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Consejo de Estado Providencia

No es necesario una autorización previa de la Asamblea Departamental

Sentencia — Sentencia 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 50001233100020080009201 ACCION CONTRACTUAL
¿Es necesario una autorización previa de la Asamblea Departamental para que el gobernador pueda celebrar un contrato de transacción? No
El gobernador no requiere autorización previa de la Asamblea Departamental para celebrar un contrato de transacción, en línea con la interpretación del artículo 300, numeral 9, de la Constitución Política, que establece que dicha autorización es excepcional y solo se requiere cuando el legislador lo disponga expresamente. La Sala confirma que la ausencia de una ordenanza que autorice al gobernador a celebrar la transacción no comporta la nulidad del contrato, ya que no existe una norma especial que lo exija. Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado respalda que los gobernadores tienen la potestad de dirigir licitaciones y celebrar contratos sin necesidad de una autorización particular de las asambleas departamentales, siempre y cuando no haya una disposición legal que establezca lo contrario. Esta regla reitera y confirma la interpretación del artículo 300, numeral 9, y tiene implicaciones importantes para la autonomía de los gobernadores en la celebración de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿De conformidad con la legislación, los gobernadores tienen la potestad de dirigir licitaciones y celebrar contratos, sin previa autorización de la Asamblea Departamental?
Colombia Compra Eficiente Concepto

Contratos con esal: establece que las entidades del orden nacional

C-416 de 2024 2024-09-11
¿Cuál es el alcance de la autorización del represente legal de la entidad estatal a la que se refiere el penúltimo inciso del artículo 2 del Decreto 092 de 2017?
La autorización expresa del representante legal de la entidad estatal exigida en el penúltimo inciso del artículo 2 del Decreto 092 de 2017 es obligatoria, indelegable, previa y particular para cada contrato de colaboración que la entidad planee suscribir, y debe materializarse en un acto administrativo, por tratarse de una decisión unilateral. Como las normas atributivas de competencia son de interpretación restrictiva, esa autorización se requiere antes de la celebración del contrato, pero no para la suscripción de los actos contractuales o postcontractuales, de modo que, impartida la autorización, el representante legal puede delegar la celebración del contrato y las etapas de ejecución y liquidación en servidores del nivel directivo o ejecutivo, conforme al artículo 12 de la Ley 80 de 1993. En lo no regulado por el Decreto 092 de 2017 rigen las normas generales del sistema de compra pública, por lo que en las entidades territoriales la competencia para celebrar contratos de colaboración corresponde, en principio, a los gobernadores y a los alcaldes, según el literal b) del numeral 3 del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de la delegación y desconcentración.síntesis automática
También resuelve: Contratos con esal: Artículo 355, Constitución, fundamento Autorización previa: Decreto 092 de 2017, delegación contractual, permitida, alcance
Colombia Compra Eficiente Concepto

Los oferentes que participan en los procedimientos de selección realizados por las entidades estatales deben contar con la autorización del titular de los datos personales que se incluirán en la propuesta, el Decreto 1074 de 2015 y las normas que los modifiquen o complementen.

C-803 de 2020 2021-02-01
Dentro de los procesos de selección sometidos al Estatuto General de Contratación Estatal, al momento de adjuntar hojas de vida, información sensible privada o semiprivada y demás que hagan parte de la propuesta como del equipo de trabajo ofertado, los titulares de la información deben autorizar el manejo de datos de la misma?
Dentro de los procesos de selección sometidos al Estatuto General de Contratación Estatal, al momento de adjuntar hojas de vida, información sensible privada o semiprivada y demás que hagan parte de la propuesta como del equipo de trabajo ofertado, los titulares de la información deben autorizar el manejo de datos de la misma?
También resuelve: Habeas data: derecho fundamental, consagración constitucional, consagración constitucional / tratamiento de datos personales, Ley 1581 de 2012 Tratamiento de datos personales: Ley 1581 de 2012, protección, contratación estatal Autorización: tratamiento de datos personales, titular, datos sensibles, contratación estatal
Colombia Compra Eficiente Concepto

Las modificaciones al convenio de interés público celebrado con fundamento en el artículo 2 del Decreto 092 de 2017 pueden ser suscritas por el representante legal o por el delegatario.

C-723 DE 2020 2020-12-09
¿Es necesario que cada una de las modificaciones que se realicen a los contratos o convenios suscritos bajo el amparo de dicho decreto, cuentenr (sic) con autorización expresa del representante legal de la entidad?
De forma atenta se solicita concepto por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, sobre lo siguiente: El Decreto 092 de 2017 establece en su Artículo 2 … Estas entidades estatales pueden contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad… , previa autorización expresa de su representante legal para cada contrato en particular que la Entidad Estatal no podrá delegar la función de otorgar esta autorización. La Entidad Estatal deberá acreditar en los Documentos del Proceso la autorización respectiva".
También resuelve: Decreto 092 de 2017: Constitución, Artículo 355, tipos de convenios, tipos de convenios / autorización previa Autorización previa: Decreto 092 de 2017, delegación contractual, permitida, alcance
Colombia Compra Eficiente Concepto

Indica que El representante legal de la Entidad Estatal no podrá delegar la función de otorgar esta autorización y que La Entidad Estatal deberá acreditar en los Documentos del Proceso la autorización respectiva.

C-105 de 2025 2025-03-06
¿Qué naturaleza y alcance tiene la “previa autorización” del representante legal de la entidad estatal a que alude el artículo 2 del Decreto 092 de 2017?
En relación con los problemas jurídicos planteados debe señalarse lo siguiente: El penúltimo inciso del artículo 2 del Decreto 092 de 2017, en efecto, establece que las entidades estatales a que se refiere dicha norma pueden contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad en los términos del presente decreto, previa autorización expresa de su representante legal para cada contrato en particular que la Entidad Estatal planee suscribir bajo esta modalidad (énfasis fuera de texto). Además, indica que El representante legal de la Entidad Estatal no podrá delegar la función de otorgar esta autorización y que La Entidad Estatal deberá acreditar en los Documentos del Proceso la autorización respectiva.
También resuelve: Contratos con esal: Artículo 355, Constitución, fundamento Tipos de contratos: Artículo 355, Constitución, esal Convenios de asociación: aporte económico de la esal, treinta por ciento, contratación directa
Colombia Compra Eficiente Concepto

Es por esto que el artículo 2 del Decreto 092 de 2017 señala que el representante legal de la Entidad Estatal debe autorizar la celebración de cada contrato que la Entidad Estatal pretende suscribir en desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política, función que no puede delegar.

C-469 de 2024 2024-09-06
¿Puede el representante legal y/o jefe de la entidad estatal delegar funciones para la suscripción de convenios, de que trata el decreto 092 de 2017?
El representante legal de la entidad estatal debe otorgar de manera previa, mediante acto administrativo y para cada contrato en particular, la autorización indelegable que exige el Decreto 092 de 2017 para contratar con entidades sin ánimo de lucro, pero, impartida esa autorización, puede delegar la celebración del convenio y las etapas de ejecución y liquidación en servidores públicos del nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes, conforme al artículo 12 de la Ley 80 de 1993. Como las normas atributivas de competencia son de interpretación restrictiva, la autorización se requiere antes de la celebración del contrato, no para la suscripción de los actos contractuales o postcontractuales. Corresponde a la autoridad que delega establecer, según la planta de personal, si el cargo receptor es del nivel directivo o ejecutivo, y la ordenación del gasto también puede delegarse conforme al artículo 9 de la Ley 489 de 1998. La aplicación de las reglas generales de delegación proviene del artículo 8 del Decreto 092 de 2017, que sujeta esa contratación a las normas generales de la contratación pública, excepto en lo que el decreto reglamenta.síntesis automática
También resuelve: Delegación de funciones contractuales: normativa, servidores públicos, nivel directivo y ejecutivo Delegación: ordenación del gasto Decreto 092 de 2017: Constitución, Artículo 355, tipos de convenios
Consejo de Estado Providencia

Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual.

Sentencia — Sentencia 2025-06-03 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020170238901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? Sí
El contratista no puede ser objeto de un descuento impuesto por la interventoría sin su autorización expresa, conforme a lo pactado en la cláusula contractual, ya que esto viola el principio de pacta sunt servanda y la buena fe objetiva en la relación contractual. La interventoría no puede alterar unilateralmente el contenido y alcance de las cláusulas del contrato, especialmente cuando se trata de deducciones que no cuentan con sustento normativo, jurídico ni contractual. La Sala modifica la interpretación anterior, reforzando la necesidad de que cualquier actuación que requiera autorización previa sea respetada para evitar violaciones al contrato y a los principios de buena fe y pacta sunt servanda, lo que implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con los términos acordados en los contratos.síntesis automática
También resuelve: ¿Vulnera el contrato y la buena fe objetiva la actuación de la interventoría que impone un descuento sin aceptación del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? ¿Constituye una obligación legal ejecutar los contratos conforme a lo pactado y de buena fe, incluyendo lo que emane de la naturaleza de la obligación? ¿Vulnera el principio de congruencia una sentencia de primera instancia que omite pronunciarse sobre una pretensión expresamente solicitada en la demanda?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

En los correos se indica de forma general que las facturas pendientes de pago corresponden a servicios prestados en 2013

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020160159201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probó el vicio del consentimiento alegado sobre el acta de liquidación bilateral del contrato? No
El acta de liquidación bilateral de un contrato estatal solo puede anularse si se demuestra un vicio del consentimiento, como el dolo, y que la carga de probar ese vicio corresponde a quien lo alega, de modo que, mientras no se pruebe, el acta conserva su validez y el juez no debe analizar de fondo las demás pretensiones. Una razón es que los correos electrónicos señalaban de forma general que las facturas pendientes correspondían a servicios de 2013, sin certeza de que estuvieran incluidas en la relación de pagos del acta, y uno de ellos mencionaba servicios de 2012, fuera del plazo de ejecución. Otra razón es que no se acreditó un acuerdo entre la entidad y el apoderado con la intención de causar daño mediante la suscripción del acta, y el apoderado tenía capacidad para suscribirla. En el caso, la Sala confirmó la sentencia y, en aplicación del artículo 282 del Código General del Proceso, no analizó de fondo las pretensiones de pago. Su consecuencia práctica es que el acta de liquidación bilateral solo se controvierte con prueba concreta del vicio y no con correos generales sobre facturas.síntesis automática
También resuelve: ¿Los correos contienen una aceptación o reconocimiento expreso de la Armada respecto de la deuda, su monto y la intención de reconocer dichas sumas de dinero a la demandante? ¿La demanda fue presentada dentro del término establecido en la ley? ¿Los negocios jurídicos suscritos por el apoderado en nombre de la demandante se entienden celebrados directamente por la sociedad?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La solicitud presentada en curso de un contrato estatal se entiende favorable por silencio administrativo positivo si la entidad no se pronuncia en tres meses conforme al artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993.

Sentencia — Sentencia 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020170045901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes? Sí
La entidad estatal que omite pronunciarse dentro del término legal frente a las solicitudes presentadas en el curso de un contrato genera la configuración del silencio administrativo positivo favorable a las pretensiones del solicitante. En aplicación del artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres meses siguientes, se entiende que la decisión es favorable al peticionario, debiendo acudirse a la complementariedad con el artículo 77 de la misma ley y al artículo 85 del CPACA para su respectiva protocolización. En el litigio sometido a estudio, el consorcio protocolizó tres solicitudes formuladas ante el IDU aduciendo la operancia del silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta oportuna de la entidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante? ¿Constituirá acto administrativo sólo aquella comunicación cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por voluntad de la Administración, y que además… ¿El acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La decisión impugnada será modificada para señalar que la condena decretada deberá ser pagada en favor de la sociedad demandante y el litisconsorte.

Sentencia — Sentencia 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 81001233100020090003901 ACCION CONTRACTUAL
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve: ¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada? ¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra? ¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 20001233900020140027102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual? No
El contratista no desvirtúa la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual cuando incumple gravemente las obligaciones contractuales, especialmente si estos incumplimientos ponen en riesgo la continuidad del servicio y la naturaleza intuito personae del contrato. En este caso, el contratista no obtuvo la habilitación necesaria para el centro público o privado, lo que puso en grave riesgo la continuidad del servicio, además de otros incumplimientos graves que justificaron la caducidad del contrato. La entidad estatal, al declarar la caducidad, actuó dentro de sus facultades legales y no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas para la continuidad del servicio, lo que implica que la entidad estatal puede declarar la caducidad del contrato ante incumplimientos graves que afecten la prestación del servicio.síntesis automática
También resuelve: ¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos demandados? ¿El oficio suscrito por el secretario de tránsito constituyó autorización al contratista para constituirse como una SAS? ¿La administración también sustentó la caducidad del contrato en el hecho de que la garantía única del contrato amparaba a la UT y no a la nueva SAS?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se varió la causa petendi consignada en el libelo introductorio con lo que se vulnera la regla de la congruencia

Sentencia — Sentencia 2023-11-20 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020130165702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se varió la causa petendi consignada en el libelo introductorio con lo que se vulnera la regla de la congruencia? Sí
El juez no puede fallar sobre fundamentos distintos a los que la parte expuso en la demanda, pues la sentencia debe ser congruente con la causa petendi y con las pretensiones, según el artículo 281 del Código General del Proceso, y que los nuevos argumentos planteados en la apelación no se estudian si alteran esa causa. Una razón es que los reparos sobre violación del derecho a la igualdad y sobre las reglas de terminación de los contratos mineros no controvierten los fundamentos del fallo de primera instancia, que consideró vigente la zona de utilidad pública y la exigencia de autorización previa de la gestora del proyecto. Otra razón es que esos reproches cambian el fundamento de la demanda, lo que vulneraría la regla de congruencia. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto de adjudicación. Su consecuencia práctica es que la parte no puede sustituir en la apelación el fundamento de la demanda, pues el juez de segunda instancia no lo decide.síntesis automática
También resuelve: ¿A la parte actora o al juez les es dable variar el fundamento de la pretensión formulada en la demanda mediante la introducción de nuevas consideraciones? ¿En la demanda se afirmó que la decisión adoptada por la administración en los actos cuestionados fue la modificación del contrato minero? ¿El juez puede abordar materias que se señalan en la apelación que correspondan a nuevos cuestionamientos que no fueron planteados al inicio del proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato?

Sentencia — Sentencia 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020210035901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato? No
En los contratos regidos por el derecho privado, no son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y que la excesiva onerosidad sobreviniente solo puede reclamarse, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, respecto de prestaciones de futuro cumplimiento. Una razón es que aunque en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, el desequilibrio alegado por el contratista no deriva del ejercicio de esas cláusulas, sino de supuestas fallas en la planeación contractual. Otra razón es que el régimen de derecho privado no admite la aplicación automática del estatuto de contratación estatal en este punto. En el caso, la sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda de reconvención, y la Sala confirmó esa decisión en cuanto a esas pretensiones. La providencia reitera el criterio de la Sala sobre el régimen exceptuado; su consecuencia práctica es que el contratista que alega desequilibrio en un contrato de derecho privado no puede invocar el restablecimiento previsto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: ¿La aseguradora garantizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales razón por la cual hay lugar a declarar ocurrido el siniestro? ¿Existía un porcentaje menor de materiales de obra que era entregado por EPM y que el contratista debía reintegrar mediante un procedimiento previamente establecido? ¿Los acuerdos transaccionales corresponden a acreencias laborales derivadas del contrato materia de la litis que el contratista dejó de pagar?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La sociedad demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía

Sentencia — Sentencia 2023-12-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 23001233300020140010901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sociedad demandante cumplió con la carga de probar las circunstancias graves que le atribuye a la entidad pública como generadoras del incumplimiento del contrato? No
Quien alega como causa del incumplimiento contractual unas circunstancias graves atribuibles a la entidad pública tiene la carga de probarlas, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, pues sin esa prueba la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que la omisión que se atribuye a la entidad como causa del incumplimiento no quedó demostrada, porque el contrato no evidenció que la sociedad hubiera presentado planes de inversión o solicitudes de aprobación de inversiones ante el municipio, como le correspondía. Otra razón es que la actora no aportó las pruebas que sustentaran las circunstancias graves que invocó, de modo que no pudo declararse la inejecución atribuida a la entidad. En el caso, la sociedad concesionaria pretendió la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por la terminación unilateral del contrato de concesión del matadero municipal. La decisión de primera instancia se revocó y las pretensiones fueron negadas. Su consecuencia práctica es que el contratista debe probar los hechos que atribuye a la entidad antes de excusar su propio incumplimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿El municipio autorizó la realización de obras para adecuar el matadero así como la realización del plan gradual de cumplimiento? ¿Obran elementos de prueba que conduzcan a determinar que con ocasión de la expedición del decreto la comercializadora hubiese presentado al Municipio algún plan de inversión? ¿Se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo recurrido por comportar una decisión extra petita?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas

Sentencia — Sentencia 2021-12-14 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 08001233300020120020901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve: ¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Consejo de Estado Providencia

Licencia ambiental: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-05-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020020179402 ACCION CONTRACTUAL
¿Constituía un requisito legal obligatorio la obtención previa de la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación pública para la construcción del horno crematorio en el Cementerio Sur? No
El contratista no está obligado a obtener la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación para la construcción del horno crematorio, ya que esta no era un requisito legal previo según el pliego de condiciones y el Decreto 1753 de 1994. Sin embargo, una vez que el contratista asume la construcción del horno crematorio en su oferta, la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental recae sobre él, conforme a la cláusula del contrato y las reglas de buena fe y equidad natural del derecho privado. Esto implica que el concesionario debe asumir los costos y riesgos asociados a la obtención de la licencia ambiental, en línea con la naturaleza del contrato de concesión y su marco normativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Estaba obligada la UESP a gestionar la licencia ambiental para una obra no exigida en el pliego de condiciones antes de la suscripción del contrato? ¿Recaía en el concesionario la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental para la construcción del horno crematorio, en virtud del contrato y de las reglas supletorias del derecho privado? ¿Corresponde al concesionario, en virtud del contrato de concesión y su marco normativo, asumir la gestión y costos de obtención de la licencia ambiental requerida para la construcción del horno…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: las formalidades de la adición no deben ser absolutamente estrictas

Aclaración voto — Aclaración de voto 2023-09-11 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 85001233300020150021101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La ejecución de mayores cantidades de obra está exenta de la necesidad de suscribir una modificación al contrato o de contar con la autorización expresa de la entidad contratante? No
En mi criterio, es esencial que cuando las mayores cantidades de obra se traduzcan en un mayor costo, las partes suscriban un otrosí, orientado a aumentar el valor del contrato que inicialmente se pactó en una cantidad determinada, dado que solo de esa manera se podrá expedir el registro presupuestal, que condiciona el inicio de la ejecución de los contratos y que garantiza el pago de las prestaciones. Las formalidades de la adición no deben ser absolutamente estrictas, por cuanto es posible que -de manera excepcional- baste con una autorización, pero la misma debe ser escrita y debe ser proferida por un funcionario con competencia, esto es, el ordenador del gasto o su delegado.
También resuelve: ¿La ejecución de mayores cantidades de obra pública tienen un impacto en el gasto de recursos públicos, que de no ser autorizado por la entidad estatal puede llevar a prácticas de corrupción?
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: la determinación de otorgar capacidad para ser parte y para comparecer a un proceso es una materia reservada al legislador

Salvamento voto — Salvamento de voto 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 50001233100020080009201 ACCION CONTRACTUAL
¿La unión temporal tiene capacidad para comparecer por sí misma al proceso judicial? No
No estoy de acuerdo con la decisión adoptada en la sentencia en el sentido de negar la pretensión de nulidad del contrato de transacción celebrado entre el Departamento de Guainía y la Unión Temporal Guainía. Considero que debió precisarse que la unión temporal no tenía capacidad para comparecer por sí misma al proceso, y debía integrarse el contradictorio con sus miembros. El artículo 7 de la Ley 80 de 1993 establece la capacidad contractual de los consorcios y las uniones temporales, sin que determine que la misma se extiende a la posibilidad de ser parte dentro de un proceso judicial. Esta última capacidad ha sido creada por la jurisprudencia en la sentencia unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 20131.
También resuelve: ¿La Sala debió pronunciarse sobre la nulidad proveniente del hecho de que las partes ya habían liquidado bilateralmente el contrato de obra sin incluir las reclamaciones del contratista…