la terminación de ese negocio jurídico e impuso la cláusula penal…¿Los demandantes como socios individualmente representados están legitimados en la causa por activa?¿Respecto a los socios de la promesa de sociedad que participen en un proceso de contratación estatal existe responsabilidad solidaria?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-06-24Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020130202801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se encuentra configurada la excepción de falta de competencia de la jurisdicción contenciosa para conocer de la controversia contractual, al estar involucrada una institución financiera vigilada por la Superfinanciera, cuya disputa está originada en los negocios celebrados conforme al giro ordinario de las funciones de FONADE? Sí
El contratista no puede presentar nuevos motivos de inconformidad fuera del plazo legal establecido para impugnar, ya que la oportunidad del recurso de reposición se rige por el Código General del Proceso, y su trámite debe cumplir con los términos y formalidades previstas en la ley. La Sala reitera que el recurso de reposición contra el auto que declaró la falta de jurisdicción es procedente y oportuno cuando se presenta dentro del plazo legal y se sustenta en los motivos que dieron origen a la decisión impugnada, sin admitir argumentos nuevos. En este caso, la controversia contractual involucra a FONADE, una entidad financiera vigilada por la Superfinanciera, y la disputa se origina en los negocios jurídicos relacionados con su giro ordinario, lo que configura la excepción de falta de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, según el artículo 105-1 del CPACA, reiterando que el conocimiento del asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:¿Al trámite del recurso de reposición contra providencia judicial, le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de su interposición?¿El recurso de reposición procede contra el auto que declaró la falta de jurisdicción y fue interpuesto y sustentado en debida forma?¿La parte recurrente puede presentar nuevos motivos de inconformidad fuera del plazo legal establecido para impugnar?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-04Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020240010801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación, en materia de lo contencioso administrativo, requiere de la asistencia de un agente del Ministerio Público? Sí
El contratista debe cumplir con la conciliación como requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo, la cual requiere la asistencia de un agente del Ministerio Público para elaborar el acta y verificar que el acuerdo no resulte lesivo para el patrimonio público, debido a que la conciliación tiene características específicas como el mérito ejecutivo y la trascendencia a cosa juzgada, en contraste con la mediación que no es requisito de procedibilidad y no tiene estas características. La entidad estatal, en casos donde los extremos en la litis son entidades públicas, debe agotar la conciliación previa a interponer una demanda, conforme a la Ley 2220 de 2022 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que la falta de cumplimiento de este requisito puede llevar al rechazo de la demanda. Además, la condena en costas no procede si no se ha trabado la litis, según el artículo 365 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La mediación tiene el carácter de requisito de procedibilidad en la jurisdicción contenciosa administrativa?¿Era necesario agotar la conciliación como requisito de procedibilidad porque los extremos en la litis son entidades públicas?¿Es improcedente la condena en costas porque no se ha trabado la litis?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-04-02Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020130016500LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado carece de competencia funcional para decidir este caso en única instancia? Sí
La carencia de competencia funcional del Consejo de Estado para decidir en única instancia un medio de control de repetición se configura cuando la entidad involucrada no es del orden nacional, como ocurre con las corporaciones autónomas regionales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las corporaciones autónomas regionales no son entidades del orden nacional, conforme a la Ley 99 de 1993 y a la jurisprudencia que el auto cita. Segunda, el artículo 2 del Decreto 1768 de 1994 no atribuye esa calidad, sino que remite a otra norma. Tercera, los principios de celeridad, imparcialidad y eficacia no pueden sobreponerse al juez natural ni a la doble instancia. Por ello el expediente se remite al juez competente, conservando la validez de las actuaciones previas. El auto no desconoce el precedente invocado y confirma la decisión recurrida, concediendo la súplica subsidiaria. La consecuencia práctica es que la competencia en única instancia debe verificarse antes de admitir el trámite, y que el expediente se traslada cuando no existe.síntesis automática
También resuelve:¿La norma invocada por la recurrente establece que las CAR sean entidades del orden nacional?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 66001233300020190068401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia contractual del Fonade que corresponde a su giro ordinario? No
Las controversias contractuales de las empresas industriales y comerciales del Estado de carácter financiero que corresponden a su giro ordinario no son de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino de la jurisdicción ordinaria, conforme a lo previsto en el artículo 105 del CPACA. Esta conclusión se apoya en la naturaleza de la entidad, pues el artículo 1 del Decreto 288 de 2004 la define como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, vigilada por la Superintendencia Bancaria, y en que la controversia recae sobre su actividad ordinaria. La falta de jurisdicción conduce a declarar la nulidad de lo actuado, incluso de la audiencia en la que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio. En el caso concreto, el despacho declaró la falta de jurisdicción, anuló lo actuado y adoptó medidas para continuar el trámite en la jurisdicción ordinaria. Como consecuencia práctica, las controversias contractuales de este tipo deben tramitarse ante la jurisdicción ordinaria y no ante la de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a declarar la nulidad de lo actuado, incluso de la audiencia inicial de 1 de diciembre de 2021 en la que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio…
¿La declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho del apelante? Sí
El demandante solicita el restablecimiento del derecho y el reintegro de dineros pagados tras obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos sancionatorios. La parte apelante fundamenta su inconformidad en que la declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales a esta. La sociedad aseguradora pretendió, además de la nulidad de la multa, el restablecimiento del derecho consistente en que se declare que no estaba obligada a pagarlas y, en caso de haber pagado le sea reintegrado el monto. En ese contexto, la sentencia que dispuso la nulidad de los actos administrativos de imposición de multas tiene efectos erga omnes en los términos del artículo 189 del CPACA, aunque se examinan las renuncias y exclusiones específicas de los consorciados para confirmar la decisión apelada.síntesis automática
También resuelve:¿Se puede establecer que la aquí demandante asumió el valor de la multa impuesta mediante los actos administrativos anulados?¿En forma previa al perfeccionamiento de la cesión del contrato, se suscribió el acta de acuerdo, que incluyó renuncia a reclamaciones económicas por parte del cedente?¿El consorcio cedente renunció a cualquier reclamación económica en contra del IDU, razón que impone confirmar la sentencia apelada?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-12-09Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 25000233600020230045801LEY 1437 REPETICION
¿En el medio de control de repetición para la procedencia de una medida cautelar se debe aportar prueba sumaria sobre el actuar que se le reprocha al demandado? Sí
El contratista debe aportar prueba sumaria sobre el actuar que se le reprocha al demandado para que procedan las medidas cautelares en el medio de control de repetición, ya que estas medidas buscan garantizar la efectividad del derecho en litigio y proteger el patrimonio público. La prueba sumaria debe demostrar el elemento subjetivo de la culpa grave del agente estatal, sin prejuzgar el fondo del asunto, y debe ser conducente, útil y pertinente para establecer la situación fáctica o acto jurídico en cuestión. La falta de acreditación de esta prueba sumaria implica la improcedencia de la medida cautelar solicitada. Además, la naturaleza del proceso de repetición como un asunto de interés público implica que la condena en costas no es procedente cuando la entidad actúa en defensa del erario público, independientemente de la vocación de prosperidad de los cargos presentados.síntesis automática
También resuelve:¿Se cumplió con el requisito de aportar prueba sumaria sobre la culpa grave del agente para la procedencia de la medida cautelar solicitada?¿En el medio de control de repetición procede la condena en costas?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de la demanda de repetición iniciada contra los miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, dentro de los que se encuentra su representante legal? Sí
La competencia para conocer en única instancia de la demanda de repetición contra los miembros de un órgano colegiado de una entidad del orden nacional cuando entre ellos figura su representante legal, para asegurar unidad de criterio frente a una misma conducta, corresponde al Consejo de Estado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA, en su redacción original, atribuye a esta corporación las demandas contra representantes legales de órganos y entidades del orden nacional. Segunda, el artículo 14 de la Ley 182 de 1995 precisa que la representación legal corresponde al director de la junta directiva, de modo que el director responde en esa calidad. Tercera, el parágrafo 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 dispone que, si la acción se dirige contra varios funcionarios, es competente el juez del de mayor jerarquía. La providencia precisa que, aunque no todos los demandados eran representantes legales, la competencia recae en la corporación. La consecuencia práctica es que la demanda contra los miembros de un órgano colegiado que actuó con una misma conducta se tramita en única instancia ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición, derivado de la condena patrimonial impuesta contra la Comisión Nacional de Televisión mediante laudo arbitral…¿La Autoridad Nacional de Televisión se encuentra legitimada en la causa por activa por ser la persona jurídica de derecho público que asumió las funciones como autoridad de la Comisión Nacional de…¿Los demandados en repetición se encuentran legitimados en la causa por pasiva al ser miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2023-08-09Sala Consulta y Servicio CivilEDGAR GONZÁLEZ LÓPEZRad. 11001030600020230021300CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, es la autoridad competente para resolver de fondo la petición por medio de la cual una ex empleado del Banco Cafetero solicita le sea reconocida y pagada su pensión de vejez? Sí
La Sala advierte, que, al parecer, el señor [J.A.B.] es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la medida en que al entrar a regir la Ley contaba con más de 40 años de edad, y por esa razón reuniría los requisitos para obtener la pensión, de conformidad con la Ley 33 de 1985, toda vez que acredita más de 20 años servicios públicos y 72 años de edad. Ahora bien, como se indicó en el análisis normativo en relación al Banco Cafetero S.A: (i) El Decreto 610 de 2005 en el artículo 11 ordena al banco presentar el cálculo actuarial correspondiente al pasivo pensional. (ii) Se llevó a cabo la conmutación pensional con el entonces Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), la cual fue aceptada mediante Resolución núm. 3060 del 10 de noviembre de 2010.
También resuelve:¿De ser procedente el reconocimiento de la pensión de vejez del solicitante, este debe renunciar previamente a la pensión provisional de la que actualmente goza?
¿Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? Sí
El contratista no puede ser objeto de un descuento impuesto por la interventoría sin su autorización expresa, conforme a lo pactado en la cláusula contractual, ya que esto viola el principio de pacta sunt servanda y la buena fe objetiva en la relación contractual. La interventoría no puede alterar unilateralmente el contenido y alcance de las cláusulas del contrato, especialmente cuando se trata de deducciones que no cuentan con sustento normativo, jurídico ni contractual. La Sala modifica la interpretación anterior, reforzando la necesidad de que cualquier actuación que requiera autorización previa sea respetada para evitar violaciones al contrato y a los principios de buena fe y pacta sunt servanda, lo que implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con los términos acordados en los contratos.síntesis automática
También resuelve:¿Vulnera el contrato y la buena fe objetiva la actuación de la interventoría que impone un descuento sin aceptación del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual?¿Constituye una obligación legal ejecutar los contratos conforme a lo pactado y de buena fe, incluyendo lo que emane de la naturaleza de la obligación?¿Vulnera el principio de congruencia una sentencia de primera instancia que omite pronunciarse sobre una pretensión expresamente solicitada en la demanda?