Titulación de la relatoría 26.298 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / DISCREPANCIA EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El medio de control de repetición es una herramienta de control de actuaciones manifiestamente contrarias al derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n el expediente no está demostrado que los agentes estatales que intervinieron en la expedición del acto administrativo anulado hubieren desatendido la ley de manera inexcusable. A la anterior conclusión arriba esta Subsección, sobre la base de advertir que el examen de responsabilidad de los agentes estatales no puede fundarse en una reconstrucción retrospectiva del derecho, sino en las circunstancias existentes al momento de la actuación administrativa. La ausencia de jurisprudencia interpretativa sobre el alcance del parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 revela que los funcionarios ejercieron su competencia dentro de un margen de apreciación legítimo, en un contexto de incertidumbre normativa que hacía razonables distintas lecturas del ordenamiento. De ahí que su conducta no pueda ser calificada como gravemente culposa por desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 100 de 1993, sino como expresión del deber funcional de aplicar la ley conforme a su mejor entendimiento. Este elemento reafirma que el medio de control de repetición no es un mecanismo sancionatorio frente a interpretaciones razonables de la norma, sino una herramienta de control de actuaciones manifiestamente contrarias al derecho de cara a las circunstancias concretas del caso, supuesto que no se configura en el presente caso. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que no obran pruebas en el expediente que permitan concluir que la actuación desplegada por los demandados hubiere comportado el ejercicio de una conducta gravemente culposa, a la luz de la definición general contenida en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001. […] En suma, no está demostrada la configuración de la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. Tampoco está demostrado que los demandados hayan actuado con culpa grave en el cumplimiento de sus funciones. Como consecuencia, la Sala dispondrá negar las pretensiones de la demanda de repetición formulada contra los señores […].
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la interpretación del cambio normativo producido con ocasión de la expedición de la Ley 797 de 2003, cita: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, rad. 2533-07, C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; providencia de 6 de agosto de 2009, rad. 00164-08, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
FUENTE FORMAL:
LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 150, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 9 PARÁGRAFO 3
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Resulta aplicable al proceso de repetición el régimen de responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, previsto en la Ley 678 de 2001?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala advierte que el régimen jurídico especial conforme con el cual se analizará el caso concreto es el previsto en la Ley 678 de 2001, sin la modificación introducida en varios de sus aspectos por la Ley 2195 de 2022, como quiera que los hechos que dieron origen a la sentencia condenatoria proferida en contra del IDEAM ocurrieron en septiembre de 2004 —con ocasión de la expedición de la Resolución No. 0198 del 22 de septiembre de 2004 que retiró del servicio al señor […]—. En el anterior orden, los presupuestos procesales y sustanciales del medio de control de repetición serán abordados desde la óptica de lo regulado en la Ley 678 de 2001, bajo la advertencia de que algunas de sus previsiones fueron derogadas tácitamente por el CPACA —v.gr. la caducidad del medio de control—, por lo que en estos particulares aspectos se aplicarán las disposiciones vigentes para el estudio del caso concreto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicación de la ley 678 de 2001 por hechos ocurridos en vigencia de dicha ley, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de diciembre de 2013, rad. 27006, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / IDEAM / ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado conoce en única instancia de la demanda de repetición formulada por el IDEAM en contra del representante legal de dicha entidad y varios de sus funcionarios de menor jerarquía?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 678 de 2001, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer los procesos de repetición promovidos por entidades estatales cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. En estas condiciones, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponde conocer el presente asunto, en la medida en que el objeto del litigio gira en torno a la responsabilidad patrimonial de unos ex agentes estatales cuya conducta, en criterio del IDEAM, dio lugar al pago de una sentencia condenatoria proferida en su contra. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de acuerdo con lo previsto en el numeral 13 del artículo 149 del CPACA, según el cual esta Corporación debe conocer en única instancia la demanda de repetición que el Estado ejerza, entre otros, contra el representante legal de entidades del orden nacional. Al efecto, viene bien recordar que el IDEAM fue creado como un establecimiento público del orden nacional, según se desprende de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 99 de 1993; y el IDEAM demandó a […], quien expidió el acto administrativo que dio lugar a la condena impuesta en su condición de director general y, por tanto, representante legal de la entidad. Ahora bien, la Sala advierte que en este caso el IDEAM también demandó a […], quienes no han fungido como directores de la entidad y, en dicho sentido, no la han representado legalmente, lo que en criterio de esta Subsección en nada afecta la competencia para conocer el asunto en única instancia. En este punto no debe perderse de vista que, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición promovida contra varios funcionarios debe ser resuelta por el juez que conocería el proceso en contra del servidor público de mayor jerarquía.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia para conocer de demandas de repetición promovidas contra varios funcionarios, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 2021, rad. 50424, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; auto de 7 de diciembre de 2021, rad. 67003, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7, LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 17
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El término para presentar la demanda de repetición es de dos años contados desde el pago de la condena o desde el vencimiento del plazo para pagar la obligación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el referido literal L del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el término de caducidad para ejercer el medio de control de repetición es de 2 años contados a partir del día siguiente a la fecha del pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que cuenta la administración para el pago de la condena. Sobre la forma en que debe aplicarse esta disposición normativa, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la contabilización del término de caducidad a partir de los supuestos antes planteados depende de lo que ocurra primero, de manera que resultará procedente acudir al momento del pago de la condena o conciliación siempre que aquel se materialice antes del vencimiento del término dispuesto para el efecto, mientras que será necesario acudir al vencimiento del término legal para el pago de la condena cuando éste no se reporte dentro de dicho periodo de tiempo. La jurisprudencia de esta Corporación también ha aclarado que el plazo para el pago de la condena —al que se debe acudir para efectos del cómputo del término de caducidad— depende del estatuto procesal en cuya vigencia se hubiere tramitado el proceso judicial en el que se profirió la sentencia condenatoria contra el Estado. De allí que deba tenerse en cuenta el plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA) en aquellos casos en los que la sentencia condenatoria hubiere sido proferida en el marco de un proceso regido por dicho estatuto procesal, al paso que el plazo de 10 meses establecido en el artículo 192 del CPACA en aquellos asuntos en los que la sentencia condenatoria se hubiere proferido en el trámite de un proceso sometido a esta codificación. […] [E]n el proceso está demostrado que el IDEAM pagó la condena impuesta en su contra en cuotas y que el último pago fue realizado 3 de febrero de 2014, es decir, más de 4 meses después de haberse vencido el término de 18 meses antes indicado. En estas condiciones […], la Sala advierte que el término de caducidad en el caso concreto debe computarse desde el 13 de septiembre de 2013, esto es, desde el momento en que venció el término legal para el pago de la condena, por lo que el plazo de 2 años para ejercer el medio de control de repetición vencía el 14 de septiembre de 2015 […]. Así las cosas, la Sala concluye que la demanda presentada el 7 de mayo de 2015 fue oportuna, esto es, dentro de los dos años que otorga el literal L del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, por lo que se declarará no probada la excepción de caducidad de la acción formulada por el demandado […].
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo del término de caducidad de la demanda de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 4 de junio de 2019, rad. 63822, C. P. Martín Bermúdez Muñoz.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTO PROCESAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Problema jurídico:
¿Se presenta falta de legitimación en la causa por pasiva de uno de los demandados quien no intervino en la expedición del acto administrativo que dio lugar a la condena proferida en contra del IDEAM?
Respuesta al problema jurídico: Si
La legitimación en la causa —entendida como la correspondencia entre quien ejerce la acción y el titular del derecho sustancial que se alega vulnerado— constituye un presupuesto esencial para la validez de la relación jurídico-procesal. Desde la perspectiva activa, la legitimación en la causa exige que quien formula la demanda ostente la titularidad del interés jurídico sustancial cuya protección se pretende, esto es, que exista una conexión directa, actual y jurídicamente relevante entre el demandante y el objeto de la controversia. […] Desde la perspectiva pasiva, la exigencia recae sobre la parte contra quien se dirige la demanda, en el sentido de que debe ser la persona llamada a responder por el derecho o interés sustancial que se somete a juicio. Esto implica que el sujeto demandado debe estar vinculado de manera sustantiva con la relación jurídica que dio origen al litigio, en calidad de titular de la situación jurídica pasiva debatida. […] Así entendida, la legitimación en la causa —ya sea en su dimensión activa o pasiva— cumple una función estructural dentro del proceso, en la medida en que delimita los sujetos habilitados para intervenir en la contienda judicial con fundamento en la existencia de una relación jurídica material que los vincula con el objeto del litigio. Su verificación, por tanto, constituye una exigencia ineludible para habilitar la competencia funcional del juez y asegurar que el pronunciamiento que se profiera recaiga sobre una controversia jurídicamente justiciable. Pues bien, descendiendo al caso concreto la Sala observa que el IDEAM está legitimado en la causa por activa de acuerdo con lo prescrito en el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, en la medida en que efectuó el pago de la condena en favor del señor […], con ocasión de una sentencia proferida en su contra por el Juez Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio. Por su parte, los señores [demandados] […] están legitimados en la causa por pasiva, en tanto, de acuerdo con lo manifestado en la demanda, con su conducta gravemente culposa dieron lugar a la condena impuesta en contra del IDEAM en el proceso de nulidad y restablecimiento promovido por […], y en el proceso está demostrado que participaron en la expedición del acto administrativo que dio lugar a dicha condena […]. En contraste, la Sala advierte que el señor [M. H. I. M.] no está legitimado en la causa por pasiva porque, tal y como lo advirtió al contestar la demanda, está acreditado que no intervino en la expedición del acto administrativo que dio lugar a la condena proferida en contra del IDEAM.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la legitimación en la causa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2008, rad. 16271, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 26 de septiembre de 2012, rad. 24677, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO OBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Son requisitos que deben cumplirse para la prosperidad del medio de control de repetición, la existencia de una obligación indemnizatoria a cargo del Estado; la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; el pago de la obligación reparatoria a cargo del Estado; y la demostración de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia de esta Corporación ha fijado los requisitos que deben cumplirse para la prosperidad del medio de control de repetición, a saber: (i) la existencia de una obligación indemnizatoria a cargo del Estado; (ii) la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas del demandado; (iii) el pago de la obligación reparatoria a cargo del Estado; y (iv) la demostración de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, que hubiere determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. Al respecto, esta Corporación ha precisado que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo, en tanto que el último de ellos es de carácter subjetivo y se encuentra sujeto a la normatividad vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuyo reembolso se adelanta el proceso de repetición.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los requisitos que deben cumplirse para la prosperidad del medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de mayo de 2024, rad. 69898, C. P. William Edgardo Barrera Muñoz; sentencia de 17 de junio de 2024, rad. 60977, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 22 de agosto de 2022, rad. 62238, C. P. Nicolás Yepes Corrales.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ORDEN DE PAGO DE LA CONDENA
Problema jurídico:
¿Se acreditó el pago de la obligación reparatoria?
Respuesta al problema jurídico: Si
El tercer requisito para que prospere la acción de repetición se contrae al pago de la indemnización impuesta contra la entidad estatal. […] [E]sta exigencia está debidamente satisfecha, toda vez que el IDEAM allegó al expediente copia de los actos administrativos por medio de los cuales ordenó el pago de la condena impuesta en su contra, al igual que la constancia emitida por la coordinadora del Grupo de Tesorería de la entidad que demuestra el pago de la obligación, elementos probatorios que constituyen, en conjunto, pruebas idóneas y suficientes para acreditar el pago de la condena. […] De otra parte, debe indicarse que la entidad demandante también allegó al proceso constancia del 26 de septiembre de 2014 emitida por la coordinadora del Grupo de Tesorería de la entidad, de conformidad con la cual el IDEAM pagó la suma total […] por concepto de la condena impuesta en su contra. Sobre el particular vale la pena anotar que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso final del artículo 142 del CPACA, la mencionada constancia, apreciada en conjunto con los actos administrativos por medio de los cuales la entidad ordenó el pago, acreditan plenamente el pago de la condena impuesta en su contra, en la medida en que proviene del coordinador del Grupo de Tesorería del IDEAM, al paso que discrimina los pagos efectuados por concepto de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y demás emolumentos que dejó de percibir el empleado afectado con ocasión de su retiro del servicio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre forma de acreditar el pago de la condena impuesta, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de mayo de 2020, rad. 45522, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de 17 de julio de 2025, rad. 51996, C. P. Fredy Hernando Ibarra Martínez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿La entidad demandante debe acreditar que la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a entidad demandante debe demostrar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto, debe resaltarse que, para que pueda predicarse la responsabilidad del agente, no es suficiente con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. Ahora bien, en punto al requisito que se analiza, de conformidad con la Ley 678 de 2001, norma vigente al momento de los hechos que originaron la condena, hay lugar a predicar las presunciones previstas en los artículos 5 y 6 de dicha norma, las cuales, tal como fue precisado por la Corte Constitucional en sentencia C-374 de 2002, pueden ser desvirtuadas por la parte demandada mediante prueba en contrario, pues se trata de presunciones de hecho y no de derecho. […] En este caso la entidad demandante precisamente se apoya en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001 —antes de su modificación por el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022—, para efectos de estructurar la responsabilidad patrimonial que endilga a los ex servidores públicos que integran el extremo pasivo. En efecto, con respaldo en la definición de culpa grave contenida en el primer inciso artículo 6 ejusdem y en el primero de los supuestos de hecho que permiten presumir la culpa grave del agente estatal, la entidad alega que los ex servidores públicos demandados desplegaron una conducta gravemente culposa por haber incurrido en una inexcusable omisión en el ejercicio de sus funciones, al omitir que con la expedición del acto administrativo anulado se vulneraba el derecho que le asistía al funcionario retirado de mejorar el promedio de su pensión de jubilación hasta el momento en que cumpliera la edad de retiro forzoso. En estas condiciones, el análisis que debe abordarse en este particular está limitado a determinar si el IDEAM probó el hecho base de la presunción de culpa grave previsto en el numeral 1 del artículo 6 ejusdem, esto es, el hecho base de la presunción de la cual se valió para imputar responsabilidad a los demandados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la carga de la entidad demandante de acreditar la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 30 de agosto de 2018, rad. 55661, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 22 de mayo de 2024, rad. 69898, C. P. William Edgardo Barrera Muñoz; sentencia de 28 de febrero de 2011, rad. 34816, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Respecto a las presunciones previstas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 2009, rad 30329, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 22 de julio de 2009, rad. 25659, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Corte Constitucional, sentencia SU 345 de 2020, rad. (i) T-7616782 y (ii) T-7629189.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / DESIGNACIÓN DE CURADOR AD LITEM / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en contra de la entidad demandante y en favor de los demandados que acudieron al proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala condenará en costas al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales —IDEAM—, dado que resultó vencido dentro del proceso. Para tal efecto, la Secretaría de la Corporación efectuará la liquidación y tasación de costas, debiendo considerar que, con fundamento en las tarifas establecidas en el acuerdo No. 1887 expedido el 26 de junio de 2003 por el Consejo Superior de la Judicatura, se fijan agencias en derecho en un valor equivalente al 5% del monto de las pretensiones formuladas en la demanda, a favor de los demandados […] en atención a la naturaleza del proceso, y la calidad y duración de la gestión efectuada por la defensa. […] En lo que respecta a los demandados […], la Sala recuerda que no fue posible lograr su comparecencia al proceso de la referencia, por lo que estuvieron representados por […] curadora ad litem […]. Sobre este particular vale la pena anotar que, en los términos del numeral 7 del artículo 48 del CGP, el cargo de curador ad lítem se desempeña de forma gratuita, lo que excluye toda posibilidad de concluir que, respecto de los demandados […], se hubieren causado agencias en derecho. También debe referirse que al no haber comparecido al proceso judicial, los demandados […] no incurrieron en expensas, motivo por el cual la condena en costas será proferida, única y exclusivamente, en favor de […].
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la condena en costas en el medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 2024, rad. 56897, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 14 de julio de 2025, rad. 71384, C. P. William Edgardo Barrera Muñoz.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, 365, 366, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 48 NUMERAL 7