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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001

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Fecha
2025-12-09
Radicado
52001233300020170054601
Número interno
71020
Ponente
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
-EJÉRCITO NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
GERARDO ENRIQUE PRADA, DUVAN HERRERA PLAZAS, RUBEN DARIO VANEGAS, LEONID ALFREDO QUENGUAN BURBANO, JOSE ANTONIO MENA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001

Lo que dijo la Sala

En cuanto al régimen jurídico especial de la repetición, se advierte que los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 20 de junio de 2006, fecha en que murieron… y… . Por ende, son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001, que entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial nº. 44.509 del 4 de agosto de 2001. En efecto, la Ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la CN y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello, los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen –en todos sus aspectos– por ella. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y finalidades de este medio de control, sino que estableció unas presunciones legales para calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público –artículos 5° y 6°–, que admiten prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 del Código Civil…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista está sujeto a la Ley 678 de 2001 para el medio de control de repetición originado en hechos ocurridos después de su entrada en vigencia, el 4 de agosto de 2001, ya que esta ley desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución y estableció las presunciones legales para calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público. La entidad estatal que pagó la condena por daños causados por un servidor público tiene legitimación en la causa por activa para promover la acción de repetición, mientras que los demandados deben contar con la calidad de agentes vinculados al momento de los hechos para tener legitimación en la causa por pasiva. La Sala reitera que la acción de repetición procede contra los agentes de la fuerza pública, salvo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adopte expresamente la renuncia a la persecución penal, lo que no se demostró en este caso. Esto implica que la entidad estatal puede ejercer su derecho constitucional de acudir a la jurisdicción para subsanar el desmedro patrimonial causado por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La Ley 678 de 2001 resulta aplicable al medio de control de repetición originado en los hechos del 20 de junio de 2006?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 57 de 1887, art. 66
  • Ley 678 de 2001, arts. 5 y 6

También resuelve

  • ¿La Nación–Ministerio de Defensa, Ejército Nacional tiene legitimación en la causa por activa para promover el medio de control de repetición y los demandados cuentan con legitimación en la causa por…
  • ¿Procede la repetición contra los agentes de la fuerza pública demandados cuando no se acredita su sometimiento a la JEP ni la adopción de medidas que excluyan dicha acción por conductas vinculadas…
  • ¿Las providencias judiciales aportadas al proceso permiten acreditar los hechos que les sirvieron de fundamento?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN LEY 678 DE 2001 PRESUNCIÓN DE DOLO PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL AGENTE DEL ESTADO MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONFLICTO ARMADO CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA CONFLICTO ARMADO INTERNO FALSO POSITIVO JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA PROVIDENCIA JUDICIAL DOCUMENTO APRECIACIÓN DEL DOCUMENTO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO SENTENCIA VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN SENTENCIA CONDENATORIA ACTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA CONDENATORIA PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONDENA CONTRA EL ESTADO CONDENA POR MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONDUCTA DEL AGENTE CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO FALTA DE PRUEBA ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CARGA DE LA PRUEBA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA SENTENCIA DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA VALORACIÓN DE LA PRUEBA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO CURADOR AD LITEM PARTE RECURRENTE DEMANDANTE NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 23.297 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEY 678 DE 2001 / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿La Ley 678 de 2001 resulta aplicable al medio de control de repetición originado en los hechos del 20 de junio de 2006? Respuesta al problema jurídico: Si En cuanto al régimen jurídico especial de la repetición, se advierte que los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 20 de junio de 2006, fecha en que murieron (...) y (...). Por ende, son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001, que entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial nº. 44.509 del 4 de agosto de 2001. En efecto, la Ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la CN y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello, los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen –en todos sus aspectos– por ella. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y finalidades de este medio de control, sino que estableció unas presunciones legales para calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público –artículos 5° y 6°–, que admiten prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 del Código Civil NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen jurídico aplicable a la repetición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 2007, exp. 25000-23-26-000-2000-00814-01 (27006), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 66, LEY 678 DE 2001, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL / AGENTE DEL ESTADO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO Problema jurídico: ¿La Nación–Ministerio de Defensa, Ejército Nacional tiene legitimación en la causa por activa para promover el medio de control de repetición y los demandados cuentan con legitimación en la causa por pasiva según su calidad de agentes vinculados al momento de los hechos que originaron la condena? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 90 de la Constitución, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, establece que la entidad que pagó la condena –por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público– estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición. Según la jurisprudencia, esta habilitación constitucional y legal implica que el Estado reclama a su agente o exagente, por vía de acción de repetición, en virtud de un deber-derecho para que se declare responsable al sujeto que, por su actuar doloso o gravemente culposo, ha causado un daño antijurídico y por el cual el Estado ha respondido. Se encamina, además, a la protección directa del patrimonio y de la moralidad pública y, además, estimula el correcto ejercicio de la función pública. Así las cosas, cuando una entidad pública interpone una acción de repetición, ejerce el derecho constitucional de acudir a la jurisdicción, para efectos de subsanar el desmedro patrimonial acaecido en razón del pago indemnizatorio realizado. (...) La Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional está legitimada en la causa por activa, porque pagó una condena judicial. En la demanda, la entidad alega que [los demandados] fueron los agentes que dieron lugar a la condena judicial. Obra en el expediente oficio (...) del 10 de febrero de 2018, por el cual el oficial de la sección de base de datos del Ejército Nacional remitió constancia de tiempo de servicio de los señores [los demandados], obtenida en el Sistema de Información para la Administración del Talento Humano-SIATH (...) Estos documentos permiten verificar la condición de los demandados como agentes vinculados al Ejército Nacional al momento de los hechos –20 de junio de 2006–, salvo (...), quien se vinculó a la institución el 5 de diciembre de 2006. Por lo tanto, el señor (...) no está legitimado para comparecer como parte demandada en este proceso. En relación con (...) y (...), el oficio remitido por la entidad advirtió que no hay registro de los nombres requeridos. Al no obrar otro medio de prueba que certifique su calidad de servidores públicos, (...) y (...) carecen de legitimación en la causa por pasiva NOTA DE RELATORÍA: Sobre la legitimación en la causa en el medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de diciembre de 2008, exp. 25000-23-26-000-1998-01148-01 (16335), C.P. Enrique de Jesús Gil Botero. PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONFLICTO ARMADO / CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA / CONFLICTO ARMADO INTERNO / FALSO POSITIVO / JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA Problema jurídico: ¿Procede la repetición contra los agentes de la fuerza pública demandados cuando no se acredita su sometimiento a la JEP ni la adopción de medidas que excluyan dicha acción por conductas vinculadas al conflicto armado? Respuesta al problema jurídico: Si Cuestión previa: Repetición contra agentes de fuerza pública por actuaciones cometidas con ocasión del conflicto armado (...) El inciso segundo del artículo 90 de la Constitución impone al Estado el deber de repetir contra el agente que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, haya provocado una condena de responsabilidad patrimonial en su contra. No obstante, el artículo transitorio 26 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017 impuso una excepción a este precepto, al disponer que no procederá la acción de repetición o el llamamiento en garantía respecto de los miembros de la fuerza pública que hubieran cometido conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno. A partir de los hechos anotados en la demanda, se alega la presunta ejecución extrajudicial de (...) y (...), con fines de presentarlos como delincuentes abatidos en combate –«falsos positivos»–. Sin embargo, la improcedencia de la acción de repetición no es automática, por cuanto está sujeta a un régimen de condicionalidades –artículo transitorio 1 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017– y debe ser adoptada expresamente por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, cuando dicha autoridad estime procedente otorgar la renuncia a la persecución penal –artículos 42, 43, 44 y 48 de la Ley 1860 de 2016, y 43, 44 y 47 de la Ley 1957 de 2019–. En este asunto, no procede decretar la improcedencia de la repetición contra los agentes demandados. No se demostró que [los demandados] estén sometidos a la JEP y, aún menos, que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de dicho organismo haya otorgado medidas a su favor. Por ende, la Sala efectuará el análisis de fondo. FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 - ARTÍCULO 1, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 PROVIDENCIA JUDICIAL / DOCUMENTO / APRECIACIÓN DEL DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO / SENTENCIA / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Las providencias judiciales aportadas al proceso permiten acreditar los hechos que les sirvieron de fundamento? Respuesta al problema jurídico: No Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales. Sin embargo, no sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento. En ese sentido, el juez, para decidir la controversia, debe fundarse en las pruebas que obran en el proceso (artículo 164 del CGP). Las providencias del 24 de febrero de 2011 y 23 de mayo de 2014, proferidas dentro del proceso de reparación directa en el que se condenó a la entidad aquí demandante, serán valoradas en esos términos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las pruebas en el medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, exp. 24844, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 164 REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / SENTENCIA CONDENATORIA / ACTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA CONDENATORIA / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDENA POR MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿La demanda de repetición cumple los presupuestos de procedencia relacionados con la acreditación de la obligación reparatoria y el pago de la condena mediante documentos públicos que demuestran el fallo condenatorio y el pago de la indemnización? Respuesta al problema jurídico: Si La procedencia de la acción de repetición –además de la condición de servidor o exservidor público, que ya fue analizada en el párrafo 6– requiere: (i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas. Primer presupuesto: La obligación reparatoria a cargo de la demandante (...) El primer presupuesto para que proceda el medio de control de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo, conforme lo dispone el artículo 2º de la Ley 678 de 2001. La obligación de la entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se acredita mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, tal y como lo dispone la norma precitada. (...) Está acreditado que, dentro del proceso de reparación directa promovido por (...) y otros contra la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, el 23 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia de segunda instancia. La providencia confirmó la decisión recurrida, que declaró responsable a la entidad de los perjuicios ocasionados a raíz (...) de la muerte de (...) el 20 de junio de 2006 y ordenó el pago de perjuicios morales y lucro cesante. Segundo presupuesto: El pago (...) Está acreditado que la entidad demandante pagó la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Nariño, con apoyo en los siguientes medios de prueba: (...) Resolución No. 7243 del 16 de agosto de 2016, expedida por la Dirección de Asuntos Legales del Ejército Nacional, por la cual se da cumplimiento a una sentencia (...) Certificaciones del 20 de noviembre de 2017 y 8 de febrero de 2018, emitidas por la tesorera principal del Ministerio de Defensa, (...), en la que se reporta la consignación al Fondo Abierto con Pacto de Permanencia (...) Estos documentos son públicos, porque fueron suscritos por funcionarios en cumplimiento de sus funciones. Se presumen auténticos, porque no fueron tachados de falso ni desconocidos –artículo 244 del CGP–, y hacen fe de su otorgamiento, fecha y declaraciones efectuadas por el funcionario que los autoriza –artículo 257 del CGP–. En relación con la certificación de tesorería, el inciso tercero del artículo 142 del CPACA dispone que tal documento es prueba suficiente para iniciar el proceso de repetición. Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia ha precisado que dicho medio probatorio es preliminar, está sujeto al principio de contradicción y debe ser valorados en conjunto con las demás pruebas obrantes en el expediente. Tales consideraciones giran en torno a la libertad de medios probatorios sobre el acto jurídico del pago y la inexistencia de tarifa legal probatoria a favor o en contra de algún medio de prueba (...) En todo caso, estos documentos son suficientes para demostrar el pago de la obligación indemnizatoria, por cuanto la jurisprudencia ha establecido que el Estado no está legalmente obligado a probar que la constancia del pago provenga del acreedor, sumado a que el estándar probatorio para acreditar este presupuesto puede satisfacerse a través de documentos públicos provenientes de la entidad NOTA DE RELATORÍA: Sobre el pago de la condena como presupuesto del medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de abril de 2024, exp. 69878, C.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de enero de 2024, exp. 66481, C.P. Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, exp. 54518, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de julio de 2025, exp. 70478, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez. CONDUCTA DEL AGENTE / CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / FALTA DE PRUEBA / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / SENTENCIA DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿La entidad demandante acredita alguno de los supuestos legales que permiten presumir dolo o culpa grave en la conducta de los agentes? Respuesta al problema jurídico: No Tercer presupuesto: La conducta dolosa o gravemente culposa del agente (...) Como se dejó expuesto, el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, de modo que se aplican las presunciones legales previstas en los artículos 5º y 6º de esa ley, que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas presunciones inciden directamente en la carga de la prueba porque, antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía al demandante acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado a partir de la conducta de este último. Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba: una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos de hecho que, según la ley, presumen el dolo o la culpa grave, el demandado, a su vez, tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la presunción. El juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar si, no obstante configurarse alguna de las presunciones, el demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. Además, evaluará los eventos que no se subsumen en esos escenarios de presunción legal. La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º de la ley 678 de 2001 consideró que estaban ajustados a la Constitución, pues esas presunciones no implicaban una atribución automática de responsabilidad del demandado. Al ser mecanismos procesales, le corresponde a la entidad probar el supuesto de hecho de la presunción alegada y al demandado, mediante prueba en contrario, desvirtuarlo para eximirse de responsabilidad. Para la Corte, de esta forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibro en el debate probatorio (...) Según la demanda y el recurso de apelación, [demandados] –agentes legitimados por pasiva– dieron lugar a la condena impuesta en sentencia del 23 de mayo de 2014, por participar en los hechos en los que fallecieron (...) y (...). Planteó que los agentes incumplieron el Derecho Internacional Humanitario y su obligación de salvaguardar y proteger a las personas no combatientes. Su actuación irregular dio lugar a la apertura de actuaciones penales y disciplinarias. Al oponerse a lo expuesto, el curador ad litem de los demandados sostuvo que no está demostrada la actuación dolosa o gravemente culposa de los agentes, por cuanto no se allegaron las pruebas que dieron lugar a la condena contra el Estado, ni decisiones que hubieran atribuido responsabilidad individual a los funcionarios. (...) Estos documentos [sentencias de primera y segunda instancia en reparación directa] permiten acreditar la existencia del proceso de reparación directa con rad. 2007-00416, así como de la condena impuesta a la entidad demandada –que, actualmente, reclama en repetición–. No obstante, resulta improcedente en esta instancia retomar las apreciaciones y conclusiones efectuadas en cuanto al material probatorio recaudado en el proceso de reparación directa, el cual no obra en este expediente. Además, al revisar la línea de decisión adoptada por los jueces de reparación directa, no se advierte un estudio detallado de la conducta de los agentes que participaron en el operativo. Lo anterior no obsta para reiterar la jurisprudencia relacionada con el valor probatorio de las providencias condenatorias en sede de repetición. En varias ocasiones se ha anotado que la sola declaratoria de responsabilidad del Estado no demuestra automáticamente la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario, ni es vinculante en el juicio de reproche subjetivo que debe efectuar el juez de la repetición (...) Vista la comunidad de la prueba, la Sala arriba a la misma conclusión del Tribunal: no obran medios de prueba que determinen alguna conducta activa u omisiva de los demandados. Por ende, resulta imposible estudiar si su conducta era calificable a título de dolo o culpa grave, o si tenía relación causal con la muerte de (...) –hecho por el cual el Estado fue condenado–. Al no estar demostrado el elemento subjetivo de la repetición, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las presunciones de culpa grave y dolo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de febrero de 2011, exp. 34816, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CURADOR AD LITEM / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PARTE RECURRENTE / DEMANDANTE / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede imponer costas en el medio de control de repetición cuando el recurso de apelación de la parte demandante no prospera y la representación de la parte demandada recae en un curador ad litem que actúa en forma gratuita? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 del CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. Conforme al artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Estas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos del 362 al 366 del CGP. El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Respecto de las costas del proceso, el numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación» y la liquidación la hará de manera concentrada el juzgado o tribunal que haya conocido del proceso en primera o única instancia, en los términos del artículo 366 del CGP. En algunas oportunidades, la Corporación se ha abstenido de imponer condena en costas en los procesos de repetición, por considerar que tales controversias persiguen un interés público. No obstante, en otros asuntos se ha impuesto condena en costas (...) En otra oportunidad, esta Subsección ha determinado que el CPACA no establece una exoneración absoluta de costas a favor del Estado y que la acción de repetición no persigue, de manera directa, un interés público. Este criterio, que la Sala acoge y reitera (...) A raíz de lo anterior, procede la imposición de costas en segunda instancia, porque el recurso interpuesto por la parte demandante no prosperó y la sentencia de primera instancia fue confirmada en su integridad. Resulta improcedente decretar agencias en derecho, en la medida que la parte demandada fue representada por curador ad litem, quien desempeñó el cargo en forma gratuita como defensor de oficio (artículo 48.7 del CGP). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la condena en costas en el medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2024, exp. 71254, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, exp. 65825, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2021, exp. 55227, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2024, exp. 59728, C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2025, exp. 71907, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2024, exp. 66764, C.P. Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 362, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 363, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 364, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 48 NUMERAL 7

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000201700546011100103