Titulación de la relatoría 41.626 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO
Problema jurídico:
¿De conformidad con el artículo 142 del CPACA, el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el numeral 13 del artículo 149 del CPACA (sin la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021), es competente el Consejo de Estado, en única instancia, para conocer el medio de control de repetición promovido por el Estado contra un representante a la Cámara, atendiendo a su calidad Como representante?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia funcional del medio de control de repetición, la Ley 1437 de 2011, norma vigente al momento de la presentación de la demanda, en sus artículos 149, 152 y 155 introdujo el factor subjetivo -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- y el objetivo por cuantía para los de doble instancia. De hecho, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 del CPACA sin la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado conoce, en única instancia, de los procesos de repetición que el Estado ejerce contra los senadores y representantes. En este sentido, atendiendo a la calidad de P. M. M. A. como representante a la Cámara se concluye que esta Corporación es competente para decidir de fondo el presente proceso, en única instancia (hechos referidos 8.2.1. y 8.2.2.).
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la aplicación del Código General del Proceso, revisar: Consejo de Estado, auto de unificación de 25 de junio de 2014, rad. 49299, C.P. Enrique de Jesús Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 155, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿De conformidad con el artículo 2º de la Ley 678 de 2001 y el artículo 90 de la Constitución Política, procede el medio de control de repetición cuando se pretende declarar patrimonialmente responsable a un servidor público por el pago realizado por el Estado en cumplimiento de una condena judicial, originada en una actuación dolosa o gravemente culposa?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, la acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a P. M. M. A. patrimonialmente responsable del pago de $44’073.853, realizado en cumplimiento de la condena que impuso el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante fallo del 23 de julio de 2020.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿De conformidad con el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA, se presentó la demanda dentro del término de dos años contados a partir del día siguiente al pago de la condena, considerando que el pago se realizó el 29 de diciembre de 2020 y la demanda se interpuso el 24 de septiembre de 2021?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. Ahora bien, en los eventos en los que la norma aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el literal l) del numeral segundo del artículo 164 dispone que para el ejercicio del medio de control de repetición el término de dos años se contará a partir del día siguiente al del pago de la condena o conciliación o, a más tardar, desde el día siguiente al del vencimiento de plazo máximo con el que cuenta la entidad para efectuar el pago correspondiente. Cabe recordar que el plazo para el pago será de 10 meses si el proceso en el que se profirió la condena o se aprobó la conciliación empezó en vigencia del CPACA. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 23 de julio de 2020, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la providencia del 13 de diciembre de 2016 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, quedó ejecutoriada el 24 de septiembre de 2020, tal como se dejó constancia en la Resolución No. 1985 del 21 de diciembre de 2020 que dio cumplimiento a la condena judicial; ii) que según certificación expedida por el jefe de la Sección de Pagaduría de la Cámara de Representantes, el 29 de diciembre de 2020, esa entidad pagó mediante trasferencia bancaria a J. A. C. M. la suma de $44’073.853; iii) que el plazo de los 10 meses para cumplir la condena se cumplió el 24 de julio de 2021; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la condena; y iv) que la demanda se presentó el 24 de septiembre de 2021, esto es, dentro de los dos años que otorga el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPCA para presentarla de forma oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la vigencia del medio de control, revisar: Consejo de Estado, sentencia de 16 de diciembre de 2020, rad. 51252, C.P. Jaime Enrique Rodriguez Navas; Corte Constitucional, sentencia de 22 de mayo de 2002, C-394 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; Consejo de Estado, sentencia de 23 de febrero de 2006, rad. 6871-05; Corte Constitucional, sentencia de14 de octubre de 1998, C-574 de 1998, M.P. Jorge Hernán Gil Echeverry; Consejo de Estado, auto de unificación de 25 de junio de 2014, rad. 49299, C.P. Enrique de Jesús Gil Botero; Consejo de Estado, sentencia de 23 de marzo de 2018, rad. 59245, C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, sentencia de 6 de diciembre de 2017, rad. 50192, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y Consejo de Estado, sentencia de 30 de agosto de 2018, rad. 55661, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 306
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / PARTES DEL PROCESO / CALIDAD DE LAS PARTES DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿Las partes mencionadas en el proceso se encuentran debidamente legitimadas en la causa por activa y por pasiva conforme a los hechos probados y a la normativa aplicable?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis. La Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes está legitimada en la causa por activa, pues es la entidad pública que fue condenada por el Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 23 de julio de 2020. P. M. M. A. está legitimado en la causa por pasiva, pues presuntamente fue el agente que con su conducta dolosa y/o gravemente culposa dio lugar a la condena impuesta en contra de la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes, dado que en su calidad de representante a la Cámara y presidente de la Comisión Cuarta Constitucional permanente de la Cámara de Representantes presentó la queja disciplinaria contra el juez primero administrativo del Circuito de Valledupar, la cual resultó archivada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y que dio lugar a la condena judicial contra la entidad demandante dentro del proceso de reparación directa No. 20-001-33-33-004-2013-00369-0032 .
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Es aplicable al caso sub examine el régimen previsto en la Ley 678 de 2001, sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022, dado que los hechos que originaron la condena ocurrieron en 2011, antes de la entrada en vigencia de esta última normativa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando aspectos generales como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes ocurrieron en 2011, esto es, cuando P. M. M. A. en calidad de representante a la Cámara y actuando como presidente de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, radicó queja disciplinaria contra el juez primero administrativo del Circuito de Valledupar, J. A. C. M., el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001, sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022, toda vez que esta última normativa no estaba vigente al momento de los hechos.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al régimen jurídico, revisar: Consejo de Estado, sentencia de 31 de agosto de 2006, rad. 28448, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, sentencia de 23 de noviembre de 2016, rad. 46108, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y Consejo de Estado, sentencia de 22 de noviembre de 2021, rad. 47535, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 2195 DE 2022, LEY 678 DE 2001
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO OBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SENTENCIA CONDENATORIA / AGENTE DEL ESTADO / CONDENA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA
Problema jurídico:
¿Se cumple el presupuesto previsto en el artículo 2° de la Ley 678 de 2001, consistente en la existencia de una condena judicial ejecutoriada que impuso al Estado la obligación de pagar una suma de dinero, en el caso sub examine?
Respuesta al problema jurídico: Si
El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 2001. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que mediante fallo del 23 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la sentencia del 13 de diciembre de 2016, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar que declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes por la violación de los derechos fundamentales a la honra y buen nombre de J. A. C. M. y condenó a dicha entidad a pagar el equivalente a 50 SMLMV, por concepto de perjuicios morales.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante, revisar: Consejo de Estado, sentencia de 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SERVIDOR PÚBLICO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / EXSERVIDOR PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Se cumple el segundo presupuesto para la procedencia de la acción de repetición, consistente en que el demandado tenía la calidad de servidor público para la época de los hechos, según lo acreditado con las certificaciones aportadas?
Respuesta al problema jurídico: Si
El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. En el caso sub judice, para probar la calidad de servidor público del demandado, la parte actora aportó los siguientes medios probatorios: Certificación suscrita el 4 de agosto de 2021 por el subsecretario general de la Cámara de Representantes, en la que hizo constar que P. M. M. A. fue elegido representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Cesar para el período constitucional 2006-2010, que tomó posesión el 20 de julio de 2006 y que ejerció el cargo ininterrumpidamente hasta el 19 de julio de 2010, fecha en que terminó su período constitucional. Igualmente, constató que P. M. M. A. fue elegido representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Cesar para el período constitucional 2010-2014, para cuyo efecto tomó posesión del cargo el 20 de julio de 2010 y que mediante Resolución No. MD0344 de 2014 fue suspendido en su cargo de congresista, a partir del 12 de marzo de 2014, sin indicar si reanudó sus funciones. De ello da cuenta la certificación del 4 de agosto de 2021. Oficio del 6 de agosto de 2021, por el cual la secretaria de la Comisión Cuarta Constitucional permanente de la Cámara de Representantes certificó que el ex representante a la Cámara P. M. M. A. fungió como presidente de dicha Comisión para la legislatura comprendida entre julio de 2010 y julio de 2011, según consta en el Acta No. 001 del 28 de julio de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso No. 584 de 2010. De ello da cuenta el oficio del 6 de agosto de 2021. Según lo expuesto, está demostrado que P. M. M. A. tenía la calidad de servidor público de la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes para la época de los hechos.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Se cumple el tercer presupuesto para la procedencia de la acción de repetición, consistente en acreditar el pago efectivo de la condena impuesta al Estado, según lo demostrado con la Resolución No. 1985 del 21 de diciembre de 2020 y la certificación del 28 de julio de 2021?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. A efectos de demostrar este requisito, en el caso sub examine la actora aportó las siguientes pruebas: Copia de la Resolución No. 1985 del 21 de diciembre de 2020, proferida por el director administrativo de la Cámara de Representantes “por la cual se da cumplimiento a las decisiones judiciales proferidas al interior de la reparación directa No. 20-001-33-33-004-2013-00369-00”, en la que se ordenó pagar $43’890.150 de capital más $183.706 de intereses para un total de $44’073.853 a la cuenta de ahorros del banco BBVA No. 938282860 a nombre de J. A. C. M. De ello da cuenta copia de la mencionada resolución. Certificación expedida por el jefe de la Sección de Pagaduría de la Cámara de Representantes, en la que hace constar que “una vez revisado el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF de la Nación, se pudo constatar que el 29 de diciembre de 2020 se efectuó una transferencia a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público correspondiente a la Unidad Ejecutora 01-01-02 (Cámara de Representantes), con la orden de pago No. 388517720 a favor de J. A. C. M. identificado con cédula de ciudadanía No. […] por valor de cuarenta y cuatro millones setenta y tres mil ochocientos cincuenta y tres pesos M/cte ($44’073.853). Lo anterior dándole cumplimiento a las decisiones judiciales proferidas al interior de la reparación directa No. 20-001-33-33-004- 2013-00369-00, la cual se reconoció mediante Resolución No. 1985 del 21 de diciembre de 2020”. De ello da cuenta copia de la certificación del 28 de julio de 2021. Ahora bien, el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, dispone que “cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño”. Así también lo reconoció la Sala en un asunto similar. Al respecto, aunque el referido artículo 142, señala que el certificado de pagador, tesorero o servidor público es prueba suficiente “para iniciar” el proceso de repetición, lo cierto es que dicha prueba per se no acredita definitivamente el pago de la condena impuesta contra el Estado, tal como lo sostuvo la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación: "[P]reciso es advertir que lo dispuesto no implica que los documentos expedidos por el servidor público a cargo, sea una prueba definitiva e incontrovertible desde la presentación de la demanda, pues es importante recalcar que aquellos adquieren esa condición cuando su contenido acredite con suficiencia el hecho que se certifica y en la medida que estando a la disposición de la parte contraria, no han sido controvertidos, objetados o tachados de falsos. Así, antes de superar tales eventos, tan solo son prueba sumaria que sirve como presupuesto para la admisión de la demanda de repetición, pero no así para la definición del fondo del asunto hasta que sea controvertida" . Justamente, el Consejo de Estado en reciente oportunidad, se pronunció sobre el alcance del citado artículo 142 del CPACA, específicamente sobre la calidad de prueba sumaria de la certificación expedida por el pagador o tesorero para iniciar el proceso de repetición, manifestando que si bien dicho documento es sumario al presentarse la demanda, lo cierto es que al contestarse ésta, deja de ser sumario para convertirse en plena prueba porque ya puede ser objeto de contradicción por la parte contra quien se aduce. En suma, de conformidad con lo expuesto se evidencia que está acreditado el pago de la condena impuesta a la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes mediante sentencia del 23 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al pago de la obligación reparatoria en el medio de control de repetición, revisar: Consejo de Estado, sentencia de 17 de junio de 2024, rad. 60977, C.P. Nicolas Yepes Corrales; Consejo de Estado, sentencia de 22 de noviembre de 2021, rad. 54518, C.P. José Roberto Sáchica Méndez y Consejo de Estado, sentencia de 16 de julio de 2021, rad. 49051, C.P. José Roberto Sáchica Méndez .
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE / CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿Se cumple el cuarto presupuesto para la procedencia de la acción de repetición, consistente en demostrar que la conducta del agente fue dolosa o gravemente culposa y que existe relación de causalidad entre dicha conducta y la condena impuesta al Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. Como lo ha sostenido esta Corporación, para el estudio del dolo o la culpa grave se debe acudir a las normas vigentes para la época de los hechos que originaron la condena. En el caso en particular, aquella resulta ser la Ley 678 de 2001, en virtud de la cual hay lugar a predicar las presunciones previstas en la ley referida. Al efecto, el artículo 5° de la Ley 678 de 2001, prevé que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Asimismo, dispone que se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: 1. Obrar con desviación de poder; 2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento; 3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración; 4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado; y 5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial. A su turno, el artículo 6° de la misma norma, dispone que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Esta norma señala que se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho; 2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable; 3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable y; 4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal. Pese a lo anterior, es menester recordar que en sentencia C-374 de 2002 la Corte Constitucional señaló que la parte demandada puede desvirtuar este tipo de presunciones de hecho mediante prueba en contrario; posición que posteriormente fue reiterada por el Consejo de Estado mediante sentencia del 6 de julio de 2017, en la que indicó que las presunciones que contempló la Ley 678 de 2001 son legales, esto es, que admiten prueba en contrario, con lo cual se garantiza el ejercicio del derecho de defensa. Además, la jurisprudencia de esta Sección ha destacado que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá. probar el supuesto de hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume. Justamente, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-354 de 202054, fijó unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en cuenta por los funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición. Entre ellos, dicha Corporación advirtió que la entidad demandante debía probar plenamente y, al margen del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del Estado, “la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a título de dolo o culpa grave”. De hecho, en esa misma oportunidad el alto tribunal indicó que las presunciones legales de dolo y culpa grave, contempladas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, no relevan a la entidad actora de probar ante el juez contencioso administrativo que el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión atribuible al demandado, y que tal actuación se enmarca en alguno de los supuestos legales, como por ejemplo, la desviación de poder, pues “está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la administración”, toda vez que la determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos de juicio allegados al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su derecho de defensa. (…) Así las cosas, en lo que respecta a la responsabilidad del demandado, debe reiterarse que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001, deberá probar el supuesto de hecho en que se funda, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume. Además, respecto de aquellas situaciones que no se subsumen en los supuestos contemplados en las presunciones previstas en los artículos 5° y 6° de la referida norma, la parte actora debe, entonces, demostrar que en el caso concreto se configuró el dolo o la culpa grave del agente con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil. De lo hasta aquí expuesto, encuentra la Sala que la parte demandante probó el obrar gravemente culposo de P. M. M. A., pues al proceso se allegó la queja disciplinaria instaurada por el excongresista, en su calidad de presidente de la Comisión Cuarta Constitucional permanente de la Cámara de Representantes usando la papelería y membrete de esa Corporación Legislativa, contra el juez primero administrativo del Circuito de Valledupar J. A. C. M., en la que lo acusó de actuaciones temerarias y dilatorias de un proceso de acción popular sin aportar prueba alguna que soportara sus acusaciones (hecho probado 8.4.1.), ante lo cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar ordenó terminar el procedimiento disciplinario y ordenar el archivo definitivo en favor del juez primero administrativo del Circuito de Valledupar J. A. C. M., al encontrar que la conducta del investigado no era constitutiva de falta disciplinaria (hecho probado 8.4.2.). Lo anterior con fundamento en que las afirmaciones del quejoso no solo carecían de sustento fáctico y probatorio, sino que, incluso, frente a una mora de 17 días en que incurrió el juez para resolver si concedía o no un recurso de apelación, esa Sala advirtió que el retardo era justificado, pues, aunque excedió el término estrictamente legal, no afectó de manera sustantiva la pronta administración de justicia, ni se estableció ninguna circunstancia debidamente probada en la que se hubiera fundado el quejoso para acusar al juez de una supuesta afectación al patrimonio de una entidad pública, debido a la mora en una actuación procesal. (…) En efecto, con el texto de la queja disciplinaria presentada por el hoy demandado, quedó en evidencia que este formuló acusaciones temerarias e infundadas contra un juez de la República, con lo cual se concretó la violación manifiesta e inexcusable de las normas superiores y convencionales que protegen los derechos a la honra y al buen nombre del afectado, misma vulneración por la cual la demandante resultó condenada en el proceso de reparación directa No. 20-001- 33-33-004-2013-00369-00 y debió pagarle una indemnización.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la conducta dolosa o gravemente culposa del agente en la causación del daño reparado por el Estado, revisar: Consejo de Estado, sentencia de 12 de septiembre de 2016, rad. 56284, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, sentencia de 30 de agosto de 2018, rad. 55661, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, sentencia de 26 de febrero de 2009, rad. 30329, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Consejo de Estado, sentencia de 22 de julio de 2009, rad. 25659, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, sentencia de 6 de julio de 2017, rad. 45203, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, sentencia de 7 de agosto de 2017, rad. 42777, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, sentencia de 29 de mayo de 2014, rad. 40755, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; Consejo de Estado, sentencia de 22 de octubre de 2021, rad. 62571, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de 26 de agosto de 2020, SU-354 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿La conducta del ex congresista P. M. M. A. fue gravemente culposa y ello dio lugar a la condena impuesta dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado No. 20-001- 33-33-004-2013-00369-00 en el cual se dispuso: declarar la responsabilidad extracontractual de naturaleza patrimonial de la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes, por la vulneración de los derechos fundamentales a la honra y buen nombre del señor J. A. C. M. y; ii) condena a esa entidad a pagar por concepto de perjuicios morales al señor J. A. C. M., en su condición de víctima directa, la suma de 50 SMLMV. Igualmente, si, en consecuencia, se configuran todos los presupuestos necesarios para que prospere el medio de control de repetición instaurado en su contra?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. En este sentido, en aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos para la procedencia del medio de control de repetición, ya que para la configuración de dicho instituto jurídico todos ellos deben estar acreditados. Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia de uno de estos elementos el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aún ante su existencia, no será posible declarar la procedencia del medio de control de repetición y, por ende, declarar patrimonialmente responsable al agente por los hechos que dieron lugar a la condena o conciliación contra el Estado y condenarlo a reembolsar la suma de dinero que éste pagó. (...) Por todo lo expuesto, se declarará la responsabilidad patrimonial del demandado P. M. M. A., dado que se probó que su conducta gravemente culposa violatoria de los derechos a la honra y al buen nombre de J. A. C. M., dio lugar a la condena judicial que debió pagar la entidad accionante.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al medio de control de repetición, revisar: Consejo de Estado, sentencia de 27 de noviembre de 2006, rad. 22099, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Consejo de Estado, sentencia de 6 de diciembre de 2006, rad. 22056, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, sentencia de12 de diciembre del 2007, rad. 27006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, sentencia de 29 de mayo del 2014, rad. 42183, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero y Consejo de Estado, sentencia de 10 de diciembre de 2018, rad. 60423, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Es procedente condenar en costas y fijar agencias en derecho a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 366 del Código General del Proceso, al haber resultado vencida en el proceso de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. (…) De acuerdo con lo anterior, y conforme a los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.1 ejusdem, la Sala encuentra que es procedente condenar a la parte demandada a pagar las costas y agencias en derecho, toda vez que fue la parte vencida en el proceso de repetición. En relación con las agencias en procesos de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, en concordancia con los artículos 5, numeral 1° del Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016 vigente para el momento de la presentación de la demanda, tratándose de procesos “declarativos en general” que se surten en única instancia la tarifa de agencias en derecho será entre 5% y el 15% de lo pedido. En este orden, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en la suma de $2’203.692, que equivale al 5% de lo pedido en la demanda, que el demandado deberá pagar a la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes, cuya liquidación se hará de manera concentrada por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4