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Consejo de Estado
Providencia
No es susceptible de aprobación judicial un acuerdo denominado “acuerdo conciliatorio” suscrito directamente por las partes
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-10-17
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 85001233300020210026301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es susceptible de aprobación judicial un acuerdo denominado “acuerdo conciliatorio” suscrito directamente por las partes, sin la participación del agente del Ministerio Público? No
El contratista no puede obtener la aprobación judicial de un acuerdo conciliatorio suscrito directamente con la entidad estatal sin la intervención del agente del Ministerio Público en calidad de conciliador, ya que este tercero neutral es esencial para la estructuración de una fórmula de arreglo definitiva y para dar fe de la decisión adoptada por las partes, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2213 de 2022. La omisión de la participación del agente del Ministerio Público invalida el acuerdo conciliatorio, impidiendo su aprobación judicial, lo que reitera la necesidad de cumplir con todos los requisitos formales y sustanciales de la conciliación extrajudicial en materia de contratación estatal.síntesis automática
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Luego no puede pasar por alto, en esas condiciones, la ausencia de este agente especial.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 44001234000020220001801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Dados los antecedes que rodean el caso concreto, debe revocarse el auto mediante el cual el Tribunal Administrativo de la Guajira no aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes, con el ánimo de lograr la participación de la Procuraduría General de la Nación a través de su delegado para el Despacho que conoció la primera instancia y revestir el asunto de legalidad, legitimidad y garantías para el ejercicio de la revisión de la conciliación judicial que se somete a estudio y, con ello, de la protección del erario y la preservación del ordenamiento jurídico? Sí
El contratista debe solicitar la intervención del Ministerio Público en la conciliación judicial para garantizar la legalidad, legitimidad y protección del erario, ya que este órgano es crucial para determinar si la conciliación cumple con los requisitos legales y constitucionales y no resulta lesiva para el patrimonio público. En este caso, la Procuraduría General de la Nación no tuvo la oportunidad de conocer el acuerdo final de conciliación, lo que implica una falta de garantías para el ejercicio de la revisión de la conciliación judicial. La Sala revoca el auto que no aprobó el acuerdo conciliatorio, devolviendo el asunto al Tribunal Administrativo de la Guajira para que comunique al Procurador 154 Judicial II para Asuntos Administrativos la fórmula conciliatoria lograda y este, a partir de los antecedentes del caso y la fórmula lograda, conceptúe y defina si el asunto es conciliable y cumple con los requisitos legales. Esta decisión implica que en casos similares, la participación del Ministerio Público es esencial para garantizar la legalidad y la protección del patrimonio público en la conciliación judicial.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El Ministerio Público está facultado para solicitar pruebas en segunda instancia
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas
2024-05-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020140131803
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Ministerio Público está facultado para solicitar pruebas en segunda instancia dentro del proceso contencioso administrativo? Sí
Cuando el agente del Ministerio Público interviene como demandante en un proceso contencioso administrativo, está facultado para solicitar pruebas, pero no puede hacerlo en cualquier momento, porque no puede reabrir las etapas procesales ya agotadas. La regla se sostiene en tres razones: el Ministerio Público tiene funciones generales conforme al artículo 277 de la Constitución, que incluyen la legitimación para actuar en el proceso; la solicitud de pruebas en segunda instancia debe presentarse hasta la ejecutoria del auto que admite el recurso y debe cumplir alguno de los requisitos del artículo 212 del C.P.A.C.A.; y la primera instancia es la oportunidad idónea para el debate probatorio, por lo que el juez debe rechazar las solicitudes que pretendan subsanar el incumplimiento de las cargas probatorias de las partes. En el caso, la petición probatoria del agente se formuló fuera de esas oportunidades y fue negada. El documento reitera la jurisprudencia sobre la facultad probatoria del Ministerio Público; la consecuencia práctica es que el agente debe pedir las pruebas en la primera instancia o dentro de los requisitos legales para la segunda.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta procedente la solicitud de pruebas presentada por el agente del Ministerio Público por fuera del término de la ejecutoria del auto que admitió los recursos de apelación que interpusieron las…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
La conciliación y la transacción son mecanismos jurídicos diferentes
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-11-11
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020180102302
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación y la transacción son mecanismos jurídicos diferentes en cuanto a su naturaleza, procedimiento e intervención de terceros? Sí
El contratista y la entidad estatal deben distinguir entre la conciliación y la transacción, mecanismos que aunque buscan resolver conflictos de manera consensuada, difieren en su naturaleza y procedimiento. La conciliación requiere la intervención de un conciliador o un agente del Ministerio Público, y su objetivo es extinguir la obligación en conflicto mediante la mediación de un tercero. En contraste, la transacción es un contrato bilateral en el que las partes realizan concesiones recíprocas para poner fin a un litigio pendiente o potencial sin la intervención de un tercero. La Sala reitera que la conciliación prevalida debe contar con la intervención de un conciliador, y que la transacción celebrada por entidades públicas debe cumplir con los requisitos contractuales y contar con la autorización previa de la autoridad competente, lo que implica que un acuerdo suscrito sin dicha intervención o autorización no puede ser considerado como una conciliación válida y debe ser tratado como una transacción, cuya aceptación depende de la legalidad y procedencia de los requisitos y autorizaciones respectivas.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede calificarse como conciliación un acuerdo suscrito entre entidades y particulares sin la intervención de un agente del Ministerio Público o de un juez?
¿Debe una transacción cumplir requisitos contractuales y contar con autorización previa de la autoridad competente cuando es celebrada por entidades públicas?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer del control judicial de un acuerdo conciliatorio celebrado entre entidades públicas, cuando en la controversia subyacente interviene una entidad estatal de carácter financiero.
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas
2025-10-14
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020210028701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer del control judicial de un acuerdo conciliatorio celebrado entre entidades públicas, cuando en la controversia subyacente interviene una entidad estatal de carácter financiero? Sí
El juez de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo debe conocer del control judicial de un acuerdo conciliatorio celebrado entre entidades públicas cuando en la controversia subyacente intervenga una entidad estatal de carácter financiero, como lo establece la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional. Este control implica verificar el cumplimiento de requisitos legales específicos, entre ellos que el acuerdo conciliatorio no sea violatorio de la ley ni lesivo para el patrimonio público, que las partes estén debidamente representadas y que cuente con las pruebas necesarias. Además, el juez puede valorar medios de prueba que no fueron aportados dentro de las oportunidades procesales previstas en la etapa de conciliación extrajudicial, siempre y cuando estas pruebas sean solicitadas por el agente del Ministerio Público y aportadas dentro del plazo de veinte días calendario. Esta decisión reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en casos de conciliación extrajudicial entre entidades públicas, incluyendo a entidades financieras, y establece los lineamientos para el control de legalidad de los acuerdos conciliatorios.síntesis automática
También resuelve:
¿El recurso de apelación interpuesto contra el auto que improbó el acuerdo conciliatorio fue presentado y sustentado oportunamente?
¿Debe el juez verificar el cumplimiento de requisitos legales específicos para aprobar una conciliación extrajudicial presentada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo?
¿Puede el juez valorar medios de prueba que no fueron aportados dentro de las oportunidades procesales previstas en la etapa de conciliación extrajudicial…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Se carece de legitimación en la causa por pasiva
Sentencia — Sentencia
2022-11-21
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 85001233300020160007001
LEY 1437 REPETICION
¿Se presenta falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que el demandado no participó en el procedimiento quirúrgico, posquirúrgico ni mucho menos en los trámites administrativos que tal procedimiento involucraba y por lo que se predica el daño que dio origen al proceso de reparación directa del que se derivó la condena por la que ahora se reclama con el medio de control de repetición? Sí
El contratista no tiene legitimación en la causa por pasiva en un medio de control de repetición, ya que no participó en el procedimiento quirúrgico ni en los trámites administrativos que dieron origen al daño que dio lugar a la condena en el proceso de reparación directa, y por tanto no puede ser responsable por la falta de defensa técnica que habría causado la condena. La falta de conexión entre la actuación del abogado y el daño que se pretende revertir, junto con la ausencia de una acción u omisión dolosa o gravemente culposa que cause un daño antijurídico, determina que no exista un vínculo inescindible que justifique la pretensión reversiva. Además, el Ministerio Público no tiene interés jurídico para impugnar la decisión de primera instancia cuando esta va dirigida a proteger los intereses patrimoniales de la parte actora, lo que transgrede los principios constitucionales de igualdad y debido proceso. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la necesidad de un vínculo directo entre la actuación del agente y el daño para establecer la responsabilidad del Estado y la legitimación en la causa en el medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:
¿Le asiste interés jurídico al Ministerio Público para impugnar la decisión de primera instancia, la cual va dirigida a proteger los intereses patrimoniales de la parte actora…
¿La legitimación de hecho se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal…
¿La repetición es una acción civil de carácter patrimonial, a través de la cual se promueve un juicio de responsabilidad frente a quien, por sus acciones u omisiones…
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
El primer reparo de los recurrentes contra el fallo de primera instancia, relacionado con la procedibilidad de la amigable composición en contratos celebrados con el Estado tiene vocación de prosperidad.
Sentencia — Sentencia
2024-05-22
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020060065001
ACCION CONTRACTUAL
¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de la decisión emitida por el amigable componedor, al acreditarse que este mecanismo es procedente en contratos celebrados con entidades públicas bajo la aplicación del artículo 130 de la Ley 446 de 1998? Sí
El juez administrativo reconoce la plena procedencia de la amigable composición en los contratos estatales celebrados con entidades públicas bajo la vigencia del artículo 130 de la Ley 446 de 1998 y los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993, descartando categóricamente cualquier objeto ilícito por no constituir un acuerdo contra legem, y estableciendo que el cómputo de la caducidad del medio de control de controversias contractuales consagrado en el artículo 136 numeral 10 del CCA se inicia estrictamente desde la fecha en que la decisión adoptada por el amigable componedor se torna definitiva al ser puesta formalmente en conocimiento de las partes procesales intervinientes dentro de la actuación judicial adelantada por la jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:
¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde que se notificó a las partes de la decisión emitida por el amigable componedor?
¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre los integrantes del consorcio contratista y sobre la Universidad Militar Nueva Granada como amigable componedor?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2023-02-10
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 85001233300020160007001
LEY 1437 REPETICION
¿La intervención del Ministerio Público está limitada a las acciones públicas? No
El argumento planteado en la sentencia de la Subsección implica que en reparación directa ningún aspecto pueda ser apelado por el Ministerio Público, porque si sus agentes no están facultados para cuestionar las decisiones relativas a los presupuestos procesales de la acción, por ser un aspecto reservado a la parte actora, bajo el mismo razonamiento habría que concluir que no están habilitados para recurrir sentencias de fondo que niegan o conceden las pretensiones, pues una decisión en tal sentido estaría relacionada directamente con los intereses de una de las partes. De este modo, la intervención del Ministerio Público estaría limitada a las acciones públicas, lo que desconoce la normativa y jurisprudencia de unificación sobre este tema, criterio que no estimo adecuado.
También resuelve:
¿Se entiende que la intervención del Ministerio Público es a favor del bien común, al margen de que alguna de las partes pueda resultar beneficiada?
¿El Ministerio Público está facultado para intervenir en los procesos e incidentes que se adelanten ante esta jurisdicción?