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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: impide la existencia de acuerdos posteriores entre las partes sobre ajustes a los estudios previos y diseños

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Fecha
2025-07-11
Radicado
52001233300020170045103
Número interno
72160
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
ORLANDO EDMUNDO REVELO, RICHARD JAVIER MOSQUERA BENAVIDES
Demandado
FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA, EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-

Síntesis de la providencia

Aclaración de voto: impide la existencia de acuerdos posteriores entre las partes sobre ajustes a los estudios previos y diseños

Regla de decisión

Las entidades públicas exceptuadas del EGCAP deben planificar sus contratos conforme a los principios generales de la función administrativa.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Todas las entidades públicas sin excepción de su régimen contractual están llamadas a planificar debidamente sus contratos con base en los principios generales que rigen la función administrativa y la actividad negocial bajo el postulado de la buena fe. En la aclaración de voto se precisa que la existencia de acuerdos posteriores entre las partes para modificar estudios previos, precios y plazos de un contrato de obra pública celebrado por Ecopetrol impide que prospere la pretensión de responsabilidad por supuestos defectos precontractuales de información, máxime cuando no se acreditó probatoriamente el ocultamiento alegado de negociaciones previas con la comunidad aledaña.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Impide la existencia de acuerdos posteriores entre las partes sobre ajustes a los estudios previos y diseños, así como sobre el precio y el plazo del contrato, que prospere una pretensión de responsabilidad por presuntos defectos en la información suministrada en la fase precontractual y por el supuesto ocultamiento de negociaciones con terceros no acreditadas en el proceso?

Respuesta: Si

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

Es importante distinguir que una es la dimensión del deber de información en la fase previa del contrato y otra en el marco del negocio jurídico ya celebrado. Las anteriores razones fueron las que me motivaron a presentar esta aclaración para señalar que, en el caso de la referencia, antes de afirmar que el análisis debía encausarse por vía de la responsabilidad por incumplimiento contractual, era necesario establecer si los reproches que la demandante hizo en relación con los defectos de los estudios previos y diseños entregados por la entidad en la fase precontractual, así como respecto del supuesto ocultamiento de información sobre las negociaciones previas con la comunidad aledaña a la obra para la adquisición de materiales pétreos, correspondían a prestaciones propias del contrato, o a desatenciones del deber de información de la fase previa de negociación.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Titulación de la relatoría 10.941 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACLARACIÓN DE VOTO / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / DISEÑO DE VÍA PÚBLICA / DISEÑO DE CARRETERA / PLANOS ARQUITECTÓNICOS / PRECIO / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PLAZO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / INFORMACIÓN / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / FALTA AL DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ECOPETROL Problema jurídico: ¿Impide la existencia de acuerdos posteriores entre las partes sobre ajustes a los estudios previos y diseños, así como sobre el precio y el plazo del contrato, que prospere una pretensión de responsabilidad por presuntos defectos en la información suministrada en la fase precontractual y por el supuesto ocultamiento de negociaciones con terceros no acreditadas en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si Estimé necesario presentar las siguientes precisiones respecto de las bases sobre las cuales se edificaron los análisis relativos a la responsabilidad de la entidad pública demandada, específicamente en lo relacionado con los defectos que habrían presentado los estudios previos y diseños que entregó en la fase precontractual y con el supuesto ocultamiento de los acuerdos a los que habría llegado con la comunidad aledaña para adquirir el material pétreo necesario para la obra. Coincido en que, al margen del régimen jurídico aplicable a su actividad contractual, todas las entidades públicas están llamadas a planificar debidamente sus contratos; no obstante, en el caso de las que están exceptuadas de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública —EGCAP—, ese deber no se deriva de los principios de la contratación estatal a los que hace alusión esa normativa y, por tanto, no supone que las entidades regidas primordialmente por el derecho privado deban aplicar la reglamentación que, en virtud de dicho estatuto, existe respecto de ese deber. La adecuada estructuración de los contratos de las entidades exceptuadas del EGCAP deriva, en términos generales, de la aplicación de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal —que es a lo que remite el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007—. Dichos principios están orientados a asegurar la eficacia del gasto público y el cumplimiento de los fines del Estado. De manera específica, el principio de eficacia impone a la administración pública el deber de utilizar sus recursos de manera óptima, al lado de lo cual el de economía le impone el deber de procurar obtener el mayor beneficio con el menor costo posible. Es decir: para la consecución de los fines públicos, la administración debe evitar incurrir en gastos innecesarios, lo que supone que está en la obligación de organizar y proyectar adecuadamente sus actuaciones de cara a identificar la necesidad a satisfacer y la forma de hacerlo, de manera que garantice el empleo eficiente y adecuado de sus recursos. Al igual que lo he sostenido en el caso de los contratos que están sometidos al EGCAP, dado que la planificación se despliega antes de su celebración, en tanto está encaminada a que, a partir de los estudios y análisis pertinentes para establecer la conveniencia y necesidad de la contratación, se estructure el negocio jurídico, ese deber no se integra al contrato de manera implícita ni explícita; por tanto, los juicios de responsabilidad que se planteen con ocasión de aspectos asociados a esta fase previa no están llamados a ser ventilados por vía de la responsabilidad por incumplimiento contractual1. En el caso de los contratos regidos por el EGCAP, por las razones que mencioné en la aclaración de voto que presenté frente a la sentencia proferida por esta Subsección el 5 de mayo de 2025 (Exp. 63040) a la cual me remito, estos asuntos se discuten por vía del Instituto del restablecimiento del equilibrio económico del contrato, incluso si se considera, sin discriminación alguna, que la información que debe suministrar la entidad pública como resultado de su deber de planeación se integra al contrato como una obligación implícita de garantía de calidad respecto de las condiciones declaradas en la fase previa. El EGCAP, junto con sus desarrollos reglamentarios pertinentes, contiene una serie de disposiciones a partir de las cuales es posible identificar algunos deberes específicos que están llamadas a cumplir las entidades públicas sometidas a esa normativa para dar cumplimiento al deber de planeación, por lo cual, en estos casos, cuando se discute el incumplimiento de ese deber, el análisis puede hacerse por confrontación con tales normas. Comoquiera que estas disposiciones no son aplicables a las entidades que no están sometidas a ese estatuto, el estudio no puede abordarse de esa misma forma, sino a la luz de los deberes de conducta que se derivan del principio de buena fe objetiva que rige la actividad contractual, incluso, desde las fases previas a la celebración del negocio jurídico. Entre tales deberes de conducta se encuentra el de información, que comporta el deber de las partes de compartir aquella que sea relevante para formar el juicio que se requiere para definir si se vinculan o no a la relación negocial y los términos en los que lo harán; por tanto, la información que se ofrece en cumplimiento de ello ha de ser clara, seria, oportuna, completa y veraz, so pena de conducir a la configuración de un vicio del consentimiento que pueda invalidar el negocio jurídico en los casos que se cumplan los requisitos para ello y/o a incurrir en responsabilidad por los daños que se puedan causar a raíz de su inexactitud u omisión. (...) En estos casos, el reproche no se ubica en el desconocimiento de una obligación contractual, sino en el de un deber de conducta anterior a la celebración del negocio jurídico, por lo cual el juicio de responsabilidad no corresponde al de un incumplimiento contractual. Sin que exista dolo, es posible que una de las partes de las negociaciones induzca a error a la otra, caso en el cual, si bien ello no conduce a un vicio invalidante del negocio jurídico, esto no significa que la que lo generó esté exenta de responsabilidad. (...) Este juicio no se ubica en el análisis de la conducta de una de las partes del contrato de cara a las obligaciones pactadas —no atienda lo pactado, lo haga de manera tardía o imperfecta—, sino en función de su conducta en la fase previa a la celebración del negocio jurídico, por lo cual tampoco se encamina por vía de la responsabilidad por incumplimiento contractual. Es importante distinguir que una es la dimensión del deber de información en la fase previa del contrato y otra en el marco del negocio jurídico ya celebrado. La primera está encaminada a orientar las negociaciones de manera tal que las partes cuenten con los elementos de juicio necesarios para emitir la declaración de voluntad con la que puede concluir esa etapa para dar nacimiento al contrato, por lo que tiene impacto en el negocio jurídico mismo dado que influye determinantemente en la estructuración de sus prestaciones, el precio y/o el plazo, pero no se incorpora a él. La segunda está dirigida a facilitar la ejecución del negocio jurídico y, por tanto, a lograr el objeto estipulado. Así, del mismo modo que el deber que tienen las entidades públicas de planificar adecuadamente sus contratos no se incorpora al negocio jurídico como prestación, en tanto se desarrolla en una fase previa a la de su celebración destinada a establecer su estructura, no toda la información que se recopila en cumplimiento de ese deber y que se ofrece en la etapa de negociación se integra posteriormente al contrato, aunque tenga impacto en su estructuración. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, el principio de buena fe objetiva tiene un carácter integrador, en tanto, en virtud de aquel, las partes del contrato no solamente están obligadas a cumplir lo expresamente pactado, sino todo lo que emane de la naturaleza de la obligación o que por ley le pertenezca; así, aunque es posible que ciertos aspectos tratados en la fase precontractual se proyecten en el negocio jurídico dentro de su estructura de prestaciones y contraprestaciones, a pesar de que las partes no lo indiquen expresamente, esto no es una fórmula absoluta, por lo cual, cuando el conflicto se origine en uno de tales asuntos, corresponde al juez desplegar un análisis interpretativo que le permita establecer si se integraron implícitamente al contrato como una prestación, con miras a determinar si el litigio debe ser analizado bajo la óptica de la responsabilidad por incumplimiento contractual, o si corresponde a la esfera de la responsabilidad precontractual. Las anteriores razones fueron las que me motivaron a presentar esta aclaración para señalar que, en el caso de la referencia, antes de afirmar que el análisis debía encausarse por vía de la responsabilidad por incumplimiento contractual, era necesario establecer si los reproches que la demandante hizo en relación con los defectos de los estudios previos y diseños entregados por la entidad en la fase precontractual, así como respecto del supuesto ocultamiento de información sobre las negociaciones previas con la comunidad aledaña a la obra para la adquisición de materiales pétreos, correspondían a prestaciones propias del contrato, o a desatenciones del deber de información de la fase previa de negociación. Adopté la decisión porque, sea cual fuere la respuesta, lo cierto es que las pretensiones no habrían podido prosperar, por las siguientes razones: i) En relación con los estudios y diseños se acreditó que, para superar las dificultades que se presentaron en relación con esta información suministrada en la fase previa, las partes convinieron realizar la consultoría para su ajuste y fijaron un precio de remuneración para ello, además de que pactaron los valores para el pago de los ítems que no fueron inicialmente contemplados y adicionaron el plazo en lo que estimaron conveniente; de manera que no es posible en juicio desconocer el carácter vinculantes de estos acuerdos que tuvieron por fin superar las dificultades que se derivaron del contenido de esos documentos y que impactaron el plazo y precio inicialmente convenidos. ii) En lo que concierne a la afirmación de que la entidad pública habría ocultado al demandante los acuerdos a los que habría llegado con la comunidad aledaña para adquirir los materiales pétreos necesarios para la obra, porque no se acreditó que tales acuerdos hubiesen existido. NOTA DE RELATORÍA: En el mismo sentido, ver: Aclaración de voto a la sentencia del 5 de mayo de 2025 exp. 63040. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 863, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1515, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000201700451031100103