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¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas?¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad?¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
¿Las Entidades Estatales con régimen especial de contratación están facultadas para declarar incumplimientos contractuales y liquidar contratos?
La postura es que las entidades estatales con régimen especial de contratación no tienen potestad sancionatoria por mandato de la ley, por lo que no pueden declarar el incumplimiento ni liquidar unilateralmente sus contratos con base en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que aplica a las entidades sometidas al EGCAP. El concepto sostiene que esas entidades sí pueden acudir a la autonomía de la voluntad para pactar en el clausulado potestades unilaterales y el mecanismo para hacerlas efectivas. Sin embargo, los actos que expidan en ejercicio de esas potestades pactadas no son actos administrativos, sino actos contractuales, porque su origen está en el contrato y no en la ley. Si la entidad con régimen especial pretende declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, debe haberlo acordado previamente en el clausulado o, en su defecto, acudir al juez competente, sin perjuicio de que la norma de creación de la entidad le confiera expresamente esa facultad. La consecuencia práctica es que el manual de contratación y el clausulado deben prever estas potestades si la entidad quiere ejercerlas de manera unilateral.síntesis automática
También resuelve:Facultad sancionatoria: sujetos habilitados, inaplicabilidad, entidades con régimen especialEntidades con régimen especial de contratación: ejercicio, potestades unilaterales, naturaleza de sus actos
El término de pérdida de competencia de una entidad, para responder un recurso, en materia de contratación estatal, se rige por lo señalado en artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, ¿como ley general? o por el contrario para la pérdida de competencia se tiene norma especial y en caso cuál sería dicha normatividad.
También resuelve:Sanciones contractuales: clases, consagración legal, consagración legal / norma especial para el procedimiento sancionatorio contractual, Ley 1474 de 2011Procedimiento sancionatorio contractual: marco normativo, Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011Caducidad de la facultad sancionatoria: aplicación del artículo 52 del procedimiento administrativo sancionatorio general del cpaca
¿Puede la Entidad Estatal contratante declarar el incumplimiento del contratista después de terminado el contrato de manera bilateral?
La entidad estatal puede ejercer la potestad sancionatoria para declarar el incumplimiento, imponer multas o hacer efectiva la cláusula penal incluso después de vencido el plazo de ejecución del contrato, mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista, pues el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 no condicionó esa potestad al plazo contractual. Puede hacerlo también después de la liquidación, siempre que en el acta se hayan consignado salvedades o aclaraciones que relacionen de forma clara y concreta las obligaciones que quedaron pendientes durante la ejecución, pues la liquidación solo define la situación en que quedan los contratantes. Para adelantar el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la citación a audiencia debe señalar los hechos que soportan la actuación con la descripción detallada de las acciones u omisiones del contratista, adjuntar los informes de supervisión o interventoría y las pruebas con que cuente la entidad, indicar las normas, cláusulas u obligaciones posiblemente incumplidas y las consecuencias que podrían derivarse, como multas, cláusula penal o caducidad, y señalar el lugar, fecha y hora de la audiencia, que puede realizarse por medios electrónicos; además, la entidad puede cuantificar los perjuicios.síntesis automática
También resuelve:Procedimiento sancionatorio contractual: citación a audiencia, contenido, Ley 1474 de 2011, Artículo 86Facultad sancionatoria: procesos sancionatorios contractuales, alcance temporal
Competencia,Régimen de protección de la competencia,Violación,Caducidad,Recuento jurisprudencial,Término,Cómputo – Mes: mayo – Año: 2019…
También resuelve:Recurso de apelación: competenciaComisión nacional del servicio civil: competencia, régimen de protección de la competencia, violaciónFacultad sancionatoria: caducidad, recuento jurisprudencial, término, cómputo
¿Cuál es la competencia temporal y el procedimiento para la declaratoria de incumplimiento del contrato estatal?
El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 establece que las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento contractual, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal, a través del procedimiento descrito en dicha norma. Cabe destacar que el artículo en mención no cualifica o se circunscribe a ciertos tipos de incumplimiento. En consecuencia, la declaratoria de cualquier incumplimiento, sea total o parcial, durante o posterior a la terminación del contrato e independiente de su gravedad, debe realizarse con plena observancia de las reglas procedimentales del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
También resuelve:Procedimiento sancionatorio contractual: citación a audiencia, contenido, Ley 1474 de 2011, Artículo 86Facultad sancionatoria: procesos sancionatorios contractuales, competencia temporalEntidades de régimen especial: declaratoria de incumplimiento, derecho privado, autonomía de la voluntad, actos contractuales
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, sobre asuntos derivados de contratos de concesión mineros? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los asuntos derivados de contratos de concesión minera cuando el acto proferido en su ejecución emana de una agencia estatal de naturaleza especial, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se apoya en que esa agencia tiene carácter público y en que el artículo 293 de la Ley 685 de 2001 asigna el conocimiento de los asuntos derivados de estos contratos a la jurisdicción. Con base en ello, el Consejo de Estado resuelve en segunda instancia la apelación contra la sentencia del tribunal, conforme al artículo 150 del CPACA. En el caso, la resolución de la agencia minera se dictó en la ejecución de un contrato de concesión, y la sentencia de primera instancia se confirma. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, las resoluciones de la agencia minera dictadas en la ejecución de un contrato de concesión son controlables ante la jurisdicción contencioso administrativa, y su apelación corresponde a esta Corporación.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la anulación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la notificación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión…¿La Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, proferida por la Agencia Nacional de Minería, adolece de una falta de competencia temporal, por el hecho de que, en su criterio…
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019 y No. 42494 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contratista y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, con fundamento en los argumentos expuestos por las aseguradoras demandantes y por la Unión Temporal Auditores en Salud? No
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no procede la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019 y la No. 42494 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contrato de consultoría 080 de 2018, por parte de la UNION TEMPORAL AUDITORES DE SALUD...
También resuelve:¿Procede el reintegro de las sumas pagadas por las aseguradoras con ocasión de los actos administrativos demandados?
76001233300020230003802 de 20262026-05-29Rad. 76001233300020230003802
El contratista no requiere que la entidad estatal agote nuevamente un procedimiento administrativo sancionatorio para hacer efectiva la garantía de la aseguradora, siempre y cuando se haya cumplido con el debido proceso en la audiencia en la que se discutieron los motivos del incumplimiento contractual y se permitió el ejercicio del derecho de defensa. La Sala sostiene que la liquidación bilateral no muta la causa del incumplimiento, por lo que no es necesario un nuevo trámite administrativo para declarar el incumplimiento y aplicar multas y sanciones. Esta regla reitera y refuerza la interpretación de que la etapa de liquidación bilateral puede resolver el incumplimiento sin necesidad de un procedimiento sancionatorio adicional, siempre que se respeten los derechos del contratista y se evidencie claramente la falta de cumplimiento del objeto contractual.síntesis automática
También resuelve:Facultad sancionatoria de la administración: Ley 1474 de 2011 artículo 86, debido proceso, liquidación bilateral, no muta la causa del incumplimientoEfectividad de la garantía: no es necesario surtir el procedimiento administrativo sancionatorio para la aseguradora, no es sujeto sancionable, vinculación de la aseguradora, interés en el casoLiquidación del contrato estatal: alcance, Código Civil artículo 1602, fuerza vinculante del contrato, buena fe contractual –derechos y obligaciones contractuales
¿En el marco de un contrato de concesión minera, cuándo procede la imposición de multa por incumplimiento contractual en la etapa de explotación? Sí
Se concluye que, en tanto la decisión impositiva de la multa, como aquella que al resolver el recurso de reposición la confirmó, se expidieron el 20 de junio de 2016 y el 23 de diciembre de 2016, respectivamente, se colige que fueron expedidas en el transcurso de la etapa de explotación.
También resuelve:¿Cuáles son los parámetros para la imposición y tasación de la multa por incumplimiento contractual en el contrato de concesión minera?¿Cuál es la competencia para la resolver los conflictos por la nulidad del acto administrativo contractual de imposición de multa por incumplimiento contractual de contrato de concesión minera?¿Cómo es el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se discuta la nulidad del acto administrativo contractual de imposición de multa por…
¿Son admisibles como medio probatorio dentro del proceso judicial las grabaciones de voz obtenidas o realizadas sin autorización de los funcionarios públicos que intervinieron en ellas, cuando fueron captadas por fuera de una audiencia administrativa formalmente convocada? No
El contratista no puede presentar como medio probatorio grabaciones de voz obtenidas sin autorización de los funcionarios públicos, incluso cuando estas fueron captadas por fuera de una audiencia administrativa formalmente convocada, ya que tales grabaciones violan el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 15 de la Constitución y son nulas de pleno derecho según el artículo 29, lo que implica su exclusión del debate probatorio. Esta regla reitera la protección del derecho a la intimidad y establece que la grabación no autorizada no puede ser admitida en el proceso judicial, independientemente del contexto en que se realice, lo que garantiza la confidencialidad de las conversaciones privadas entre funcionarios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿Tiene la efectividad de la garantía de seriedad de la oferta, ante el incumplimiento injustificado de la obligación de suscribir el contrato estatal, una naturaleza sancionatoria e indemnizatoria?¿La efectividad de la garantía de seriedad de la oferta exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo y resulta aplicable para ello el procedimiento previsto en el artículo 86 de la…¿Vulneró la entidad demandada el derecho al debido proceso del demandante al adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio sin su comparecencia, sin designarle defensor de oficio…
25000233600020210061701 de 20252025-08-27Rad. 25000233600020210061701
El contratista no está eximido de responsabilidades por vicios inherentes a la construcción, al terreno o a los materiales empleados, incluso cuando se emite un acta de recibo final de obra que constata la conformidad externa con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, ya que esta acta no es garantía de cumplimiento del contrato estatal ni impide que la administración efectúe descuentos en la liquidación del contrato si existen incumplimientos. La liquidación del contrato es un acto jurídico integral que revisa exhaustivamente todos los aspectos del contrato, incluyendo temas técnicos, operativos y financieros, y determina si las partes pueden declararse a paz y salvo o si existen obligaciones por cumplir, lo que implica que el acta de recibo final no es una declaración definitiva del cumplimiento cabal de todas las obligaciones del contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la naturaleza jurídica del acta de recibo final y la potestad de la administración para efectuar descuentos en la liquidación del contrato, lo que tiene implicaciones significativas en la práctica contractual y en la resolución de controversias relacionadas con la entrega y liquidación de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:Acta de recibido final de obra pública: instrumento de constancia, acta de recibo final de obra, alcance, no exime al constructor por los potenciales vicios inherentes a la construcciónNaturaleza jurídica del acto de liquidación del contrato: objeto de la liquidación del contrato estatal, condición técnica del contrato estatal, ecuación financiera del contrato estatal, garantías en el contrato administrativoLiquidación del contrato estatal: potestad de la administración del análisis técnicos y financiero, facultad de efectuar descuentos
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-07Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 25000233600020240056301LEY 1437 REPETICION
¿Es competente la Subsección para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de repetición cuando el pago realizado por la entidad estatal proviene de una sanción administrativa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ya que esta no constituye una condena judicial, conciliación u otro mecanismo que ponga fin a un conflicto por un daño antijurídico. La sanción administrativa se expide en el marco de un proceso sancionatorio por incumplimiento de normas y procedimientos, y no causa un daño antijurídico a la entidad, sino que se trata de un daño que está en el deber jurídico de soportar, en tanto es parte de las instituciones públicas sometidas al control del Estado como desarrollo de la facultad sancionatoria. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y limita la procedencia del medio de control de repetición en casos de sanciones administrativas, lo que implica que el contratista no podrá obtener indemnización por dichas sanciones.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición es procedente cuando provenga de una condena judicial, de una conciliación u de otro mecanismo que haya puesto fin a un conflicto por un daño antijurídico?¿Es improcedente el medio de control de repetición cuando el pago realizado por la entidad proviene de una sanción administrativa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios…¿Es improcedente la condena en costas por cuanto no se causaron?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2023-10-11Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020130016500LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado carece de competencia para conocer del presente asunto en única instancia, por cuanto la CAR no es una entidad del orden nacional? Sí
La acción de repetición contra los representantes legales de entidades del orden nacional es de única instancia ante el Consejo de Estado, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA, pero no cuando la entidad es una corporación autónoma regional, que no pertenece al orden nacional, de modo que la corporación carece de competencia y debe remitir el expediente. La razón es que la naturaleza de la corporación es sui generis y no puede asimilarse a un organismo de la administración central ni a una entidad territorial, mientras que su representante legal ejerce competencias en el ámbito territorial definido por la Ley 99 de 1993. Además, al declararse la falta de competencia, el artículo 152 del CPACA ordena remitir el expediente al tribunal competente, y las actuaciones surtidas conservan su validez según el artículo 16 del Código General del Proceso. En el caso, el despacho declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente al tribunal administrativo competente. Su consecuencia práctica es que la competencia de única instancia exige que la entidad sea del orden nacional, y que una corporación descentralizada no basta para activarla.síntesis automática
También resuelve:¿Las CAR son organismos administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales?¿La competencia del Consejo de Estado para resolver en única instancia las demandas de repetición, se restringe a los eventos en que se llame a responder patrimonialmente a los representantes legales…¿El legislador estableció para cada CAR un ámbito territorial limitado para el ejercicio de sus competencias?
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve:¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato?¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato?¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-19Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 68001233300020220004401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe revocarse el auto que decretó la medida cautelar, al no existir elementos para establecer procesalmente una relación directa entre la prohibición al Invías de declarar la caducidad del contracto y las pretensiones de la demanda? Sí
En torno al primer argumento de apelación, referente a la orden al Invías de no expedir ningún acto tendiente a la declaratoria de caducidad del contrato, estando la demanda encaminada a refutar las imposiciones de multa, se advierte que si bien las pretensiones del libelo no buscaron enjuiciar formalmente la legalidad de tales sanciones pecuniarias, no es menos cierto, en primer lugar, que en los fundamentos fácticos sí se cuestionó que el Invías multara por incumplimiento a Concay S.A. cuando persistían las discrepancias sobre los APU-NP, y en segundo lugar, que en todo caso la medida cautelar reprochada no guarda relación directa ni necesaria con ese punto, ni con el petitum objeto del juicio, como lo exige el artículo 230 del CPACA.… Aunque el Invías incurre en imprecisión al aducir que la demanda se interpuso “en contra de las Resoluciones No. 3888 del 3 de diciembre de 2021…
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de la apelación de autos dictados por los tribunales administrativos?¿Las medidas cautelares fueron instituidas para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia?¿En los eventos en que proceda la medida cautelar de suspensión provisional del procedimiento administrativo, el juez en ejercicio de su facultad discrecional…
¿El Consorcio formuló alguna razón de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia? No
Cuando el recurso de apelación no formula razones de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia, la Sala no tiene sustrato jurídico para estudiar y debe confirmar la decisión. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el apelante, en este caso un consorcio, aceptó la razón del juez de primera instancia, pues después de la postura unificada de la Sección Tercera ya no se exige notificar individualmente a sus integrantes sobre el inicio del procedimiento administrativo, y se acogió a la posición del tribunal. La segunda es que el consorcio no logró desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas, porque el procedimiento sancionatorio se adelantó con las garantías del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y los consorcios son unidades de hecho y de derecho que deben responder por su incumplimiento. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia apelada. La nota de relatoría remite a la unificación de 25 de septiembre de 2013 sobre la capacidad de los consorcios, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El Consorcio logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones demandadas?¿El Consorcio varió la causa petendi al introducir en el recurso de apelación un argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia?¿La parte demandante incurrió en falta de técnica de la demanda?
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer la demanda instaurada contra los actos administrativos expedidos por la Aeronáutica Civil con ocasión de la ejecución y liquidación de un contrato estatal? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer las demandas instauradas contra los actos administrativos expedidos por las entidades estatales con ocasión de la ejecución y liquidación de los contratos estatales, de conformidad con el artículo 104 del CPACA. En este proceso, dicha jurisdicción conoció sobre la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial y definitivo de un contrato de obra, se impusieron multas, se hizo efectiva la cláusula penal y se liquidó unilateralmente el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de controversias contractuales para obtener la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la Aerocivil impuso multas, declaró el incumplimiento contractual…¿Concurre legitimación en la causa por activa y por pasiva entre las partes de la relación contractual de la cual surgieron los actos administrativos contractuales objeto de demanda?¿Impone el principio de congruencia al juez contencioso administrativo, en sede de apelación, el deber de resolver únicamente los motivos de inconformidad propuestos por la parte recurrente y los…
¿El incumplimiento de la unión temporal era grave y podía conducir a la paralización del contrato? Sí
El contratista puede enfrentar la paralización del contrato si incumple de manera grave las condiciones mínimas de calidad y eficiencia en la prestación del servicio, como lo evidencian las deficiencias operativas y técnicas que afectan directamente la calidad del producto y la prestación del servicio público. En este caso, la unión temporal instaló luminarias que no cumplían con las especificaciones técnicas y generaban un perjuicio para la comunidad, lo que llevó a la entidad estatal a declarar la caducidad del contrato debido a la gravedad del incumplimiento. La Sala confirmó que las pruebas presentadas no permitían concluir que el contratista estuviera cumpliendo con sus obligaciones, y que la gravedad de los incumplimientos era tal que podían conducir a la paralización del contrato, reafirmando la importancia de cumplir con los estándares de calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿Según las pruebas la unión temporal había incurrido en diferentes deficiencias operativas y técnicas?¿De la lectura completa de los informes se colige que ambos se inclinaron por reconocer el incumplimiento de la concesión?¿La caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecte de manera grave la etapa de ejecución del contrato?