Titulación de la relatoría 9.437 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / CONTRALORÍA MUNICIPAL / CONTROL FISCAL / COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA TERRITORIAL
OBITER DICTUM
[A] la Contraloría General de la República le corresponde la vigilancia y el control fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos, mientras que las contralorías territoriales son competentes cuando: i) La vigilancia y el control de la gestión fiscal recaiga sobre el departamento, distrito, municipio y demás entidades del orden territorial de jurisdicción de la respectiva contraloría. ii) Que se trate de recursos endógenos y parafiscales del respectivo orden territorial. En todo caso corresponde a la Contraloría General de la República, de manera prevalente, la vigilancia y control fiscal de los recursos de la Nación transferidos a cualquier título a entidades territoriales, así como las rentas cedidas a éstas por la Nación, competencia que ejerce bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El Decreto 405 de 2020 en el artículo 4, establece la estructura orgánica y funcional de la Contraloría General de la República, la cual se organiza en nivel central y nivel desconcentrado. En el nivel desconcentrado se encuentran las Gerencias Departamentales Colegiadas las cuales fueron creadas con el propósito de que la Contraloría General de la República hiciera presencia en todo el territorio nacional, para el cumplimiento de sus funciones de control fiscal, prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y control de la gestión pública en el territorio asignado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia en materia de control fiscal, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 28 de febrero de 2023, radicado núm. 110010306000202200246
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 267, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 268, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 272, DECRETO 403 DE 2020 - ARTÍCULO 4, DECRETO 405 DE 2020 - ARTÍCULO 4, DECRETO LEY 403 DE 2020 - ARTÍCULO 2
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
El contrato interadministrativo, es una expresión de la modalidad de contratación directa que ostenta el Estado. Dicho contrato, se define como el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es decir, los contratos o convenios interadministrativos nominados en la Ley 80 de 1993 están determinados por un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relación contractual sean entidades estatales. En este, existen prestaciones recíprocas pues cada una de las partes asume una obligación a favor de la otra, para una será la prestación de un servicio, la transferencia de un bien, entre otros; mientras que, para la otra será el pago de una remuneración, lo que además implica que existe un precio como elemento esencial del contrato. (…) [S]e entiende que, para que un contrato interadministrativo exista deben presentarse los siguientes elementos: i) Acuerdo sobre el objeto. ii) Contraprestación. iii) Que conste por escrito. Sobre las características del contrato interadministrativo, la Sección Tercera de esta Corporación indica que: i) Constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de Comercio cuando su objeto lo constituyen obligaciones patrimoniales. ii) Tienen como fuente la autonomía contractual. iii) Son contratos nominados puesto que están determinados en la ley. iv) Son contratos atípicos desde la perspectiva legal, dado que, se advierte la ausencia de unas normas que de manera detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen los contratos típicos, por ejemplo, compra venta, arrendamiento, mandato, entre otros. v) La normativa que, en principio, les aplica es la contenida en el Estatuto General de Contratación, en atención a que, las partes que los celebran son entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que resulten pertinentes del Código Civil y del Código de Comercio. vi) Dan lugar a la creación de obligaciones jurídicamente exigibles. vii) Persiguen una finalidad común a través de la realización de intereses compartidos entre las entidades vinculadas. viii) La acción mediante la cual se deben ventilar las diferencias que sobre el particular surjan es la de controversias contractuales. En conclusión, los contratos interadministrativos se caracterizan por los sujetos que intervienen y por la modalidad de selección que la ley permite aplicar para su celebración.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza y las características del contrato interadministrativo, ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010. Radicado núm. 66001-23-31-000-1998-00261-01(17.860)
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.4, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41 PARÁGRAFO 1
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI / NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI / FUNCIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
OBITER DICTUM
[E]l IGAC es una entidad del orden nacional, que cuenta con patrimonio propio, este último, conformado por varias fuentes, entre ellas, el producto de la venta de bienes y servicios y las utilidades de sus recursos propios. Así las cosas, se concluye que el IGAC presta los servicios en materia geográfica, geodésica, cartográfica, catastral y agrológica nacional cuando son requeridos por entidades del orden nacional o privado, lo cual, genera un beneficio o rentabilidad en favor de dicha entidad, que entra a conformar su propio presupuesto.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 846 DE 2021 - ARTÍCULO 3, DECRETO 846 DE 2021 - ARTÍCULO 4, DECRETO LEGISLATIVO 290 DE 1957
CONTROL FISCAL / DETRIMENTO PATRIMONIAL DEL TESORO PÚBLICO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL / COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Problema jurídico:
¿La la Contraloría General de la República -Gerencia Departamental Colegiada del Cauca- es la autoridad competente para conocer y resolver de fondo la denuncia ciudadana anónima en contra del IGAC por el presunto detrimento patrimonial en la celebración de 80 contratos de prestación de servicios para el cumplimiento del Contrato Interadministrativo núm. 2020180002169-7 del 21 de diciembre de 2020, celebrado entre dicha entidad y el municipio de Popayán?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala considera que la autoridad llamada a resolver la denuncia por un presunto detrimento patrimonial en la celebración de 80 contratos de prestación de servicios suscritos por el IGAC, para dar cumplimiento al contrato interadministrativo núm. 2020180002169-7, del 21 de diciembre de 2020, celebrado entre dicha entidad y el Municipio de Popayán, es la Contraloría General de la República- Gerencia Departamental Colegiada del Cauca por cuanto: Los recursos cuya vigilancia se solicita en la denuncia son los pagados en la celebración de los 80 contratos que suscribió el IGAC para apoyo operativo del proceso de actualización catastral multipropósito en el municipio de Popayán Cauca. El patrimonio del IGAC, se conforma entre otros conceptos, por el producto de la venta de bienes y servicios y las utilidades de sus recursos propios. Precisamente el contrato que se celebró con la Alcaldía es un negocio jurídico, a partir del cual, recibió una contraprestación por la venta de sus servicios de actualización catastral. Las transferencias realizadas por la Alcaldía de Popayán al IGAC, constituyen el pago respectivo por el servicio prestado por el IGAC. En consecuencia, una vez el IGAC recibió los pagos por parte de la Alcaldía, estos ingresaron de forma inmediata a su patrimonio, por el concepto «venta de bienes y servicios dando cumplimento de las funciones y fines de la entidad», por lo que los recursos con que se pagaron los 80 contratos que celebró el IGAC, pertenecían a dicha entidad. Entonces, como quiera que, el IGAC es una entidad del orden central y su presupuesto se conforma por recursos de naturaleza nacional, corresponde a la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Colegiada del Cauca adelantar la investigación fiscal, a que haya lugar, con ocasión de la denuncia anónima presentada en contra de ese instituto, de conformidad con los artículos 267 y 268 de la Constitución Política. Igualmente dado que los 80 contratos fueron celebrados en su totalidad con recursos de origen nacional, pertenecientes al IGAC, el presunto detrimento patrimonial fue en contra de recursos de naturaleza nacional. Se reitera que los recursos vigilados no son de la Alcaldía de Popayán porque los adquirió el IGAC como contraprestación de los servicios que ofreció a dicha alcaldía, con ocasión del contrato interadministrativo de actualización catastral multipropósito en ese municipio.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 267, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 268