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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia

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Fecha
2022-06-10
Radicado
05001233100020100233203
Número interno
67030
Ponente
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
MARIA EMILSE ROJAS TABORDA
Demandado
INVIAS, CONCESIÓN ABURRA NORTE SAS, ANTIOQUIA, ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, ANDJE, FABIAN DE JESUS RIOS GRAJALES, CARLOS JOSE RIOS GRAJALES

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia

Lo que dijo la Sala

La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia, de acuerdo con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (en adelante, el “CCA”) que dispone que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en primera instancia. El Tribunal Administrativo de Antioquia conoció el proceso en primera instancia en virtud de la cuantía de la demanda1 , según el numeral 5 del artículo 132 del mismo Código.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede ser condenado en costas si no se evidencia mala fe o temeridad, conforme al artículo 171 del Código Contencioso Administrativo. La Sala reitera que el Consejo de Estado es competente para conocer de apelaciones en segunda instancia cuando el monto de la controversia supera el límite establecido en el artículo 132 numeral 5 del mismo código. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se computa desde la fecha de perfeccionamiento del contrato, conforme al artículo 136 numeral 10 literal e) del CCA, y puede suspenderse en ciertas circunstancias, como la conciliación previa. En cuanto a la permuta de bienes inmuebles, la entidad estatal puede permutar bienes que no se utilicen cuando estos se apliquen a los fines para los cuales fueron adquiridos, conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley 9 de 1989, sin desconocer la preferencia en compraventa establecida en el artículo 1958 del Código Civil. Esta interpretación permite que la entidad enajene bienes por permuta sin incurrir en nulidad, siempre y cuando el bien permutado sea destinado a un proyecto específico.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuáles son los presupuestos de la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer asuntos de controversias contractuales?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 129 y 132 núm. 5

También resuelve

  • ¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales?
  • ¿Se permite la permuta de los bienes que no se utilicen cuando se apliquen a los fines para los cuales fueron
  • ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 6.675 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos de la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer asuntos de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia, de acuerdo con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (en adelante, el “CCA”) que dispone que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en primera instancia. El Tribunal Administrativo de Antioquia conoció el proceso en primera instancia en virtud de la cuantía de la demanda1 , según el numeral 5 del artículo 132 del mismo Código. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PERMUTA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada en el término previsto en el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del CCA. El contrato de permuta demandado fue celebrado el 4 de diciembre de 2008, conforme la Escritura Pública 1219 de esa fecha . Así, la demanda fue radicada oportunamente el 2 de diciembre de 2010, pues no habían transcurrido dos años desde el perfeccionamiento del contrato. Esto, sin tener en cuenta que el término de caducidad estuvo suspendido entre el 2 de julio de 2010 y el 1º de octubre de 2010, fecha en que se expidió la constancia de no conciliación. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL E ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DESTINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE / ADQUISICIÓN DE BIEN / ADQUISICIÓN DEL BIEN INMUEBLE / CONTRATO DE PERMUTA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PERMUTA / INEXISTENCIA DE CONTRATO DE COMPRAVENTA / INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE PERMUTA / ENAJENACIÓN VOLUNTARIA DE LA PROPIEDAD Problema jurídico: ¿Se permite la permuta de los bienes que no se utilicen cuando se apliquen a los fines para los cuales fueron adquiridos? Respuesta al problema jurídico: Si Se confirmará la decisión de primera instancia porque la entidad demandada no vendió el predio sino lo permutó. El negocio jurídico no desconoció los artículos 33 y 34 del la Ley 9 de 1989, pues el contrato de permuta se celebró para obtener otros lotes que eran requeridos para el Proyecto Desarrollo Vial de Aburrá Norte. (...) Como se puede observar, las normas citadas establecen que la entidad debe enajenar los bienes inmuebles que haya adquirido cuando no los "apli(que) a los fines para los cuales fueron adquiridos". Si la enajenación se realiza por medio de "venta" los antiguos dueños del inmueble tienen un derecho preferencial para adquirir los bienes que eran de su propiedad. En el presente caso no se desconoció la norma anterior, debido a que se demostró que se celebró un contrato de "permuta", y no un contrato de compraventa. Además, en la compraventa celebrada con la Demandante se indicó el fin de la adquisición del bien: se señaló que se estaba "ejecutando la Obra Pública denominada “Desarrollo Vial del Aburrá Norte — Doble Calzada Bello—Hatillo". Y en ese sentido, en la permuta celebrada también se señaló que "la franja a permutarse está ubicada en las abscisas del Proyecto para el Desarrollo Vial Aburrá Norte (Doble Calzada Bello Hatillo)". La apelante señaló que (i) el artículo 1958 del Código Civil indica que a la permuta se le aplican las normas de la compraventa y (ii) que en virtud del artículo 228 de la Constitución Política no se puede desconocer que también es un título traslaticio del dominio. Esos argumentos no permiten desconocer la regulación específica que adoptó el legislador en los artículos 33 y 34 de la Ley 9ª de 1989. En relación con el artículo 1958 del Código Civil, es cierto que a la permuta se le aplica la normativa de la compraventa "en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato". En este caso, justamente, no es fortuito que el legislador haya limitado la preferencia en caso de celebrar compraventa: en la permuta realizada no podrían restituirse los inmuebles permutados porque, como se pudo comprobar, fueron destinados al proyecto de la doble calzada. Esto es completamente diferente a lo contemplado en la compraventa, pues en ese contrato es de la esencia la prevalencia del pago en dinero por la cosa vendida. En ese sentido, la Sala advierte que el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 introdujo modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria, en el cual indicó que "(l)a forma de pago del precio de adquisición podrá ser en dinero o en especie, en títulos valores, derechos de construcción y desarrollo, derechos de participación en el proyecto a desarrollar o permuta". Así, es claro que el legislador era consciente que una de las formas de enajenar los bienes era la permuta, pero el derecho preferencial fue consagrado únicamente en relación con la compraventa: el legislador permite la permuta de los bienes que no se utilicen cuando se apliquen a los fines para los cuales fueron adquiridos (la construcción de un proyecto) y solo consagra la nulidad para las ventas, por la razón anteriormente señalada. Finalmente, no es posible desconocer la regulación del legislador desarrollada en la Ley 9ª de 1989 por la aplicación del artículo 228 de la Constitución Política. Se reitera que el legislador limitó la preferencia en casos de compraventa en los que el bien no haya sido aplicado para el proyecto para el que fue adquirido. Además, las normas interpretadas tienen carácter sustancial, no procesal. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 228, LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 61, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1958, LEY 9 DE 1989 - ARTÍCULO 33, LEY 9 DE 1989 - ARTÍCULO 34 COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: Si En los términos del artículo 171 del CCA, no se observa mala fe o temeridad de la parte recurrente. En consecuencia, no se le condenará al pago de costas. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171
Texto extraído del PDF oficial 22.973 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022) Referencia: Controversias contractuales Radicación 05001-23-31-000-2010-02332-03 (67030) Demandante: María Emilse Rojas Taborda Demandados: Departamento de Antioquia y otros Tema: Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones del antiguo propietario de un predio objeto de enajenación voluntaria porque, aunque una franja del mismo no fue utilizada, no fue vendida sino permutada por la entidad demanda. SENTENCIA Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 26 de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que resolvió lo siguiente: <<PRIMERO: NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. SEGUNDO. SIN CONDENA EN COSTAS>>. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia , de acuerdo con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo ( en adelante, el “ CCA”) que dispone que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en primera instancia. El Tribunal Administrativo de Antioquia conoció el proceso en primera i nstancia en virtud de la cuantía de la demanda1, según el numeral 5 del artículo 132 del mismo Código. El recurso de apelación fue admitido en la providencia del 28 de julio de 20212. El 11 de agosto de 2021 Jorge Jaramillo Restrepo se opuso a la procedencia del recurso3. En el auto del 8 de noviembre de 20 21 se dio traslado para que se presentaran alegatos de 1De acuerdo con la demanda, la cuantía correspond ió a novecientos setenta y siete millones seiscientos cincuenta y seis mil quinientos pesos ($977.656.500) (fl. 97 del Cuaderno 1). 2Fl. 2073 del Cuaderno Principal. 3Índice 7 del Samai. 2 Radicado: 05001-23-31-000-2010-02332-03 (67030) Demandante: María Emilse Rojas Taborda conclusión4. María Emilse Rojas Taborda (en adelante, la “Demandante”) 5, el Departamento de Antioquia (en adelante, el “Departamento”) 6, la sociedad Concesión Aburrá Norte S.A.S. (en adelante, la “ Concesionaria”)7 y Jorge Jaramillo Restrepo 8 se pronunciaron oportunamente. El Área Metropolitana de Aburrá (en adelante, el “Área Metropolitana”), el Instituto Nacional de Vías (en adelante, “Invías ), Fabián de Jesús y Carlos José Ríos Grajales, Ruth Marina Alzate Noreña y el Ministerio Público , pese a haber sido debidamente notificados, guardaron silencio. I. ANTECEDENTES A.- La posición de la parte demandante 1.- El 2 de diciembre de 20109 la Demandante presentó acción de controversias contractuales contra el Departamento, el Área Metropolitana, el Invías y la Concesionaria con las siguientes pretensiones: <<DECLARACIONES PRINCIPALES: PRIMERA: Que se declare la nulidad absoluta del Contrato de Permuta contenido en las Escritura Pública Nro. 1219 de diciembre 4 del año 2008, otorgada en la Notaría Única del Círculo de Girardota, en virtud de la cual el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ transfirieron y/o enajenaron a favor de los señores FABIÁN DE JESÚS y CARLOS JOSÉ RÍOS GRAJALES con ostensible violación de los artículos 33 y 34 de la Ley 9ª de 1989, el inmueble con Matrícula Inmobiliaria Nro. 012-62243 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públi cos de Girardota, que por mandato legal debía haber sido ofrecido en primer lugar a la señora MARÍA EMILSE ROJAS TABORDA, como quiera que era titular de un derecho preferente e irrenunciable para readquirir el citado predio al tenor de las normas arriba citadas; inmueble que posee los siguientes linderos (…) SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior y para efectos de dar cumplimiento al mandato legal contenido en los artículos 33 y 34 de la Ley 9ª de 1989, se ofrezca en venta con carácter preferencial a nuestra poderdante MARÍA EMILSE ROJAS TABORDA aquella porción de tierra identificada con la Matrícula Inmobiliaria Nro. 012 -62243 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardota, equivalente a 2.172,57 m2, que hacía parte de aquel inmuebl e de su propiedad que en un área de 6.401,99 debió enajenar a las entidades demandadas para efectos de la construcción del Proyecto de Desarrollo Vial del Aburrá Norte (Niquía—Hatillo), pero que no fue finalmente ocupada con dicha obra. TERCERA: Que se ordene dar cumplimiento al fallo que ponga fin al proceso, dentro de los términos consagrados en el artículo 176 y ss. del C.C.A. CUARTA: Que se condene en costas a las entidades demandadas en este proceso. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS: 4Fl. 2074 del Cuaderno Principal. 5Índices 19 y 20 del Samai. 6Índice 18 del Samai. 7Índices 17 y 21 del Samai. 8Índice 16 del Samai. 9Fl. 98 del Cuaderno 1 3 Radicado: 05001-23-31-000-2010-02332-03 (67030) Demandante: María Emilse Rojas Taborda PRIMERA: Que en subsidio de la Petición Segunda Principal, y con el objeto de indemnizarle el perjuicio material que en su modalidad de Daño Emergente se le ha irrogado a nuestra mandante MARÍA EMILSE ROJAS TABORDA con la irregular forma de proceder de las entidades accionadas, se le reconozca y pague a título de valor actual del inmueble discutido la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M.L. ($977.656.500), cifra económica ésta equivalente a la diferencia e ntre lo que recibió como pago por la citada fracción de terreno y su valor actual, de conformidad con el avalúo practicado al mismo predio por la firma Estudio Inmobiliario S.A. afiliada a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y de Antioquia. SEGUNDA: Que a la suma de dinero que se ordene reconocer y pagar a favor de nuestra poderdante MARÍA EMILSE ROJAS TABORDA, se le aplique la figura jurídica de la indexación o actualización monetaria al momento de efectuarse el respectivo pago. TERCERA: Que se ordene dar cumplimiento al fallo que ponga fin al proceso, dentro de los términos consagrados en el artículo 176 y ss. del C.C.A. CUARTA: Que se condene en costas a las entidades demandadas en este proceso>>10. 2.- La Demandante basó sus pretensiones en las siguientes afirmaciones: 2.1.- Era propietaria de un predio ubicado en el municipio de Copacabana, departamento de Antioquia, que tenía un área de quince mil trescientos cuarenta y siete punto catorce metros cuadrados (15.347,14 m2). 2.2.- Como consecuencia del Proyecto Desarrollo Vial de Aburrá Norte (Niquía—Hatillo), tuvo que enajenar área del terreno de seis mil cuatrocientos uno punto noventa y nueve cuadrados (6.401,99 m2). El proyecto consistió en la ampliación de la vía. La enajenación se realizó por medio del contrato de compraventa celebrado con la Concesionaria, <<en representación del>> Departamento y el Área Metropolitana11. 2.3.- Del terreno enajenado solo se utilizaron cuatro mil doscientos veintinueve punto cuarenta y dos metros cuadrados (4.229,42 m2) para desarrollar el proyecto. Es decir, de la porción enajenada <<sobraron>> dos mil ciento setenta y dos punto cincuenta y siete metros cuadrados (2.172,57 m2). 2.4.- En virtud de los artículos 33 y 34 de la Ley 9ª de 1989, los predios no utilizados debían ser ofrecidos a la Demandante para que pudiera adquirirlos. A pesar de la claridad de las normas, el terreno restante fue permutado con los señores Fabián de Jesús y Carlos José Ríos Grajales (en adelante, los “adquirientes”), de conformidad con la Escritura Pública No. 1219 del 4 de diciembre de 2008 12. Por lo anterior, el contrato adolece de nulidad. 10La Demandante corrigió las pretensiones en torno a la descripción de los linderos y la pretensión primera subsidiaria que ascendió a novecientos cuarenta y tres millones seiscientos cincuenta y seis mil trescientos setenta y un pesos con diez centavos ($943.656.371,10) (fls. 1031 a 1034). Se aclara que no modificó la cuantía presentada en la demanda inicial. 11Fl. 480 del Cuaderno 1. 12Luego de desafectar los bienes (fls. 503 y 506 del Cuaderno 1). 4 Radicado: 05001-23-31-000-2010-02332-03 (67030) Demandante: María Emilse Rojas Taborda B.- Posición de la parte demandada 3.- El Departamento13 y el Área Metropolitana 14 se opusieron a las pretensiones , entre otros, con base en los siguientes argumentos comunes: 3.1.- La obligación de los artículos 33 y 34 de la Ley 9ª de 1989 únicamente es predicable en caso de celebración de un contrato de compraventa, y en este caso se celebró un contrato de permuta. 3.2.- La permuta se realizó en el marco del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, que permite adquirir predios de un proyecto por medio de contratos de permuta . Como los diseños finales cambiaron el trazado, el terreno sobrante podía ser permutado por otros que fueran necesarios para el proyecto. Esto justamente fue lo que ocurrió en el contrato que se encuentra en la Escritura Pública No. 1219 del 4 de diciembre de 2008. 4.- El Invías indicó que no tenía legitimación por pasiva 15 en la medida en que había transferido la vía al Departamento. 5.- La Concesionaria del proyecto reiteró que se cumplieron las normas legales 16. Adicionó que no era responsable porque su labor <<se puede asemejar a la actividad de cumple la Notaría al extender la minuta>>. 6.- El tribunal ordenó vincular a los adquirientes 17, a quienes se les designó curador ad- litem18; este se opuso a las pretensiones porque los adquirentes actuaron de buena

Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000201002332031100103