Síntesis de la providencia
Salvamento de voto: la calificación como convenio de asociación no se soporta en el respectivo contenido obligacional
Regla de decisión
La celebración de un contrato que materialmente corresponde a una obra pública sin agotar la licitación pública configura nulidad absoluta por objeto ilícito.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El operador judicial declara la nulidad absoluta de los negocios jurídicos cuando se omite el procedimiento de selección de licitación pública exigido legalmente para contratos que materialmente corresponden a obra pública, con independencia de la denominación que las partes le otorguen al vínculo contractual. En el presente asunto, el magistrado disidente destacó en su salvamento de voto que el denominado convenio de asociación implicaba en realidad obligaciones propias de un contrato de construcción de vivienda con suministro de materiales y mano de obra a cargo de un constructor particular, configurando una actuación contraria al ordenamiento jurídico que ameritaba privar de efectos los derechos derivados del título.
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Problema jurídico
¿La omisión del procedimiento de licitación pública para la celebración de un contrato que materialmente correspondía a un contrato de obra, configura una causal de nulidad absoluta por objeto ilícito?
Respuesta: Si
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Lo que dijo la Sala
La calificación como convenio de asociación no se soporta en el respectivo contenido obligacional. En efecto, si bien las partes definieron como objeto la “cogestión de propósitos encaminados a hacer efectiva la política pública de vivienda”, lo cierto es que acto seguido dispusieron que el consorcio, a quien se denominó “CONSTRUCTOR”, debía asumir la ejecución de las obras, el suministro de los materiales y de la mano de obra, según las especificaciones técnicas y los recursos destinados para tal fin. Asimismo, se pactó la responsabilidad integral del “constructor”
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Titulación de la relatoría 4.482 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SALVAMENTO DE VOTO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / REGLAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REQUISITOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / OBJETO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / PROYECTO DE VIVIENDA
Problema jurídico:
¿La omisión del procedimiento de licitación pública para la celebración de un contrato que materialmente correspondía a un contrato de obra, configura una causal de nulidad absoluta por objeto ilícito?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a calificación como convenio de asociación no se soporta en el respectivo contenido obligacional. En efecto, si bien las partes definieron como objeto la “cogestión de propósitos encaminados a hacer efectiva la política pública de vivienda”, lo cierto es que acto seguido dispusieron que el consorcio, a quien se denominó “CONSTRUCTOR”, debía asumir la ejecución de las obras, el suministro de los materiales y de la mano de obra, según las especificaciones técnicas y los recursos destinados para tal fin. Asimismo, se pactó la responsabilidad integral del “constructor” (acordaron: “La responsabilidad integral en la ejecución de los proyectos de vivienda es de cargo total del consorcio constructor…”), los mecanismos destinados a “garantizar (…) el recibo del valor pactado por cada una de las viviendas”, así como la participación del 10% del departamento y del 90 % en cabeza del particular, pero, más allá de su labor de construcción, no se identificaron otros aportes. Destaco que, en tanto Findeter ya había emitido el respectivo certificado, al consorcio no le correspondía presentar el plan de vivienda al proceso de elegibilidad. Así las cosas, el contratista asumió, por su cuenta, la totalidad de las labores de edificación, con sujeción a las especificaciones técnicas fijadas, mientras la entidad contratante limitó su intervención a la cofinanciación y supervisión, sin participar de forma activa en la ejecución. Esta situación, sumada a la ausencia de aportes del contratista, desvirtúa, en mi criterio, la mencionada “cogestión” y revela un encargo unilateral de obra, con una contraprestación económica, no determinada, pero sí determinable, en función del número de unidades habitacionales y del monto de los recursos asignados. Particularidades que dan cuenta de un sinalagma contractual incompatible con la ausencia de ánimo de lucro, el reparto de riesgos y resultados que caracteriza a los convenios de asociación. (…) [E]l negocio correspondió a un contrato de obra respecto del cual se omitió el procedimiento de licitación pública, .irregularidad que imponía la declaratoria de nulidad absoluta, no como causal autónoma, sino como un supuesto comprendido en la referente al objeto ilícito, que se configura cuando contraviene prohibiciones de rango legal o constitucional, o se desconocen los mandatos imperativos que estructuran la contratación estatal, tales como el principio de transparencia, el deber de selección objetiva y, en general, la normativa que regula la contratación estatal. En ese sentido, en cuanto el legislador proscribió a las autoridades eludir los procedimientos de selección de contratistas y demás exigencias previstas en el EGCAP, resulta evidente que, en este caso, la omisión del trámite citado implicó la infracción de estas disposiciones y ello determinó la ilicitud de lo pactado. En tal virtud, considero que a la Sala le correspondía declarar de oficio la invalidez del acuerdo, sin que resultara oponible la caducidad de la acción judicial frente a la pretensión formulada por la parte actora, en la medida en que una decisión en ese sentido no se sustenta en los pedimentos de la demanda, sino en el ejercicio de una potestad jurisdiccional, cuyas finalidades, al margen de la voluntad de las partes, abarcan la de privar de efectos a los derechos subjetivos o crediticios derivados de un título abiertamente contrario al ordenamiento jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la facultad del Juez para declarar la nulidad absoluta del contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de abril de 2025, rad. 70045, C. P. José Roberto Sáchica Méndez y del 19 de mayo de 2025, rad. 62088, C. P. María Adriana Marín.