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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Contraloría General de Boyacá es la autoridad competente para continuar con el proceso

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Fecha
2022-12-07
Radicado
11001030600020220021000
Número interno
215
Ponente
MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Sección / Sala
Sala Consulta y Servicio Civil
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
Actor
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE DUITAMA (EMPODUITAMA)
Demandado
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE BOYACÁ, CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Contraloría General de Boyacá es la autoridad competente para continuar con el proceso

Regla de decisión

La Resolución Orgánica 5678 de 200517 citada en la parte considerativa, regula en el artículo 8 que independientemente de la competencia que se asuma, bien sea por la Contraloría General de la República en forma prevalente o por las Contralorías Departamentales esta debe ser integral y plena una vez dispuesto y en ejecución el Proceso Auditor por la Contraloría correspondiente.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Problema jurídico

¿La Contraloría General de Boyacá es la autoridad competente para continuar con el proceso de responsabilidad fiscal 146-2021 iniciado con ocasión de las presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de suministro C5M1342017 del 7 de diciembre de 2017, suscrito entre EMPODUITAMA S.A. E.S.P. y BTP Medidores y Accesorios S.A., el cual fue financiado con recursos del orden nacional, transferidos al municipio de Duitama por el Sistema General de Participaciones?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto Ley 267 de 2000, art. 5

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

SIN DECISION

Lo que dijo la Sala

La Contraloría General de la República tiene un poder prevalente respecto de la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título a las entidades territoriales de conformidad con las disposiciones legales.… En el caso en estudio, la Contraloría de Boyacá recalca que los recursos empleados para la ejecución del contrato C5M11342017 cuyo objeto es el suministro e instalación del sistema macro de medición de plantas de totalización en Surba, Milagros Boyacogua, estuvo financiado con recurso propios.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Descriptores temáticos

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Titulación de la relatoría 12.131 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL / FINALIDAD DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL / NATURALEZA JURÍDICA DE PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL / OBJETO DE PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL OBITER DICTUM El artículo 1° de la Ley 610 de 2000 define el proceso de responsabilidad fiscal como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal causen un daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, en forma dolosa o culposa. Asimismo, el artículo 4° ibídem establece que el objeto de la responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Los fundamentales propósitos del proceso de responsabilidad fiscal son: proteger el patrimonio público; garantizar la transparencia y el acatamiento de los principios de moralidad administrativa en las operaciones relacionadas con el manejo y uso de los bienes y recursos públicos; y verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir los fines del Estado. Las características del proceso pueden enunciarse así: es netamente administrativo; es esencialmente indemnizatorio o resarcitorio, y no sancionatorio; está regulado en la Ley 610 de 2000 y en las leyes que la modifican o complementan; y, debe observar en su desarrollo las garantías sustanciales y procesales propias de los procedimientos administrativos. Como cualquier tipo de actuación administrativa o judicial en un Estado de Derecho, el proceso de responsabilidad fiscal debe estar guiado por la observancia del debido proceso, lo que implica que en su desarrollo, se deben respetar las garantías sustanciales y procesales que integran ese derecho, como son, la legalidad, el juez natural, la presunción de inocencia, el derecho de defensa (…), y la cosa juzgada (derecho a no ser investigado dos veces por el mismo hecho), entre otras garantías. FUENTE FORMAL: LEY 610 DE 2000 AUTORIDAD COMPETENTE / CONTROL FISCAL / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL / RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / CONTRALORÍA TERRITORIAL / COMPETENCIA CONCURRENTE / PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD OBITER DICTUM Por disposición de los artículos 267 a 274 de la Carta Política, a la Contraloría General de la República le corresponde vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación; mientras que a las contralorías territoriales les compete esa misma función, en relación con la gestión fiscal cumplida en los territorios de su jurisdicción, ya sea con recursos propios de las entidades territoriales o con recursos transferidos por la Nación. Esta distribución de competencias, en todo caso, debe entenderse sin perjuicio del control prevalente que se otorga a la Contraloría General de la República cuando se trata de recursos nacionales transferidos a las entidades territoriales. (…) Ahora bien, el control fiscal de los recursos del Sistema General de Participaciones tiene origen en disposición especial contenida en la Ley Orgánica núm. 715 de 2001, que fija normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. La Ley regula la competencia de la Contraloría General de la República, y le ordena establecer conjuntamente con las contralorías territoriales un sistema especial de vigilancia. (…) [T]ratándose de los recursos del Sistema General de Participaciones transferidos a las entidades territoriales (departamentos, municipios y distritos, entre otros), la competencia de ejercer de forma prevalente la vigilancia de la gestión fiscal, por ley está a cargo de la Contraloría General de la República, sin embargo la ley autoriza que esta potestad la debe realizar en coordinación con las contralorías territoriales, de manera que cualquiera de ellas está facultada para ejercer la función de control fiscal. Sobre este asunto, la Sala ha señalado [que] (…) [r]especto de los recursos transferidos por la Nación a las entidades territoriales, a cualquier título, la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales tienen una competencia concurrente, es decir, que cualquiera de ellas puede ejercer, en principio, el control fiscal. Sin embargo, la competencia de la Contraloría General de la República es prevalente, lo cual implica, a juicio de la Sala, que, una vez iniciada una actuación por la Contraloría General, la contraloría territorial debe abstenerse de actuar en el mismo caso, y, por el contrario, si después de empezada una investigación o proceso por la contraloría territorial, la Contraloría General de la República decide intervenir, su efectiva participación desplaza a la contraloría territorial. (…) Sobre el principio de integralidad, el artículo 8º de la [Resolución Orgánica 5678 de 2005 de la Contraloría General de la República], al referirse a las acciones de vigilancia y control fiscal, ordena que independientemente de la competencia que se asuma, bien sea por la Contraloría General de la República en forma prevalente o por las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales en forma concurrente, esta debe ser integral y plena, es decir, una vez dispuesto y en ejecución el Proceso Auditor por la Contraloría correspondiente (…) deberán adelantarse por el mismo órgano de control las acciones de vigilancia y control fiscal que de este deriven, incluido el seguimiento al respectivo plan de mejoramiento […]. En síntesis, respecto de los recursos del Sistema General de Participaciones transferidos a las entidades territoriales, opera el control fiscal concurrente, por lo cual, tanto el órgano nacional como el territorial son competentes para su ejercicio, salvo que la Contraloría General de la República resuelva asumirla con base en su competencia constitucional prevalente. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia prevalente de la Contraloría General de la República que ejerce en coordinación con las contralorías territoriales, para la vigilancia del control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Participaciones transferidos a las entidades territoriales, ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conflicto de competencias administrativas 11001-03-06-000-2013-00426-00 del 15 de octubre de 2013; Corte Constitucional, Sentencia C- 403 del 2 de junio de 1999, expediente D-2324. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 151, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 267, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 268, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 272, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 274, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 288, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 357, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 365, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESOLUCIÓN ORGÁNICA 5678 DE 2005 - ARTÍCULO 5, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESOLUCIÓN ORGÁNICA 5678 DE 2005 - ARTÍCULO 6, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESOLUCIÓN ORGÁNICA 5678 DE 2005 - ARTÍCULO 7, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESOLUCIÓN ORGÁNICA 5678 DE 2005 - ARTÍCULO 8, DECRETO LEY 267 DE 2000 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 6, LEY 715 DE 2001 - ARTÍCULO 89 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL / AUTORIDAD COMPETENTE / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL / RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD / CONTRATO DE SUMINISTRO / EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS Problema jurídico: ¿La Contraloría General de Boyacá es la autoridad competente para continuar con el proceso de responsabilidad fiscal 146-2021 iniciado con ocasión de las presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de suministro C5M1342017 del 7 de diciembre de 2017, suscrito entre EMPODUITAMA S.A. E.S.P. y BTP Medidores y Accesorios S.A., el cual fue financiado con recursos del orden nacional, transferidos al municipio de Duitama por el Sistema General de Participaciones? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Contraloría General de la República tiene un poder prevalente respecto de «la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título a las entidades territoriales de conformidad con las disposiciones legales. (…) En el caso en estudio, la Contraloría de Boyacá recalca que los recursos empleados para la ejecución del contrato C5M11342017 cuyo objeto es el suministro e instalación del sistema macro de medición de plantas de totalización en Surba, Milagros Boyacogua, estuvo financiado con recurso propios. Sin embargo, al revisar de donde provienen los recursos propios de EMPODUITAMA S.A se encontró que son provenientes de recursos transferidos por el municipio de Duitama a fin de cubrir los subsidios básicos del servicio público de acueducto y alcantarillado de los estratos 0,1,2 y 3, es decir, que el contrato C5M11342017, se canceló con recursos del orden nacional, los cuales corresponden al sistema general de participaciones, que se gira al municipio por agua potable y saneamiento básico. Por otra parte, la Resolución Orgánica 5678 de 200517 citada en la parte considerativa, regula en el artículo 8 que independientemente de la competencia que se asuma, bien sea por la Contraloría General de la República en forma prevalente o por las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales en forma concurrente, esta debe ser integral y plena, es decir, una vez dispuesto y en ejecución el Proceso Auditor por la Contraloría correspondiente (…) deberán adelantarse por el mismo órgano de control las acciones de vigilancia y control fiscal que de este deriven, incluido el seguimiento al respectivo plan de mejoramiento (…). [L]a Sala para resolver este caso tiene en cuenta lo siguiente: (i) El acto administrativo de apertura del proceso fiscal fue expedido por el ente de control territorial, con ocasión de las presuntas irregularidades en la contratación del sistema de macromedición de las cuatro plantas de potabilización del municipio de Duitama, adquiridas e instaladas en virtud del contrato de suministro C5M1342017 del 7 de diciembre de 2017 suscrito entre EMPODUITAMA S.A. E.S.P. y BTP Medidores y Accesorios S.A. (ii) La Contraloría General de la República (Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá) manifestó a esta Sala, que no ha hecho uso de su facultad de control prevalente con fundamento en la normativa constitucional y legal, y en los principios que rigen el ejercicio de la función de vigilancia de la gestión fiscal en virtud de los cuales las contralorías territoriales tienen igualmente la competencia para vigilar y controlar los recursos del Sistema General de Participaciones transferidos a las entidades territoriales, (iii) La Contraloría General de Boyacá, una vez recibió la denuncia del sindicato de trabajadores oficiales y empleados de EMPODUITAMA S.A. E.S.P. avocó conocimiento, abrió indagación preliminar, y posteriormente abrió el proceso de responsabilidad fiscal 146-2021. En esta medida, la Sala concluye que, la Contraloría General de la República (Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá) no ejerció su competencia prevalente en el caso concreto. Por el contrario, la Contraloría General de Boyacá adelantó las etapas de visita, auditoría gubernamental, indagación preliminar, y, como consecuencia de esto encontró fundamento para abrir el proceso de responsabilidad fiscal. Por lo anterior, es esta última autoridad, la competente para continuar y concluir el mencionado proceso. FUENTE FORMAL: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESOLUCIÓN ORGÁNICA 5678 DE 2005 - ARTÍCULO 8, DECRETO LEY 267 DE 2000 - ARTÍCULO 5

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202200210001100103