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Consejo de Estado
Providencia
Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio
Sentencia — Sentencia
2024-07-24
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020100053401
ACCION CONTRACTUAL
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas?
¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad?
¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-08-11
Sección Tercera (Subsección A)
MARÍA ADRIANA MARÍN
Rad. 25000233600020130178801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Le asiste competencia a la Sala para resolver del presente proceso en segunda instancia, toda vez que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de concesión minera? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de un contrato minero ante el Consejo de Estado en segunda instancia, toda vez que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos litigios, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, puede conocer de las apelaciones de autos y sentencias dictadas por los tribunales administrativos. Además, la entidad ambiental, como la CAR, está legitimada para demandar la nulidad del contrato minero cuando este transgrede la normativa ambiental y se superpone con áreas de protección ambiental, independientemente de no ser parte contratante, al tener interés directo y ser la autoridad ambiental competente en la zona concesionada. En estos casos, no operan los términos de caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que los recursos naturales renovables y las áreas de protección ambiental son bienes imprescriptibles e inalienables, lo que garantiza la protección del interés público y la integridad del medio ambiente.síntesis automática
También resuelve:
¿La CAR, al ser la entidad ambiental que tiene por obligación desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables, puede demandar la nulidad de un contrato minero?
¿En los casos en los que se pretende la nulidad absoluta de un contrato de exploración y de explotación minera por transgredir la normativa ambiental, operarán los términos de caducidad?
¿Cuando se demanda la nulidad absoluta de un contrato minero por traslaparse con áreas de protección ambiental, su presentación podrá darse en cualquier tiempo?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2023-02-10
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 85001233300020160007001
LEY 1437 REPETICION
¿La intervención del Ministerio Público está limitada a las acciones públicas? No
El argumento planteado en la sentencia de la Subsección implica que en reparación directa ningún aspecto pueda ser apelado por el Ministerio Público, porque si sus agentes no están facultados para cuestionar las decisiones relativas a los presupuestos procesales de la acción, por ser un aspecto reservado a la parte actora, bajo el mismo razonamiento habría que concluir que no están habilitados para recurrir sentencias de fondo que niegan o conceden las pretensiones, pues una decisión en tal sentido estaría relacionada directamente con los intereses de una de las partes. De este modo, la intervención del Ministerio Público estaría limitada a las acciones públicas, lo que desconoce la normativa y jurisprudencia de unificación sobre este tema, criterio que no estimo adecuado.
También resuelve:
¿Se entiende que la intervención del Ministerio Público es a favor del bien común, al margen de que alguna de las partes pueda resultar beneficiada?
¿El Ministerio Público está facultado para intervenir en los procesos e incidentes que se adelanten ante esta jurisdicción?