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¿Vulnera la entidad contratante los principios que rigen la contratación estatal al elaborar un análisis de mercado con base únicamente en datos extraídos del RUES y el SECOP, sin realizar una indagación exhaustiva sobre la experiencia de los oferentes? No
El contratista no vulnera los principios de la contratación estatal al basar el análisis de mercado en datos del RUES y SECOP sin indagar exhaustivamente sobre la experiencia de los oferentes, ya que el estudio de mercado no implica una evaluación de experiencia, y la entidad no está obligada a verificar la información reportada en estos sistemas. Además, la inclusión de indicadores económicos de entidades sin ánimo de lucro en el RUES no invalida el análisis del mercado, conforme al artículo 166 del Decreto 19 de 2012. Si el contratista considera que la información en el RUES es inexacta, debe solicitar su modificación ante la Cámara de Comercio, según los artículos 14 a 17 de la Ley 1437 de 2011. La enajenación a título gratuito de un establecimiento de comercio después de la presentación de la propuesta no constituye causal de incumplimiento de requisitos habilitantes, siempre y cuando el establecimiento exista antes del proceso de contratación. Asimismo, una propuesta puede ser rechazada si no cumple con los indicadores financieros mínimos exigidos en el pliego de condiciones, según el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.síntesis automática
También resuelve:¿Debe el interesado acudir previamente a la Cámara de Comercio para solicitar la modificación del RUES cuando considere que la información allí contenida no refleja la realidad?¿Constituye causal de incumplimiento de los requisitos habilitantes la enajenación a título gratuito de un establecimiento de comercio con posterioridad a la presentación de la propuesta en un…¿Puede ser rechazada una propuesta en un proceso de selección si no cumple con los indicadores financieros mínimos exigidos en el pliego de condiciones?
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS,INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL,CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS –…
También resuelve:Contrato de transferencia de activos: alcance, descuentos por pasivos laboralesIncumplimiento del contrato: descuentos de pasivos laboralesConsejo de estado sala de lo contencioso
Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre sucesión procesal2024-04-22Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 08001233100020100094301ACCION CONTRACTUAL
¿Procede la sucesión procesal del extinto Instituto de Seguridad Social al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguridad Social? Sí
Cuando una entidad estatal se extingue por liquidación y se constituye un patrimonio autónomo de remanentes mediante contrato de fiducia mercantil, procede la sucesión procesal a favor de ese patrimonio, de conformidad con los artículos 19 de la Ley 1105 de 2006 y 60 del Código de Procedimiento Civil. Esta regla aplica cuando el acta final del proceso liquidatorio declara terminada la existencia legal de la entidad y el fideicomiso sustituye a la entidad en sus derechos y obligaciones. En el caso analizado, la entidad demandada fue liquidada, se suscribió un contrato de fiducia mercantil con una sociedad fiduciaria para constituir el patrimonio de remanentes y, por ello, el patrimonio autónomo se tiene como sucesor procesal del demandado. La providencia aplica esa regla a un caso de liquidación con fiducia mercantil y no introduce requisitos adicionales. Por lo anterior, la sucesión procesal se reconoce y la entidad liquidada es reemplazada en el proceso.síntesis automática
¿El derecho que la demandante pretendió hacer efectivo ante el Distrito debió ser exigido, discutido y definido en el marco del procedimiento de liquidación contractual? Sí
El contratista no puede exigir el pago de saldos insolutos fuera del procedimiento de liquidación contractual, ya que este es el marco adecuado para discutir y definir tales derechos conforme al principio de universalidad y las normas que lo regulan. El liquidador debe incluir en el inventario de pasivos las acreencias debidamente comprobadas, es decir, las reconocidas, no las rechazadas, y cualquier reclamo debe ser discutido a través del cuestionamiento en vía administrativa y judicial de los actos del liquidador. Además, la entidad que realiza la liquidación es la única llamada a definir el reconocimiento de las acreencias, y no puede subsanarse a través de una petición extemporánea a otra entidad. Esta regla reitera la importancia de seguir el procedimiento de liquidación para garantizar la universalidad y la prelación de créditos, lo que implica que los acreedores deben participar en el proceso de liquidación para obtener el reconocimiento y pago de sus acreencias.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación de entidades públicas tiene por propósito realizar la disolución y liquidación de una entidad, a fin de que sean enajenados sus activos para proceder con el pago de las obligaciones…¿Al agente liquidador le corresponde integrar la totalidad de los activos y pasivos que tiene la entidad en su patrimonio…¿Para que proceda la cancelación de las acreencias a cargo de una entidad en liquidación, la obligación deberá estar relacionada en un inventario de pasivos y debidamente comprobada?
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve:¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos?¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos?¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-03-15Sala Consulta y Servicio CivilÁLVARO NAMÉN VARGASRad. 11001030600020200021200CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Resultan aplicables las normas civiles y comerciales por parte de las entidades públicas para la explotación de bienes intangibles o derechos de propiedad intelectual de los cuales sean titulares, en atención a lo previsto en el artículo 167 de la Ley 1955 de 2019? Sí
Ni la Ley 80 de 1993, con sus modificaciones y adiciones, ni la Ley 1955 de 2019 establecen una tipología contractual especial o distinta a la regulada en el derecho privado, para que los titulares negocien la explotación comercial de sus derechos de propiedad intelectual y demás intangibles.
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2025-04-04Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020250002800LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es competente la Sección Tercera del Consejo de Estado para conocer del recurso de anulación interpuesto contra un laudo arbitral cuando en el proceso arbitral están involucrados fondos públicos administrados mediante patrimonios autónomos? Sí
El contratista puede recurrir a la Sección Tercera del Consejo de Estado para anular un laudo arbitral cuando en el proceso arbitral están involucrados fondos públicos administrados mediante patrimonios autónomos, ya que la competencia para conocer del recurso de anulación se determina atendiendo a la naturaleza jurídica del interviniente en la controversia arbitral, no de quien ejerce su representación. La Sala establece que la Sección Tercera es competente para conocer de recursos extraordinarios de anulación contra laudos proferidos en procesos arbitrales en los que intervengan entidades públicas o fondos públicos administrados por patrimonios autónomos, incluso cuando estos últimos sean administrados por entidades privadas. Además, el recurso de anulación debe presentarse dentro del plazo legal y sustentar adecuadamente la causal invocada, lo cual en este caso se cumplió al presentar el recurso dentro del término legal y sustentar la causal de anulación en conciencia o equidad, según el artículo 41 numeral 7 de la Ley 1563 de 2012. Esta decisión reitera y unifica la jurisprudencia sobre la competencia del Consejo de Estado en estos casos, permitiendo una mayor certeza jurídica en la administración de fondos públicos.síntesis automática
También resuelve:¿Cumplió la parte recurrente con los requisitos de oportunidad, identificación precisa y sustentación adecuada de la causal invocada para la admisión del recurso de anulación…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre sucesión procesal2025-03-12Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600020050211702ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato de cesión de derechos litigiosos es un contrato aleatorio en el cual el cedente transmite al cesionario, a título oneroso o gratuito, el derecho incierto sobre el cual recae el interés que se controvierte en sede jurisdiccional? Sí
El cesionario adquiere el derecho litigioso incierto objeto de controversia judicial mediante un contrato aleatorio celebrado con la parte cedente del proceso. El contrato de cesión de derechos litigiosos, regulado en los artículos 1969 a 1972 del Código Civil, es un contrato aleatorio en el cual el cedente transmite a un tercero el derecho incierto sobre el cual recae el interés controvertido. En este caso, al no concurrir los requisitos del contrato de cesión en los negocios presentados, la Sala deniega la petición de sucesión procesal solicitada por los interesados.síntesis automática
También resuelve:¿Del contrato de cesión de derechos litigiosos celebrado entre la sociedad demandante y la empresa de inversiones respecto de los activos, pasivos y contratos enlistados en el acuerdo de voluntades…¿Resulta procedente admitir el supuesto contrato de cesión celebrado por las sociedades el 30 de septiembre de 2015, a pesar de que no se demostró que la cesión pactada en esa fecha fue realizada por…
¿Para que se reconozcan los gastos incurridos con ocasión de un contrato, debe demostrarse la existencia de una obligación de reconocer y pagar dichos gastos –cuyas fuentes pueden ser, entre otras, la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida? Sí
El hecho de haber incurrido en gastos con ocasión de un contrato no conduce automáticamente a su reconocimiento y pago. Quien los reclama debe demostrar la existencia de una obligación de reconocerlos y pagarlos, cuya fuente puede ser la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida. Esta regla se apoya en el artículo 1757 del Código Civil, que impone probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o esta. Por ello, la prueba de los desembolsos es insuficiente si no se acredita la fuente de la obligación. En el caso concreto las pruebas documentales aportadas no demostraron los gastos en que incurrieron los integrantes de la unión temporal con ocasión del contrato de prestación de servicios, porque esos gastos se reclamaban como consecuencia de otro concepto. Por ello la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación de gastos contractuales exige probar la obligación de pagarlos.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes del contrato de prestación de servicios en ejercicio de su autonomía privada, acordaron realizar la modificación al contrato…¿A juicio del demandante, para la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios la SAE debía contar con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por Coralina?¿En la invitación a contratar se establecía que para la ejecución del objeto contractual debía aprobarse el Plan de Manejo Ambiental que estaba en elaboración por parte de un tercero?
¿Si el demandado no alega la existencia de la cláusula compromisoria —porque no contestó la demanda— debe concluirse que renunció tácitamente a someter este asunto a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato estatal si no alega su existencia en la demanda, lo que permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca del asunto, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando la entidad demandada no contesta la demanda, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido. Además, la entidad estatal puede ser responsable extracontractualmente por los daños causados a terceros derivados de decisiones administrativas que impidan la ejecución del contrato, como el cierre y liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, según el artículo 206 de la Ley 222 de 1995. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, lo que implica que las partes deben ser más cautelosas al no responder a las demandas para evitar renunciar a la justicia arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia, dado que resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿La pretensión segunda alude a la responsabilidad extracontractual de las entidades socias, administradoras del Ingenio, por virtud de que adoptaron la decisión de cerrar la operación y procedieron a…¿Hay una pretensión extracontractual, en cuanto la responsabilidad reclamada a los socios de la sociedad en liquidación, no se deriva de una inobservancia obligacional en el marco de un vínculo…
¿Es procedente repetir lo pagado por indexación? No
El contratista no puede repetir lo pagado por indexación ya que esta actualización monetaria representa el mismo valor que se pagó originalmente, y la pérdida de capacidad adquisitiva debe ser asumida por la entidad estatal como una forma de compensación por haber tenido el capital a su disposición durante un tiempo. En este caso, la Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga no sufrió una afectación patrimonial al pagar la indexación, lo que implica la ausencia de uno de los presupuestos esenciales para ejercer el medio de control de repetición. La Sala consideró que la repetición es una acción subsidiaria para proteger el patrimonio público, y dado que no hubo detrimento patrimonial, las pretensiones del medio de control de repetición son improcedentes. Esto implica que el contratista no puede exigir la restitución de sumas pagadas por indexación, ya que no se ha producido un detrimento patrimonial del Estado que pueda ser imputado a la conducta del agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El pago de la indexación por parte de la corporación autónoma demandante no le representó una afectación patrimonial?¿El medio de control de repetición solo se activa cuando ocurre un detrimento patrimonial del Estado que puede ser imputable a la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes?¿La restitución del dinero adeudado por el Estado a un ciudadano que no tenía la obligación legal de asumir patrimonialmente una contribución por valorización…
¿Debe declararse la falta de jurisdicción o competencia por la existencia de una cláusula arbitral, teniendo en cuenta que la parte demandada no invocó oportunamente la respectiva excepción y, que, por ende, renunció tácitamente al pacto arbitral? No
El contratista no puede invocar la falta de jurisdicción o competencia por la existencia de una cláusula arbitral si no la presenta oportunamente en el proceso, ya que se considera que ha renunciado tácitamente al pacto arbitral, lo que permite a la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejercer su competencia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la renuncia tácita al pacto arbitral, independientemente de los argumentos específicos utilizados por el juzgador de instancia. Además, en un contrato de derecho privado de ejecución sucesiva sin cláusula de liquidación, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se inicia desde el día siguiente a la terminación del contrato. Asimismo, el pacto y el ejercicio de facultades unilaterales en contratos de derecho privado son válidos, pero las partes pueden imponer límites al ejercicio de estas facultades, como plazos temporales para realizar descuentos, sin que esto signifique la extinción de los derechos sustantivos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo el contrato era de ejecución sucesiva, pero no requería liquidación, ya que se trató de un contrato sometido al derecho privado en el cual las partes no pactaron una cláusula de liquidación…¿El pacto y el ejercicio de una facultad unilateral en un contrato de derecho privado, como los descuentos, son válidos, así como los límites que las partes imponen al ejercicio de dichas facultades…¿Procede la declaratoria de incumplimiento del contrato de transferencia de activos como consecuencia de la práctica de unos descuentos y provisiones realizados por la demandada…
¿Hay lugar a invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado que de su texto propuso la firma demandante? No
El liquidador de una entidad estatal en liquidación ejerce una función pública cuyos efectos se extienden en el tiempo incluso después de que concluya la liquidación, y es responsable indirectamente por los perjuicios ocasionados por su actuación dolosa o gravemente culposa. La entidad en liquidación mantiene su capacidad jurídica para concluir operaciones pendientes y enajenar bienes de la masa en liquidación, siendo representada por el liquidador. La Sala confirma que no es posible invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado de su texto, reafirmando la importancia de la liquidez del negocio jurídico y la necesidad de una interpretación integral del contrato. Esta decisión reitera la responsabilidad del liquidador y la continuidad de la función pública que ejerce, con implicaciones significativas para el control jurisdiccional de los actos administrativos durante y después del proceso de liquidación.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidadora está llamada a responder por los perjuicios que indirectamente hubiera generado la nulidad en cuanto hubiera sido ocasionada por el actuar doloso o gravemente culposo en el desempeño…¿El liquidador ejerce una función pública atribuida a él directamente, cuyos efectos se extienden en el tiempo pese a que la liquidación concluya?¿La entidad demandada insiste en la excepción de falta de legitimación en la causa que le asiste?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2026-02-04Sala Consulta y Servicio CivilJOHN JAIRO MORALES ALZATERad. 11001030600020250046800CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿Alianza Fiduciaria S.A. es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional por el período durante el cual laboró en la extinta Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica SA (Corelca S.A.)? Sí
La entidad administradora del patrimonio autónomo resulta competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de bonos pensionales correspondientes a períodos laborados en empresas estatales extintas. Conforme a las normas del sistema de seguridad social y la Ley 100 de 1993, estos documentos de contenido crediticio representan el tiempo de servicios y el pasivo pensional a cargo de la Nación o de los empleadores responsables, debiendo expedirse y redimirse al cumplirse los requisitos legales de vejez, con exhorto a la pronta respuesta judicial debido a la especial protección constitucional predicable de las personas adultas mayores.síntesis automática
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-05-18Sala Consulta y Servicio CivilEDGAR GONZÁLEZ LÓPEZRad. 11001030600020220012800CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.) puede dar y recibir en donación hacia y desde entidades públicas, bienes «públicos», muebles e inmuebles? Sí
La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), puede efectuar donaciones de bienes de su propiedad, muebles o inmuebles, a otras entidades públicas y recibir donaciones de bienes de propiedad de estas, muebles o inmuebles, de conformidad con los requisitos expuestos en este concepto.
También resuelve:¿La CIAC S.A. puede enajenar a título gratuito a entidades estatales, bienes muebles que no utiliza, sin transgredir la norma que la excluye de la aplicación del estatuto general de contratación de…
¿Las pruebas ofrecen certeza sobre la suma reconocida por el consorcio interventor al contratista sin la anuencia de la entidad contratante? No
El acta de recibo final de obra no basta, por sí sola, para demostrar las obras ejecutadas ni los saldos que se reclaman en una liquidación judicial, pues el acta es un documento que registra cantidades y valores, pero su fuerza depende de los soportes que la fundamentan. Una razón es que la integralidad del acta de recibo final es la que conduce al reconocimiento de los saldos, y un resumen de esa acta no alcanza para acreditar las actividades cobradas. Otra razón es que el demandante debía entregar los soportes que acreditaran el fundamento de las prestaciones adeudadas, y las afirmaciones genéricas del testimonio no suplen esa carga. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia porque las pruebas no ofrecían certeza sobre la suma reconocida por el interventor al contratista sin la anuencia de la entidad, y el recurso de apelación del demandante no prosperó. Su consecuencia práctica es que el contratista que reclama saldos debe aportar los soportes completos de cada ítem, no solo el acta final.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de recibo final por sí sola no es suficiente para demostrar las obras ejecutadas?¿La entidad contratante no suscribió el acta de recibo final y tampoco obra en el expediente alguna prueba de la aceptación expresa del acreedor frente a la ejecución de las obras?¿Lo manifestado por la testigo es idóneo para demostrar que se trataba de una suma a favor del contratista?
¿Cuándo existe legitimación en la causa por activa para demandar el incumplimiento de un contrato estatal? Sí
El contratista no tiene legitimación en la causa por activa para demandar el incumplimiento de un contrato estatal cuando no se acredita su calidad de parte en alguno de los extremos del contrato, como en el caso de la cesión del contrato de arrendamiento, que requiere el consentimiento inequívoco de la sociedad cesionaria y el representante legal de la cesionaria para ser válida. De acuerdo con el artículo 888 del Código de Comercio, la cesión de un contrato escrito debe perfeccionarse por escrito, mientras que la cesión de un contrato verbal puede hacerse verbalmente. Además, un representante de una alianza que no constituye una persona jurídica distinta de las sociedades que la integran, sin ser representante legal de la sociedad cesionaria, no está legitimado para ejercer actos dispositivos en nombre de la sociedad, lo que implica que la cesión no se perfecciona y la demanda es inadmisible.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo se perfecciona la cesión de un contrato verbal o escrito?¿Un representante de una alianza cuya agrupación no conforma una persona jurídica distinta de las sociedades, sin ser representante legal…¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para resolver una controversia contractual de la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy Sociedad de Activos Especiales?
¿Los contratos de concesión para la prestación del servicio público de aseo están sometidos al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista no incluye la cláusula de reversión en contratos de concesión de servicios públicos, ya que estos no implican la explotación de bienes del Estado, sino la prestación de un servicio en un área de servicio exclusivo. Según el artículo 32 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, la cláusula de reversión se aplica a la concesión de bienes, no a servicios públicos. En este caso, el contrato celebrado por la entidad territorial con Atesa para la prestación del servicio público de aseo no contempla la reversión, ya que la prestación del servicio no es monopolística y puede ser realizada por cualquier operador en un sistema de libre mercado. La entidad contratante debe evaluar la conveniencia de incluir la cláusula de reversión en función del valor presente neto del contrato, considerando que la prestación del servicio no implica la explotación de bienes estatales. La Sala reitera que la cláusula de reversión no es aplicable en contratos de concesión de servicios públicos, lo que implica que el contratista no está obligado a incluirla en dichos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato de concesión del servicio público de aseo se debe tener por incluida la cláusula de reversión?¿La amortización de sumas de dinero en el contrato debe ser expresamente pactada?¿La cláusula de reversión es de la esencia de todos los contratos de concesión?
¿Está demostrado el daño por sobre costos por mayor permanencia en obra a pesar de que el demandante aceptó la modificación del plazo del contrato sin afectación al valor del contrato? No
La ausencia de salvedades en los pactos modificatorios no impide que prosperen las reclamaciones por mayor permanencia, pero esas reclamaciones solo son viables si se prueba que son imputables a la contraparte y si no quedaron renunciadas expresamente en los acuerdos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las partes hicieron manifestaciones expresas sobre las reclamaciones en los pactos modificatorios, por lo que no existe silencio al que deba otorgarse efectos dispositivos, según la sentencia de unificación de la Sección Tercera. Segunda, las cláusulas de renuncia no fueron impugnadas en la demanda, de modo que el juez debe considerarlas en su validez. Tercera, aunque algunos hechos sean posteriores a los acuerdos, la existencia de una reclamación no conlleva la prosperidad sin análisis de imputabilidad a la contraparte. La providencia confirma la sentencia que negó las pretensiones. La consecuencia práctica es que la renuncia expresa en pactos modificatorios sin impugnación vincula la reclamación posterior, y el contratista debe demostrar la imputabilidad de los sobrecostos.síntesis automática
También resuelve:¿Se deben dejar salvedades en los pactos modificatorios celebrados por las partes durante la ejecución del contrato para que prosperen las pretensiones de la demanda previo un análisis de…¿Es perfectamente válido que en el marco de las relaciones negociales las partes puedan regular lo atinente a la responsabilidad?¿La renuncia expresa a reclamaciones derivadas de los efectos de los acuerdos entre las partes del contrato como los acuerdos de extensión del plazo de ejecución del contrato…
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
En las controversias contractuales, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía de la pretensión mayor supera el monto fijado por la ley, y la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por desequilibrio económico o incumplimiento del contrato. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA modificado por la Ley 1107 de 2006. Segunda, el artículo 129 del CCA atribuye al Consejo de Estado los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos. Tercera, la pretensión mayor supera el monto previsto en el numeral 5 del artículo 132 del CCA, lo que determina la competencia por cuantía. En consecuencia, la providencia confirma la sentencia apelada. El documento reitera la línea sobre la acción de controversias contractuales como medio idóneo.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato?¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos que requieren liquidación, caduca en dos años contados desde la firma del acta de liquidación?¿Los documentos en copia simple y los documentos públicos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?