Síntesis del concepto
Función pública: la celebración de dicho contrato debe efectuarse a través de la modalidad de contratación directa
En resumen
Frente al primer interrogante planteado, la función pública se traduce como la materialización de las funciones inherentes al estado, es decir, atañe al conjunto de las actividades que realiza el Estado, a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes, y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines.
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Síntesis síntesis automática
Es función pública toda actividad que realice fines propios del Estado, aunque la ejerzan personas extrañas a la administración, de modo que se valora objetivamente, con abstracción de quienes la ejercen y con independencia de que se ejerza en forma temporal o permanente. Las inhabilidades e incompatibilidades son restricciones a la capacidad para contratar con el Estado que solo pueden establecerse en la Constitución o la ley y son taxativas y de interpretación restrictiva, pues una interpretación amplia o finalista pondría en riesgo la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio. No obstante, ello no impide que durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios se presente un conflicto de intereses entre el contratista que desarrolla la actividad para la cual fue contratado y aquel sobre quien la entidad ejerce funciones de inspección, vigilancia y control, caso en el cual el contratista debe declararse impedido, porque podría incurrir en alguna de las faltas del artículo 56 de la Ley 1952 de 2019.
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Pregunta que resuelve
¿Las funciones de inspección, vigilancia y control realizadas por una entidad departamental son consideradas funciones públicas?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, arts. 8 y 25 núm. 7
- Ley 1150 de 2007, art. 2 núm. 4
- Ley 1952 de 2019
Puntos que trata
- Función pública
- Contrato de prestación de servicios: concepto, características
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Texto del documento 4.364 caracteres
FUNCIÓN PÚBLICA
“En sentido amplio la noción de función pública atañe al conjunto de las actividades que realiza el Estado, a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes, (art. 113) y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines.
En un sentido restringido se habla de función pública, referida al conjunto de principios y reglas que se aplican a quienes tienen vínculo laboral subordinado con los distintos organismos del Estado. Por lo mismo, empleado, funcionario o trabajador es el servidor público que esta investido regularmente de una función, que desarrolla dentro del radio de competencia que le asigna la Constitución, la ley o el reglamento (C.P. art. 123).
[…]
Es función pública, como dice Maggiore toda actividad que realice fines propios del Estado, aunque la ejerzan personas extrañas a la administración pública.
En esta perspectiva la función pública se valora objetivamente, haciendo abstracción de quienes la ejercen o son investidos de ella, y considerando que por esta vía el sujeto que la ejerce participa o colabora en la realización de las funciones y cometidos del Estado.
Para efectos de dicha valoración, poco interesa que dichas funciones se ejerzan en forma temporal o permanente, porque las normas de la Constitución regulan ambos tipos de situaciones, como se deduce de la preceptiva de los artículos 123, 131, 210, 246 y 365 de la Constitución.”
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Concepto – Características
El contrato de prestación de servicios es un contrato estatal típico regulado en el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993. Es definido como aquel que «celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable». La celebración de dicho contrato debe efectuarse a través de la modalidad de contratación directa.
[…]
El contrato de prestación de servicio al tener un objeto especifico, le asiste a la parte contratista cumplir con este conforme con las estipulaciones de los documentos precontractuales, en especial las obligaciones generales y específicas allí pactadas.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES ― Límites a la capacidad ― Régimen
[…] es un conjunto de restricciones establecidas por el constituyente o por el legislador que afectan directamente la capacidad de las personas para establecer relaciones contractuales con el Estado, que pueden resultar de condenas, sanciones o situaciones previamente establecidas por el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Constitucional explica que: “las inhabilidades representan una limitación a la capacidad para contratar con las Entidades del Estado y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito en el sujeto incapacitado quien por esta razón no podrá hacer parte de una relación contractual”.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES ― Concepto
[…] las inhabilidades son circunstancias establecidas por la Constitución o en la ley que impiden que personas naturales o jurídicas sean elegidas o designadas en un cargo público o celebren contratos con el Estado, con el objetivo de garantizar la idoneidad, imparcialidad, probidad, transparencia y moralidad de la función pública, garantizando el interés general.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES ― Interpretación restrictiva
[..] las inhabilidades e incompatibilidades –como ya se dijo– al ser restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, solo pueden tipificarse en la ley –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser restrictiva, pues si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, tales enunciados normativos podrían contemplar múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio.