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Consejo de Estado
Providencia
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez.
Sentencia — Sentencia
2025-02-03
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 15001233300020190028001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales es el medio de control procedente para conocer sobre la responsabilidad contractual? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio… fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá [y la corporación] -entidad con un 51% de capital público- en el marco de sus funciones. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, [conforme] el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, [dado] que la pretensión [mayor], supera los 500 SMLMV. En virtud del artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, [se] declare el incumplimiento, [se] condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas.
También resuelve:
¿El municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó unilateralmente el acuerdo convencional?
¿En virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, existe la posibilidad de cooperación entre estas, mediante la celebración de convenios interadministrativos?
¿En los contratos administrativos las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues la contratista actúa a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El negocio jurídico se encuentra vigente a la presentación de la demanda cuando los aportes pactados no han sido satisfechos en su totalidad.
Sentencia — Sentencia
2026-01-30
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 05001233300020150145802
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿A la fecha de la presentación de la demanda, el negocio jurídico se encontraba vigente? Sí
El negocio jurídico celebrado entre entidades públicas se considera jurídicamente vigente para efectos del cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando una de las partes obligadas no ha transferido o ejecutado la totalidad de los aportes económicos pactados. En este proceso relativo a un convenio interadministrativo, la Sala verifica que el plazo comenzó a regir bajo la normatividad anterior y que la presentación oportuna de la demanda dentro del término legal permite desestimar los argumentos ministeriales de caducidad, imponiendo el pago de agencias en derecho a favor de la entidad demandante a cargo de las entidades recurrentes vencidas.síntesis automática
También resuelve:
¿Los convenios interadministrativos deben regularse por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes?
¿El acuerdo de voluntades consistió en una unión de esfuerzos entre distintas entidades para concurrir al pago del pasivo prestacional del sector salud?
¿Con la declaratoria de nulidad parcial del decreto, el fundamento normativo para que la ESE participara en el acuerdo de voluntades no estaba vigente al momento de la celebración de este último?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2023-02-10
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 85001233300020160007001
LEY 1437 REPETICION
¿La intervención del Ministerio Público está limitada a las acciones públicas? No
El argumento planteado en la sentencia de la Subsección implica que en reparación directa ningún aspecto pueda ser apelado por el Ministerio Público, porque si sus agentes no están facultados para cuestionar las decisiones relativas a los presupuestos procesales de la acción, por ser un aspecto reservado a la parte actora, bajo el mismo razonamiento habría que concluir que no están habilitados para recurrir sentencias de fondo que niegan o conceden las pretensiones, pues una decisión en tal sentido estaría relacionada directamente con los intereses de una de las partes. De este modo, la intervención del Ministerio Público estaría limitada a las acciones públicas, lo que desconoce la normativa y jurisprudencia de unificación sobre este tema, criterio que no estimo adecuado.
También resuelve:
¿Se entiende que la intervención del Ministerio Público es a favor del bien común, al margen de que alguna de las partes pueda resultar beneficiada?
¿El Ministerio Público está facultado para intervenir en los procesos e incidentes que se adelanten ante esta jurisdicción?