Síntesis de la providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Lo que dijo la Sala
El argumento planteado en la sentencia de la Subsección implica que en reparación directa ningún aspecto pueda ser apelado por el Ministerio Público, porque si sus agentes no están facultados para cuestionar las decisiones relativas a los presupuestos procesales de la acción, por ser un aspecto reservado a la parte actora, bajo el mismo razonamiento habría que concluir que no están habilitados para recurrir sentencias de fondo que niegan o conceden las pretensiones, pues una decisión en tal sentido estaría relacionada directamente con los intereses de una de las partes. De este modo, la intervención del Ministerio Público estaría limitada a las acciones públicas, lo que desconoce la normativa y jurisprudencia de unificación sobre este tema, criterio que no estimo adecuado.
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Problema jurídico
¿La intervención del Ministerio Público está limitada a las acciones públicas?
Respuesta: No
También resuelve
- ¿Se entiende que la intervención del Ministerio Público es a favor del bien común, al margen de que alguna de las partes pueda resultar beneficiada?
- ¿El Ministerio Público está facultado para intervenir en los procesos e incidentes que se adelanten ante esta jurisdicción?
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Titulación de la relatoría 4.961 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / ARGUMENTO DE LA SENTENCIA / DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA / FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO / INTERVENCIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / POTESTAD DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA INTERPONER RECURSOS / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OBLIGACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO / DEMANDA DE LA ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD / DIFERENCIA DE CRITERIOS
Problema jurídico:
¿La intervención del Ministerio Público está limitada a las acciones públicas?
Respuesta al problema jurídico: No
El argumento planteado en la sentencia de la Subsección implica que en reparación directa ningún aspecto pueda ser apelado por el Ministerio Público, porque si sus agentes no están facultados para cuestionar las decisiones relativas a los presupuestos procesales de la acción, por ser un aspecto reservado a la parte actora, bajo el mismo razonamiento habría que concluir que no están habilitados para recurrir sentencias de fondo que niegan o conceden las pretensiones, pues una decisión en tal sentido estaría relacionada directamente con los intereses de una de las partes. De este modo, la intervención del Ministerio Público estaría limitada a las acciones públicas, lo que desconoce la normativa y jurisprudencia de unificación sobre este tema, criterio que no estimo adecuado.
RECHAZO DEL RECURSO DE APELACIÓN POR IMPROCEDENTE / POTESTAD DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA INTERPONER RECURSOS / FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO / INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / IMPEDIMENTO DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO / PRINCIPIO DEL BIEN COMÚN / INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿Se entiende que la intervención del Ministerio Público es a favor del bien común, al margen de que alguna de las partes pueda resultar beneficiada?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]onsidero que la decisión de rechazar por improcedente el recurso de apelación promovido por el Ministerio Público contra la sentencia de primer grado restringe su facultad de intervención, pues, si bien a los procesos de repetición les es inherente un interés patrimonial, lo cierto es que tal circunstancia no constituye un impedimento legal para que los agentes puedan actuar, dado que se entiende que su intervención es a favor del bien común, al margen de que alguna de las partes pueda resultar beneficiada. [L]a apelación del Ministerio Público versaba, en esencia, sobre el aparente desconocimiento del artículo 2 de la Ley 678 de 2001, relacionado con la legitimación en la causa por pasiva, y la valoración de los elementos de juicio frente a la acreditación de la culpa grave del demandado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la intervención del Ministerio Público para impugnar providencias, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2018, rad. 36853, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO / INTERVENCIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / AUTO DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / POTESTAD DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA INTERPONER RECURSOS / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ORDEN JURÍDICO SOCIAL / DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES / CONCESIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿El Ministerio Público está facultado para intervenir en los procesos e incidentes que se adelanten ante esta jurisdicción?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n virtud de lo dispuesto en el ordinal séptimo del artículo 277 de la Constitución Política, en concordancia el artículo 303 del CPACA, el Ministerio Público está facultado para intervenir en los procesos e incidentes que se adelanten ante esta jurisdicción. [E]sta Sección, a través de auto del 17 de septiembre de 2014, unificó su criterio respecto de la procedencia de las apelaciones presentadas por los agentes del Ministerio Público en los procesos de carácter ordinario de conocimiento de esta jurisdicción, en el sentido de precisar que deben ser tramitadas sólo cuando su finalidad sea la protección de los intereses superiores antes mencionados -defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales-, presupuesto cuyo cumplimiento se debe verificar a partir de las razones que se invoquen para que se conceda el recurso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las apelaciones presentadas por los agentes del Ministerio Público en los procesos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación del 17 de septiembre de 2014, rad. 44541, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 277 NUMERAL 7, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 303