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¿El municipio cumplió lo establecido en el numeral 17 de la cláusula segunda del convenio interadministrativo dado que suscribió las prórrogas y constituyó las pólizas acordadas? No
El municipio no cumple con la obligación de información establecida en un convenio interadministrativo, incluso si ejecuta otras prestaciones acordadas, ya que la ley exige que se realice específicamente la conducta a la que se comprometió. En este caso, el municipio se obligó a entregar la información necesaria para la liquidación del convenio, pero no cumplió con este deber específico, a pesar de suscribir las prórrogas y constituir las pólizas acordadas. La Sala modificó la decisión del a quo, estableciendo que la obligación de información es independiente de otras prestaciones y debe ser cumplida en su totalidad para considerar el convenio ejecutado conforme a la ley. Esto implica que la entidad estatal debe cumplir rigurosamente con todas las obligaciones específicas estipuladas en el convenio, independientemente de otras acciones realizadas, para evitar incumplimientos que puedan dar lugar a cláusulas penales.síntesis automática
También resuelve:¿el fallo incurrió en contradicción porque, a pesar de que se logró el objeto del convenio, ordenó hacer efectiva la cláusula penal?¿Era procedente hacer efectiva la cláusula penal aun cuando no se causaron daños al Ministerio?¿La liquidación judicial de un convenio interadministrativo incluye la actualización del monto de la cláusula penal declarada en primera instancia cuando el apelante omitió impugnar ese aspecto?
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve:¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante?¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos?¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato? Sí
La Subsección resolverá desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Genmas S.A. E.S.P. y confirmará la sentencia de primera instancia. Lo manifestado por [la contratante en los términos de referencia] otorgó certeza a la contratista de que el dinero de la construcción estaba garantizado, dado que se señaló que su financiación provendría de recursos propios de la entidad. Genmas S.A. E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato, debido a que no acreditó la circunstancia económica de la empresa que alegó como fundamento para el ejercicio de la prerrogativa contractual, por lo que se materializó su incumplimiento del negocio jurídico.
También resuelve:¿Lo convenido correspondió a un contrato de obra a precios unitarios que fue suscrito con el objetivo de desarrollar las obras civiles de una central hidroeléctrica…¿El perfeccionamiento del negocio se dio con la suscripción del documento correspondiente por las partes, en el que la accionante se obligó a construir las obras civiles de la central hidroeléctrica?¿La potestad de terminación unilateral del contrato se ejerció sin justa causa, por lo que la conducta de la contratante constituyó un incumplimiento del contrato?
¿Las salvedades incorporadas por el contratista en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra 611 de 2015 son extemporáneas debido a que fue el mismo contratista que en múltiples ocasiones solicitó contratos modificatorios o actas contractuales y en los mismos no reclamó sobrecostos, lo cual vulnera el principio de buena fe contractual? Sí
El contratista está obligado, en virtud de la buena fe objetiva, a dejar consignadas sus salvedades en los documentos contractuales que modifiquen el negocio jurídico inicial, como suspensiones, otrosíes o adicionales, y no puede reservarlas para el acta de liquidación bilateral. La regla se apoya en que esas modificaciones son el momento en que las partes deben dejar constancia de los reclamos, y en que la omisión de esa constancia en los documentos previos afecta la oportunidad de las salvedades. Por ello, el juez debe verificar el objeto del documento en el que se consignaron las salvedades. En el asunto, la sociedad demandante no acreditó el incumplimiento ni el desequilibrio alegados en la demanda, y la Sala confirmó la sentencia que declaró extemporáneas las salvedades incorporadas en el acta de liquidación. En la práctica, las reclamaciones del contratista deben formularse en los documentos que modifican el contrato y no solo en la liquidación.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista cumplió con la carga probatoria de acreditar los supuestos de hecho del incumplimiento y del desequilibrio económico del contrato que alegó en la demanda?¿Procede condenar en costas a la parte demandante por ser la vencida en este caso?
¿La deficiente estructuración de costos del contrato por parte de la entidad, al no incluir un impuesto municipal, configura por sí misma un desequilibrio económico o un incumplimiento contractual que releve al contratista experto de su deber de conocer y asumir la carga tributaria aplicable? No
El contratista no puede alegar que la deficiente estructuración de costos por parte de la entidad estatal, al no incluir un impuesto municipal, configura un desequilibrio económico o un incumplimiento contractual que lo exima de conocer y asumir la carga tributaria aplicable, ya que el deber de planeación implica una colaboración activa del contratista con la administración para advertir y subsanar deficiencias en la planeación, y el principio de buena fe requiere que ambas partes suministren información precisa y veraz, con lo que el contratista debe desplegar una debida diligencia en el análisis de la información precontractual. Además, el contratista experto debe conocer y cumplir con las leyes y normas aplicables, incluyendo los impuestos, y no puede excusarse de su conocimiento por la falta de una adecuada estructuración de costos por parte de la entidad. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el deber de colaboración y diligencia del contratista, reforzando que la mala planeación no constituye automáticamente un incumplimiento contractual o un desequilibrio económico, y que el contratista debe asumir la responsabilidad de conocer y cumplir con las obligaciones tributarias derivadas de su actividad contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Procede reconocer al contratista los perjuicios por mayor permanencia en obra cuando en el acta de suspensión y en sus prórrogas renunció de manera expresa a reclamar los gastos derivados de la…¿Puede el juez de lo contencioso administrativo reconocer intereses moratorios que no fueron reclamados en las pretensiones de la demanda…¿Debe revocarse la decisión del juez de primera instancia de abstenerse de condenar en costas a la entidad cuando las pretensiones prosperaron parcialmente…
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel?¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato?¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
¿La pretensión de liquidación judicial se fundamentó en una causa que evidencia un conflicto entre las partes? No
Cuando la pretensión de liquidación judicial de un convenio interadministrativo no se funda en un conflicto concreto entre las partes sobre el alcance o el cumplimiento de sus obligaciones, el juez no puede liquidar el negocio y la pretensión no está llamada a prosperar. La regla se sostiene en tres razones: si el conflicto que motiva el proceso no existe, cualquier pronunciamiento del juez para liquidar el negocio suplantaría a las partes en la ejecución de deberes que solo a ellas les corresponde cumplir; la pretensión de liquidación debe estar soportada en una causa clara y específica, cualquiera que sea el régimen jurídico aplicable al negocio; y la mera omisión de liquidar, sin un conflicto sobre el balance de cuentas, no basta para acudir al juez. En el caso, la demandante sostuvo que, como las partes no liquidaron el convenio de forma bilateral ni unilateral, correspondía al juez completar esa etapa, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la pretensión. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial exige demostrar un conflicto específico sobre las cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante se limitó a señalar que la liquidación debía realizarse para culminar el proceso de liquidación del convenio interadministrativo?¿Obran los elementos probatorios suficientes que permitan establecer con certeza el resultado final del convenio?¿El objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de naturaleza eminentemente contradictoria, encaminada a juzgar las controversias y litigios originados en el marco de los negocios…
¿Se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave? No
Al no estar probado el hecho que permite tener por cierto que la conducta fue realizada con culpa grave, es deber de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. acreditar dicha calificación, y no compete a los funcionarios derrumbar la presunción legal. Más allá del expediente contractual… , no existen elementos de juicio que permitan calificar la conducta de los funcionarios [demandados] como ajena a las finalidades del Estado o como una violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Sobre todo… que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. limitó su actuación a asegurar en la demanda que los servidores tenían conocimiento de la irregularidad en que incurrieron y de su comportamiento omisivo, sin allegar prueba alguna que corroborara tales afirmaciones.
También resuelve:¿La entidad demandante probó que los demandados procedieron de manera dolosa o gravemente culposa?¿Está probado que los diseños elaborados por la firma consultora hayan determinado la inclusión de un túnel?¿La entidad aduce de los servidores demandados el conocimiento de la irregularidad en que incurrían y el comportamiento omisivo?
¿La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente para configurar una violación del procedimiento administrativo? Sí
La omisión de comunicar al contratista el inicio del procedimiento sancionatorio constituye una violación del procedimiento administrativo con consecuencias determinantes cuando impide ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los cargos por los que finalmente se sanciona, y da lugar a la nulidad de los actos que imponen la sanción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 288 del Código de Minas impone a la autoridad el deber de comunicar el inicio del procedimiento sancionatorio, deber que la cláusula 25.1.1 del contrato preveía en sentido semejante. Segundo, la omisión privó al contratista de la oportunidad de subsanar la renovación y el reajuste de las garantías y de atender requerimientos de la autoridad, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí pudo hacerlo. Tercero, la falta de conocimiento del inicio del procedimiento impidió ejercer la defensa, lo que configura el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal de nulidad. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la nulidad de los actos demandados; en la práctica, la autoridad que sanciona debe acreditar la comunicación del inicio del procedimiento sancionatorio antes de imponer la sanción.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante queda habilitado para efectuar las actividades de explotación minera que le otorga el contrato cuya caducidad fue declarada con el acto administrativo declarado nulo?¿Se niega la pretensión pecuniaria consistente en la indemnización de perjuicios materiales por no existir prueba de su causación?¿Cuando de la actuación iniciada de oficio pudiera resultar afectado en forma directa un particular, a éste se le debía comunicar la existencia de la actuación y el objeto de la misma?
¿En contratos en los que se pacta el desembolso de un anticipo, la entidad contratante debe exigir la creación de un patrimonio autónomo que administre dichos recursos? Sí
El contratista debe crear un patrimonio autónomo para administrar el anticipo recibido en contratos de obra pública, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, y constituir una garantía del 100% del monto del anticipo para proteger a la entidad contratante de riesgos como la no inversión, uso indebido y apropiación indebida. Además, el contratista está obligado a invertir adecuadamente los recursos del anticipo en la ejecución del contrato, acreditar suficientemente dicha inversión y no ser renuente a los requerimientos de la interventoría para demostrar la efectiva inversión. Esta decisión reitera y matiza precedentes, fortaleciendo la obligación del contratista de manejar correctamente los recursos del anticipo y acreditar su inversión en la obra contratada.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista tiene la carga de asegurar y acreditar que los recursos del anticipo están efectivamente realizados o invertidos en el contrato?¿El contratista fue renuente frente a los requerimientos efectuados por la supervisión y la interventoría para que acreditara la efectiva inversión de los recursos del anticipo?¿La parte actora no acreditó el cargo de falsa motivación de las resoluciones acusadas?
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su…¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras…¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
¿Pueden los informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal ser valorados como prueba dentro de un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública? No
El contratista no puede presentar informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal como prueba en un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública, ya que estos informes no adquieren la condición de prueba hasta que se les ha dado la oportunidad de ser cuestionados en un juicio oral. Además, el juez no puede otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio sin acreditar la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe, ya que la falta de esta acreditación afecta negativamente la credibilidad del informe. Estas reglas implican que la prueba trasladada de un proceso penal debe cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser valorada en un proceso judicial, lo que incluye la contradicción y la autenticidad de la cadena de custodia de la prueba.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio, sin que se acredite la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe?¿Se acreditó una ruptura en la cadena de custodia de los discos duros analizados por el laboratorio forense de la Fiscalía General de la Nación?¿Puede otorgarse valor probatorio a la declaración de un testigo técnico que no tuvo acceso directo al sistema examinado, ni acreditó documentalmente su idoneidad ni conocimiento directo de los…
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales en las que una entidad pública es parte? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales en las que una entidad pública es parte, siempre que la cuantía de la pretensión supera el equivalente a 500 S.M.L.M.V., lo que confiere al proceso la vocación de doble instancia. La caducidad de la acción de controversias contractuales opera frente a la declaratoria de nulidad relativa de una póliza de seguros si la entidad aseguradora no interpuso recurso de apelación contra la decisión del tribunal que la declaró caduca, y el término de caducidad para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que afectan la póliza debe contarse a partir del acto que aprueba la liquidación del contrato, según lo dispone el Código Contencioso Administrativo. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, lo que implica que las entidades aseguradoras deben ser conscientes de los plazos y requisitos para ejercer acciones contra actos administrativos que afectan sus pólizas de cumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Frente a la pretensión consistente en la declaratoria de nulidad relativa de la póliza de seguros, operó la caducidad de la acción?¿El término de caducidad con que cuenta la aseguradora para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que hacen efectiva la póliza de seguros…¿Pueden las partes modificar la causa petendi a través del recurso de apelación?
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de la actividad contractual de los establecimientos públicos del orden nacional conforme a las reglas de competencia funcional y de cuantía. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato fue suscrito por el Invías en calidad de establecimiento público del orden nacional dentro de su actividad contractual. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 4 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso y al superar la cuantía mínima exigida para la fecha de presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Las entidades estatales como los establecimientos públicos, están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en cuanto a su gestión contractual?¿El acuerdo de voluntades sería liquidado en un término de seis meses, de los cuales 4 meses se destinarían a procurar efectuarla de mutuo acuerdo y 2 meses se reservarían para realizarla…¿El informe pericial describió erróneamente el proyecto y el alcance del contrato, indicando que el objeto negocial se restringió a la elaboración de diseños y al mantenimiento y rehabilitación de…
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas en la actividad de las entidades públicas con empresas industriales y comerciales del Estado? Sí
El contratista puede presentar copias simples de documentos como prueba en el proceso contencioso administrativo siempre que dichos documentos no hayan sido tachados de falsos o desvirtuados por las partes durante el curso del mismo, conforme a la jurisprudencia unificada por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 28 de agosto de 2013. Además, el interventor o auditor que preste testimonio en el proceso, siempre que su declaración sea creíble, imparcial, clara y cierta, y no sea tachada de falsa por las partes, es susceptible de valoración probatoria. Estas reglas permiten un mayor acceso a la justicia y flexibilizan las exigencias de prueba en la jurisdicción contenciosa administrativa, facilitando la resolución de controversias contractuales entre entidades públicas y empresas industriales y comerciales del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿En las controversias sobre contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto…¿Es procedente el valor probatorio de las copias simples, cuando los documentos aportados han militado en el proceso sin ser tachados por las partes?¿Las pruebas testimoniales aportadas al proceso son susceptibles de valor probatorio al estar dotadas de credibilidad, imparcialidad, claridad y certeza y al no ser tachadas de falsas por las partes?
¿El alcance del recurso de apelación propuesto por el consultor contra la entidad pública contratante se refiere a determinar si el IDU incumplió o no y si modificó lo pactado en el pliego de condiciones para desarrollar el contrato de consultoría? Sí
Cuando el consultor apela una sentencia contra el instituto contratante, la segunda instancia se limita a los reparos concretos del recurso y debe precisar si la controversia versa sobre el incumplimiento contractual o sobre el desequilibrio económico, pues ambos conceptos obedecen a causas diferentes y producen consecuencias distintas. La regla se sostiene en tres razones: el juez de segunda instancia decide sobre los reparos formulados, salvo las situaciones que debe examinar de oficio; los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión determinan si la discusión es de incumplimiento o de desequilibrio; y la pretensión que se apoya en el incumplimiento exige establecer si la entidad se apartó de lo pactado en el pliego y el contrato. En el caso, las pretensiones del consultor solo planteaban si el instituto incurrió en incumplimiento y si modificó lo pactado en el pliego, por lo que la sala delimitó la controversia a ese aspecto y confirmó la sentencia. El documento reitera el criterio de la sección sobre el alcance de la apelación; la consecuencia práctica es que el recurrente debe identificar de manera precisa el concepto que reclama.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen jurídico aplicable al contrato de consultoría objeto de examen, es el previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP?¿Hubo una entrega tardía de la información técnica a cargo del IDU debido al cambio del método constructivo de la primera línea del metro de Bogotá -PLMB- y ello conllevó la ejecución de actividades…¿Se modificó el contrato por parte del IDU en relación con el predio en donde se ubicarían los patios y talleres y eso supuso un mayor gasto al contemplado por el contratista?
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio?¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal?¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
¿Los litigios relacionados con actos o contratos derivados de bienes imprescriptibles o inalienables del Estado están sujetos al término de prescripción? No
Los litigios sobre actos o contratos derivados de bienes imprescriptibles o inalienables del Estado no están sujetos al término de prescripción. La regla se sostiene en dos razones: la línea de pensamiento que la subsección reitera, según la cual los litigios sobre actos o contratos surgidos de un bien imprescriptible o inajenable del Estado no prescriben, como ocurre con los contratos de concesión minera; y la naturaleza de los bienes de dominio público, que no pueden adquirirse por prescripción ni enajenarse, lo que impide que su régimen de controversias se someta a esa figura. Por ello, el tribunal debe aplicar esa regla al resolver la excepción de prescripción propuesta en litigios de esa naturaleza, y no declarar extinguido el derecho por el transcurso del tiempo. Esa solución se mantiene cuando el acto o el contrato se vincula directamente con el bien de dominio público, y la providencia de primera instancia se modifica en los aspectos que aplicaban la prescripción al caso.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda interpuesta en relación con un contrato liquidable fue presentada dentro del término de caducidad?¿Se configura la desviación de poder o la vulneración del principio de planeación como causales de nulidad del acto administrativo por causa u objeto ilícito?¿El deber de planeación en la contratación estatal impone exclusivamente a la administración la carga de información sin exigir obligaciones correlativas a los particulares?
¿El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública resulta aplicable al contrato objeto de controversia, cuando se observa que, FONDECUN es una Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado? No
El contratista no puede reclamar el pago de costos asociados a la elaboración de diseños adicionales durante la formación del contrato, ya que el alcance del contrato no incluyó la obligación de actualizar diseños previamente elaborados por la entidad, sino que el contratista debía elaborar los diseños necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la entidad. Aunque el contrato utilizó la expresión "actualización de diseños", esto no implicaba la actualización de diseños previamente proporcionados por la entidad, sino la elaboración de nuevos diseños necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas. Además, el contratista aceptó en su propuesta que su obligación consistía en elaborar los diseños bajo las condiciones precisadas por la entidad, que excluían la existencia de diseños previos para ser evolucionados. Esta decisión reitera que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que implica que su régimen contractual está determinado por las disposiciones legales aplicables a sus actividades económicas y comerciales.síntesis automática
También resuelve:¿Procede una reclamación por pago de los costos asociados a la elaboración de diseños, aun cuando el contratista —otrora oferente— pudiera haber advertido la necesidad de elaborar nuevos diseños…¿La entidad estatal incumplió su obligación de pagar de forma completa el precio del contrato al practicar un descuento de $26’584.557 por la falta de calidad de la pintura aplicada a las redes…¿La parte demandante (contratista) acreditó de qué manera el retardo en el pago de una obligación dineraria incrementó los costos de almacenaje de los bienes adquiridos por el contratista después de…